Donato Garza Mendiola
Expediente 427/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Donato Garza Mendiola
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de quince de abril de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.
- Principal
Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la misma Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y en la fracción VIII, refiere que procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. A su vez, el numeral 113 de la ley de la materia, dispone que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación con lo anterior, cabe precisar que se debe entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan materialmente de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución, como la vida, la integridad personal, la libertad, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Sentado lo anterior, y para una mejor comprensión del tema, se transcriben en la parte que interesa la fracción XXIII, del artículo 61, y artículo 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y." Pues bien, se concluye que la resolución tildada de inconstitucional no afecta de modo inmediato derechos de carácter sustantivo, pues trasciende únicamente en cuanto a sus efectos, toda vez que si bien es cierto que la autoridad responsable se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del expediente de origen, y ordenó remitir el mismo al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Victoria, Tamaulipas, también lo es que aún se encuentra pendiente que esta última autoridad informe si acepta o no la competencia, como se aprecia de la propia resolución reclamada que se anexa en copia certificada a la demanda de cuenta; es decir, no es una determinación que tiene el carácter de definitiva; por tanto, el hecho de que la responsable haya declinado la competencia para conocer del procedimiento de origen y ordenado remitir los autos a diversa autoridad, por sí sólo, no infringe de manera real y actual los derechos sustantivos de la parte quejosa, puesto que en la hipótesis de que no sea aceptada la competencia declinada, cesarían los efectos de las violaciones adjetivas que reclama, sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que la resolución reclamada no encuadra dentro de los supuestos legales a que se refiere el artículo 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 239/2014; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, visible en la página 5, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 113, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107, de la Constitución Federal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por encontrarse en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con los diversos numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones V y VIII, este último interpretado en sentido contrario, de la ley invocada. Siendo aplicable la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Octubre de 1998, página 997, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." Finalmente, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación del presente acuerdo y las subsecuentes de carácter personal a la parte quejosa, se realicen por medio de lista de acuerdos, en virtud de que no señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto; ello, hasta en tanto lo haga. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte a la persona que refiere, en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, asistido del Secretario José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe.
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