Dulce Diana Cabañas Vargas
Expediente 2324/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2324/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Dulce Diana Cabañas Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de diez de febrero del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho y si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les comunicó el citado acuerdo a las autoridades que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva, pero se dejó sin efectos las medidas suspensionales decretadas en los cuadernos incidentales; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, se determina que ambos son susceptibles de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional considera importante traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de actualizar un plan de vacunación y aplicar una dosis de refuerzo o segunda dosis, para maestros y personas que fueron inoculadas con la vacuna Cansino Biologics, contra la enfermedad derivada del virus SARS-Cov2. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior, no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa se duele, en esencia, de la omisión de actualizar un plan de vacunación y aplicar una dosis de refuerzo o segunda dosis, para maestros y personas que fueron inoculadas con la vacuna Cansino Biologics, contra la enfermedad derivada del virus SARS-Cov2. Debiéndose precisar que en su escrito de demanda la quejosa Dulce Diana Cabañas Vargas expresó bajo protesta de decir verdad que desempaña su profesión de maestra. Ahora bien, en ese sentido, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora Federal, que del nueve al once de enero pasado, se abrió el registro para maestros y personal educativo de las escuelas públicas y privadas para la aplicación de la vacuna de refuerzo contra coronavirus, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna de la farmacéutica Moderna. Para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial vacunaeducacion.yucatan.gob.mx, el cual se habilito para tal fin y registrase según su fecha de nacimiento, el día nueve los nacidos entre enero y abril, el día diez quienes nacieron entre mayo y agosto, y el día once los nacidos entre septiembre y diciembre; con lo que, una vez hecho lo anterior, era factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Siendo que, a partir del doce al quince de enero del año en curso, comenzó a aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 designada para los maestros y personal educativo; de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno del Estado. Lo anterior es dable advertir del link https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/5719, el cual deriva de la página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual aparece el comunicado de prensa en el que se señala que, como se asentó supralíneas, del nueve al once de enero pasado, se realizaría en el Estado de Yucatán el registro para la aplicación de la vacuna de refuerzo para maestros y docente educativo de escuelas públicas y privadas del Estado de Yucatán y se dio a conocer las sedes a las que podrían acudir para tal efecto y el calendario en que el citado personal habrían de ser vacunados en la entidad, iniciando el doce de enero de dos mil veintidós. En link https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=5758, se advierte que el Gobierno de Yucatán publicó que se llevó a cabo la inoculación de maestras, maestros y personal escolar de Yucatán, quienes recibieron el refuerzo de la vacuna Moderna. En el link https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/5731, se advierte que la Secretaría de Salud de Yucatán informó que la vacuna de refuerzo destinada para las maestros y personal educativo sería la producida por la farmacéutica Moderna. Incluso posteriormente, por comunicado de prensa de https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/5782, el Gobierno del Estado dio a conocer que para los maestros y personal educativo que no les fue posible asistir en alguna de las fechas antes precisadas para recibir la vacuna de refuerzo, se abrió una jornada extraordinaria para que tenga una segunda oportunidad, para lo cual el veintiuno de enero pasado debía entrar al link vacunaeducacion.yucatan.gob.mx, para registrarse y obtener su expediente de vacunacion y luego presentarse el veinticinco del citado mes y año, en un horario de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde en la sede indicada; y dicha jornada extraordinaria de vacunación se realizó según se advierte del comunicado visible en http://www.educacion.yucatan.gob.mx/boletines/view/329 Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso a estudio, han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, cuenta habida que, como quedó evidenciado, las autoridades estatales en materia de salud autorizaron la aplicación de refuerzo de la vacuna contra el virus Covid-19, para maestros y personal educativo de la escuelas públicas y privadas del Estado de Yucatán, siendo esta con la vacuna Moderna, e incluso, para el personal que no pudo acudir para su aplicación, se apertura una segunda jornada a fin de que lograr que todos o la mayoría cuenten con su vacuna de refuerzo. Si bien, la quejosa reclamó en especificó la omisión de la aplicar una segunda dosis de la vacuna denominada Cansino, y en las jornadas de vacunación indicada se aplicó la denominada Moderna; lo cierto es que, también reclamó esencialmente la omisión de actualizar un plan de vacunación y aplicar una dosis de refuerzo y además la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán determinó que la última era la indicada para para que funcionara como refuerzo de la primera aplicación debido a que se ha demostrado por diversos estudios científicos, que la aplicación de la vacunada de una diversa farmacéutica a la primera que se haya inoculado, en nada perjudica o expondría a la salud de una persona, sino todo lo contario podría, producir causar una mayor protección contra el citad virus. De lo que se sigue que la omisión de las responsables de actualizar un plan de vacunación y aplicar una dosis de refuerzo o segunda dosis, para maestros y personas que fueron inoculadas con la vacuna Cansino Biologics, contra la enfermedad derivada del virus SARS-Cov2, ha cesado, precisamente porque se ha autorizado la inoculación e una vacuna de refuerzo para las maestros y personal educativo de las escuelas públicas y privadas en el Estado de Yucatán, sector en el que se encuentra inmersa la quejosa, aunado a que la ejecución de dicha autorización ya ha tenido verificativo, en dos jornadas de vacunación, cuenta habida que en esta entidad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y que es donde radica la menor quejosa, se llevó a acabo primero del doce al quince de enero pasado y posteriormente el veinticinco siguiente. Por lo tanto, se reitera, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se ha indicado, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, sin embargo al haberse autorizado una vacuna de refuerzo para maestros y personal educativo de las escuelas públicas y privadas en el Estado de Yucatán (sector en que se ubica la quejosa), y haberse materializando ya la aplicación de la vacuna en el Estado de Yucatán en las fechas señaladas, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y nueve minutos del once de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, déjese sin efectos la celebración de la audiencia incidental respectiva, la cual está señalada para llevarse a cabo a las nueve horas con veintinueve minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, obténgase copia certificada del presente proveído y agréguese a los autos incidentales derivados de este juicio, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación realizada en la cuenta que antecede, se advierte que las autoridades responsables Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, todos con sede en la Ciudad de México, no han rendido su respectivo informe previo, así como, tampoco obra en autos el acuse de recibo de los oficios con los que se les requirió, siendo necesario contar sus respectivos informes previos, a fin de estar en aptitud de celebrar la audiencia incidental correspondiente. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la ley de la materia, toda vez que las autoridades responsables tienen su residencia fuera de la demarcación donde tiene jurisdicción este Juzgado. Atento a lo anterior, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Incidental
Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación realizada en la cuenta que antecede, se advierte que las autoridades responsables Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, todos con sede en la Ciudad de México, no han rendido su respectivo informe previo, así como, tampoco obra en autos el acuse de recibo de los oficios con los que se les requirió, siendo necesario contar sus respectivos informes previos, a fin de estar en aptitud de celebrar la audiencia incidental correspondiente. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la ley de la materia, toda vez que las autoridades responsables tienen su residencia fuera de la demarcación donde tiene jurisdicción este Juzgado. Atento a lo anterior, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria encargada del Despacho, en términos de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en oficio CR/CJD/013/4976/2021, suscrito por el Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, asistida de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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