Dora Pilar Fuentes Noriega

Expediente 224/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
224/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/04/2018

Partes del expediente

  • Dora Pilar Fuentes Noriega

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (fojas 6 a 10), sin que haya dado cumplimiento a la prevención ordenada en el citado auto; en consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO Ahora, en el caso en concreto, la promovente reclama de las dependencias señaladas como responsables la omisión de realizar el descuento equivalente al treinta por ciento de los sueldos y demás prestaciones que obtiene el demandado Daniel Francisco Figueroa Gutiérrez, por concepto de la pensión, que éste recibe de Instituto de Seguridad Social al Servicios de los Trabajadores del Estado de Chiapas; lo cual, fue ordenado desde el veintidós de junio de dos mil diecisiete, dentro del Juicio Especial de Alimentos 283/2017, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Yajalón, Chiapas. En el particular, la orden de descuento provisional instruida por el juez familiar, se corrobora de forma indiciaria a través de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza la quejosa, así como de la copia simple del oficio 551/C/2017, signado por el citado juez natural y dirigido al Jefe del Departamento de Pensiones de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Subdirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Chiapas; documental que adquiere valor probatorio en términos de los artículos 197 y 209, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, se deduce que la realización de los descuentos sobre la pensión que percibe el demandado en el juicio natural, si bien incumben directamente al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Chiapas, a través de sus dependencias; sin embargo, es indefectible que ello deviene del cumplimiento al mandamiento dictado por un órgano jurisdiccional, esto es, de la orden emitida por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Yajalón, Chiapas. Y en este tenor, la forma en que el 1. Director General, y el 2. Jefe de Departamento, ambos de Pensión de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Subdirección de Presentaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad al Servicio de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), cumplimenten o no, cualquier situación vinculada con los descuentos ordenados en el juicio de alimentos, no es una conducta que tales entidades realicen con el carácter de autoridad, sino que lo efectúan -u omiten- en su calidad ente asegurador del deudor alimentario. Por tanto, tales conductas surgen a la vida jurídica como auxiliares en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional; por lo que sus conductas no revisten las características que se requieren para considerarlas autoridades responsables para los efectos del juicio constitucional, establecidas en el artículo 5 de la Ley de Amparo, que como ya se vio establece que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo que implica que ese acto u omisión lo realizan per se, es decir, unilateralmente, en el ámbito de las atribuciones que la ley les confiere, y que es obligatorio para el gobernado; empero no así cuando lo realizan -u omiten hacerlo- por virtud del mandato de una autoridad jurisdiccional y en su carácter dependencias adscritas al ente asegurador, pues en esta última hipótesis es evidente que la dependencia gubernamental no cumple con los atributos establecidos legalmente para que sea considerada autoridad responsable para el juicio de amparo. En razón de lo anterior, sus conductas no son consecuencia de las funciones públicas que tienen encomendadas, sino que su actuar -se reitera- deriva del mandato de una autoridad jurisdiccional. En este sentido, debe decirse que las conductas apuntadas -o su omisión- deben ser materia de las medidas que al respecto establece la ley procesal aplicable, para que a través del juez familiar que ordenó los descuentos, se obtenga razón y respuesta sobre el cumplimiento o incumplimiento de los mismos; más no, así a través del juicio de amparo, acorde con lo que se ha explicado. Sirve de aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia VII.2o.C. J/28, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Enero de 2009, Página: 2360, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA.- La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno.

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