Donaciano Narez Espinoza
Expediente 287/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Donaciano Narez Espinoza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que trascurrió el plazo legal para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y el mismo encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: DONACIANO NÁNREZ ESPINOZA Y CREMENTINA FERNÁNDEZ BARRIGA O CLEMENTINA FERNÁNDEZ O CREMENTINA FERNÁNDEZ NAREZ. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Donaciano Narez Espinoza y Clementina Fernández Barriga o Clementina Fernández o Clementina Fernández de Narez, en la que solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán; y, Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán. Regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número IV-287/2018. ? Consideraciones previas. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". ? Falta de firma autógrafa o electrónica. En el caso, respecto de la solicitud de amparo del quejoso Donaciano Narez Espinoza, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De la anterior transcripción se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el artículo 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Por su parte el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, establece lo siguiente: "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva (sic) la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por suscripción la colocación al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del suscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales, marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, sino están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la suscripción". También, el artículo 3 de la materia establece lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley". En ese orden de ideas, se debe entender, entonces, que la voluntad de cualquier persona, cuando ésta se realiza por escrito, se manifiesta a través del estampado de la firma, acto de voluntad que supone desde luego la imposición autógrafa, del puño y con la letra del propio interesado; lo anterior, con la salvedad de que dicho signo gráfico debe corresponder al auténtico y no a una simple reproducción fotográfica, digitalización o facsímil de éste; ya que de ser así este carecería de valor. Ahora, el escrito de demanda en cuestión fue recibido en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, como se desprende de la boleta de turno que el encargado de dicha oficina acompañó a la demanda de amparo, sin embargo, de la demanda de amparo se advierte que únicamente se encuentra signada por uno de los promoventes del amparo, no así por Donaciano Narez Espinoza, lo que se advierte de la razón asentada por el oficial de partes de este juzgado de distrito. De ahí que al ser presentada la demanda de amparo presencialmente ante la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, debe cumplir como requisito que cuente con firma autógrafa o electrónica como lo precisa el artículo 3° de la Ley de Amparo, lo que en el caso, como lo asentó el oficial de partes de este juzgado, no aconteció. Virtud a lo anterior, en este caso no se puede afirmar válidamente la voluntad de dicho solicitante para promover el presente juicio de amparo ya que la firma autógrafa -como lo prevé el artículo 3, párrafo primero, de la ley de la materia- y, debido a que la demanda de amparo que se analiza carece de ella, es claro que el juicio deviene improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, tomo 42, cuarta parte, Séptima época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. El primer párrafo de la fracción VII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al presidente del más Alto Tribunal a desechar o admitir la demanda de amparo, en virtud de que esa norma legal le atribuye la facultad de: "tramitar todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, hasta ponerlos en estado de resolución...", facultad que igualmente le conceden los artículos 177 y 179 de la Ley de Amparo, dentro de la que está comprendida la de examinar si la demanda de amparo está calzada con la firma del promovente, formalidad indispensable para que pueda ponerse, el asunto que motiva la demanda de garantías, en estado de resolución, por ser la firma lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no ha lugar a tener por promovido el juicio de amparo". Asimismo, por las razones que en ella se informan, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 128/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, tomo XXII, noviembre de 2005, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. PARA TENER POR MANIFIESTA LA VOLUNTAD DE PROMOVERLA, LA FIRMA O FIRMAS PUEDEN ESTAMPARSE EN HOJAS ANEXAS. El artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que por suscripción de un documento, se entiende la colocación, al pie del escrito, de las palabras que con respecto a su destino sean idóneas para identificar a la persona que suscribe; sin embargo, tratándose de la demanda de garantías, la firma correspondiente puede ser plasmada en hojas anexas, pues el hecho de que la misma no se imprima al pie de la última hoja con la que termina el texto de la demanda sino en una o varias anexas, no significa que no existe el propósito de promover tal demanda, ya que al haberse