Dora Karina Cadena Méndez
Expediente 94/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Dora Karina Cadena Méndez
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 94/2019, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? El acuerdo de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, dentro de los autos del juicio ordinario civil 171/2018/III, de su índice, mediante el cual ordena a la parte quejosa a desocupar el bien inmueble en donde se encuentra viviendo, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de diez UMAS. Precisado lo anterior, en principio debe decirse que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el citado arábigo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior es así, puesto que este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. (.)" Del contenido de tal precepto, se desprende que el juicio de amparo será improcedente si el quejoso omite observar el principio de definitividad; lo cual se traduce en que el órgano de control constitucional se encontrará impedido para analizar el fondo del asunto si la ley que regula al acto reclamado establece un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, a través del cual las partes del juicio natural puedan obtener la revocación, modificación o nulificación de los actos reclamados, previo a la promoción del juicio de amparo. Debiendo entenderse por la expresión "procedimiento" a la pluralidad de tipos de procedimiento que se suscitan en uno o más procesos judiciales y por "ley" a los ordenamientos legales que guardan relación con los actos reclamados, por haber establecido su nacimiento o instrucción, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Sin embargo, no puede soslayarse que el juicio constitucional es un juicio extraordinario cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales, de entre los que destaca el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Lo anterior, es así, pues debe insistirse que el principio de definitividad establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, es decir, obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Pues como se precisó, el juicio de amparo se forjó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Conforme a lo expuesto, tenemos que la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio constitucional que se promueve contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo que tales actos importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como los que impongan penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental. Pues, en términos de la propia ley, sólo al estar en presencia de actos que impongan sanciones de este tipo podría ocurrirse al juicio de amparo indirecto sin agotar los medios ordinarios de defensa. Ahora bien, en el caso, los artículos 506 y 507 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, señalan: "Articulo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio. Articulo 507. La revocación puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en dicha audiencia." De los citados preceptos legales, se advierte que el recurso de revocación se endereza en contra de los autos y decretos que no causen daño irreparable en la sentencia, de ahí que a juicio del suscrito la impugnación del auto que aquí combate la parte quejosa debió ser a través del recurso de revocación, en términos del numeral 506 de la propia codificación procesal civil local, esto, desde luego, antes de ejercer la acción de amparo para poder respetar el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así las cosas, al no hacerlo así, la quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí que, en atención al principio de economía procesal, debe desecharse la demanda al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Cabe señalar que del escrito de demanda se advierte claramente que la quejosa **********, es parte demandada dentro de la litis del juicio natural; asimismo, bajo protesta de decir verdad, la impetrante de amparo manifestó que no se ha dictado sentencia en dicho controvertido; sin embargo, existe resolución que declaró procedente el divorcio entre las partes. Asimismo, es un hecho notorio para el suscrito, que dentro de los autos del juicio de amparo 1036/2018, del índice de este juzgado, promovido por la aquí quejosa, se advierte que dicha impetrante en su demanda de amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, que compareció al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, a efecto de emplazarse dentro de los autos del juicio ordinario civil 171/2018/III, dando posteriormente contestación a la demanda promovida en su contra. Por tanto, no está exenta de agotar el recurso ordinario previo a la promoción de este juicio. Además, tampoco se está en la diversa excepción de que sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, visible en la página 902 del Tomo XV, de Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Asimismo es aplicable, la tesis XIX.2º.13K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 340, del Tomo III, Enero 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO)." Por lo tanto, si la promovente no agotó el medio de impugnación ordinario, inobservando el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, resulta incuestionable la actualización en el caso de una causal de notoria e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del normativo 61 de la Ley de Amparo vigente. En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, por ser notoria e indudable su improcedencia. Lo anterior sin que pase inadvertido para este juzgador que la parte quejosa haya manifestado que en el presente caso tiene aplicación una excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que aduce que el acto de autoridad implica una multa excesiva prohibida por el artículo 22 Constitucional; sin embargo, de la demanda de amparo se advierte que en el acuerdo que por esta vía reclama, no se le impuso medida de apremio alguna, sino que únicamente se ordenó a la parte quejosa desocupar el bien inmueble en donde se encuentra viviendo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de diez UMAS; de lo que se coligue que en el auto impugnado no se