Dulce María Gómez Matus
Expediente 16/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 06/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dulce María Gómez Matus
- Juez de Control en Salina Cruz, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio 56/2022, con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, por el que acusa recibo del oficio 25189/2021 del índice de este Juzgado, refiriendo que aceptó la competencia declinada. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso J, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto que carece de relevancia documental al haberse declarado legalmente incompetente, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso J, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto al incidente de suspensión, en virtud el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, acusó recibo de los autos originales de dichos expedientes. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que mediante resolución de treinta de septiembre del año en curso se resolvió el incidente de separación de autos en el expediente en que se actúa, resultando procedente dicha separación, en los siguientes términos: "En el caso, los Jueces de Control de Salina Cruz; Tehuantepec; Juchitán de Zaragoza; y Matías Romero, Oaxaca, negaron la existencia de la orden de aprehensión librada contra la quejosa ******************** (folios 698, 733, 785 y 915). De igual forma, el Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Salina Cruz; Agente del Ministerio Público de la Ciudad y Puerto de Salina Cruz; Vicefiscal Regional del Istmo, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca; Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Tehuantepec; Agente del Ministerio Público de Tehuantepec; Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Grupo Juchitán; Agente del Ministerio Público de Juchitán de Zaragoza; Agente del Ministerio Público de Ciudad de Ixtepec; y, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, negaron su ejecución (folios 935, 834, 701, 706, 822, 1026, 1278 y 2169). Por su parte el Juez de Control de Ometepec, Guerrero, al rendir su informe justificado (folio 2008), admitió la existencia del acto reclamado, precisando que el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial ********************, libró orden de aprehensión contra la quejosa ********************, por el hecho de homicidio calificado, en agravio de ********************. De lo expuesto, se advierte que los actos atribuidos al Juez de Control de Ometepec, Guerrero, derivan de la carpeta judicial ********************, instruida en contra de la quejosa ********************. En cuantos al resto de las autoridades niegan categóricamente la orden de aprehensión y su ejecución, por tal motivo se trata de actos desvinculados entre sí, por lo que su análisis corresponde realizarlo en forma separada. [.] En esas condiciones, este juicio de amparo 16/2021, únicamente se ocupará de los actos reclamados del Juez de Control, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones y Agente Estatal del Ministerio Público de Investigaciones, residentes en Ometepec, Guerrero. Mientras que el diverso juicio que se forme con motivo de la separación aquí ordenada, se ocupará de los actos atribuidos a los Jueces de Control de Salina Cruz; Tehuantepec; Juchitán de Zaragoza; y Matías Romero, Oaxaca, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Salina Cruz; Agente del Ministerio Público de la Ciudad y Puerto de Salina Cruz; Vicefiscal Regional del Istmo, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca; Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Tehuantepec; Agente del Ministerio Público de Tehuantepec; Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Grupo Juchitán; Agente del Ministerio Público de Juchitán de Zaragoza; Agente del Ministerio Público de Ciudad de Ixtepec; y, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en Ciudad de Ixtepec, Oaxaca". Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Es aplicable en lo conducente, en la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (Agosto de 1992), Octava Época, del rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto emita, puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de que juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, confirme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. En ese contexto, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido 107, fracción VII Constitucional y 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el Artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En efecto, el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que será legalmente competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. El segundo, refiere que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. El párrafo tercero refiere que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De manera que, existen tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención puede ser competente; y la tercera, determina que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, este órgano de control constitucional carece legalmente de competencia, ello, atendiendo al contenido del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que, cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el caso en concreto, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la orden de aprehensión dictada en contra de la aquí quejosa; y del informe justificado que rinde el Juez de Control de Ometepec, Guerrero, se advierte que dicha autoridad admitió la existencia del acto reclamado, precisando que el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial ********************, libró orden de aprehensión contra la quejosa ********************, por el hecho de homicidio calificado, en agravio de ********************. Por lo tanto, en el caso, es indiscutible que por su propia y especial naturaleza, el acto reclamado en cuestión (orden de aprehensión), requiere ejecución material para su cumplimentación, por lo que es aplicable la primera regla de competencia señalada; pues gramaticalmente, el vocablo ejecución es la acción y efecto de ejecutar; mientras que ejecutar, es consumar o llevar a cabo totalmente algo; de ahí que ejecución es sinónimo de realización, desarrollo y consumación de algo, ya que el principio de ejecución de un acto produce una afectación en la esfera jurídica del gobernado y, en consecuencia, origina la existencia de un agravio. En efecto, la ejecución material es la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. En otras palabras, la potestad ejecutiva, consiste en convertir en realidad el