Douglas Randulfo Pacheco Palencia y Otros.

Expediente 933/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 36 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
933/2019
Año
2019
Actuaciones
36
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Douglas Randulfo Pacheco Palencia y Otros.
  • Humberto Suastegui Zuñiga
  • Douglas Randulfo Pacheco Palencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ****, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, solicita a este Juzgado, se requiera a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el cumplimiento inmediato de la sentencia de quince de noviembre del año en curso. En su atención, dígase al quejoso que no ha lugar a acordar de conformidad, tomando en consideración que a la presente fecha la resolución que concedió el amparo y protección de la justicia federal no ha causado ejecutoria, toda vez que se encuentra pendiente que el tribunal de alzada se pronuncie respecto a la admisión o desechamiento de los recursos de revisión que por proveído de trece de diciembre fueron enviados. Sin que pase inadvertido que el promovente pretenda se requiera el cumplimiento en términos del artículo 77, fracción II, tercer párrafo, de la ley de la materia, que establece lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Sin embargo, no obstante lo antes transcrito, es de señalarse que el presente asunto no se ubica en los supuestos que prevé dicho ordenamiento, puesto que el acto reclamado en el juicio constitucional se hizo consistir en el auto de plazo constitucional de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa penal ***, por el cual se decretó la formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de fraude específico, falsificación de documentos y asociación delictuosa, dentro de la causa penal ***, así como la negativa de concederle el beneficio de la libertad provisional bajo caución durante la diligencia de veintinueve de junio de dos mil diecinueve en la que le fue recabada su declaración preparatoria Ahora, si bien se concedió el amparo solicitado para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el auto de formal prisión combatido, y en su lugar ordenara la libertad por falta de elementos para procesar respecto al delito de asociación delictuosa atribuido al quejoso, lo cierto es, que a la fecha en que se emitió la resolución impugnada estaba catalogado como delito grave, y además para efectos del nuevo sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, ameritaba prisión preventiva oficiosa, de conformidad con los artículos 15 bis y 15 ter del Código Penal para el Estado de Chiapas. En efecto, los numerales citados, son del tenor siguiente: "Artículo 15 Bis.- Se calificarán como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en: A) EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS: . 31. Asociación delictuosa, prevista y sancionada en el artículo 370. (REFORMADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2017) Artículo 15 Ter.- Se clasifican como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en los siguientes artículos: . 7. Asociación delictuosa, previsto y sancionado en el artículo 370 del Código Penal del Estado." Lo anterior supone, entre otras cosas, que el quejoso no tiene derecho a gozar de la libertad provisional bajo caución, sin menoscabo de su derecho a solicitar ante la responsable la revisión, modificación o sustitución de la medida restrictiva de la libertad en términos del artículo 5º transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Ello, tomando en consideración que el veinticuatro de septiembre del año en curso el transcrito artículo 15 ter de la legislación punitiva de la entidad se reformó para establecer en su nuevo texto: "Se consideran como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa aquellos delitos que así lo establezca el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales", lo cual implica que el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa aprobado por el Congreso Local a la fecha ha desaparecido y como tal el delito de asociación delictuosa ha dejado de ser de aquéllos que ameritan dicha medida restrictiva de la libertad, habida cuenta que tampoco se encuentra previsto en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, a la fecha el delito de asociación delictuosa no es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que el quejoso se encuentra en aptitud de solicitar que aquella que le fue decretada sea modificada conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, lo cual debe ser solicitado ante el juez de la causa. Dicha circunstancia, empero, no significa que el delito en comento haya dejado de ser grave en términos de la legislación que rige el procedimiento, pues a diferencia del artículo 15 ter, del Código, el diverso artículo 15 bis, no ha sufrido modificación alguna, por lo que subsiste la disposición que impide a la parte quejosa acceder al beneficio de la libertad provisional bajo caución. En este punto, es necesario distinguir entre delitos graves y delitos respecto de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa, pues la calificación citada en primer término es propia de los procesos del sistema penal inquisitivo o tradicional como el que se sigue en contra del quejoso y es empleada por el legislador para aquellos delitos que por su impacto impiden afrontar el proceso en libertad; en tanto que la segunda es una figura del nuevo sistema penal acusatorio que alude a los casos en que el imputado permanecerá recluido mientras dure el procedimiento. Así, delito grave no es sinónimo de delito de prisión preventiva oficiosa, ya que se trata de instituciones que no forman parte del mismo sistema de enjuiciamiento y que distan de ser iguales, pues no todos los delitos graves ameritan prisión preventiva oficiosa y, en cambio, la gran mayoría, si no es que todos los delitos que amerita prisión preventiva oficiosa, se catalogan como graves por las legislaciones penales que regulan el proceso tradicional. En el caso en concreto, el delito de asociación delictuosa ha dejado de ser de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero sigue siendo grave; de ahí la improcedencia de la petición de la parte quejosa, pues el artículo 77, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, sólo contempla que la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión en aquéllos casos en que se reclamen autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, siendo que en el caso concreto el delito de asociación delictuosa atribuido a la quejosa si es considerado grave por la ley que rige el procedimiento instaurado en su contra. En consecuencia, la sentencia que concedió el amparo surtirá sus efectos hasta el momento en que cause ejecutoria, es decir, cuando venza el plazo que tienen las partes para interponer el recurso de revisión o bien, cuando derivado del ejercicio de ese derecho el Tribunal revisor la declare firme. