Domingo Alonso Ramírez Rodríguez
Expediente 843/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Domingo Alonso Ramírez Rodríguez
- H. Congreso Constitucional del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuenta. En veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y el estado que guardan los autos. Conste.Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sentencia causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó y en otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del amparo. Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 12, en relación con el diverso 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó y negó en amparo en este asunto, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo octavo del Acuerdo General citado. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución de constancias. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, encargado de la defensa jurídica de dicha secretaría y sus Unidades Administrativas, adjuntó a su informe justificado un legajo de copias certificadas; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria su permanencia, devuélvase a la misma, sin que haya necesidad de acusar recibo de su recepción, pues se tendrá como tal el sello de recepción del oficio relativo a este acuerdo. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la secretaria Cristina García Maya, que autoriza y da fe.
- Principal
SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 843/2022. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El cuatro de agosto de dos mil veintidós, Domingo Alonso Ramírez Rodríguez presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite y registró con el número de juicio de amparo 843/2022. Previos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y quedó el juicio en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Así, reclama del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: El proceso legislativo que culminó con la emisión del artículo 20, fracción I, inciso a) y fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2022; porciones normativas que contemplan el cobro por derechos por concepto de expedición de juego de placas para vehículos y el refrendo anual consistente en el holograma de circulación. En tanto que, del Director de Recaudación del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, reclama lo siguiente: La aplicación de dichas porciones normativas, consistente en el cobro de las contribuciones antes precisadas. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, al rendir el informe justificado, aceptó el acto que se le atribuye; además, de autos se aprecia que la parte quejosa presentó un comprobante de pago de las contribuciones; sin embargo, ello no es motivo suficiente para tener por demostrado que la determinación y cobro del tributo lo realizó esa autoridad. Es así, dado que, conforme a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el comprobante de pago de las contribuciones no es un acto que pueda atribuirse a las autoridades exactoras, pues, conforme a las leyes fiscales -redactadas en forma similar en los Estados parte de la Federación- la obligación de determinar los impuestos corresponde a los contribuyentes, sólo en caso de que no lo realice, la autoridad fiscal procederá a su liquidación. Por ello, el comprobante de pago con número de serie 40152600556-1 demuestra que la quejosa cumplió voluntariamente con la obligación formal de liquidar la contribución, pero no que la autoridad encargada de recaudar el tributo realizó algún acto tendente a liquidar y cobrar la aportación. Así, de estos comprobantes se aprecia que el promovente realizó voluntariamente el pago de las cantidades de $1,789.00 (un mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) y $992.00 (novecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de los derechos por de canje de placas y refrendo vehicular, conforme lo precisan las normas reclamadas; mismos que, al ser liquidados de manera libre por la peticionaria de amparo, robustece el hecho de que la autoridad hacendaria únicamente recibió el pago correspondiente, sin realizar alguna gestión para exigir su cobro o haya iniciado algún procedimiento administrativo de ejecución para obtener el pago respectivo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". En virtud de lo expuesto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, por lo que a dichos actos se refiere. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en lo que atañe a su intervención dentro del proceso de emisión de las porciones normativas combatidas de inconstitucionales; pues, al margen de lo expresado por dichas autoridades en su informe justificado, no puede soslayarse que, debido a la naturaleza de los mismos, su existencia no está sujeta a prueba ya que se está en presencia de hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del párrafo segundo, de su artículo 2°, por tratarse de derecho positivo nacional y vigente. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. El acto reclamado emana de una declaración de procedencia y juicio político El Congreso del Estado de Michoacán refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, tal hipótesis no se actualiza en el caso. Dicha porción normativa prevé que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de la autoridad legislativa, en declaración de procedencia y juicio político, así como los relacionados con el nombramiento y designación de funcionarios conforme a sus atribuciones. Sin embargo, en el caso concreto, la parte quejosa reclama en la emisión de los del artículo 20, fracción I, inciso a) y fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2022, que contemplan el cobro por derechos por concepto de expedición de juego de placas para vehículos y el refrendo anual consistente en el holograma de circulación; actos que no tienen relación con sus facultades de intervención en el juicio político o designación de funcionarios. De ahí que resulte infundada la causa de improcedencia alegada. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 137/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". Falta de expresión de conceptos de violación o agravios Con independencia de lo expuesto en el apartado que antecede, aparentemente el Congreso del Estado de Michoacán estima que el presente juicio de amparo es improcedente porque -en su opinión- la parte quejosa no expresó conceptos de violación. Lo anterior es ineficaz, porque la improcedencia la hace descansar en una hipótesis incorrecta, consistente en que la parte quejosa no expresó conceptos de violación tendentes a impugnar la inconstitucionalidad de los preceptos legales combatidos; lo que resulta incorrecto. Contrariamente a lo sostenido por la responsable, de la simple lectura a la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló con precisión por qué las normas generales son ilegales, aduciendo las razones por las cuales presentan un vicio de origen, como es el hecho que se las normas impugnadas vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria; además, indicando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se contraponen los numerales que impugna, así como los motivos por los cuales considera le agravian los actos reclamados. Por lo que los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa cumplen con los requisitos que para considerarlos de esa manera exigen las fracciones IV y V del numeral 108 de la ley en la materia; esto es, en ellos se expresa por qué se violan los preceptos constitucionales que se señalan como transgredidos, los cuales se relacionan con las tesis de jurisprudencia que estima aplicables al caso, mediante hechos, argumentos y razonamientos donde se hacen resaltar las violaciones a los derechos humanos que en su favor reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; razones por las que las tesis que la referida autoridad responsable invoca, no resulta aplicables en la especie. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia número 2ª./J. 63/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.', en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". Improcedencia de la acción constitucional respecto del refrendo y publicación. En otro aspecto, el Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán refiere que el presente juicio de amparo resulta improcedente en contra del acto de refrendo de las porciones normativas combatidas, puesto que no se combatieron por vicios propios. Circunstancia que esta juzgadora estima acertada y, además, que tal impedimento técnico igualmente se actualiza por lo que hace al Director del Periódico Oficial del Estado. Por tanto, con base en lo establecido por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa no tenía por qué haberlos señalados como autoridades responsables; incluso, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la propia promovente no los combate de manera autónoma o por algún vicio propio en la publicación o refrendo. Así, se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. De ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en atención a los razonamientos expuestos por las autoridades responsables, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos que la parte quejosa reclamó al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/49 (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo". Falta de interés jurídico Por último, en cuanto a su interés jurídico, la promovente realizó la autoliquidación de las contribuciones impugnadas; lo que constituye el acto de aplicación de las normas generales impugnadas y que quedaron acreditados en el considerando tercero de esta sentencia. Aunado a lo anterior, para acreditar el interés jurídico basta que el recibo o certificado de pago del tributo contenga el nombre del quejoso, pues de esta prueba deriva que aquél es causante en relación con la contribución impugnada; aspectos que en el caso en estudio se satisfacen, ya que en el recibo emitido por la autoridad hacendaria obra el nombre de la impetrante del amparo como contribuyente. Sin que sea necesaria la aportación de alguna prueba tendente a demostrar la propiedad del vehículo, puesto que las normas combatidas no requieren de mayores pruebas para demostrar que el particular se encuentra en el supuesto comprendido en ellas; ya que lo único a demostrar es el hecho de que se trata del contribuyente y que se ubicó en el hecho imponible descrito en la norma -uso del servicio por registro vehicular-. Aspectos que quedan satisfechos con la exhibición de los recibos correspondientes. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos". Inactualización de diversas causas de improcedencia de las alegadas y advertidas Con estas consideraciones, esta juzgadora inadvierte, de oficio, que se actualice algún diverso motivo de improcedencia que impida el estudio de los conceptos de violación. Por tanto, procede su análisis, sin que para ello resulte indispensable transcribirlos ya que no existe en la Ley de Amparo alguna disposición que imponga tal formalidad. SEXTO. Estudio de fondo. Síntesis de los conceptos de violación. Ahora, los argumentos de inconformidad exteriorizados por la parte quejosa se encuentran dispersos en amplias disertaciones. Así, la parte promovente adujo esencialmente lo siguiente: Resultan inconstitucionales las porciones normativas combatidas, ya que se vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en perjuicio de la parte quejosa, en razón de que si bien los derechos, como contribución, tienen como función la prestación de un servicio, lo cierto es que el costo del mismo se debe cuantificar en razón del costo que tiene para el Estado su prestación. Por ende, si de la licitación pública estatal CADPE-EM-LPE-124/2021, de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se aprecia que el costo por juego de placas y calcomanía por refrendo es por las cantidades de $157.00 (ciento cincuenta y siete pesos moneda nacional) y $4.50 (cuatro pesos 50/100 moneda nacional), es evidente la desproporción en las cantidades que se cobran en los artículos impugnados, ya que éstas ascienden a $1,789.00 (un mil setecientos ochenta y nueve pesos moneda nacional) y $992.00 (novecientos noventa y dos pesos moneda nacional), respectivamente. Además, dentro de la creación de la contribución en comento, el legislador fue impreciso en definir con exactitud el hecho imponible correspondiente. Igualmente, se vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, ya que se realizó