Dulce Viridiana Sánchez Ramos
Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dulce Viridiana Sánchez Ramos
- Juez Segundo de lo Familiar. Salina Cruz, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y se declaró sin materia la definitiva, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es destruible. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General, deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa, tercero interesado y asesora jurídica no recurrieron el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 413/2021. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en los términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado el acuerdo de mérito. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos los informes justificados rendidos por el Ejecutor judicial y la Juez Segundo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca. Ahora, del contenido del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló medularmente como actos reclamados los siguientes: JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE SALINA CRUZ, OAXACA: La omisión acordar lo conducente respecto del escrito inicial de demanda presentado el diecinueve de julio del año en curso. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE SALINA CRUZ, OAXACA: La falta de notificación del oficio por el cual se ordena al centro laboral proceda a realizar el descuento correspondiente al demando por concepto de pensión alimenticia. Con base en lo anterior, se tiene que en el presente juicio se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, debido a que las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y, de darse alguna de ellas, deberá sobreseerse en el juicio de amparo, sin necesidad de atender los conceptos de violación, ni juzgar la legalidad de los actos reclamados. En el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia del juicio de amparo, por cesación de los efectos del acto reclamado, se sustenta en el hecho de que al haber desaparecido el motivo originador del juicio de amparo, no es dable entrar al estudio de la constitucionalidad de dicho acto, ya que de lo contrario, se haría ocioso el dictado de una resolución en la que se declarara la inconstitucionalidad de un acto que es inexistente, persiguiéndose algo que ya está logrado, que es la reparación de la infracción, es decir, la restitución del derecho fundamental violado, al volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la afectación reclamada. Para fines del juicio de amparo, se estima que los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya procesalmente y que no deje huella en la esfera jurídica del gobernado; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho humano violado; y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que quien lo emitió dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Partiendo de dicha línea argumentativa, se tiene que al momento de rendir su informe justificado, las autoridades responsables negaron la existencia del acto que se les reclama; sin embargo, ello se encuentra desvirtuado con el contenido de sus constancias, toda vez que se advierte que al trece de agosto del año en curso, fecha en que se presentó la demanda de amparo, no se había radicado la demanda de alimentos promovida por la aquí quejosa, ni se había notificado el oficio por el cual se ordena hacer el descuento correspondiente al demandado por concepto de pensión alimenticia, de ahí que se deban tener por ciertos los actos reclamados. Luego, de las constancias que adjuntó a su informe la juez responsable se aprecia que mediante proveído de veintitrés de agosto del año en curso, se radicó la demanda de alimentos promovida por ****propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.L.M.S., en contra de *******, a la cual se le asignó el número de expediente 380/2021, admitiéndose a trámite, lo cual se hizo del conocimiento de la quejosa a través de su autorizado ******, el ocho de septiembre de la presente anualidad. Asimismo, se concedió a la parte actora la pensión alimenticia provisional solicitada respecto del sueldo y demás prestaciones que perciba el demandado, como empleado de la **determinación que se advierte fue notificada a la fuente laboral el siete del mes y año en curso, tal y como se observa de las copias certificadas que para tal efecto anexó la juez responsable, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia, como lo establece el numeral 2 de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, no existe duda de que fue destruida la causa legal que dio origen al presente sumario constitucional, respecto a las omisiones reclamadas, con base en las consideraciones reseñadas, las cuales cesaron sus efectos en el momento que se le notificó a la quejosa la determinación adoptada por la responsable respecto de su escrito inicial de demanda, así como al hacer del conocimiento del centro de trabajo la determinación adoptada por cuanto hace al descuento que se debe hacer al demandado por concepto de pensión alimenticia, con lo cual quedaron destruidas en todos sus efectos en forma total e incondicional las omisiones en cita, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada, pues no bastaba que la autoridad únicamente radicara la demanda y ordenara librar el oficio respectivo a la Refinería Antonio Dovalí Jaime de Petróleos Mexicanos, sino que fue hasta que se le notificó dicha actuación a la parte actora y patronal en que se restableció de modo total la situación anterior a la promoción del juicio de amparo, como si los actos (omisiones) no hubiesen invadido la esfera jurídica de la gobernada que ameriten ser borrado con la protección de la Justicia Federal. *********En consecuencia, al haberse demostrado la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, atento a lo establecido en el numeral 63, fracción V de la citada ley de la materia. Sin que obste el hecho de que dicho sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causa de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento, sin necesidad de esperar la hora de la audiencia constitucional, porque de estimarse lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de la justicia, que contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ********* Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, debiendo comunicarse a las partes que se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para las dieciséis horas con diez minutos del treinta de septiembre de la presente anualidad, en razón de la presente determinación. FOLIO 10560 En otro contexto, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el ocurso de cuenta con evidencia criptográfica firmado por *******; con fundamento en el artículo 8 de la citada ley, téngase a la profesionista de mérito aceptando el cargo como representante especial de la menor de iniciales A.L.M.S. Por otra parte, se tiene a la profesionista citada, señalando domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indica en su ocurso; sin embargo, como lo solicita, de conformidad con el apartado 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus numerales del 77 al 83; se autoriza la consulta al usuario "aliciamendez1980", y en términos del artículo 26, fracción IV de la mencionada ley, realícense las notificaciones que deban ser de carácter personal o urgente, de manera electrónica de los autos o resoluciones derivadas del presente asunto. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio la totalidad de las resoluciones que se dicten en este asunto, sin ulterior pronunciamiento. ********** USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, a través del cual designa a la licenciada *******, asesora jurídica federal adscrita a esa institución, como representante especial de la menor de identidad reservada de iniciales A.L.M.S. Lo anterior, hágase del conocimiento de dicho servidor público, para que, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, presente vía electrónica ocurso mediante el cual acepte el cargo e intervenga en el juicio como representante especial de la citada menor; requerimiento que obedece a la imposibilidad que se tiene para que comparezca a este recinto judicial para aceptar y protestar el cargo que le fue conferido, ello con motivo de la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, por lo que no puede quedar la infante en estado de indefensión aunado a que es preponderante evitar se defrauden sus derechos, de ahí que se privilegie que su intervención en el presente juicio sea vía electrónica de conformidad con el numeral 3 de la ley de la materia, en donde la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa. De igual manera, se invita a dicha representante para que peticione que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, mediante la utilización de la firma electrónica, ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva, de conformidad con lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relacionado con el artículo 3 de la Ley de Amparo, y en términos del precepto 26, fracción IV de la mencionada ley. Notifíquese, y personalmente a la licenciada Alicia Méndez Morales, en su domicilio oficial.
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