derecho; y la importancia de que se haya tomado la ejecución material para fijar la competencia por razón de territorio, radica en que las autoridades ejecutoras son las que se encargan de llevar hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, son las que directamente se enfrentan al particular agraviado. En ese contexto, es pertinente precisar, que previo a la separación de autos, las autoridades señaladas como responsables Jueces de Control de Salina Cruz; Tehuantepec; Juchitán de Zaragoza; y Matías Romero, Oaxaca, negaron la existencia de la orden de aprehensión librada contra la quejosa ******************** (folios 698, 733, 785 y 915), y de igual forma, las autoridades ejecutoras Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Salina Cruz; Agente del Ministerio Público de la Ciudad y Puerto de Salina Cruz; Vicefiscal Regional del Istmo, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca; Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Tehuantepec; Agente del Ministerio Público de Tehuantepec; Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Grupo Juchitán; Agente del Ministerio Público de Juchitán de Zaragoza; Agente del Ministerio Público de Ciudad de Ixtepec; y, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, negaron su ejecución (folios 935, 834, 701, 706, 822, 1026, 1278 y 2169). Por lo tanto, es inconcuso que, ante la negativa de los actos reclamados a las autoridades ejecutoras con residencia en esta ciudad, debe considerarse que la posibilidad de ejecución de la orden de aprehensión reclamada, en distintos Distritos Judiciales desapareció; y, al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, es factible concluir que debe conocer y resolver el presente juicio de amapro el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió, ya que por regla general es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. En efecto, la posibilidad de que el acto reclamado se ejecutara en la circunscripción territorial correspondiente a este Juzgado de Distrito desapareció, pues la totalidad de las autoridades señaladas como responsables con residencia en este distrito judicial, negaron el acto que se les atribuyó, lo que genera la incompetencia de ese órgano jurisdiccional para conocer del juicio de derechos humanos que nos ocupa. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 9/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." En ese sentido, es claro que, por regla general, y salvo excepción expresada en la orden misma, el mandamiento de captura tendrá ejecución material en el lugar donde radica el propio juez que la ordenó, pues ante él será puesta a disposición la quejosa en caso de que sea privada de su libertad, ya que al momento de librarse la orden de aprehensión así se indicó, sin que se tenga conocimiento de que el juez de origen haya ordenado que se le recluyera en un centro de reclusión ubicado fuera de su jurisdicción. Resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia por contradicción PC.I.P. J/39 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito en la Décima Época, registro 2016596, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, materias común-penal, página 1071, que es de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." En dicha contradicción de tesis, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en relación con el tema que se dilucida en este asunto, resolvió que con base en diversos criterios jurisprudenciales del Máximo Tribunal del País, es factible concluir que, al reclamarse una orden de aprehensión, las autoridades ejecutoras jueguen un papel preponderante en la determinación de la competencia. Informó que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 47 y 48, visibles en las páginas 63 y 64 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo VII, Primera Parte, con los rubros: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE." y "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.", respectivamente, reconoció la importancia que juegan las autoridades ejecutoras para fijar la competencia del juez de Distrito; incluso, se sostuvo que el sentido negativo de su informe con justificación sería un factor determinante para que el juez de Distrito, cuya residencia compartiera con la responsable, se declarara legalmente incompetente. El referido Pleno en Materia Penal precisó que de la ejecutoria de la contradicción de tesis que dio origen a los referidos criterios, se advierte que se resolvió con base en el texto del precepto 36 de la abrogada Ley de Amparo, afirmando que cuando se reclama una orden de aprehensión, debe atenderse al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado y, en todo caso, la autoridad ejecutora, por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito, es la que finca competencia al referido juzgador, circunstancia que debe acreditar el promovente de la demanda. Así en el caso, si bien es cierto, ninguna de las autoridades ejecutoras con residencia en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, aceptó la existencia de la orden de aprehensión reclamada, cierto es también que fue una de las autoridades ejecutoras, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado (responsable de la región Costa Chica) con residencia en Ometepec Guerrero, quien aceptó el acto reclamado, por lo tanto, al residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito de esa ciudad, es la que finca competencia al referido juzgador. Seguido el estudio de la contradicción del Pleno en Materia Penal, se advierte que la contradicción en comento presentó la variante relativa a que el texto del numeral 37 de la Ley de Amparo, que es el símil del 36 de la abrogada, incluye un nuevo supuesto de ejecución en grado de posibilidad. De lo que concluyó que, si en el escrito inicial de demanda el quejoso señala como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra, así como autoridades ejecutoras con residencia en distintas demarcaciones territoriales y en el lugar que corresponde a la circunscripción del juez de Distrito ante quien se promueve, niegan el acto, es evidente que esa posibilidad de que el acto reclamado sea ejecutado en más de un distrito desaparece; siempre y cuando no existan datos ciertos y objetivos que demuestren lo contrario. Así, resolvió el problema jurídico destacado acudiendo a la regla prevista en el párrafo primero del ordinal 37 de la Ley de Amparo, específicamente, en donde se dispone que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. Porque al haber negado el acto reclamado todas las autoridades ejecutoras con residencia en esta ciudad, no puede suponerse, por ese solo hecho, que