acompañado al escrito relativo forma parte de ella y constituye el signo expreso e inequívoco de su voluntad, máxime si se toma en cuenta que el documento que contiene la demanda constituye un todo integral, salvo prueba en contrario, esto es, mientras no se demuestre que la firma de que se trata no fue puesta del puño y letra del titular de la demanda o de su representante. Además, en el caso de que el Juez o el tribunal del conocimiento tengan dudas respecto a la identidad y voluntad del quejoso para promover la demanda de garantías, podrá prevenirlo para que ratifique o haga la aclaración correspondiente, de acuerdo con los artículos 146 y 178 de la Ley de Amparo, respectivamente". También la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 315, tomo X, octubre de 1992, Octava época, Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4º y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así como, la tesis VI.1o.151 K del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 303, tomo XV-II, febrero de 1995, Octava época, Semanario Judicial de la Federación, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio de garantías se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda de amparo, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal". ? Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por Donaciano Narez Espinoza. Ahora, por lo que ve a la demanda de amparo promovida por Clementina Fernández Barriga o Clementina Fernández o Clementina Fernández de Narez, contra actos que reclama de las siguientes autoridades: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán; y, Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán. De quienes reclama los siguientes actos reclamados: ? La sentencia definitiva dictada dentro del juicio ordinario civil 84/2016, que sobre revocación de contrato de donación promovió la quejosa y Donaciano Narez Espinoza, contra Mario Alberto Rodríguez Narez y otros; así como los actos de ejecución consistentes en el auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el que se ordena el cobro de gastos y costas judiciales; y, el proveído de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en el que se decretó el embargo precautorio sobre bienes de la quejosa. Se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 107, fracción VI, (aplicado a contrario sensu), en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, los cuales en lo que interesa, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" Ahora, la quejosa reclama dichos actos partiendo de la perspectiva de que es tercera extraña al juicio de donde emanan los actos que reclama en esta instancia constitucional, argumentando lo siguiente: "Sin embargo todo este procedimiento es ilegal, puesto que los aquí comparecientes DONACIANO NAREZ ESPINOZA y CLEMENTINA FERNÁNDEZ BARRIGA Y/O CLEMENTINA FERNÁNDEZ Y/O CLEMENTINA FERNÁNDEZ DE NAREZ, jamás hemos sido oídos ni vencidos en juicio, puesto que del análisis de todo el procedimiento se desprende que jamás nos ha sido notificada ninguna resolución." (Sic). De lo anterior, se advierte que la quejosa promueve el amparo indirecto de que se trata en los términos que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, esto es, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. En relación al tema en estudio, importa tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existen dos supuestos de terceros extraños a juicio, que son: 1. Aquél o aquéllos que no figuran en el juicio como parte en sentido material, pero que se ven afectados y/o agraviados dentro del procedimiento o en la ejecución del mismo, sin haber tenido la oportunidad de defender sus derechos (terceros extraños a juicio propiamente dicho); y, 2. Aquél o aquéllos que siendo parte en sentido material, no fueron emplazados o fueron emplazados incorrectamente (terceros extraños por equiparación). Lo anterior fue dilucidado en la jurisprudencia número 7/98 , emitida en contradicción de tesis por el Pleno del Alto Tribunal del país, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." De esta forma, lo trascendente para la procedencia del juicio en los términos que prevé el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, es que la persona que se ostente extraña al procedimiento tenga un desconocimiento total del procedimiento de donde surge el acto reclamado y que, por ende, no esté en posibilidad de promover los medios ordinarios de defensa en dicho proceso o juicio. A mayor abundamiento, como se expresó con antelación el numeral en comento reconoce la existencia de dos tipos de terceros extraños a juicio, 1) El tercero extraño en estricto sentido o puro; y, 2) El tercero extraño por equiparación. En estricto sentido, un extraño a juicio es aquella persona física o moral que no figura en el procedimiento como parte, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley; esta equiparación entre quien no fue parte en el juicio y quien siéndolo no fue emplazado o lo fue incorrectamente, no puede hacerse extensiva al actor; virtud a que el juicio de amparo indirecto promovido con el carácter de tercero extraño, solamente tiene como objeto respetar el derecho sobre bienes jurídicos o patrimoniales que son afectados indebidamente dentro de un juicio (tercero extraño en estricto sentido), o bien, que se restaure el derecho