Donny Rolando González Melgar
Expediente 814/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Donny Rolando González Melgar
- Rafael Isaac López Silva
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el Juez de Control de Procesos Penales (Unidad de Seguimiento de Causas) (Oralidad Penal), del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Miguel Alemán, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificado del oficio mediante el cual se le requiere. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, REQUIÉRASE al Juez de Control de Procesos Penales (Unidad de Seguimiento de Causas) (Oralidad Penal), del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Miguel Alemán, para que en el plazo de tres días, computado legalmente, remita copia certificada de todo lo actuado en la revisión de la medida de protección solicitada por el Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, con sede Díaz Ordaz, Tamaulipas, correspondiente a la separación inmediata del domicilio ubicado en calles Arayanes, número 112, Colonia Prado Sur, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, por parte de Juan Antonio Pérez Mares. Con el apercibimiento que de ser omisa o de no señalar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa de treinta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. La solicitud de las constancias aludidas se justifica, ya que el suscrito tiene la obligación de recabar de oficio todas aquellas pruebas necesarias para examinar el acto reclamado, en términos del artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ac.d9 LILIANA MARGARITA VILLARREAL MEDRANO Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia VI.2o. J/76, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 376, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ FEDERAL DEBERA RECABARLAS OFICIOSAMENTE. De conformidad con la reforma realizada al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor a partir del uno de febrero del mismo año, el Juez Federal está obligado a recabar de manera oficiosa las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en los autos del juicio de amparo y sean necesarias; cuando como en el caso el quejoso haya probado la existencia del acto reclamado; y al incluirse en esta reforma la palabra "deberá", ello impone indudablemente al Juez constitucional la obligación de proveer lo necesario a fin de obtener oficiosamente las constancias indispensables para resolver el juicio de garantías, cuando las mismas obren y hayan sido valoradas en el juicio generador." Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Liliana Margarita Villarreal Medrano, Se
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que al fedatario judicial no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en auto de quince de marzo del presente año, en virtud de que a su arribo a las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, quien lo atendió le informó que no se cuenta con registros en esa dependencia de que esté bajo resguardo de la misma los directos quejosos Sergio de Jesús Ayala Dubon, Donny Rolando González Melgar, Perla Esmeralda López Silva, Rafael Isaac López Silva, Cecilia Yaneth Ventura de Barahon, Fabiola Guadalupe López Amaya, David Um********************no obstante lo anterior, procedió a vocear a dichos quejosos en las instalaciones de la referida dependencia, sin que nadie atendiera su llamado. En relación con lo anterior, debe señalarse que la experiencia en los asuntos de migrantes, regularmente, algunas de las partes quejosas, como en el caso acontecen, no es encontrada por el fedatario de la adscripción en las instalaciones de migración de esta ciudad. Asimismo, en la práctica ha ocurrido que la parte promovente no proporciona mayor información respecto de la ubicación de las partes quejosas no encontradas; en tal virtud, ante ese desinterés generalizado por parte del promovente de continuar con el juicio de amparo en relación a las partes quejosas no encontradas por el actuario de la adscripción, se tiene por no presentada la demanda de amparo, por lo que hace a las partes quejosas en el párrafo anterior. Igualmente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza de lo antes determinado, por lo que ello causa estado. No obstante lo anterior, que por una causa atribuible al fedatario judicial, de no poder percatarse de la presencia de los directos quejosos en la estación migratoria de esta ciudad, ya sea por alguna situación o error involuntario; en esa virtud, se dejan a salvo los derechos de los mismos para promover un nuevo juicios de amparo. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por Juan Fernando Morales Medina, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual solicita que se cause ejecutoria a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; al efecto, agréguese el ocurso de cuenta únicamente que obre como corresponda, en virtud de que el promovente no se encuentra facultado para actuar dentro del presente expediente, sino que sólo se le autorizó para efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de no contar con registro de la cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se dejó establecido en auto de treinta de junio de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, una vez que se cuente con los acuses de recibo de los oficios por los cuales se notificó la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, a las autoridades residentes en Compostela, Nayarit, provéase lo conducente respecto a que se declare firme la misma y se les requiera su cumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario que autoriza y da fe.
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