Dora Castellanos Urbina

Expediente 444/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
444/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Dora Castellanos Urbina
  • Dora Castellanos Urbina y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 237 a 240), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente se advierte documento exhibido por la parte quejosa. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial transcendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. TRANSFERENCIA 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 3. Toda vez que la parte quejosa exhibió documental con sello original, requiérasele para que comparezca en un plazo de quince días naturales, ante este Juzgado a recogerla, apercibida que de no hacerlo, podrá ser depurada junto con el expediente. Indicándole que atendiendo a las cargas de trabajo de este juzgado de distrito, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil, debiendo presentar original y copia de identificación oficial vigente con fotografía. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de abril de dos mil dieciocho. 1) Antecedentes. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente se desprende que: - El veinticinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 177 a 195), el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, dictó resolución dentro del recurso de revisión 377/2017, en la que determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa, para los efectos ahí precisados. - Por oficio 007.300.302.665/2018, de seis de marzo de dos mil dieciocho (foja 222), recibido el siete siguiente en la oficialía de partes de este juzgado, el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, comunicó que mediante diverso oficio 007.300.302.405/18, de trece de febrero de la presente anualidad (fojas 224 a 228), a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dió contestación al escrito signado por la quejosa Dora Castellanos Urbina, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis; así también, remitió la constancia de la notificación respectiva. - En auto de veintiocho de febrero de la anualidad en curso (fojas 214 a 217), requirió a la quejosa Dora Castellanos Urbina, para que dentro del término de tres días, en cumplimiento al oficio 007.300.302./18 405/18, de trece de febrero de dos mil dieciocho, acreditara el trámite realizado ante la autoridad responsable, requerimiento que no desahogó. - El dieciséis de marzo actual (foja 233), en atención a que la solicitante de amparo no desahogó el requerimiento de veintiocho de febrero de la presente anualidad, se le ordenó dar vista con la determinación y diligencia de notificación practicadas por la autoridad responsable, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; termino que se estableció en la certificación realizada por la secretaria de acuerdos de este Juzgado, vista que no fue desahogada. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO.- Efectos de la ejecutoria de amparo: Conforme al texto de la ejecutoria de amparo la protección de la Justicia Federal, se otorgó para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: [.] para el efecto de que la institución responsable deje insubsistente el oficio 007.300.302.1005/2017, de veinte de abril de dos mil diecisiete, y, en su lugar, emita uno nuevo en el que, de acuerdo a lo expuesto en la presente ejecutoria, prescinda de considerar que el derecho a la pensión por viudez es incompatible con el de desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la ley de la materia y efectúe los pagos de la pensión a la que tiene derecho la parte quejosa [.] En la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, se determinó que la responsable incurrió en forma injustificada en una trasgresión al derecho de petición reconocido por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aceptando la omisión de atender la solicitud que por escrito efectúo la aquí quejosa. SEGUNDO.- Acto de la autoridad. Por su parte, la autoridad responsable por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el siete de marzo de dos mil dieciocho (foja 222), remitió el diverso 007.300.302.405/18, de trece de febrero del año en curso, en el que dejó sin efecto el comunicado 007.300.302.1005/2017, de veinte de abril de dos mil diecisiete y, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, emitió una diversa determinación, en la que, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, declarando procedente el otorgamiento de la pensión por viudez a la que tiene derecho a razón del fallecimiento de Alfredo Velázquez Ramos, indicando que los pagos serán calculados a partir del día siguiente del fallecimiento de su cónyuge, lo que realizará una vez que la interesada exhiba la documentación indicada, para lo cual la responsable especificó en un listado diversos documentos que la quejosa debe presentarle para realizar el pago respectivo. Determinación que notificó a la quejosa el catorce de febrero de dos mil dieciocho de forma personal (foja 223). TERCERO.