aquél podrá tener ejecución en más de un Distrito. Es decir, la posibilidad a que se refiere el párrafo segundo no puede afirmarse a partir de una suposición genérica sustentada en la sola manifestación del quejoso o en el domicilio señalado en la demanda de amparo, sino que debe tener apoyo en datos ciertos y objetivos que así lo demuestren. Luego, si esos datos no existen, quien debe conocer del amparo -como ya se dijo- es el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. De lo que se colige que hasta este momento se cuenta como dato cierto y objetivo el lugar donde se le atribuye la ejecución de la orden de captura combatida, de ahí que debe conocer del amparo el juez de Distrito con jurisdicción en ese lugar, pues, por regla general, es en ese sitio en donde deberá tener ejecución dicho acto. En suma a lo expuesto, el juicio de amparo se debe substanciar en el lugar en donde se lleve a cabo la ejecución del acto, pues con ello, la quejosa dispondrá de mejores medios y posibilidades de defensa, podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva y rendir con mayor facilidad las pruebas que a su derecho importen; lo que facilita que el trámite del juicio, se lleve con mayor rapidez e incluso que se eviten dilaciones en el cumplimiento de las sentencias de amparo, ocasionadas, en muchas casos, por la emisión de exhortos y despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones u otras diligencias que no podría hacer el juzgador del conocimiento. Sin que obste a lo anterior que la quejosa haya señalado un domicilio particular y otro procesal dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, ya que no se cuenta con elementos objetivos para asegurar que el mandamiento de captura empezará a ejecutarse en este Distrito Judicial virtud a los domicilios de la quejosa, aunado a ello que lo que define la competencia del Juez de Distrito para conocer del amparo contra los actos que conllevan ejecución material, no deriva de los domicilios particulares o procesales señalados por los peticionarios de amparo en su demanda, sino en atención a la residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado, o de aquellas a las que se les tuvo por cierto; adoptar distinto criterio, equivaldría a dejar al arbitrio de la parte quejosa la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisieran promover; lo anterior, máxime que por existir un acto restrictivo en su contra es factible que la indiciada, aquí quejosa, pueda alejarse de su domicilio y establecer otro provisional; de ahí que no sea valor fundamental el domicilio para fincar su competencia. Lo anterior, tiene sustento en la tesis 1a. III/92, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 95, Tomo IX, Mayo de 1992, Materia Penal, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSION. NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE SEÑALA EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo". Tampoco se opone a lo anterior, la jurisprudencia 52/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 383, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". Por lo que queda expuesto en dicha jurisprudencia que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no modificó el criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del Juez de Distrito. De modo que, la competencia que originalmente se surtía para este juzgado, tomando en consideración que se había señalado como autoridades ejecutoras a diversas con residencia en donde este órgano ejerce jurisdicción (Salina Cruz, Matías Romero; Tehuantepec, Juchitán), quienes, como se anotó, al rendir su informe negaron la existencia del acto reclamado, sin que la quejosa aportara en contrario medio de convicción alguno, ha dejado de actualizarse en la especie, ya que dentro de esta jurisdicción territorial no se ejecutará dicho mandamiento de captura, cuya inconstitucionalidad se impugna. Además, la autoridad ejecutora Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado (responsable de la región Costa Chica) con residencia en Ometepec Guerrero, y el Juez de Control de Ometepec Guerrero, aceptaron la existencia del acto reclamado; de modo que, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer y resolver el presente juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que emitió el mandamiento de captura. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Además, la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, así como el original y duplicado de los cuadernos de suspensión respectivos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en Acapulco, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco; previo cuaderno de antecedentes que se forme. Se solicita al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, fijada en proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, para las catorce horas con veinticinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense a sus autos los informes justificados rendidos por el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, (responsables de la Región Chica, residentes en Ometepec, Guerrero); con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que al ingresar a la página de la empresa "Estafeta", con el propósito de indagar la fecha de entrega del oficio 2250/2021, que se giró al Agente del Ministerio Público de Investigaciones de Ometepec, Guerrero, por el que se le solicitó su informe justificado, no se estuvo en posibilidad de acceder a dicha información, en virtud de que la página no permitió el acceso. En consecuencia, requiérase al Administrador de la empresa "Estafeta", residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la fecha en que quede notificado de este acuerdo, remita el acuse de recibo del citado misil, mismo que fue enviado con el código de rastreo 1597932774, o bien, informe el impedimento que tiene para hacerlo. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense a sus autos únicamente para que obren como correspondan los oficios 3079/2021 y 3078/2021, remitidos vía correo electrónico por el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, (responsables de la Región Chica, residentes en Ometepec, Guerrero; en virtud que exclusivamente se le notifica los proveídos de veintitrés de agosto y treinta de septiembre del año en curso, en el cual en el primero se ordenó la separación de autos y en el segundo se dictó la resolución de la misma. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta con el oficio referido, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificado por este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Cúmplase
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