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ****, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, solicita a este Juzgado, se requiera a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el cumplimiento inmediato de la sentencia de quince de noviembre del año en curso. En su atención, dígase al quejoso que no ha lugar a acordar de conformidad, tomando en consideración que a la presente fecha la resolución que concedió el amparo y protección de la justicia federal no ha causado ejecutoria, toda vez que se encuentra pendiente que el tribunal de alzada se pronuncie respecto a la admisión o desechamiento de los recursos de revisión que por proveído de trece de diciembre fueron enviados. Sin que pase inadvertido que el promovente pretenda se requiera el cumplimiento en términos del artículo 77, fracción II, tercer párrafo, de la ley de la materia, que establece lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Sin embargo, no obstante lo antes transcrito, es de señalarse que el presente asunto no se ubica en los supuestos que prevé dicho ordenamiento, puesto que el acto reclamado en el juicio constitucional se hizo consistir en el auto de plazo constitucional de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa penal ***, por el cual se decretó la formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de fraude específico, falsificación de documentos y asociación delictuosa, dentro de la causa penal ***, así como la negativa de concederle el beneficio de la libertad provisional bajo caución durante la diligencia de veintinueve de junio de dos mil diecinueve en la que le fue recabada su declaración preparatoria Ahora, si bien se concedió el amparo solicitado para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el auto de formal prisión combatido, y en su lugar ordenara la libertad por falta de elementos para procesar respecto al delito de asociación delictuosa atribuido al quejoso, lo cierto es, que a la fecha en que se emitió la resolución impugnada estaba catalogado como delito grave, y además para efectos del nuevo sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, ameritaba prisión preventiva oficiosa, de conformidad con los artículos 15 bis y 15 ter del Código Penal para el Estado de Chiapas. En efecto, los numerales citados, son del tenor siguiente: "Artículo 15 Bis.- Se calificarán como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en: A) EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS: . 31. Asociación delictuosa, prevista y sancionada en el artículo 370. (REFORMADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2017) Artículo 15 Ter.- Se clasifican como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en los siguientes artículos: . 7. Asociación delictuosa, previsto y sancionado en el artículo 370 del Código Penal del Estado." Lo anterior supone, entre otras cosas, que el quejoso no tiene derecho a gozar de la libertad provisional bajo caución, sin menoscabo de su derecho a solicitar ante la responsable la revisión, modificación o sustitución de la medida restrictiva de la libertad en términos del artículo 5º transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Ello, tomando en consideración que el veinticuatro de septiembre del año en curso el transcrito artículo 15 ter de la legislación punitiva de la entidad se reformó para establecer en su nuevo texto: "Se consideran como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa aquellos delitos que así lo establezca el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales", lo cual implica que el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa aprobado por el Congreso Local a la fecha ha desaparecido y como tal el delito de asociación delictuosa ha dejado de ser de aquéllos que ameritan dicha medida restrictiva de la libertad, habida cuenta que tampoco se encuentra previsto en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, a la fecha el delito de asociación delictuosa no es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que el quejoso se encuentra en aptitud de solicitar que aquella que le fue decretada sea modificada conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, lo cual debe ser solicitado ante el juez de la causa. Dicha circunstancia, empero, no significa que el delito en comento haya dejado de ser grave en términos de la legislación que rige el procedimiento, pues a diferencia del artículo 15 ter, del Código, el diverso artículo 15 bis, no ha sufrido modificación alguna, por lo que subsiste la disposición que impide a la parte quejosa acceder al beneficio de la libertad provisional bajo caución. En este punto, es necesario distinguir entre delitos graves y delitos respecto de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa, pues la calificación citada en primer término es propia de los procesos del sistema penal inquisitivo o tradicional como el que se sigue en contra del quejoso y es empleada por el legislador para aquellos delitos que por su impacto impiden afrontar el proceso en libertad; en tanto que la segunda es una figura del nuevo sistema penal acusatorio que alude a los casos en que el imputado permanecerá recluido mientras dure el procedimiento. Así, delito grave no es sinónimo de delito de prisión preventiva oficiosa, ya que se trata de instituciones que no forman parte del mismo sistema de enjuiciamiento y que distan de ser iguales, pues no todos los delitos graves ameritan prisión preventiva oficiosa y, en cambio, la gran mayoría, si no es que todos los delitos que amerita prisión preventiva oficiosa, se catalogan como graves por las legislaciones penales que regulan el proceso tradicional. En el caso en concreto, el delito de asociación delictuosa ha dejado de ser de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero sigue siendo grave; de ahí la improcedencia de la petición de la parte quejosa, pues el artículo 77, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, sólo contempla que la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión en aquéllos casos en que se reclamen autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, siendo que en el caso concreto el delito de asociación delictuosa atribuido a la quejosa si es considerado grave por la ley que rige el procedimiento instaurado en su contra. En consecuencia, la sentencia que concedió el amparo surtirá sus efectos hasta el momento en que cause ejecutoria, es decir, cuando venza el plazo que tienen las partes para interponer el recurso de revisión o bien, cuando derivado del ejercicio de ese derecho el Tribunal revisor la declare firme. Notifíquese.

  3. Principal

    RESUELVE ÚNICO. Se Niega la suspensión definitiva solicitada por **** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisadas, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta resolución incidental. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado ***, por el cual, en cumplimiento al proveído de tres de diciembre del año en curso (foja 767 y 768), exhibe siete juegos de copias del escrito de expresión de agravios del recurso de revisión que hace valer en contra de la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la normativa en comento, se tiene por presentado el recurso de revisión que hace valer en contra de la sentencia de quince de noviembre de la presente anualidad. En consecuencia, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios, con excepción del propio recurrente, y una vez que obren las constancias de notificación practicadas a las mismas, remítanse los autos originales del juicio de amparo número *** y su acumulado ***, original y copia del escrito de expresión de agravios y treinta y cinco tomos en copia certificada de la causa penal ***, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, para la debida substanciación del medio de impugnación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese

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