Douglas Enrique Manzano Briceño
Expediente 2066/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2066/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Douglas Enrique Manzano Briceño
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán; diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en el presente juicio, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que es DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, y anexo que acompaña. Ahora bien, en principio, se estima pertinente precisar que el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el directo quejoso Douglas Enrique Manzano Briceño, presentó su demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado. En dicha demanda, el quejoso reclamó de la Junta señalada como responsable, la omisión de dictar el laudo correspondiente al juicio laboral de origen 902/2018. No obstante lo anterior, al rendir su informe justificado, la Junta responsable se advierte que el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, emitió el proyecto de resolución del laudo en el procedimiento de origen, mismo que fue elevado a tal categoría el ocho de octubre del año en curso. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Ello, cuenta habida que, como quedó precisado con antelación, la omisión de dictar el laudo correspondiente al juicio laboral de origen 902/2018, deviene inexistente, precisamente porque con anterioridad a la presentación de la demanda, la autoridad responsable informó que el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, emitió el proyecto de resolución del laudo en el procedimiento de origen, mismo que fue elevado a tal categoría el ocho de octubre del año en curso. Por tanto, es notorio y manifiesto que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la Junta responsable ya había emitido el laudo en el procedimiento laboral de origen; por lo que resulta evidente que la omisión que se atribuye a la Junta responsable, no existía al momento de la interposición de la demanda. En ese tenor, se estima que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que esta Juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituir a la parte quejosa en el goce de derechos respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito; toda vez que en el caso particular, la constancia que en este acto se agrega, actualiza indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que con ella se demuestra que se emitió el laudo en el juicio laboral 902/2018, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno. Finalmente, debe decirse que no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; ello, toda vez que con el sentido de la presente determinación, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556, que establece: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio DGAJ/10020/2021, suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director del Catastro y Asistencia Técnica de dicha institución, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1336/2021-VI, promovido por xxxxxxxx, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de la Secretaria Nicte Ha Navarrete Méndez, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Seguidamente, la Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la Directora y Jefa del Servicio de Cirugía, ambas del Hospital General Regional número doce del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, el cual obra agregado en autos. La Jueza acuerda: Ténganse por rendido en tiempo y forma el informe justificado de las autoridades responsables, para que sea tomado en consideración como corresponda. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, continúese con la celebración de la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones; y con las documentales que remitió con su informe justificado la autoridad responsable y a su diverso oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/15885/2021. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, se da cuenta con las alegaciones vertidas por la autorizada de la parte quejosa en su escrito de uno de octubre de dos mil veintiuno. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones de la parte quejosa, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, se declara cerrada la presente etapa. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar se declara visto el expediente para dictar la sentencia siguiente. VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo 1336/2021-VI, promovido por EFRÉN HIDALGO PECH, contra el acto que reclama del Director del Hospital General Regional número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social, Licenciado Benito Juárez, con sede en esta ciudad de Mérida y otra autoridad responsable, por estimarlos violatorios de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y que por razón de turno le tocó conocer a este órgano jurisdiccional, EFRÉN HIDALGO PECH, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra del Director del Hospital General Regional número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social, Licenciado Benito Juárez, con sede en esta ciudad de Mérida, y otra autoridad responsable, señalando como acto reclamado la omisión de proporcionarle el servicio de atención médica completa que necesita, específicamente, suspender la programación de la fecha de la cirugía que requiere, alegando violación a su derecho a la salud. SEGUNDO. ADMISIÓN DE DEMANDA. Mediante auto de veintitrés de julio dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra actos de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto que por esta vía se impugna como inconstitucional y que se desprende del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Lo anterior, tiene sustento además, en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa, reclama de las autoridades responsables la omisión de proporcionarle el servicio de atención médica completa que necesita, específicamente, suspender la programación de la fecha de la cirugía que requiere, alegando violación a su derecho a la salud. Lo anterior se realiza de conformidad con el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número P. VI/2004. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Directora y Jefa del Servicio de Cirugía, ambas del Hospital General Regional número doce del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados bajo el argumento de que "ha brindado atención médica al paciente hoy quejoso de manera rápida, eficaz y en los medios establecidos sin que exista deficiencia o limitación alguna en su atención institucional con anterioridad a la presentación a la demanda.", es decir, que no son ciertos los actos toda vez que se le ha brindado la atención médica completa que el quejoso necesita, con anterioridad a la presentación de la demanda. Sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas, y debe tenerse por cierto el acto atribuido a las citadas autoridades, pues, de las propias aseveraciones se ponen de manifiesto que los actos reclamados por el quejoso, aún subsisten, pues no existe ninguna prueba que demuestre lo contrario, ya que aun cuando aluden que se le otorgó atención médica, con ello no se advierte la atención integral al padecimiento del quejoso, esto es, la cirugía que requiere, sin embargo, del oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/15885/2021, se advierte que posteriormente a su informe justificado, el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, le practicaron al hoy quejoso la cirugía de restitución intestinal, con el diagnostico estatus de colostomía, hernia paraestomal, de ahí que, sin prejuzgar la constitucionalidad de los mismos, como se dijo, se debe tener cierto el acto reclamado. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de cuyo título y contenido, son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Así como por analogía la tesis IV.2o.A.23 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que establece: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SOBRE LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS EN SU INFORME JUSTIFICADO, RELATIVOS A OTORGAR INCAPACIDADES Y MEDICAMENTOS, ES INSUFICIENTE PARA REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA Y, POR TANTO, DICHA ACTUACIÓN CONTRAVIENE AQUÉL. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coincidentemente, entre otros tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Por tanto, si la quejosa demuestra ante la instancia constitucional, mediante los documentos relativos que ha presentado un padecimiento de salud que está siendo atendida en la institución de salud pública correspondiente, y le atribuye a ésta la negativa de otorgarle las incapacidades y medicamentos necesarios; entonces la simple afirmación de las autoridades responsables sobre la inexistencia de esos actos en su informe justificado, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico, pues por estar de por medio el irreductible derecho humano a la salud del derechohabiente, la discrecionalidad en la prescripción de incapacidades y medicamentos a ella, no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad. En tal virtud, si las citadas autoridades no esclarecen y justifican la constitucionalidad de la negativa que se les atribuye, no obstante que tienen a su alcance los medios documentales adecuados para ello, su actuación contraviene el referido derecho humano a la salud." CUARTO. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, precisa examinar las causales de improcedencia que se podrían actualizar, pues de ser fundadas, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de proporcionarle el servicio de atención médica completa que necesita, específicamente, suspender la programación de la fecha de la cirugía que requiere, alegando violación a su derecho a la salud. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Directora del Hospital General Regional Número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, por conducto de su delegado, adjuntó a su oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/15885/2021, de ocho de octubre del año en curso, se desprenden las notas operativas y de cirugía, de las que se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se efectuó la cirugía de restitución intestinal, con el diagnostico estatus de colostomía, hernia paraestomal, (operación planeada), anastomosis término-lateral (operación realizada), al hoy quejoso. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, ya que si bien es cierto que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen a este juicio constitucional, esto es, el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, existía el acto de reclamado, lo cierto es también que las responsables le otorgaron el tratamiento médico al quejoso, y fue le fue practicada la cirugía que requería, esto es, de restitución intestinal, aunado a lo anterior, el uno de octubre del año en curso, la parte quejosa, mediante su autorizada, informó que el veintinueve de septiembre del dos mil veintiuno, se efectuó al quejoso Efrén Hidalgo Pech, la cirugía de reconstrucción de colostomía, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión de proporcionarle el servicio de atención médica completa que necesita, específicamente, suspender la programación de la fecha de la cirugía que requiere, lo que en el caso se subsana con realización de la cirugía de restitución intestinal, con el diagnostico estatus de colostomía, hernia paraestomal, practicada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, al hoy quejoso. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. QUINTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día siguiente de su publicación la presente sentencia, en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos del 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por xxxxxxxx, contra el acto que reclama del Director del Hospital General Regional número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social, Licenciado Benito Juárez y de la Jefa de Cirugía Interna General del citado Hospital, precisado en el segundo considerando de la presente sentencia constitucional; por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE.
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