Doris Lizeth Rodríguez Roda y Otros.

Expediente 224/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
224/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Juez de Control del Distrito Judicial Bravos
  • Doris Lizeth Rodríguez Roda y Otros.
  • Doris Lizeth Rodríguez Roda
  • Héctor Edel Rodríguez Roda y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio signado por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; en atención a su contenido dígase a la oficiante, que tal como se señaló en el acuerdo de dieciocho de los corrientes, la sentencia dictada en el presente asunto causó ejecutoria debido a que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, tal como se advierte de la siguiente transcripción: Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintisiete de mayo del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En esa tesitura, resulta evidente que los diversos quejosos ******* y *******, al ser parte en el presente juicio, no interpusieron recurso contra la sentencia de sobreseimiento y, por ende, también respecto de ellos causó ejecutoria la citada resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintisiete de mayo del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con las fracciones I y III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténganse ligados. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el incidente de suspensión derivado del presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse del referido cuaderno incidental e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 224/2019-II, promovido por *******, ******* y *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la demanda promovida por *******, ******* y *******. Los quejosos demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos (*******), de quien reclamó el acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve, en el que negó decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, que se les instruye por su probable participación en la comisión de los hechos constitutivos del delito de homicidio. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintidós de marzo del presente año, la demanda de amparo se registró con el número 224/2019-II; se solicitó a la autoridad responsable los respectivos informes justificados, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y al representante social de la causa de origen, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: - El acuerdo dictado en audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, en el que la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos negó decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, que se instruye en contra de los quejosos y otro, por su probable participación en la comisión de los hechos constitutivos del delito de homicidio, cometido en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo que antecede y del cual se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos (en su denominación correcta) aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el acuerdo dictado en audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, en el negó la solicitud de decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, que se instruye contra de los quejosos y otro, por su probable participación en la comisión de los hechos constitutivos del delito de homicidio, cometido en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de *******; por tanto, debe tenerse por cierta su existencia. Aunado a lo anterior, la Juez responsable remitió las constancias que estimó necesarias para resolver el presente asunto, en torno al punto de debate, esto es, con la negativa de decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, así como el registro de audio y video en disco versátil digital (DVD) de la audiencia en que se dictó la resolución reclamada, de doce de marzo del actual, llevada a cabo en la causa penal de referencia, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, tomo 1, de agosto de 2013, página 703, del rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos transcritos se colige que el plazo genérico para demandar la acción constitucional es de quince días y tiene como excepciones las siguientes:  Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición;  Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y  Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar al día siguiente en que: 1) surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2) al en que tuvo conocimiento el quejoso; o bien, 3) a aquel en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En el caso, conviene precisar de las constancias que obran en el presente expediente, se deducen los siguientes antecedentes relevantes: 1. Mediante escrito presentado ante la responsable el doce de noviembre de dos mil dieciocho, el defensor particular de los aquí quejosos y otros, solicitó a la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el cierre de la etapa de investigación en la causa penal 2776/2017, que se les instruye, por la comisión de hechos constitutivos del delito de homicidio. 2. A esa solicitud recayó el acuerdo de quince del mismo mes, en el que la Juez de Control, Maribel Carrillo Mendoza, acordó favorablemente la solicitud respectiva, en los términos siguientes: (...) es por lo anterior que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 321 y 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, DECLARA (sic) CERRADA LA INVESTIGACIÓN de la causa penal número *******, instruida en contra de *******, *******, ******* y *******, por el delito de homicidio agravado y calificado. Por lo anterior, se le tiene por cerrado el plazo judicial de investigación complementaria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 323 y 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, hágasele del conocimiento a esa Representación Social que cuenta con un plazo de quince días contados a partir de su legal notificación para que actúe dentro de alguna de las hipótesis a las que se refiere el numeral 324 del precitado ordenamiento, de lo contrario se hará acreedor a una multa de veinte unidades de medida y actualización.Notifíquese (...) 