Dora Karina Cadena Méndez
Expediente 1036/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 1 actuación registrada, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Dora Karina Cadena Méndez
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Dora Karina Cadena Méndez, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial, con sede en Jalacingo, Veracruz y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1036/2018 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano judicial que conozca del juicio de garantías, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. En el caso, el acto reclamado en el presente juicio consiste en: La resolución de tres de octubre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio ordinario civil, número 171/2018/lll del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz. Sobre el particular, se estima que contra el citado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el medio de control constitucional en comento es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los medios ordinarios de defensa a través de los cuales se pueda modificar, revocar o anular los actos reclamados. Como excepciones al principio en comento, en general, la fracción citada establece tres supuestos: (1) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; (3) cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, 4) cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Además, el precepto normativo invocado establece que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, de rubro: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles, con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso, estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado, sea procedente. Es aplicable al respecto la tesis con número de registro 182857, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 951, XVIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Así, para justificar la causal de improcedencia, es necesario transcribir el contenido del artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, el cual establece: Artículo 508. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia. De la interpretación del artículo transcrito, se advierte que procede el recurso de apelación contra los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia Tiene aplicación la tesis 1a./J. 78/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIlI, Octubre de 2008, Materia Civil, Novena Época, registro 168559, que dispone: "RESOLUCIONES JUDICIALES QUE PONEN FIN A UN PROCEDIMIENTO CIVIL SIN DILUCIDAR LA CUESTIÓN PRINCIPAL CONTROVERTIDA. TIENEN EL CARÁCTER DE SENTENCIA, POR LO QUE EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN ES DE CINCO DÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." En ese sentido se tiene que la resolución impugnada de tres de octubre del año en curso, emitida en el juicio ordinario civil 171/2018/lll, es susceptible de apelación, en términos del artículo 509, transcrito en párrafos precedentes, pues se trata de resoluciones que causan daño irreparable en la sentencia, pues a través del recurso de apelación pudo obtener confirmación, modificación o, revocación y, al no haberlo hecho, el acto reclamado carece de definitividad y el amparo que promueve la quejosa, resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se actualice ninguna de las causas de excepción contempladas en la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como su autorizada en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Evelia Pazos Barreda, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Y, como autorizada en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Noé Cuéllar Martínez, por no contar con cédula registrada en el Sistema referido. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias del presente acuerdo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Juan Carlos López Santiago, Secretario de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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