fundamental de audiencia de la parte que no fue llamada a juicio o fue indebidamente emplazada (tercero extraño por equiparación). En esas condiciones, la figura del tercero extraño a juicio no puede servir de fundamento para legitimar a quien otorgó poder para ser representada en el juicio de origen como parte actora, pues en estos casos la pretensión de la quejosa implicaría invalidar un juicio que ella promovió y figuró como parte material, aun cuando se arguya que tal comparecencia se llevó a cabo por medio de un representante legal que no le informó sobre el estado procesal del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis V.3o.C.T.6 K (10a.) , del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, que dispone lo siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. NO TIENE TAL CARÁCTER QUIEN TILDA DE FALSA SU REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE ORIGEN COMO PARTE ACTORA. El artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. En estricto sentido, un extraño a juicio es aquella persona física o moral que no figura en el procedimiento como parte, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. Ahora bien, esta equiparación entre quien no fue parte en el juicio y quien siéndolo no fue emplazado o lo fue incorrectamente, no puede hacerse extensiva al actor. El juicio de amparo indirecto promovido con el carácter de tercero extraño, solamente tiene como objeto respetar el derecho de posesión sobre bienes indebidamente gravados dentro de un juicio (tercero extraño en estricto sentido), o bien, que se restaure el derecho fundamental de audiencia del demandado que no fue llamado a juicio o fue indebidamente emplazado (tercero extraño por equiparación). En ese sentido, la porción normativa citada no puede servir de fundamento para legitimar a quien tilde de falsa su representación en el juicio de origen como parte actora, pues en estos casos la pretensión de la quejosa implicaría invalidar un juicio que se presume ella promovió, lo cual se aparta de los supuestos en los que conforme a la doctrina jurisprudencial puede configurarse el tercero extraño a juicio". En el caso que nos ocupa, como ha quedado precisado, la quejosa Clementina Fernández Barriga o Clementina Fernández o Clementina Fernández de Narez, comparece al presente juicio a reclamar la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 84/2016 , así como los actos de ejecución consistentes en el auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho y el proveído de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho . Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que es tercera extraña al juicio al no haber sido oída y vencida en juicio. Sin embargo, las propias manifestaciones vertidas de su parte, bajo protesta de decir verdad, desvirtúan su calidad de tercera extraña, al referir que ella misma fue la que promovió el juicio ordinario sobre revocación de contrato de donación, esto es, figuró como parte actora, al referir: "Como se desprende del juicio madre o juicio de origen los aquí comparecientes, presentamos demanda sobre revocación de contratos de donación en contra del señor MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ NAREZ, y otros, turnándose dicha demanda al Juzgado Primero Civil y precisamente el día 26 de enero del año 2016, se nos tuvo por admitiendo la demanda ordenando el emplazamiento a los demandados." De lo expuesto, se desprende que la parte quejosa manifestó que presentó demanda sobre revocación de contratos de donación en contra del señor Mario Alberto Rodríguez Narez. Agregó, que el siete de julio de dos mil dieciséis fue dictada sentencia en la que se declaró improcedente la acción ejercida por la parte actora [aquí quejosa], motivo por el cual promovió recurso de apelación, del que tocó conocer a la Sexta Sala Civil , quien mediante resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró procedente la acción ejercida por la parte actora. Sostiene que contra dicha determinación, la parte demandada [aquí señalada como tercera interesada] promovió juicio de amparo directo, mismo que le fue concedido para el efecto de revocar la sentencia dictada en segunda instancia y, como consecuencia de ello, se quedara subsistente la sentencia primaria en la que se había declarado improcedente la acción de revocación de contrato de donación promovida por la aquí quejosa. De lo expuesto es factible advertir que se encuentra desvirtuada la calidad de tercera extraña a juicio con la que se ostenta la parte quejosa, pues como ha quedado expuesto y en forma contraria a lo que refiere en su demanda, sí tuvo intervención en el juicio primario al ser, precisamente, la persona que ejerció la acción revocatoria referida en el párrafo anterior y que, incluso, interpuso apelación contra la sentencia dictada en ese contradictorio. Conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, las narraciones vertidas en la demanda -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para proveer sobre el desechamiento de la demanda en comento. Al respecto, conviene reiterar que, de acuerdo a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la figura del tercero extraño a juicio tiene como finalidad proteger el derecho de audiencia del gobernado cuando aduce no haber tenido intervención en un juicio donde se ven