impuso multa alguna. Así, partiendo de la base de que el auto reclamado únicamente contiene un apercibimiento en contra de la parte recurrente, se concluye el mismo no genera una afectación actual, real y directa a sus derechos sustantivos. Ello es así, pues el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del juicio de amparo contra un acto de autoridad, que la afectación que resienta la parte quejosa sea real y actual a sus derechos públicos subjetivos, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. Ahora bien, para poder establecer lo que debe entenderse por una afectación real y actual, primero debe acudirse a lo que jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido por actos futuros, respecto de los cuales ha dispuesto que son aquellos de remota ejecución, sin que puedan considerarse actos futuros, aquellos en los que exista inminencia de la ejecución del acto. Esto, como se advierte de la tesis 16, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de dos mil, Tomo VI, jurisprudencia SCJN, materia común, página quince, de rubro y contenido: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES." En ese mismo sentido, destacó el Máximo Tribunal del País, que los actos futuros que no motivan el amparo, son los futuros e inciertos, mas no a los que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos. Lo anterior se desprende de la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época Tomo XCIV, materia común, página mil seiscientos cuarenta y tres, que es del texto siguiente: "ACTOS FUTUROS QUE PUEDEN REALIZARSE, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LOS." En consecuencia, una afectación real y actual, implica que con el acto reclamado, se cause una afectación al interesado, en el aspecto más amplio de tutela de derechos fundamentales, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; lo que además debe ser plenamente comprobado. Ahora bien, por lo que respecta al apercibimiento de imponer una multa a la parte quejosa, es necesario señalar que el apercibimiento debe ser entendido como un acto procesal que establece una prevención a cargo de una persona, señalándole una sanción en caso de incumplimiento, al colocarse a la parte quejosa como obligada a observar una conducta. De lo anterior, se advierte que la imposición de una medida de apremio implica tres momentos, primero, el requerimiento a la persona a quien se dirige para que realice una determinada conducta; el segundo, que dicha persona no cumpla con la conducta o acto solicitado; y el tercero, que la autoridad haga efectivo dicho apercibimiento y decida, por ende, imponer la sanción señalada en caso de incumplimiento. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, publicada en el Informe mil novecientos treinta y siete, materia común, página diecinueve, de la Quinta Época, estableció que el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo, por lo que el amparo es improcedente contra él, como se aprecia de lo siguiente: "APERCIBIMIENTO. Como el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo, el amparo es improcedente contra él." Criterio que reiteró dicha Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis sin número, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LI, página mil trescientos cuatro, de la Quinta Época, que dice: "APERCIBIMIENTO, NO CAUSA PERJUICIO. El apercibimiento de imponer una nueva multa, en caso de que el multado reincida en el hecho que la motivó, no implica un perjuicio material, real y efectivo en sus bienes y, por tanto, el amparo que pida contra aquél, debe declararse improcedente". En ese sentido, el apercibimiento de imposición de una multa, que busca que la persona a la que va dirigido actúe o deje de actuar en un determinado sentido, no vulnera derecho sustantivo alguno, en tanto constituye un acto futuro e incierto; puesto que, como se evidenció, su imposición depende, al menos, de dos aspectos, de la conducta que asuma el sujeto a quien se dirigió el apercibimiento, de manera que si cumple no se hará efectivo, y si no cumple, entonces, dependerá de que la autoridad decida, mediante la emisión de la resolución o acuerdo correspondiente, hacer efectivo el apercibimiento e imponer la sanción relativa; quedando así a su voluntad la imposición o no de ese medido punitivo. Luego, no se está frente a un acto de ejecución inminente, sino, por el contrario, de un acto de realización incierta, pues no existe la certeza de que se vaya a ejecutar, ya que puede ser que el propio agraviado asuma la conducta ordenada, o bien, la autoridad decida no hacer efectivo el apercibimiento, de ahí que sea futuro e incierto. En ese tenor, el apercibimiento de imponer una multa, carece de ejecución, como acto autónomo del auto en que se haga efectivo el apercibimiento e imponga la sanción, pues no existe acto de molestia individualizado a la parte recurrente, porque lo contenido en ese auto no implica algún cambio en sus derechos públicos subjetivos, sino solo hasta que se imponga la sanción, lo que será realizado en otro acto autónomo e independiente de aquél en que se hizo el apercibimiento respectivo. De modo que, solo hasta en tanto se hace efectivo el apercibimiento y la autoridad determina imponer la medida de apremio (multa) es cuando se producirá el acto que eventualmente ocasione una afectación real y directa a sus derechos públicos subjetivos del gobernado que lo legitime a acudir al juicio de amparo indirecto para impugnarlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66, Tercera Parte, página cincuenta y cinco, materia administrativa, de la Séptima Época, de rubro: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 1/2013 (10a.), emitida por la propia Sala, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo dos, marzo de dos mil trece, materia común, página mil cuatrocientos veintiséis, de epígrafe: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN." Así como la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de la Décima Época, publicada en la página dos mil trescientos veintiuno, del libro 26, enero de dos mil dieciséis, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA"... "
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