Drian Sarria Santos
Expediente 1020/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/09/2022
Partes del expediente
- Drian Sarria Santos y Otros.
- Drian Sarria Santos
- Fiscal del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que por analogía se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano. Es de precisar que este asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. La depuración ordenada en el punto anterior, deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18. 3. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente 4. Devolución de expediente. En atención a que en el presente sumario obra copia certificada del juicio de amparo *** remitido por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, al oficio que al efecto se libre devuélvasele dicha documental, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo toda vez que en la constancia respectiva, se deberá asentar su entrega. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el promovente de la demanda ***, con el que en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de quince de agosto de dos mil veintidós, bajo protesta de decir verdad manifiesta que minutos antes de que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación generara el acuse de recibo de la demanda de amparo presentada vía electrónica, tuvo comunicación vía telefónica con el directo quejoso ***, quien le expresó que se encontraba en libertad al haber salido de la estación migratoria. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando, por su orden, si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el caso concreto, de la lectura integra de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a "instancia de parte agraviada", lo cual excluye toda posibilidad de que el amparo inicie su curso de forma oficiosa. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional, por lo que los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial, o sea, la formulación de la demanda, son exigibles al quejoso como titular del derecho de acción o a su representante legal, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de lo solicitado. En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada es un requisito de procedibilidad en el juicio de amparo, en cuya ausencia no puede iniciarse. En relación con el citado principio, el artículo 6°, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Asimismo, el diverso numeral 15 establece, en lo que interesa, lo siguiente: "ARTÍCULO 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De conformidad con los transcritos preceptos, asiste legitimación para instar el juicio de amparo a la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien puede promover la demanda por sí mismo, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. En lo que concierne al último supuesto -por conducto de cualquier persona- la Ley de Amparo estatuye que dicha legitimación tendrá lugar cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, etcétera), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, siempre que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, es decir, que no pueda hacerlo por sí mismo por una causa ajena a su voluntad, lo que en todo caso debe advertirse de lo narrado en la demanda. En el particular, de la lectura íntegra del escrito inicial se advierte que ***, solicita el amparo en favor de ***, en contra de los siguientes actos reclamados: "IV. ACTOS RECLAMADOS: a) El aseguramiento, alojamiento, detención y privación ilegal de la libertad; b) Deportación, expulsión o repatriación y su ejecución fuera de procedimiento en relación con la garantía o derecho de audiencia. c) Incomunicación." Como puede apreciarse, la demanda de amparo no es presentada por el directo quejoso, sino por un tercero, quien promueve en su representación, aduciendo entre otras cosas que el peticionario es persona extranjera (cubano) que fue retenido por autoridades migratorias; que se encontraba retenido en la Estación Migratoria con sede en esta ciudad capital. No obstante lo anterior, de lo manifestado por el promovente de la demanda de amparo en el escrito que se provee no se desprende que el directo quejoso se encontrara imposibilitado para promover la demanda por sí mismo, lo cual resulta necesario para que cualquier persona pueda promover en su nombre, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de realizar su búsqueda a efecto de requerirle que manifieste si es su deseo ratificar la demanda promovida en su favor. En efecto, de lo expuesto en la demanda se desprende que si bien el directo quejoso se encontraba privado de su libertad al estar alojado en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, del escrito de cuenta, no se advierte que dicha condición le impidiera en forma absoluta defender sus derechos, ya sea por sí mismo, por conducto de su apoderado, o bien, a través de su defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal -lo cual no acontece en el caso- pues incluso antes de la presentación de la demanda se comunicó con el promovente de ésta; máxime que el alojamiento propio del procedimiento administrativo migratorio no supone en sí mismo un aislamiento total de las personas; de ahí que, si el directamente agraviado no se encontraba imposibilitado para acudir directamente al amparo, resultaba necesario que el firmara el escrito inicial. En ese sentido, en observancia al principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, correspondía exclusivamente a ***, firmar la demanda al no tener algún impedimento para ello; empero, contrario a dicho principio, el ocurso fue presentado por diversa persona quien no justificó su calidad de apoderado o defensor, y por ende, de representante legal del inconforme, único facultado para promover en nombre de aquél. De ahí que ***, carezca de legitimación para solicitar el amparo en nombre de ***. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el diverso 113 de la citada ley, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, con el que, en cumplimiento al auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, remite copia certificada del expediente xxxx. Ahora, con apoyo en los preceptos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que remite la autoridad de cuenta, y tomando en consideración el volumen de la misma, para su mejor manejo se ordena abrir por separado un anexo de pruebas, respetando el sello, el folio y la rúbrica que contiene; el cual queda en la Secretaría de este Juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido; mismo que será valorado al momento de emitir el fallo correspondiente. En atención a su contenido, a fin de evitar mayores dilaciones, requiérase al promovente xxxx, para que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, proporcione el domicilio o lugar en el que pueda ser localizado el directo quejoso, o en su caso manifieste si antes de la presentación de la demanda, tuvo comunicación con el directo quejoso xxx. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento legal o material que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo establecido por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, con el cual, en atención a la solicitud de ocho de agosto de dos mil veintidós, remite boleta de turno con número de registro xxxx, relativa al registro y compensación correspondiente al presente juicio de amparo, misma que se ordena agregar al expediente para que obre como corresponda. Cúmplase.
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