afectados sus derechos. Siendo el caso que dicha calidad se pierde cuando queda demostrado que el quejoso sí estuvo en posibilidad de acudir al juicio donde se ostenta que no fue oído ni vencido, pues en este supuesto, el gobernado puede acudir ante el órgano jurisdiccional a hacer valer todos los medios de defensa ordinarios que estime pertinentes contra todas y cada una de las determinaciones que se dicten en el mismo. Como ocurre en la especie, donde la parte quejosa manifestó que acudió en su calidad de parte actora a reclamar la revocación de un contrato de donación en el que, incluso, hizo valer el medio de defensa ordinario [apelación] contra la sentencia definitiva. No se soslaya la manifestación de la quejosa en el sentido de que aun cuando otorgó un poder a su hijo así como a diversos abogados que aparecen en autos, ellos jamás le notificaron de manera personal respecto del procedimiento. Sin embargo, la circunstancia consistente en que sus representantes legales no le hubiesen hecho del conocimiento del estado procesal del juicio , no es motivo para actualizar la hipótesis del tercero extraño a juicio para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues proceder de ese modo, la pretensión de la quejosa implicaría invalidar un juicio que ella promovió, lo cual se apartaría de los supuestos en los que conforme a la doctrina jurisprudencial puede configurarse el tercero extraño a juicio. Lo anterior guarda congruencia con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO LABORAL, NO PUEDE TENER ESE CARÁCTER EL ACTOR. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la persona extraña al juicio es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente. Sin embargo este equiparamiento entre quien no fue parte en el juicio y quien siéndolo no fue emplazado o lo fue incorrectamente, no puede hacerse extensivo al actor, primero, porque éste sí fue parte en el juicio y, segundo, porque no puede alegar el desconocimiento del procedimiento, dado que fue él quien lo inició. Por tanto, si la Junta laboral, al tratar de cumplir con la obligación contenida en el artículo 742, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de notificar personalmente el primer proveído al actor, no lo hace en los términos establecidos en los artículos 743 y siguientes del propio dispositivo legal, el actor no puede, so pretexto de ser extraño al juicio, quedar eximido de tramitar el incidente de nulidad previsto en el artículo 752 de la propia ley laboral. Por tal motivo, al encontrarse desvirtuada la calidad de tercero extraño a juicio con la que comparece la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto contra la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 84/2016 , así como los actos de ejecución consistentes en el auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho y el proveído de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho . Sustenta lo anterior la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. En consecuencia, al encontrarse desvirtuada la calidad de tercero extraño a juicio que ostenta la parte quejosa, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción VI (interpretado en contrario), ambos de la Ley de Amparo y, por tal motivo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por Clementina Fernández Barriga o Clementina Fernández o Clementina Fernández de Narez, respecto de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 84/2016 , así como los actos de ejecución consistentes en el auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho ; y, el proveído de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho , que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán y actuaria de su adscripción. A mayor abundamiento, debe decirse que para el caso de no considerar que la parte quejosa acude al presente juicio de amparo bajo la figura de tercera extraña y, en su lugar, la demanda se analice desde la perspectiva consistente en que sí acudió al juicio como parte actora, también resultaría notoriamente improcedente el juicio de amparo que plantea. Esto se explica toda vez que, en lo referente al acto que reclama consistente en la "sentencia de siete de julio de dos mil dieciséis" se actualizaría la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al ser extemporánea, pues como lo manifestó la quejosa en los antecedentes de la demanda de amparo, tuvo conocimiento de dicha sentencia, al menos desde el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, fecha en que aduce interpuso apelación contra la misma. Y por lo que se refiere a los diversos autos de ocho y veintiuno de marzo, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues no se trata de la última resolución dictada en etapa de ejecución, esto es, aquella que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla; por lo que sería hasta que se dictara la resolución terminal, con la que culmine el procedimiento de ejecución cuando podría comparecer al juicio de amparo. No escapa a la consideración de este juzgador que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Flavio Anaya Olvera, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que indica en su demanda, dado que no cuentan con el citado registro. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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