Donal Aguilar Granados
Expediente 366/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Donal Aguilar Granados y Otros.
- Donal Aguilar Granados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que han perdido el derecho que pudieron ejercitar en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, y la captura en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.Jesús
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que el Actuario de la adscripción se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, en busca del directo quejoso Donal Aguilar Granados, y al entrevistarse con personal que labora en dicha dependencia le informaron que el quejoso no aparece en los registros de dicha estación migratoria, por lo que ingresó a las celdas donde se encuentran las personas detenidas y voceó el nombre del buscado en diversas ocasiones, sin que nadie atendiera a su llamado. En relación con lo expuesto en la razón de cuenta, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. En efecto, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa de trato, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Efectivamente, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa reclama primordialmente la detención que como persona extranjera ejecutan en su contra la (s) responsable (s), y como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Asimismo, de la razón actuarial a la que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, se advierte que el Actuario de la adscripción, al constituirse tanto a las instalaciones del Instituto nacional de Migración, con sede en esta ciudad, como a las celdas de personas detenidas de dicha dependencia, se cercioró que efectivamente el quejoso de mérito no se encuentra en dichos lugares. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedó en libertad; por ende, la detención que reclama en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Conviene agregar que, en la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, el quejoso expresó que se encontraba bien de salud y que no había sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; de ahí que se tenga la plena certeza de que tales actos nunca existieron; máxime que ello constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal (detención). Se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra debidamente integrado, toda vez que la autoridad responsable, no ha rendido sus informes de suspensión de plano ni justificado que le fueron solicitados. En mérito de lo anterior, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en la Estación Migratoria de esta ciudad, a fin de que se cerciore si el quejoso Donal Aguilar Granados, se encuentra aún detenido en dicha dependencia, lo anterior a efecto de acordar lo conducente dentro del presente juicio de amparo. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra debidamente integrado, toda vez que la autoridad responsable Delegado o Responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, no ha rendido ni informado el cumplimiento a la suspensión de plano de los actos reclamados, concedida a la parte quejosa, solicitado en diversas ocasiones. En mérito de lo anterior, requiérase por última ocasión a la mencionada autoridad, para que dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas informe la forma y términos en que dio cumplimiento al proveído de dieciséis de marzo pasado, en donde se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados al directo quejoso Donal Aguilar Granados; aunado a que tampoco ha rendido su informe justificado, no obstante estar notificada del oficio por el cual se le solicitó. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. El apercibimiento de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretado en este proveído tiene su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante José Luis González Arredondo, Secretario que autoriza y da fe.Jesús
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