Dulce Yaneli Hernández Mariscal
Expediente 381/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dulce Yaneli Hernández Mariscal
Actuaciones
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, A DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, causó estado el proveído de veintisiete de septiembre último, en que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Dulce Yaneli Hernández Mariscal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por tanto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la fracción V, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración o destrucción, en su caso, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Cúmplase. IV-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a nueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Dulce Yaneli Hernández Mariscal; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. Notifíquese. IVA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito firmado por la quejosa Dulce Yaneli Hernández Mariscal, con el que en atención a su contenido, en tiempo, se le tiene cumpliendo con las prevenciones formuladas en proveído de seis de septiembre del año en curso, precisando bajo protesta de decir verdad que los puntos de aclaración consisten en: "I.- La causa penal que deriva el acto reclamado es 184/2016 que se instruye en contra de DULCE YANELI HERNÁNDEZ MARISCAL por el delito de FRAUDE GENERICO cometido en perjuicio patrimonial de la empresa Empeños útiles S.A. de C.V. proveniente del Juzgado de Control de Salina Cruz, Oaxaca. II.- ACTOS RECLAMADOS: a).- La resolución del Juez de Control de esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, dictada en audiencia intermedia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete en la causa penal 184/2016 proveniente del juzgado de control de Salina Cruz, Oaxaca. En la cual el Juez de Control aprobó la corrección de error de hecho de la acusación del ministerio público, resolviendo a favor de la víctima autorizando la modificación del hecho marcado con el número cinco, diferente al hecho del auto de vinculación a proceso de fecha siete de octubre del año dos mil dieciséis con el que fui vinculada a proceso, con dicha resolución viola el principio de congruencia consagrado en los artículos 19 párrafo V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 292 del Código Procesal Penal del Estado.- Ahora bien la anterior resolución reclamada fue dictada por el juez de control de Salina Cruz, Oaxaca, en los minutos correspondientes del 10:12:20 al 10:29:38 que obra en audio y video de la audiencia Intermedia de fecha dieciséis de agosto del años dos mil diecisiete en la causa penal 184/2016.". III.- la resolución que reclamo fue dictada con fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete por el Juez de Control de Salina Cruz, Oaxaca, se me notifico con fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete en audiencia pública, por lo que estoy en tiempo y forma presentando mi escrito de demanda." Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 112 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." En ese sentido, el diverso numeral 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto legal transcrito se advierte, que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable por identidad de razón, sin oponerse a lo dispuesto en la ley de la materia, la Jurisprudencia I.13o.A.J/6, con registro 180663, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, página 1631, bajo el texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." A manera de preámbulo debe señalarse, que nuestro más alto tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio, de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención de la promovente y, de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de poder determinar de manera clara y precisa, el acto o los actos reclamados. Apoya lo considerado, sin oponerse a lo dispuesto en la ley de la materia, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, con registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, este Juzgado considera que se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De la lectura del último de los dispositivos legales transcritos se desprende, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro del juicio cuando éstos produzcan efectos de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, entendiéndose por éstos, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el legislador en la vigente Ley de Amparo, determinó el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación contenida en el precitado numeral 107, fracción V, para delimitar la procedencia del juicio bi-instancial, afirmando que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Robustece lo expuesto, sin contravenir lo señalado en la ley en aplicación, la Tesis número LVII/2004, con registro 180415, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se transcribe: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Entonces, las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento son: 1. La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden de ideas, se colige que en asuntos iniciados bajo la vigente Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto sólo procederá contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento que afecten materialmente derechos sustantivos, excluyendo de esa manera la posibilidad de combatir actos pronunciados dentro de juicio que afecten derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya eventual afectación no es actual, porque depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación respectiva únicamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto, que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así; es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 232, publicada en la página 157, del tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus defectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Por lo que en este orden de ideas, el acto reclamado al juez de control en esta ciudad, consiste en la resolución, dictada en audiencia intermedia de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en la causa penal 184/2016, en la que se aprobó la corrección de error de hecho de la acusación del ministerio público, en la cual hace una variación en cuanto a la fecha de los hechos del auto de vinculación a proceso, emitido el siete de octubre de dos mil dieciséis, en el que se le atribuye a la quejosa el delito de fraude genérico. De lo expuesto, se advierte que no es un acto de imposible reparación que afecte en grado predominante a la quejosa. Se afirma lo anterior, pues en esa audiencia, la parte quejosa se duele de que el Juez de Control de esta ciudad, aprobó la acusación formulada por el agente del ministerio público, modificando la fecha de los hechos atribuidos a la quejosa en el auto de vinculación a proceso. Ello, sólo constituye una violación procesal que produce efectos formales o intraprocesales, dado, que en atención a lo dispuesto por el artículo 301 del Código Procesal para el Estado de Oaxaca, la audiencia intermedia, tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente y que ciertamente el artículo 293 del citado código procesal establece, que La víctima podrá señalar los errores formales y materiales directamente ante el juez en la audiencia intermedia, sin embargo, ello acontecerá, siempre y cuando el Ministerio Público no admita las observaciones; lo anterior, no implica que la quejosa vaya obtener sentencia desfavorable en el juicio de origen, y, en caso contrario, se puede reclamar a través del recurso que interponga contra el fallo de primera instancia o, en su defecto, en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del arábigo 173, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por los razonamientos jurídicos, resulta aplicable la tesis XVII.1o.P.A.27 P (10a.), con registro 2012460, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, visible en la página 2628, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Época: Décima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de Garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)., consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos"que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior. En ese orden de ideas, todas las violaciones que se hayan cometido en la audiencia intermedia podrán hacerse valer, en su caso, en amparo directo como violación procesal; ello, resulta aplicable en la parte conducente la jurisprudencia 1ª./J.121/2009, con registro 164640, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36, Tomo XXXl, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO. Acorde con las reformas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996, además de ampliar el espectro de la garantía de defensa adecuada que debe operar en todo proceso penal, el Poder Reformador determinó que las garantías contenidas en las fracciones I, V, VII y IX de dicho precepto también se observarían durante la averiguación previa. Por tanto, para efectos de las garantías contenidas en el referido numeral, el juicio de orden penal incluye tanto la fase jurisdiccional (ante el juez) como la previa (ante el Ministerio Público); de ahí que algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional, ahora deben observarse en la averiguación previa. En ese sentido, se concluye que es procedente que en el amparo directo se analicen como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa, cuando afecten las garantías contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, en términos del artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece como violaciones procesales los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito. Así, en tales supuestos pueden ubicarse las violaciones a las garantías observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar los datos solicitados por la defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o de la prueba recabada ilegalmente, en atención a que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales; toda vez que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar en el amparo directo las violaciones a las garantías individuales. Asimismo, resulta aplicable a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la Ley de Amparo, la jurisprudencia número 945, con registro 224833, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 649, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, del Apéndice de 1995, que señala: PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DEL DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que en seguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente. De igual forma, sobre este tópico es oportuno citar la tesis número II.2º.P.10 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1891, Tomo 2, Libro VII, Materia Común, Abril 2012 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El desechamiento y admisión de pruebas son, por regla general, reclamables junto con la sentencia definitiva en el juicio de amparo directo, pues no concurren circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural. Este criterio debe seguir rigiendo, salvo casos específicos, en términos del artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, pues las reglas a seguir para la procedencia del juicio de garantías, hasta este momento, siguen siendo las mismas; consecuentemente, contra la resolución que admite o desecha pruebas documentales en la audiencia intermedia es improcedente el amparo indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irreparable, el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación advierta que hubo alguna violación procesal que haya afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiera trascendido al sentido de la resolución, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo definitivo favorable. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia antes descrita, procede desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley. Notifíquese y cúmplase.
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Salina Cruz, Oaxaca, a seis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, promovida por Dulce Yaneli Hernández Mariscal, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de esta ciudad, que hace consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. a).- La violación al principio de congruencia, al consentir el juez de control hechos en la acusación diferentes a los contenidos en el auto de vinculación a proceso." Fórmese expediente en los términos del artículo 3° de la ley de la materia; y regístrese con el número 381/2017, que le correspondió. Ahora bien, como se advierte irregularidad en la demanda de amparo de que se trata, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el 108, fracción IV, y 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, y bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para la autoridad que señala como responsable, una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, una para cada una de los terceros interesados, si los hubiere, y dos para integrar el incidente de suspensión relativo, aclare su demanda en los siguientes términos: 1. Precise en qué causa penal deriva el acto reclamado. 2. Precise qué acto o resolución en concreto reclama, por lo cual aduce que el Juez de Control que señala como responsable viola el principio de congruencia, al consentir hechos en la acusación diferentes a los contenidos en el auto de vinculación a proceso; o bien, precise si reclama la resolución dictada por el Juez de Control de esta ciudad, en la audiencia de debate respecto de la corrección de error de hechos de la acusación del Ministerio Público, en la que resolvió a favor de la víctima autorizando la modificación del hecho marcado con el número cinco. Lo anterior, en virtud de que del capítulo relativo al señalamiento del acto reclamado, únicamente señala como tal, la violación al principio de congruencia, al consentir el Juez de Control hechos en la acusación diferentes a los contenidos en el auto de vinculación a proceso, sin precisar un acto concreto realizado por la autoridad responsable del que derive dicha violación; y en el punto cuarto del capítulo de hechos hace referencia a la resolución que se menciona en el punto aclaratorio que antecede. El citado requerimiento, se le formula en términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que en la demanda de amparo, el quejoso expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, cuya finalidad esencial radica en fijar la litis constitucional, y que las autoridades se encuentren en aptitud de rendir el informe justificado que se les solicite, en relación al acto que se les reclame; asimismo, acompañen las constancias que tengan relación con el mismo. 3. En caso de señalar como acto reclamado la resolución dictada por el Juez de Control de esta ciudad, en la audiencia de debate respecto de la corrección de error de hechos de la acusación del Ministerio Público, en la que resolvió a favor de la víctima autorizando la modificación del hecho marcado con el número cinco, precise la fecha en que se dictó dicha resolución, así como la fecha en que le fue notificada o bien en que tuvo conocimiento de la misma. Se apercibe al quejoso que de no cumplir con el requerimiento que en este auto se le formula, de no informar lo conducente, de contestar con evasivas, o de no exhibir las copias requeridas de su escrito aclaratorio, dentro del plazo que se le ha concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a María Elena Hernández Gutiérrez, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los autorice a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede, sin perjuicio de que una vez que acredite lo anterior con prueba idónea, se les tenga autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia. En otro aspecto, como expresamente lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Yadira Miguel Morales y Marina Luis Zárate. Por otra parte, se le tiene a la quejosa como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Vicente Guerrero número 408, colonia Hidalgo Poniente en esta ciudad. Notifíquese y cúmplase. IV-A
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