Dulce Delia Araujo Almaguer y Otros.
Expediente 403/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Dulce Delia Araujo Almaguer
- Dulce Delia Araujo Almaguer y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de once de julio del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso c) del artículo 21 del citado acuerdo, toda vez que la medida cautelar se negó respecto de todos los actos reclamados; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado, hasta en tanto se destruya. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas relativas al juicio oral ordinario F-528/2021, que como justificación a su informe remitió la Jueza Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, devuélvanse y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, específicamente las constancias que como justificación a su informe remitió la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, así como las que allegó mediante escrito de veinticuatro de junio del año en curso, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que aún existen los proveídos de tres, quince y treinta de marzo de dos mil veintidós, emitidos por la Jueza Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del juicio oral ordinario F-528/2021 de su índice, mediante los cuales, entre otras cosas, respectivamente determinó que el Centro de Convivencia Familiar del Sistema para el Desarrollo Integrar de la Familia, previa platica con la menor y dos convivencias supervisadas, informará si es benéfica la relación entre madre e hija y si la menor está en condiciones de regresar a su lugar de custodia; fijó nueva fecha y hora (veintitrés y treinta del mismo mes y año) para llevar a cabo las convivencias decretadas el tres de marzo del año en curso, y apercibió a la aquí quejosa que de no recibir el oficio dirigido al Centro de Convivencia Familiar (para llevar a cabo las convivencias supervisadas), se le tendría por desinteresada en mantener la guarda y custodia de la menor; y, ante el impedimento que manifestó la parte quejosa para entregar los oficios dirigidos al Centro de Convivencia Familiar, ordenó enviarlos a fin de llevar a cabo las convivencias supervisadas que reprogramó para el seis y trece de abril del año en curso, lo cierto es que no pueden ya surtir efecto legal alguno, toda vez que han dejado de existir el objeto de los mismos. Se afirma lo anterior, en virtud de que el objeto de dichos proveídos esencialmente fue establecer un régimen de convivencias supervisadas, para que, previa platica de la niña de iniciales M.F.T.A. con su progenitora (aquí quejosa), personal del Centro de Convivencia Familiar del Sistema para el Desarrollo Integrar de la Familia, determinará si era benéfica su relación y, en consecuencia, si la niña estaba en condiciones de regresar a su lugar de custodia (custodia que se había decretada en favor de la madre). Sin embargo, el diecisiete de mayo del año en curso, se llevó a cabo dentro del juicio oral ordinario F-528/2021 de la estadística del Juzgado Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, audiencia de reanudación de juicio, en la que, entre otras cosas, la a quo decretó la guardia y custodia de la niña de iniciales M.F.T.A., en favor de su progenitor y, en lo atinente a las convivencias, se reservó pronunciarse, hasta en tanto se llevará una terapia familiar en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En ese tenor, si bien es cierto que subsisten los autos de referencia (tres, quince y treinta de marzo de dos mil veintidós), que constituyen los actos reclamados en el presente juicio constitucional, también lo es que no pueden surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia de los mismos. Lo anterior es así, dado que si el objeto de los indicados autos consistió esencialmente en establecer un régimen de convivencias supervisadas, para que, previa platica de la niña de iniciales M.F.T.A. con su progenitora (aquí quejosa), personal del Centro de Convivencia Familiar del Sistema para el Desarrollo Integrar de la Familia, determinará si era benéfica su relación y, en consecuencia, si la niña estaba en condiciones de regresar a su lugar de custodia (custodia que se había decretada en favor de la madre), y en audiencia de diecisiete de mayo del año en curso, se decretó la guardia y custodia de la niña de iniciales M.F.T.A., en favor de su progenitor y, se acordó que previó a establecer las convivencias, se llevará una terapia familiar en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia de los actos reclamados. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA TERCERA INTERESADA: Visto el estado de autos, específicamente las constancias que como justificación a su informe remitió la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, así como las que allegó mediante escrito de veinticuatro de junio del año en curso, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que aún existen los proveídos de tres, quince y treinta de marzo de dos mil veintidós, emitidos por la Jueza Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del juicio oral ordinario F-528/2021 de su índice, mediante los cuales, entre otras cosas, respectivamente determinó que el Centro de Convivencia Familiar del Sistema para el Desarrollo Integrar de la Familia, previa platica con la menor y dos convivencias supervisadas, informará si es benéfica la relación entre madre e hija y si la menor está en condiciones de regresar a su lugar de custodia; fijó nueva fecha y hora (veintitrés y treinta del mismo mes y año) para llevar a cabo las convivencias decretadas el tres de marzo del año en curso, y apercibió a la aquí quejosa que de no recibir el oficio dirigido al Centro de Convivencia Familiar (para llevar a cabo las convivencias supervisadas), se le tendría por desinteresada en mantener la guarda y custodia de la menor; y, ante el impedimento que manifestó la parte quejosa para entregar los oficios dirigidos al Centro de Convivencia Familiar, ordenó enviarlos a fin de llevar a cabo las convivencias supervisadas que reprogramó para el seis y trece de abril del año en curso, lo cierto es que no pueden ya surtir efecto legal alguno, toda vez que han dejado de existir el objeto de los mismos. Se afirma lo anterior, en virtud de que el objeto de dichos proveídos esencialmente fue establecer un régimen de convivencias supervisadas, para que, previa platica de la niña de iniciales M.F.T.A. con su progenitora (aquí quejosa), personal del Centro de Convivencia Familiar del Sistema para el Desarrollo Integrar de la Familia, determinará si era benéfica su relación y, en consecuencia, si la niña estaba en condiciones de regresar a su lugar de custodia (custodia que se había decretada en favor de la madre). Sin embargo, el diecisiete de mayo del año en curso, se llevó a cabo dentro del juicio oral ordinario F-528/2021 de la estadística del Juzgado Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, audiencia de reanudación de juicio, en la que, entre otras cosas, la a quo decretó la guardia y custodia de la niña de iniciales M.F.T.A., en favor de su progenitor y, en lo atinente a las convivencias, se reservó pronunciarse, hasta en tanto se llevará una terapia familiar en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En ese tenor, si bien es cierto que subsisten los autos de referencia (tres, quince y treinta de marzo de dos mil veintidós), que constituyen los actos reclamados en el presente juicio constitucional, también lo es que no pueden surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia de los mismos. Lo anterior es así, dado que si el objeto de los indicados autos consistió esencialmente en establecer un régimen de convivencias supervisadas, para que, previa platica de la niña de iniciales M.F.T.A. con su progenitora (aquí quejosa), personal del Centro de Convivencia Familiar del Sistema para el Desarrollo Integrar de la Familia, determinará si era benéfica su relación y, en consecuencia, si la niña estaba en condiciones de regresar a su lugar de custodia (custodia que se había decretada en favor de la madre), y en audiencia de diecisiete de mayo del año en curso, se decretó la guardia y custodia de la niña de iniciales M.F.T.A., en favor de su progenitor y, se acordó que previó a establecer las convivencias, se llevará una terapia familiar en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia de los actos reclamados. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, informa y acredita que con posterioridad al auto de diecinueve de abril del año en curso, emitido en el juicio oral ordinario ********** de su índice, se llevó a cabo audiencia de juicio en la que, entre otras cosas, se decretó la guardia y custodia de la niña de iniciales M.F.T.A., en favor de su progenitor y convivencias en favor de su progenitora.
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