Dora Aida Ortiz Méndez y Otros.

Expediente 257/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
257/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
29/04/2015

Partes del expediente

  • Dora Aida Ortiz Méndez y Otros.
  • María López Zayas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Dora Aida Ortiz Méndez y otros, contra actos de los Magistrados de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de esta ciudad. En ese sentido, el titular queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que para estar en aptitud de proveer lo concerniente a la demanda de amparo promovida por Dora Aida Ortíz Méndez y otros, que se le remitió en cumplimiento a lo decretado por este Juzgado el veinticinco de marzo pasado; requirió a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de esta ciudad, para que cumpla con el trámite previsto por el artículo 178 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Dora Aida Ortiz Méndez, María López Rayas, María Dolores Siqueiros Sánchez, Amelia Uribe García, Martha Zempoalteca Meneses, José Calixto Manuel Figueroa García, Dora Aida Ortiz Méndez, Loreto Chávez Acosta, María de la Luz Valenzuela Pasillas, Amparo Partida Rodríguez, Ricardo Vargas Garzón, Beatriz Cardoza Núñez, Consuelo Pérez Nungaray, Pedro Arguilez Reynaldo, Ma. de Jesús Tadeo Ceballos, Marina Valderrama Velador, Dolores Aguiar Castañeda, Cándido Ramos Rodríguez, Salomón González Andrade, J. Jesús Romero Cortes, Guadalupe Ruiz Trasviña, Antonio Valentín Ramírez Núñez, José Antonio Gómez Díaz, Efrén Arroyo Madrigal, Manuela Méndez Calvillo, Antonio León Mendoza Castro, Delia Hernández González, María Guadalupe Domínguez Grosso, Gricelda Antonia Muñoz Leyva, María Elena Zavala Calderón, José Abraham Quirino Pasillas, Celia Armida Amaya Alcantar, Angélica Luz Vázquez Castro, Sergio Joaquín Ruiz Villa, Baudelia Aragón Loza, Diego Sandoval Abelardo, Rosario Socorro Tapia Norzagaray y Martha Elba Espinosa Mora, por su propio derecho, contra actos de los Magistrados de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 257/2015-I. Ahora, del análisis integral de la demanda de que se trata, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en el entendido que las resoluciones que culminan un juicio son aquellas que lo dan por terminado, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda, en especial del capítulo de los antecedentes del acto reclamado, se advierte lo siguiente: 1. Que el cinco de septiembre de dos mil catorce, los aquí quejosos presentaron ante la oficialía de partes de la Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, demanda de nulidad en contra de la resolución de negativa ficta recaída a la solicitud presentada el nueve de mayo de dos mil catorce, ante la Subdelegación de Prestaciones, Jefatura de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del ISSSTE Baja California. 2. Posteriormente, mediante auto de cinco de septiembre de dos mil catorce, la responsable requirió a los aquí quejosos para que cada uno de ellos presentaran se demanda correspondiente, y en caso de no ser así, se les tendría por no presentada la demanda. 3. Luego, mediante escrito de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, le hicieron saber a la autoridad que su escrito inicial se encontraba ajustado a derecho y que debía admitirla a trámite. 4. Derivado de lo anterior, con fecha ocho de octubre de dos mil catorce, la autoridad emitió en acuerdo en el que tuvo por no presentada la demanda, por no haber cumplido con lo solicitado. 5. Ante ello, el cinco de noviembre de dos mil catorce, los promoventes promovieron recurso de reclamación en contra del auto mencionado en el numeral que antecede. 6. Así las cosas, el siete de enero de dos mil quince, se emitió la sentencia que resolvió el recurso, declarándolo infundado y por ende confirmando el proveído de ocho de octubre de dos mil catorce, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda. En tal virtud, como se evidencia de los antecedentes narrados, la resolución reclamada se cataloga de aquellas que ponen fin al juicio, pues sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido; acto que constituye el reclamado en la presente instancia constitucional. Se afirma lo anterior, porque la resolución reclamada es de aquellas que dan por concluido el juicio y respecto de la cual ya no procede algún medio ordinario de defensa, debido a que la autoridad responsable al resolver el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de ocho de octubre de dos mil catorce, en el que determinó tener por no presentada la demanda presentada por los quejosos, por lo que dicha determinación al derivar de un medio de impugnación (reclamación), no admite recurso alguno. Tiene puntual aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que se invocan, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 126, Tomo I, Junio de 1995, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA FISCAL DE NULIDAD. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA. Conforme al Código Fiscal de la Federación, el auto del magistrado instructor que tiene por no presentada la demanda de nulidad es de aquellos a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Amparo, pues si bien no decide el juicio en lo principal, lo da por concluido. Por tanto, procede el amparo directo en su contra, de conformidad con los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, así como 44 y 158 de la ley en cita, en sus textos reformados y vigentes a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho; ello en atención a la economía procesal, que es el elemento determinante de las reformas de que se trata, lo que resulta explicable porque cuando no se requieren pruebas no allegadas a la autoridad responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con plazos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Además, la circunstancia de que sea un magistrado y no la Sala quien resuelva tener por no interpuesta la demanda, no significa que el acto no provenga de un tribunal; lo que sucede es que el Tribunal Fiscal de la Federación se compone de diversos órganos para realizar su función de administrar justicia, a saber: La Sala Superior, las Salas Regionales y los magistrados instructores, los cuales actúan de acuerdo con sus respectivas esferas de competencia, pero, en cada caso, los actos proceden del indicado tribunal administrativo, independientemente del órgano que los emita. Tribunal no significa necesariamente órgano colegiado, sino órgano de administración de justicia, y eso es precisamente lo que encarnan los magistrados instructores cuando deciden unitariamente las cuestiones jurídicas que la ley les encomienda." Con base en lo expuesto, este operador jurídico considera que dicho acto debe impugnarse vía amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, al decidir el juicio en lo principal y no existir medio ordinario legal de defensa que proceda en su contra, por virtud del cual pueda ser modificado o revocado y, por ende, su estudio es competencia de un Tribunal Colegiado. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, ordena: a. Remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Décimo Sexto Circuito en turno, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngaseles a los promoventes señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del arábigo 12 de la ley de la materia a José Guadalupe Jiménez Dávila, Anabel Neri Lara y Rubén Omar Contreras García, en virtud de que cuentan con cedula profesional con número 2474060, 5844122 y 7966041, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que mencionan, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.

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