Dora Alicia Garza Alejandro

Expediente 446/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
446/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Dora Alicia Garza Alejandro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 8/2018, suscitado entre el suscrito y el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Piedras Negras, en relación a la demanda de amparo promovida por **********, que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO: Si existe el conflicto de competencial. SEGUNDO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza es competente para conocer de la demanda de amparo promovido por **********." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese el recibo de estilo. Por lo anterior, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. En atención a lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del citado Acuerdo General, se ordena la destrucción del presente cuaderno en el plazo de seis meses. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Por recibido el oficio que remite el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahulia de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, relativo a la demanda de amparo promovida por **********.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Piedras Negras, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 446/2018-IV del índice de este órgano jurisdiccional, en virtud de no haber aceptado la competencia planteada por este Tribunal, con base en las consideraciones siguientes: - Que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es la resolución que declaró infundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, dentro del juicio de nulidad **********. - Que dicho acto reclamado carece de ejecución material, al no ser susceptible de constituir o modificar derechos, ya que el objeto del recurso de queja se limita a que la Sala responsable determine si la parte demandada incurrió o no en defecto al acatar la resolución definitiva recaída al juicio de nulidad, declarando fundado o infundado el planteamiento de quien promueve. - Que en caso hipotético de que se determinara que la autoridad demandada no acató en sus términos la sentencia, la consecuencia jurídica sería que se continuara con la etapa de cumplimiento, ya que por regla general las sentencias de los Tribunales Federales de Justicia Administrativa en los juicios de nulidad, se limitan a reconocer la validez de la resolución administrativa impugnada o declarar su nulidad, dejando en su caso expedito el derecho de la autoridad demandada de llevar a cabo su propia determinación; por lo cual, no tienen ejecución alguna. - Que en virtud de lo anterior, no es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Tomo XXX, Octubre de 2009, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO.", ya que la resolución reclamada tiene el carácter de declarativo y al no tener ejecución material la competencia para conocer de la demanda surte a favor del órgano ante el cual se presentó. Pues bien, el suscrito no comparte la opinión del Juez oficiante, e insiste en declinar la competencia al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Piedras Negras. Lo anterior es así, en virtud de que en la resolución reclamada de trece de abril de dos mil dieciocho, emitida por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que declararon infundada la queja interpuesta, lo que se está dilucidando se refiere precisamente a la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho. De modo que las consecuencias del acto reclamado implican la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada y el pago de la pensión jubilatoria, lo que está intrínsecamente ligado al domicilio de la beneficiaria por ser el lugar donde la cobra y la disfruta; por lo que es inconcuso que la ubicación en la que se desenvuelve la quejosa será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Por ello, se itera que el suscrito no coincide con las razones vertidas por la Juez para considerar que el acto que se reclama es de carácter meramente declarativo, cuyos efectos no requieren ejecución material. De ahí que, como se dijo en auto de uno de los actuales, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que las consecuencias materiales de la resolución reclamada tendrá lugar en la ciudad de Múzquiz, lugar en donde cobra y disfruta su pensión la quejosa y que pertenece a la jurisdicción del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Piedras Negras; por lo que, se insiste en declinar la competencia. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y 37 -fracción VI- de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, a efecto de que tenga a bien resolver el conflicto de competencia que por territorio se presenta entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Piedras Negras. Se ordena comunicar lo anterior al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Piedras Negras.

  4. Principal

    Agréguense en autos el escrito y anexo que remite la quejosa **********, mediante los cuales, cumple con el requerimiento formulado el veinticinco de mayo del año en curso, en los siguientes términos: Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se encuentra ubicado en **********, número **********, de la colonia **********, con código postal **********, en la ciudad de Múzquiz, Coahuila. Anexa copia simple de su credencial para votar y de un recibo de pago de Teléfonos de México S.A.B. de C.V. Al respecto, se acuerda: Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa **********, acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución de trece de abril de dos mil dieciocho, dictada por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente 569/15-10-01-8-OT, la cual declaró infundada la queja interpuesta por la promovente respecto a la cuantificación de su pensión. Bajo ese contexto legal, si la aquí quejosa ********** tiene su domicilio particular en **********, número **********, de la colonia **********, con código postal **********, en la ciudad de Múzquiz, Coahuila, y esencialmente reclama la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque como el acto reclamado por la quejosa implica la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, y el pago de la pensión jubilatoria esta intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar donde la cobra y la disfruta, es inconcuso que el domicilio en el que se desenvuelve la quejosa será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Entonces, si el domicilio de la solicitante del amparo se localiza en Múzquiz, Coahuila, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto de que se duele tiene ejecución en la referida ciudad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, el Juzgado Tercero de Distrito que se ubican en Piedras Negras, Coahuila, ejerce jurisdicción territorial, entre otros, en el municipio de Múzquiz. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Piedras Negras, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.

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