Dulce María Díaz Barrios
Expediente 298/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Dulce María Díaz Barrios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a trece de abril de dos mil veintitrés. Alegatos Agréguese al sumario para que surta los efectos legales conducentes el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual formula los alegatos que deja vertidos en el mismo, sin que por el momento haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que el veintitrés de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por otro lado, respecto a las copias que solicita, deberá estarse a lo acordado mediante proveído de catorce de marzo pasado, en el que se autorizó la expedición a las partes, de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.KOD
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que consten como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de los que en lo que aquí interesa, se advierte que el diecisiete de los corrientes, la junta responsable tuvo a diverso apoderado de la parte actora, aquí quejosa, ofreciendo la documental a que hace referencia, como prueba superviniente, en autos del expediente laboral 4/********************/********************, del cual emana el acto reclamado, ordenando así dar vista a la parte demandada por el plazo de tres días, a efecto de que manifieste lo que a su interés legal corresponde. En tal sentido, de las documentales enviadas por la responsable, este Juzgado de Distrito estima que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido el diez de marzo de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado el día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, Dulce María Díaz Barrios, por conducto de su apoderado legal Javier Antonio Carnero Hernández, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó, en lo esencial, la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 4/********************/******************** de su estadística. Mediante proveído de catorce de los actuales, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, mediante el oficio y anexo que se atiende, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, hace del conocimiento de este Juzgado que el catorce de diciembre de dos mil veintidós se decretó el cierre de instrucción, quedando el expediente en estado de resolución para efectos de la elaboración del dictamen correspondiente; luego, mediante proveído de diecisiete de los cursantes, tuvo a la parte actora, aquí quejosa, ofreciendo prueba superveniente en el expediente laboral 4/********************/******************** de su índice; con lo que se ordenó dar vista a la parte demandada a efecto de que manifieste lo que a su interés legal corresponde. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, mediante acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso dictado en el expediente laboral 4/********************/********************, se determinó lo siguiente: [.] LA JUNTA ACUERDA.- Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mismo que se manda agregar los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, por lo que se tiene al apoderado legal de la parte actora ofreciendo como pruebas supervinientes la pruebas que menciona en su escrito de cuenta, por lo que concédase a la parte demandada un TÉRMINO DE TRES DÍAS contados a partir de su notificación a efecto de darle vista con dichas pruebas, se imponga de los autos y manifieste lo que a su interés convenga respecto a dichas pruebas, y una vez hecho lo anterior se acordará lo que en derecho corresponda. (sic) [.] A esa documental se reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el diecisiete de marzo del año en curso, la responsable admitió diversa probanza en el expediente génesis de este asunto, lo que deja de manifiesto que, por el momento el proceso laboral en comento, no se encuentra en etapa de resolución; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la disipación de la omisión reprochada, pues al admitir la prueba superviniente que nos ocupa, cesó la dilación que reclama la quejosa. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con diez minutos del doce de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 298/2023-V, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diez de marzo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, dad y turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, **********, por conducto de su apoderado legal **********, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de dictar laudo en el expediente 4/22/2359. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante proveído de catorce de marzo del presente año, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a la autoridad responsable y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 49 en relación con el 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Federal de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo negó la existencia del acto que se le reclamó consistente en la omisión de dictar laudo en el proceso laboral de origen, en virtud de que el citado expediente no está en etapa de resolución, toda vez que el catorce de los corrientes, la parte actora, aquí quejosa, ofreció pruebas supervinientes, por lo que aún quedan medios de convicción pendientes de desahogar; sin que las probanzas que aportó la peticionaria de amparo tengan el efecto de desvirtuar tal negativa. En tal sentido, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó. Sirve de apoyo a lo antes considerado la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE ÚNICO. Se niega a **********, la suspensión definitiva respecto del acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de esta resolución, por los razonamientos analizados en el mismo. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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