- Análisis de cumplimiento. Ahora bien, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que señaló el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, haciendo el examen de la determinación remitida por la autoridad responsable y su constancia de notificación, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere que la autoridad responsable dejará insubsistente el oficio 007.300.302.1005/2017, de veinte de abril de dos mil diecisiete, y, en su lugar, emita uno nuevo en el que, de acuerdo a lo expuesto en la ejecutoria, prescindiera de considerar que el derecho a la pensión por viudez es incompatible con el de desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la ley de la materia; sí lo hizo, lo que se acreditó con la emisión del oficio 007.300.302.405/18, de trece de febrero del año en curso, en el que dejó sin efecto el comunicado 007.300.302.1005/2017, emitido por la autoridad responsable. Así también, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, emitió una diversa determinación, en la que, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el que determinó otorgar la pensión por viudez a la quejosa Dora Castellanos Urbina, a raíz del fallecimiento de quien en vida fuese su cónyuge (Alfredo Velázquez Ramos), ordenando el pago de la pensión por viudez a la que tiene derecho la peticionaria del amparo, previa exhibición de documentos precisados en la citada determinación. La que fue notificada a la parte quejosa el catorce de febrero de dos mil dieciocho, tal y como se advierte de la diligencia que obra a foja doscientos veintitrés (223). En cuanto a que efectúe los pagos de la pensión a la que tiene derecho la parte quejosa, si bien la autoridad resolvió la procedencia de dicho pago, también lo es que precisó que los pagos reclamados por la solicitante de amparo le serán calculados a partir del día siguiente al fallecimiento de su extinto cónyuge, tal como lo prevé el artículo 130 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual ocurrirá, posteriormente al momento que se presente ante el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del referido instituto, y exhiba diversos documentos. Ahora, para dar margen a lo anterior, este órgano jurisdiccional mediante auto de veintiocho de febrero de la anualidad en curso (fojas 214 a 217), requirió a la quejosa Dora Castellanos Urbina, para que dentro del término de tres días, en cumplimiento al oficio 007.300.302./18 405/18, de trece de febrero de dos mil dieciocho, acreditara el trámite realizado ante la autoridad responsable. Asimismo, se le apercibió que de no hacerlo en el lapso indicado, se determinaría la imposibilidad jurídica por parte de la autoridad responsable para cumplir con la sentencia de amparo, tomando en consideración que la tramitación del pago queda a cargo de la quejosa, lo que implica que tal actuar escapa del alcance de la citada responsable, sin que desahogara dicha vista. Lo cual apunta hacia la conclusión de que la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos, porque cambió la situación jurídica con motivo de la respuesta otorgada por la responsable, pues como quedó señalado, determinó conceder el pago respectivo, sin embargo las circunstancias requieren que la quejosa realice actos tendentes a impulsar el acatamiento del fallo, por lo que al no acreditar la peticionaria del amparo, haber realizado los trámites y gestiones necesarios, previa exhibición de ciertos documentos, para que le otorguen el pago de la pensión por viudez a la que tiene derecho; pues si bien, la sentencia no requiere de un impulso por parte de la quejosa, también lo es que no la exime de realizar los actos indispensables para lograr el cumplimiento, como en el caso acontece, pues corre a su cargo la exhibición de la documentación señalada por la responsable. Por tanto, no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no, pues quedó fuera del alcance de la responsable realizar el pago respectivo ante la falta de exhibición de los documentos necesarios para efectuar el trámite respectivo. Pronunciamiento: Por esta razón, se declara la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo; sin que la parte quejosa hubiere desahogado la vista que se le dio, como se observa de la certificación de cuenta. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCNET DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de abril de dos mil dieciocho. 1) Antecedentes. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente se desprende que: - El veinticinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 177 a 195), el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, dictó resolución dentro del recurso de revisión 377/2017, en la que determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa, para los efectos ahí precisados. - Por oficio 007.300.302.665/2018, de seis de marzo de dos mil dieciocho (foja 222), recibido el siete siguiente en la oficialía de partes de este juzgado, el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, comunicó que mediante diverso oficio 007.300.302.405/18, de trece de febrero de la presente anualidad (fojas 224 a 228), a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dió contestación al escrito signado por la quejosa Dora Castellanos Urbina, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis; así también, remitió la constancia de la notificación respectiva. - En auto de veintiocho de febrero de la anualidad en curso (fojas 214 a 217), requirió a la quejosa Dora Castellanos Urbina, para que dentro del término de tres días, en cumplimiento al oficio 007.300.302./18 405/18, de trece de febrero de dos mil dieciocho, acreditara el trámite realizado ante la autoridad responsable, requerimiento que no desahogó. - El dieciséis de marzo actual (foja 233), en atención a que la solicitante de amparo no desahogó el requerimiento de veintiocho de febrero de la presente anualidad, se le ordenó dar vista con la determinación y diligencia de notificación practicadas por la autoridad responsable, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; termino que se estableció en la certificación realizada por la secretaria de acuerdos de este Juzgado, vista que no fue desahogada. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO.- Efectos de la ejecutoria de amparo: Conforme al texto de la ejecutoria de amparo la protección de la Justicia Federal, se otorgó para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: [.] para el efecto de que la institución responsable deje insubsistente el oficio 007.300.302.1005/2017, de veinte de abril de dos mil diecisiete, y, en su lugar, emita uno nuevo en el que, de acuerdo a lo expuesto en la presente ejecutoria, prescinda de considerar que el derecho a la pensión por viudez es incompatible con el de desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la ley de la materia y efectúe los pagos de la pensión a la que tiene derecho la parte quejosa [.] En la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, se determinó que la responsable incurrió en forma injustificada en una trasgresión al derecho de petición reconocido por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aceptando la omisión de atender la solicitud que por escrito efectúo la aquí quejosa. SEGUNDO.