Dulce Aurora Chan Peralta

Expediente 475/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
475/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
07/12/2018

Partes del expediente

  • Dulce Aurora Chan Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA VI. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto décimo del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no existen documentos originales y se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto vigésimo del capítulo quinto y en razón del sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto décimo séptimo del capítulo cuarto del propio acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto vigésimo primero capítulo quinto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, en cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la diversa hipótesis a que se refiere la fracción III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En cuanto al valor jurídico, si lo tiene el presente juicio de amparo, y no el incidente de suspensión derivado del mismo.

  2. Principal

    MESA VI. Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término que se le concedió a las partes en proveído de veintiséis de octubre de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, ha transcurrido. Al respecto; este órgano de control de control constitucional procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este sumario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro y texto siguientes: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, en la que se otorgó a la quejosa Dulce Aurora Chan Peralta, el amparo y protección que solicitó contra el acto del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público, con sede en esta ciudad de Mérida, para efecto de que se realizara lo siguiente: 1) Deje insubsistente la resolución de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta de investigación P3/2017/2017, mediante la cual negó decretar las medidas de protección solicitadas por la querellante Dulce María Chan Peralta; y, 2) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que, resuelva en forma fundada y motivada sobre la medida de protección solicitada por la querellante, como se estableció en el anterior considerando de este fallo; en el entendido que, al resolver sobre la solicitud de la querellante, deberá considerar, ante todo, el interés superior del menor, como en derecho se impone. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que mediante el oficio 558/35ª/2018 la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público, con sede en esta ciudad de Mérida, informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria y remitió para tal efecto copia certificada de la resolución de veinte de octubre de dos mil dieciocho, dictada en autos de la carpeta de investigación 2017/2017 de su índice. En dicha resolución, la fiscal responsable dejó insubsistente el acto reclamado (resolución de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho) y, resolvió nuevamente lo conducente respecto a la solicitud de medidas de protección realizada por la aquí quejosa. En dicha resolución, se determinó nuevamente negar el otorgamiento de las medidas de protección solicitadas; lo anterior, bajo el argumento de que no se había acreditado hasta ese momento la urgencia necesaria para su dictado. Lo anterior, atendiendo a que no existía dato de prueba alguno que acreditara que desde el momento en que interpuso su querella hasta la fecha de la emisión de la resolución que ahora se analiza, su hubiere dado algún evento de violencia física o moral por parte del sujeto activo contra ella o su hijo menor de edad. De igual forma, la urgencia en cuanto a la medida atinente a permitirle el reingreso al domicilio del cual se dijo se cambiaron cerraduras y era en el cual habitaba con su hijo menor de edad, fue desestimada por la fiscal responsable bajo el argumento de que la quejosa informó que ahora habita en el municipio de Ticul, Yucatán, en donde fue localizada por el policía primero de la Policía Estatal de Investigación adscrito a la Base Periférica Norte a efecto de realizarle una entrevista. De lo que, a juicio de la responsable, se infería que ni la quejosa ni su hijo ese encontraban en un riesgo inminente ni en estado vulnerable y por el contrario existían datos de prueba que permitían deducir que se encontraba actualmente en perfectas condiciones bajo el cuidado y protección de su madre. Con base en todo lo anterior, se llegó a la conclusión de que no se satisfacían los criterios necesarios para la emisión de las medidas solicitadas. Ahora bien, debe precisarse que la consideración en la que se sustentó la sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo fue que el acto reclamado no cumplía con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por la Constitución. Lo anterior, al estimar que la autoridad responsable se había basado en un tema ajeno a la urgencia necesaria para el dictado de una medida de protección, como lo era que el delito imputado no se trataba del de violencia familiar y se desconocía al sujeto activo, pues esto no formaba parte de los presupuestos de procedencia de dichas medidas cautelares, máxime que en el caso se encontraban inmersos derechos de un menor de edad. En ese sentido, de los argumentos expuestos en la nueva resolución, se advierte que ambos puntos (urgencia y los derechos del menor) fueron atendidos y tomados en consideración al momento de negar el acceso a dichas medidas; razonamientos respecto de los cuales el suscrito no se encuentra en aptitud de emitir un juicio de legalidad, pues no son materia del cumplimento de la sentencia de amparo. Esto es así, pues en dicha resolución se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable para que, una vez considerados los lineamientos de la sentencia de amparo, emita una nueva resolución respecto a la solicitud de la parte quejosa, la que en todo caso tendrá que ser materia de un nuevo análisis constitucional previa instancia de la parte a quien interese. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, el Secretario encargado del despacho tiene por cumplida la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente asunto, pues en el caso, del oficio señalado en líneas precedentes, se advierte que se dejó insubsistente la resolución de veintinueve de marzo de la presente anualidad y con plenitud de jurisdicción, una vez considerados los lineamientos expresados en la resolución de amparo, emitió una nueva, determinando que no era factible otorgar la medida de protección solicitada por la aquí quejosa. Sin que sean óbice a lo anterior las manifestaciones realizadas por Jorge Luis Carrillo Ayuso autorizado en términos amplios de la parte quejosa Dulce Aurora Chan Peralta, en su escrito recibido el día de ayer y que se ordena agregar a los autos, pues contrario a lo que indica y atento a las razones expuestas en los párrafos precedentes este resolutor considera que sí se cumplieron los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, pues se analizó el grado de urgencia en la expedición de las medidas de protección solicitadas y el bienestar del menor involucrado, posterior a lo cual la responsable estimó que, por lo que respecta a la primera, no se encontraba acreditada y, por lo que ve al bienestar del menor, éste se encontraba salvaguardado al encontrarse bajo el cuidado de su madre en un nuevo domicilio. Razonamientos que, como se ha dicho ya, no pueden ser analizados en cuanto a su legalidad pues no fueron materia de la sentencia que dio origen a esta resolución.

  3. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos el oficio 558/35ª/2018 remitido por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres, con sede en esta ciudad de Mérida y un anexo que acompaña, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional, mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, e informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por ende, dese vista a las partes con la documentación de cuenta junto con el anexo que adjuntó a dicho oficio por la referida autoridad, por el término de tres días hábiles, legalmente computados, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplido o no la sentencia ejecutoriada.

  4. Principal

    MESA VI. Vista los autos, toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, con apoyo en el artículo 81, inciso e) de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que en su único punto AMPARÓ a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Agencia Periférica Número Tres de la Fiscalía General del Estado, para que en el plazo de tres días siguiente a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución.

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