3. Esa notificación se envió a las partes en el juicio de manera electrónica, entre ellas al Representante social al correo electrónico: feminicidios@outlook.com, el veintidós de noviembre de esa anualidad (de acuerdo con la constancia que se levantó en términos de lo que establece el artículo 83, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales ). 4. De manera paralela, el dieciseises de noviembre de dos mil dieciocho, el agente de Ministerio Público de la Unidad en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, Zona Norte, presentó el oficio *******, en el que informó al Juez de Control que con esa fecha había dictado un acuerdo en el que declaró cerrada la investigación y le comunicó que procedería a resolver sobre alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales . 5. A ese oficio recayó el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el diverso Juez de Control del Distrito Judicial Bravos *******, en el que le fijó un plazo de diez días, contado a partir de la fecha de cierre, para que actuara en alguna de las formas establecidas en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 6. Ese acuerdo se notificó mediante oficio 59637, que fue recibido por el Representante social el veintinueve de noviembre del mismo año. 7. Por oficio 1829/2019, presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos, el agente de Ministerio Público de la Unidad en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, Zona Norte, formuló su acusación en la causa penal de referencia. 8. Al referido oficio recayó el acuerdo de diecinueve de diciembre de aquel año, en el que la Juez de Control (*******) tuvo por recibido el escrito de acusación de referencia y, como consecuencia, señaló fecha para la celebración de la audiencia intermedia. Tal acuerdo se notificó personalmente a la defensa de los ahora quejosos el catorce de enero del año en curso, previo citatorio de once del mismo mes. 9. En forma simultánea, el dieciocho del precitado diciembre, el defensor particular de los ahora quejosos presentó un escrito al Juez de Control en el que le señaló que había transcurrido el plazo de quince días establecido en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para presentar la acusación respectiva; asimismo, consideró que también habían fenecido los diversos plazos establecidos en los artículos 325 y 336 del mismo ordenamiento y, finalmente, solicitó lo siguiente: (...) ES POR LO QUE SE SOLICITA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 325, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN RELACIÓN CON [EL] ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en virtud de la omisión del Agente del Ministerio Público, la falta de notificación por parte de ESTE TRIBUNAL DE CONTROL y el vencimiento de los plazos a que se ha hecho referencia, sin que se le haya realizado ninguna notificación a esta defensa. ES POR LO QUE SE DEBERÁ DE DECRETAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, PROCEDIENDO ESTE TRIBUNAL DE CONTROL ORDENAR EL SOBRESEIMIENTO. (...) 10. En acuerdo de diecinueve de diciembre del mismo año, la Juez de Control (Yira Célida Ochoa Contreras) negó la pretensión de la defensa, en los siguientes términos: (...) Por recibido por este Tribunal en fecha dieciocho de los actuales, el escrito signado por el C. Licenciado *******, defensor particular, en relación con la causa penal *******. mediante el cual y en relación con el acuerdo de fecha 15 de noviembre del año en curso, emitido por diversa Juzgadora donde ésta ordenaba a la Representación Social que actuara conforme al numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que éste haya actuado en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo antes mencionado; por lo que el defensor particular solicita se declare la extinción de la acción penal por incumplimiento a los plazos. Vista y analizada su petición dígasele al promovente que en fecha catorce de los corrientes, el C. Agente del Ministerio Público presentó escrito de acusación por lo que se fijaron las doce horas del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia INTERMEDIA. NOTIFÍQUESE. Vía correo electrónico al promovente (...) . 11. Finalmente, en la audiencia celebrada el doce de marzo de dos mil diecinueve, en uso de la voz, la defensa de los ahora quejosos nuevamente solicitó que se declarara la extinción de la acción penal por incumplimiento a los plazos en que afirmó que incurrió el Representante Social, al no formular su acusación dentro del término de quince días establecido en el artículo 324 del código procesal de la materia; ante esa solicitud, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos nuevamente se negó a decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, que se instruye en contra de los quejosos y otro, por su probable participación en la comisión de los hechos constitutivos del delito de homicidio agravado y calificado, cometido en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de *******. Este último proveído es aquél que se tildó de inconstitucional por la parte quejosa. La anterior narrativa pone de relieve que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia señalada al inicio de este considerando, en atención a que en la resolución reclamada se indicó a los imputados, por segunda vez, que no había lugar a declarar la extinción de la acción penal por incumplimiento a los plazos que se atribuyó al Representante social, por lo que debe considerarse que constituye una repetición del diverso de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que la referida Juez de Control ya había negado la pretensión de la defensa bajo el argumento de que, a la fecha de esa solicitud, el agente del Ministerio Público ya había presentado el escrito de acusación y que, derivado de ello, se había fijado fecha para que tuviera verificativo la audiencia intermedia en el referido asunto, máxime