- Acto de la autoridad. Por su parte, la autoridad responsable por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el siete de marzo de dos mil dieciocho (foja 222), remitió el diverso 007.300.302.405/18, de trece de febrero del año en curso, en el que dejó sin efecto el comunicado 007.300.302.1005/2017, de veinte de abril de dos mil diecisiete y, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, emitió una diversa determinación, en la que, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, declarando procedente el otorgamiento de la pensión por viudez a la que tiene derecho a razón del fallecimiento de Alfredo Velázquez Ramos, indicando que los pagos serán calculados a partir del día siguiente del fallecimiento de su cónyuge, lo que realizará una vez que la interesada exhiba la documentación indicada, para lo cual la responsable especificó en un listado diversos documentos que la quejosa debe presentarle para realizar el pago respectivo. Determinación que notificó a la quejosa el catorce de febrero de dos mil dieciocho de forma personal (foja 223). TERCERO.- Análisis de cumplimiento. Ahora bien, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que señaló el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, haciendo el examen de la determinación remitida por la autoridad responsable y su constancia de notificación, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere que la autoridad responsable dejará insubsistente el oficio 007.300.302.1005/2017, de veinte de abril de dos mil diecisiete, y, en su lugar, emita uno nuevo en el que, de acuerdo a lo expuesto en la ejecutoria, prescindiera de considerar que el derecho a la pensión por viudez es incompatible con el de desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la ley de la materia; sí lo hizo, lo que se acreditó con la emisión del oficio 007.300.302.405/18, de trece de febrero del año en curso, en el que dejó sin efecto el comunicado 007.300.302.1005/2017, emitido por la autoridad responsable. Así también, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, emitió una diversa determinación, en la que, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el que determinó otorgar la pensión por viudez a la quejosa Dora Castellanos Urbina, a raíz del fallecimiento de quien en vida fuese su cónyuge (Alfredo Velázquez Ramos), ordenando el pago de la pensión por viudez a la que tiene derecho la peticionaria del amparo, previa exhibición de documentos precisados en la citada determinación. La que fue notificada a la parte quejosa el catorce de febrero de dos mil dieciocho, tal y como se advierte de la diligencia que obra a foja doscientos veintitrés (223). En cuanto a que efectúe los pagos de la pensión a la que tiene derecho la parte quejosa, si bien la autoridad resolvió la procedencia de dicho pago, también lo es que precisó que los pagos reclamados por la solicitante de amparo le serán calculados a partir del día siguiente al fallecimiento de su extinto cónyuge, tal como lo prevé el artículo 130 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual ocurrirá, posteriormente al momento que se presente ante el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del referido instituto, y exhiba diversos documentos. Ahora, para dar margen a lo anterior, este órgano jurisdiccional mediante auto de veintiocho de febrero de la anualidad en curso (fojas 214 a 217), requirió a la quejosa Dora Castellanos Urbina, para que dentro del término de tres días, en cumplimiento al oficio 007.300.302./18 405/18, de trece de febrero de dos mil dieciocho, acreditara el trámite realizado ante la autoridad responsable. Asimismo, se le apercibió que de no hacerlo en el lapso indicado, se determinaría la imposibilidad jurídica por parte de la autoridad responsable para cumplir con la sentencia de amparo, tomando en consideración que la tramitación del pago queda a cargo de la quejosa, lo que implica que tal actuar escapa del alcance de la citada responsable, sin que desahogara dicha vista. Lo cual apunta hacia la conclusión de que la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos, porque cambió la situación jurídica con motivo de la respuesta otorgada por la responsable, pues como quedó señalado, determinó conceder el pago respectivo, sin embargo las circunstancias requieren que la quejosa realice actos tendentes a impulsar el acatamiento del fallo, por lo que al no acreditar la peticionaria del amparo, haber realizado los trámites y gestiones necesarios, previa exhibición de ciertos documentos, para que le otorguen el pago de la pensión por viudez a la que tiene derecho; pues si bien, la sentencia no requiere de un impulso por parte de la quejosa, también lo es que no la exime de realizar los actos indispensables para lograr el cumplimiento, como en el caso acontece, pues corre a su cargo la exhibición de la documentación señalada por la responsable. Por tanto, no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no, pues quedó fuera del alcance de la responsable realizar el pago respectivo ante la falta de exhibición de los documentos necesarios para efectuar el trámite respectivo. Pronunciamiento: Por esta razón, se declara la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo; sin que la parte quejosa hubiere desahogado la vista que se le dio, como se observa de la certificación de cuenta. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Notifíquese.

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