Donathien Baltazar Pablo
Expediente 418/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Donathien Baltazar Pablo
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 418/2019 SE DICTÓ UN ACUERDO QUE EN SÍNTESIS DICE:"...Xalapa, Veracruz, trece de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 418/2019. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, previamente a lo que se expondrá debe precisarse que el quejoso señaló de las autoridades responsables los actos reclamados, consistentes en: A. Del Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Altotonga, Veracruz, la celebración permanente de cabildos secretos y por consecuencia la transgresión al principio de publicidad y participación ciudadana y vecinal de los mismos; contraviniendo lo dispuesto en el artículo 115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16, 32 de la Ley orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz B. Del Cabildo del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, la omisión de hacer público en su página de transparencia y en la tabla de avisos las actas y los acuerdos relativos a los cabildos; contraviniendo lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz. C. Del Cabildo del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, la omisión reglamentaria para regular las sesiones de cabildo; contraviniendo lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz. En el caso, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I y 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, respecto de las omisiones reclamadas al cabildo del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz. Lo anterior, porque dichas omisiones no constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio constitucional, sino que se tratan de cuestiones relativas a las atribuciones y funcionamento de los miembros del Ayuntamiento. Los citados artículos de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos señalados por la ley de la materia; que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales; y finalmente, que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; incluso, la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, sea esta federal, estatal o municipal, sin importar si se trata de autoridades legislativas, administrativas o judiciales. Asimismo, la Ley de establece, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, como cuestión novedosa, prevé que los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Pero, condiciona tal situación al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, en base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Sobre el concepto de autoridad responsable la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ?en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011? ha establecido que es autoridad para los efectos del juicio de amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Además, a fin de clarificar las características de los actos de autoridad es conveniente atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, y en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2ª XXXVI/99, consultable en la página 307, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 194367, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.". Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. A ese respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública del veintiocho de septiembre de dos mil uno, al resolver por unanimidad de votos la contradicción de tesis 76/99-SS, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de la potestad. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Tales consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, de septiembre de 2011, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Por lo tanto, resulta evidente que para los efectos del juicio de amparo, la autoridad responsable es la parte contra la cual se demanda la protección de la Justicia Federal, siendo el órgano del Estado, que forma parte de su gobierno de quien proviene el acto que se reclama y que haya emitido dicho acto con facultad imperativa y coercitiva, que supedite la voluntad del particular, porque la voluntad de esta le queda sometida y lo constriñe y forza al gobernado para hacerse respetar, dado que el Estado como tal es una persona de derecho público revestida de imperio. Cabe precisar que la redacción del actual precepto que prevé y define quiénes son las partes en el juicio de amparo, no abrió la posibilidad de hacer procedente el juicio contra cualquier acto de particulares y, por ende, no se traduce en que a partir de la iniciación de su vigencia, el amparo sea procedente contra actos emitidos por cualquier particular. De ahí, que los actos que emanan de las relaciones de supraordinación entre órganos del Estado-, o de coordinación -entre particulares-, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Por otro lado, cabe destacar que, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En otras palabras, no todo ente u órgano del Estado es autoridad para los efectos del amparo, sino que lo será siempre y cuando se cumplan los requisitos relativos a que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de la potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, se estima que no se cumplen los indicados requisitos; puesto que si bien se reclaman omisiones al ayuntamiento, este no deriva de una relación de supra a subordinación con el aquí quejoso. En tal virtud, no puede pensarse que el acto que se atribuye al citado municipio, reviste la característica de actos de autoridad, pues en el caso reclama cuestiones concernientes al incumplimiento de las obligaciones que les impone a los miembros del ayuntamiento la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado, por lo que deberá estarse a la propia normatividad, las demás leyes del Estado, así como las leyes federales y los tratados internacionales, conforme a los supuestos y consecuencias previstos en la Constitución Política del Estado, y en la ley en materia de responsabilidad de los servidores públicos, derivada de los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus atribuciones. Por lo que si en el caso reclama omisiones por parte del cabildo en el ejercicio de sus atribuciones, el aquí quejoso tiene a su alcance el procedimiento administrativo de responsabilidad que establezca el Código de la materia, así como la posibilidad de denunciar ante el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, las causas graves que señalan los 125 y 129, conforme al artículo 131, 150 y 151, todos de la ley orgánica supra mencionada. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 182006, de rubro: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO." En esa guisa, el acto que se reclama de las autoridades señaladas como responsables, no tiene la característica de "acto de autoridad", toda vez que, como se precisó, las omisiones reclamadas derivan del desempeño de las funciones de los miembros del Ayuntamiento. Sin que se advierta que la responsable despliegue una potestad administrativa irrenunciable, cuya naturaleza sea de derecho público; esto es, en que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afectan los derechos subjetivos de los particulares de manera unilaterial con facultad de imperio, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales o supeditarse a éstos, ni del consenso de la voluntad del afectado. No se inadvierte que en la demanda de amparo, el quejoso aduce que se vulnera el derecho de acceso a la información y a la participación ciudadana, sin embargo como se advierte de las constancias remitidas por el propio disconforme no existe una omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de responder a una solicitud de esa naturaleza que pueda estimarse válidamente que se cometió en su perjuicio un transgresión al derecho de petición, que haga procedente el presente medio de defensa, sino que lo hace derivad de las omisiones en el actuar de los ediles que -a su consideración- son contrarias a las atribuciones conferidas por la ley. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 4/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 352, del Semanario Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, marzo de dos mil doce, registro 2000299, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR REPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE SAN LUIS POTOSÍ Y FEDERAL)." Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, libro 4, marzo dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005917, cuyo rubro es: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL". Además que, por lo que respecta a la transgresión al principio de publicidad y participación ciudadana, la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, establece en su artículo 6 el derecho de los habitantes del Estado para presentar quejas y denuncias ante las autoridades competentes, en contra de servidores públicos que contravengan las disposiciones dicha Ley. Sin que haya lugar a solicitar las constancias del acto reclamado a la autoridad responsable, pues las documentales que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo resultan suficientes, mismas que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, al ser documentos expedidos por la autoridad en ejercicio de sus funciones. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1, fracción I y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.15o.A.28 K, novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2613, con número de registro 171389, de rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. Notifíquese como corresponda..."
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