que no obra constancia de que los quejosos hubieran promovido recurso ordinario o extraordinario en contra de esa determinación. En efecto, a juicio de quien resuelve, los quejosos consintieron el acuerdo en el que la Juez negó declarar la extinción de la acción penal por incumplimiento en el plazo previsto en la legislación procesal, para presentar la acusación respectiva y, ante ello, el amparo interpuesto contra el nuevo acuerdo dictado en audiencia de doce de marzo del actual, resulta improcedente, por tratarse de un acto que es una repetición de otro que ya fue consentido. Esto es así, porque la determinación de la Juez en que ya se había negado a decretar la extinción de la acción penal contenida en el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó por correo electrónico a la defensa de los quejosos, el veintiuno del citado mes; como consta en la copia certificada del acuerdo de que se trata, remitida por la responsable al rendir su informe justificado. Ante esta perspectiva, si se considera que los quejosos tuvieron conocimiento de la negativa a decretar la extinción de la acción penal, solicitada en su escrito presentado el dieciocho de diciembre del año próximo pasado, desde el veintidós del mismo mes, es inconcuso que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues el plazo para inconformarse con esa negativa transcurrió del martes veinticinco de diciembre de aquel año y feneció el martes quince de enero del actual, sin contar los días veintinueve y treinta de diciembre, así como uno, cinco, seis, doce y trece del citado enero, por haber sido inhábiles. En ese sentido, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintiuno de marzo del año en curso, resulta inconcuso que se formuló en extemporánea, en tanto que a la fecha en que se recibió ya había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. No obsta para arribar a tal conclusión que los quejosos hayan señalado como acto reclamado el acuerdo dictado en audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, en el que la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos negó, por segunda ocasión, decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, que se instruye en contra de los quejosos y otro, pues la resolución tildada de inconstitucional es una repetición de un acuerdo anterior, en el que ya se había determinado la improcedencia de la solicitud, mientras que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada después del tiempo en que debió haberse promovido en contra de la primera determinación; por tanto, se está en presencia de un acto tácitamente consentido, al no haber sido impugnado oportunamente el primer acto, del cual es una repetición aquél en contra del que se pide amparo. En efecto, desde el momento en que la Juez de Control acordó desfavorablemente la solicitud de declarar la extinción de la acción penal, porque ya se había formulado la acusación respectiva y se había señalado fecha para la celebración de la audiencia intermedia, los quejosos tuvieron conocimiento de tal negativa y de la continuación del proceso penal de marras; por ende, desde ese primer momento su situación jurídica se encontraba resuelta y definida por la responsable y, en su caso, fue a partir de esa determinación en que pudieron verse afectados en sus derechos; por ende, era a partir de la emisión del acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en que los solicitantes del amparo debieron combatir la negativa a declarar la extinción de la acción penal, bajo el argumento que sostuvieron, dentro del término de quince días a partir de aquél en que se les notificó tal determinación, pero como no lo hicieron, se considera que consintieron la citada negativa. Apoya esta consideración, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXI, materia común, página 2546, del siguiente tenor: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO CONTRA EL AUTO QUE REPITE UNO ANTERIOR. Si el auto contra el que se pide amparo es una repetición de otro anterior, y la demanda de amparo es presentada después del tiempo en que debió haberse presentado en contra del primero, debe estimarse que se está en presencia de un acto tácitamente consentido, al no haber sido impugnado oportunamente el primer acto, del cual es una repetición aquél en contra del que se pide amparo. De la misma manera es aplicable al caso, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXV, materia común, página 2057, del siguiente contenido: ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido. Sobre la base de las anteriores consideraciones, este Juzgado considera que el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que la Juez de Control negó la pretensión de declarar la extinción de la acción penal, porque tuvo al agente del Ministerio Público presentando su escrito de acusación y que, derivado de ello, se había fijado fecha para que tuviera verificativo la audiencia intermedia en el referido asunto, se trata de actos que deben reputarse consentidos, pues no obra constancia alguna que evidencia que en su contra se haya interpuesto algún medio de defensa que tuviera por efecto su modificación o revocación y la nueva determinación, dictada el doce de marzo del año en curso, no constituye una nueva oportunidad para volver a someter al análisis constitucional un acto que ya había sido definido previamente. Sostener lo contrario implicaría que el Juez de Amparo tuviera que analizar la legalidad de la negativa de decretar el sobreseimiento de la causa penal, por extinción de la acción (en la hipótesis sometida al conocimiento de la Juez de Control), tantas veces como le fuera solicitado a la Responsable y ésta emitiera pronunciamiento congruente con lo solicitado, lo que no es jurídicamente procedente, por un principio de certeza jurídica elemental que debe privar en la emisión de los actos de autoridad. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se impone sobreseer en el presente juicio. No obsta a lo anterior que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de amparo y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento lo antes señalado, en el criterio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 377, Tomo III, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la solicitante de amparo, porque si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente; de ahí que la procedencia del juicio de amparo es de orden preferente, al análisis de la posible transgresión de un tratado internacional. Apoya esta consideración la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, materia constitucional, página 890, del siguiente tenor: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *******, ******* Y *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve que dice: SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 224/2019-II, promovido por *******, ******* y *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la demanda promovida por *******, ******* y *******. Los quejosos demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos (*******), de quien reclamó el acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve, en el que negó decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, que se les instruye por su probable participación en la comisión de los hechos constitutivos del delito de homicidio. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintidós de marzo del presente año, la demanda de amparo se registró con el número 224/2019-II; se solicitó a la autoridad responsable los respectivos informes justificados, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y al representante social de la causa de origen, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: - El acuerdo dictado en audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, en el que la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos negó decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, que se instruye en contra de los quejosos y otro, por su probable participación en la comisión de los hechos constitutivos del delito de homicidio, cometido en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo que antecede y del cual se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos (en su denominación correcta) aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el acuerdo dictado en audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, en el negó la solicitud de decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, que se instruye contra de los quejosos y otro, por su probable participación en la comisión de los hechos constitutivos del delito de homicidio, cometido en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de *******; por tanto, debe tenerse por cierta su existencia. Aunado a lo anterior, la Juez responsable remitió las constancias que estimó necesarias para resolver el presente asunto, en torno al punto de debate, esto es, con la negativa de decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, así como el registro de audio y video en disco versátil digital (DVD) de la audiencia en que se dictó la resolución reclamada, de doce de marzo del actual, llevada a cabo en la causa penal de referencia, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, tomo 1, de agosto de 2013, página 703, del rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos transcritos se colige que el plazo genérico para demandar la acción constitucional es de quince días y tiene como excepciones las siguientes:  Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición;  Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y  Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar al día siguiente en que: 1) surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2) al en que tuvo conocimiento el quejoso; o bien, 3) a aquel en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En el caso, conviene precisar de las constancias que obran en el presente expediente, se deducen los siguientes antecedentes relevantes: 1. Mediante escrito presentado ante la responsable el doce de noviembre de dos mil dieciocho, el defensor particular de los aquí quejosos y otros, solicitó a la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el cierre de la etapa de investigación en la causa penal 2776/2017, que se les instruye, por la comisión de hechos constitutivos del delito de homicidio. 2. A esa solicitud recayó el acuerdo de quince del mismo mes, en el que la Juez de Control, Maribel Carrillo Mendoza, acordó favorablemente la solicitud respectiva, en los términos siguientes: (...) es por lo anterior que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 321 y 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, DECLARA (sic) CERRADA LA INVESTIGACIÓN de la causa penal número *******, instruida en contra de *******, *******, ******* y *******, por el delito de homicidio agravado y calificado. Por lo anterior, se le tiene por cerrado el plazo judicial de investigación complementaria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 323 y 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, hágasele del conocimiento a esa Representación Social que cuenta con un plazo de quince días contados a partir de su legal notificación para que actúe dentro de alguna de las hipótesis a las que se refiere el numeral 324 del precitado ordenamiento, de lo contrario se hará acreedor a una multa de veinte unidades de medida y actualización.Notifíquese (...) 3. Esa notificación se envió a las partes en el juicio de manera electrónica, entre ellas al Representante social al correo electrónico: feminicidios@outlook.com, el veintidós de noviembre de esa anualidad (de acuerdo con la constancia que se levantó en términos de lo que establece el artículo 83, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales ). 4. De manera paralela, el dieciseises de noviembre de dos mil dieciocho, el agente de Ministerio Público de la Unidad en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, Zona Norte, presentó el oficio *******, en el que informó al Juez de Control que con esa fecha había dictado un acuerdo en el que declaró cerrada la investigación y le comunicó que procedería a resolver sobre alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales . 5. A ese oficio recayó el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el diverso Juez de Control del Distrito Judicial Bravos *******, en el que le fijó un plazo de diez días, contado a partir de la fecha de cierre, para que actuara en alguna de las formas establecidas en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 6. Ese acuerdo se notificó mediante oficio 59637, que fue recibido por el Representante social el veintinueve de noviembre del mismo año. 7. Por oficio 1829/2019, presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos, el agente de Ministerio Público de la Unidad en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, Zona Norte, formuló su acusación en la causa penal de referencia. 8. Al referido oficio recayó el acuerdo de diecinueve de diciembre de aquel año, en el que la Juez de Control (*******) tuvo por recibido el escrito de acusación de referencia y, como consecuencia, señaló fecha para la celebración de la audiencia intermedia. Tal acuerdo se notificó personalmente a la defensa de los ahora quejosos el catorce de enero del año en curso, previo citatorio de once del mismo mes. 9. En forma simultánea, el dieciocho del precitado diciembre, el defensor particular de los ahora quejosos presentó un escrito al Juez de Control en el que le señaló que había transcurrido el plazo de quince días establecido en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para presentar la acusación respectiva; asimismo, consideró que también habían fenecido los diversos plazos establecidos en los artículos 325 y 336 del mismo ordenamiento y, finalmente, solicitó lo siguiente: (...) ES POR LO QUE SE SOLICITA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 325, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN RELACIÓN CON [EL] ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en virtud de la omisión del Agente del Ministerio Público, la falta de notificación por parte de ESTE TRIBUNAL DE CONTROL y el vencimiento de los plazos a que se ha hecho referencia, sin que se le haya realizado ninguna notificación a esta defensa. ES POR LO QUE SE DEBERÁ DE DECRETAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, PROCEDIENDO ESTE TRIBUNAL DE CONTROL ORDENAR EL SOBRESEIMIENTO. (...) 10. En acuerdo de diecinueve de diciembre del mismo año, la Juez de Control (Yira Célida Ochoa Contreras) negó la pretensión de la defensa, en los siguientes términos: (...) Por recibido por este Tribunal en fecha dieciocho de los actuales, el escrito signado por el C. Licenciado *******, defensor particular, en relación con la causa penal *******. mediante el cual y en relación con el acuerdo de fecha 15 de noviembre del año en curso, emitido por diversa Juzgadora donde ésta ordenaba a la Representación Social que actuara conforme al numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que éste haya actuado en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo antes mencionado; por lo que el defensor particular solicita se declare la extinción de la acción penal por incumplimiento a los plazos. Vista y analizada su petición dígasele al promovente que en fecha catorce de los corrientes, el C. Agente del Ministerio Público presentó escrito de acusación por lo que se fijaron las doce horas del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia INTERMEDIA. NOTIFÍQUESE. Vía correo electrónico al promovente (...) . 11. Finalmente, en la audiencia celebrada el doce de marzo de dos mil diecinueve, en uso de la voz, la defensa de los ahora quejosos nuevamente solicitó que se declarara la extinción de la acción penal por incumplimiento a los plazos en que afirmó que incurrió el Representante Social, al no formular su acusación dentro del término de quince días establecido en el artículo 324 del código procesal de la materia; ante esa solicitud, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos nuevamente se negó a decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, que se instruye en contra de los quejosos y otro, por su probable participación en la comisión de los hechos constitutivos del delito de homicidio agravado y calificado, cometido en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de *******. Este último proveído es aquél que se tildó de inconstitucional por la parte quejosa. La anterior narrativa pone de relieve que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia señalada al inicio de este considerando, en atención a que en la resolución reclamada se indicó a los imputados, por segunda vez, que no había lugar a declarar la extinción de la acción penal por incumplimiento a los plazos que se atribuyó al Representante social, por lo que debe considerarse que constituye una repetición del diverso de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que la referida Juez de Control ya había negado la pretensión de la defensa bajo el argumento de que, a la fecha de esa solicitud, el agente del Ministerio Público ya había presentado el escrito de acusación y que, derivado de ello, se había fijado fecha para que tuviera verificativo la audiencia intermedia en el referido asunto, máxime que no obra constancia de que los quejosos hubieran promovido recurso ordinario o extraordinario en contra de esa determinación. En efecto, a juicio de quien resuelve, los quejosos consintieron el acuerdo en el que la Juez negó declarar la extinción de la acción penal por incumplimiento en el plazo previsto en la legislación procesal, para presentar la acusación respectiva y, ante ello, el amparo interpuesto contra el nuevo acuerdo dictado en audiencia de doce de marzo del actual, resulta improcedente, por tratarse de un acto que es una repetición de otro que ya fue consentido. Esto es así, porque la determinación de la Juez en que ya se había negado a decretar la extinción de la acción penal contenida en el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó por correo electrónico a la defensa de los quejosos, el veintiuno del citado mes; como consta en la copia certificada del acuerdo de que se trata, remitida por la responsable al rendir su informe justificado. Ante esta perspectiva, si se considera que los quejosos tuvieron conocimiento de la negativa a decretar la extinción de la acción penal, solicitada en su escrito presentado el dieciocho de diciembre del año próximo pasado, desde el veintidós del mismo mes, es inconcuso que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues el plazo para inconformarse con esa negativa transcurrió del martes veinticinco de diciembre de aquel año y feneció el martes quince de enero del actual, sin contar los días veintinueve y treinta de diciembre, así como uno, cinco, seis, doce y trece del citado enero, por haber sido inhábiles. En ese sentido, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintiuno de marzo del año en curso, resulta inconcuso que se formuló en extemporánea, en tanto que a la fecha en que se recibió ya había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. No obsta para arribar a tal conclusión que los quejosos hayan señalado como acto reclamado el acuerdo dictado en audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, en el que la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos negó, por segunda ocasión, decretar el sobreseimiento en la causa penal *******, que se instruye en contra de los quejosos y otro, pues la resolución tildada de inconstitucional es una repetición de un acuerdo anterior, en el que ya se había determinado la improcedencia de la solicitud, mientras que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada después del tiempo en que debió haberse promovido en contra de la primera determinación; por tanto, se está en presencia de un acto tácitamente consentido, al no haber sido impugnado oportunamente el primer acto, del cual es una repetición aquél en contra del que se pide amparo. En efecto, desde el momento en que la Juez de Control acordó desfavorablemente la solicitud de declarar la extinción de la acción penal, porque ya se había formulado la acusación respectiva y se había señalado fecha para la celebración de la audiencia intermedia, los quejosos tuvieron conocimiento de tal negativa y de la continuación del proceso penal de marras; por ende, desde ese primer momento su situación jurídica se encontraba resuelta y definida por la responsable y, en su caso, fue a partir de esa determinación en que pudieron verse afectados en sus derechos; por ende, era a partir de la emisión del acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en que los solicitantes del amparo debieron combatir la negativa a declarar la extinción de la acción penal, bajo el argumento que sostuvieron, dentro del término de quince días a partir de aquél en que se les notificó tal determinación, pero como no lo hicieron, se considera que consintieron la citada negativa. Apoya esta consideración, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXI, materia común, página 2546, del siguiente tenor: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO CONTRA EL AUTO QUE REPITE UNO ANTERIOR. Si el auto contra el que se pide amparo es una repetición de otro anterior, y la demanda de amparo es presentada después del tiempo en que debió haberse presentado en contra del primero, debe estimarse que se está en presencia de un acto tácitamente consentido, al no haber sido impugnado oportunamente el primer acto, del cual es una repetición aquél en contra del que se pide amparo. De la misma manera es aplicable al caso, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXV, materia común, página 2057, del siguiente contenido: ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido. Sobre la base de las anteriores consideraciones, este Juzgado considera que el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que la Juez de Control negó la pretensión de declarar la extinción de la acción penal, porque tuvo al agente del Ministerio Público presentando su escrito de acusación y que, derivado de ello, se había fijado fecha para que tuviera verificativo la audiencia intermedia en el referido asunto, se trata de actos que deben reputarse consentidos, pues no obra constancia alguna que evidencia que en su contra se haya interpuesto algún medio de defensa que tuviera por efecto su modificación o revocación y la nueva determinación, dictada el doce de marzo del año en curso, no constituye una nueva oportunidad para volver a someter al análisis constitucional un acto que ya había sido definido previamente. Sostener lo contrario implicaría que el Juez de Amparo tuviera que analizar la legalidad de la negativa de decretar el sobreseimiento de la causa penal, por extinción de la acción (en la hipótesis sometida al conocimiento de la Juez de Control), tantas veces como le fuera solicitado a la Responsable y ésta emitiera pronunciamiento congruente con lo solicitado, lo que no es jurídicamente procedente, por un principio de certeza jurídica elemental que debe privar en la emisión de los actos de autoridad. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se impone sobreseer en el presente juicio. No obsta a lo anterior que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de amparo y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento lo antes señalado, en el criterio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 377, Tomo III, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la solicitante de amparo, porque si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente; de ahí que la procedencia del juicio de amparo es de orden preferente, al análisis de la posible transgresión de un tratado internacional. Apoya esta consideración la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, materia constitucional, página 890, del siguiente tenor: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *******, ******* Y *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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