un programa para que "paguen menos los que menos tienen"; de ahí que se trate de un trato distinto y desigual para los contribuyentes que se ubiquen en el mismo supuesto, lo que también vulnera el artículo 31, fracción IV, constitucional. Análisis de la constitucionalidad de los decretos y artículos impugnados Son infundados e inoperantes los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, sin que exista motivo para suplirlos en su deficiencia. Contribuciones y aspectos para considerar en su constitución El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula los principios que deben regir a las contribuciones en los tres niveles de gobierno, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad. De tales características se puede esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribuciones, éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza; por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Los elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en lo siguiente: Objeto: Es el fin perseguido por el legislador que motivó la imposición de una contribución para gravar una actividad o prestar un servicio. Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. Hecho Imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será licita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley, se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. Tasa o Tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efectos de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y; Época de Pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, lo que dependerá de qué tipo de contribución se analice y dotará, a su vez, de una naturaleza propia a cada tributo. Principios constitucionales en materia tributaria Asimismo, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción. Por otro lado, el principio de equidad tributaria consiste en que, los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. En el entendido que, no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando ello se base en razones objetivas. En tanto que, el principio de legalidad prevé la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, lo que se traduce no sólo en que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar; sino fundamentalmente que los caracteres esenciales de la contribución y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria estén consignados de manera expresa en la ley. De tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de contribuciones imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. De ahí que el respeto al derecho fundamental de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, por las siguientes razones: 1. Evitar que quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras en la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. 2. Obstaculizar el cobro de impuestos imprevisibles. 3. Impedir el cobro de impuestos a título particular. 4. El particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. Caso concreto Hechas estas precisiones, el artículo 20, fracción I, inciso a) y fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2022, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 20. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente: I. Por dotación de placas: CONCEPTO CUOTA 2022 A) Por cada juego de placas para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, incluyendo tarjeta de circulación. $ 1,789.00 En el caso de transportes de carga, en la tarjeta de circulación correspondiente, se entenderá comprendido el permiso de carga, según los bienes que se transporten en cada caso. (...) II. Por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación: CONCEPTO CUOTA 2022 A) Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. $ 992.00". Así, del contenido de dicha porción normativa, se estima que resulta infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso a). Es oportuno dejar asentado que en este primer motivo de disenso se afirmó que las normas generales reclamadas violan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria; de ahí que no sea materia del análisis de este apartado si en la configuración de la contribución se vulneran los diversos principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica en materia fiscal. Esto, pues del comprobante de pago con número de serie 40152600556-1, se aprecia que el promovente realizó el pago de $1,789.00 (un mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional); por lo que esto implica que se aplicó la porción normativa combatida al quejoso. Hechas estas consideraciones, conviene recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en Pleno como en las Salas, ha desarrollado el contenido de los derechos humanos que se reconocen en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las garantías que se otorgan para su protección. Una de esas garantías es la observancia del principio de proporcionalidad tributaria, por virtud del cual, en términos generales, la contribución que hacen los ciudadanos al gasto público debe ser acorde con la capacidad de hacerlo, de ahí que el legislador al formular las hipótesis que generan un crédito fiscal debe identificar una conducta que sea reveladora de esa capacidad. No obstante ello, los ingresos que el Estado percibe para hacer frente al gasto público son de distinta naturaleza y, por ello, en cada caso concreto cuando se reclama la constitucionalidad de una norma tributaria, a la luz del principio de proporcionalidad, es necesario identificar qué tipo de ingresos se controvierten, porque ello dará el parámetro de regularidad constitucional para modular el principio de proporcionalidad. En efecto, en términos generales los ingresos del Estado se clasifican en ordinarios y extraordinarios; los primeros son aquellos que percibe de manera común y están destinados al gasto público que se genera por el quehacer habitual, mientras que los segundos son aquéllos que se generan por una situación particularmente atípica, que obliga al Estado a imponer cargas tributarias diversas a las ordinarias. Los ingresos ordinarios, por su parte, se pueden dividir en contribuciones y en aprovechamientos, las primeras a su vez se subdividen en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones. Esta gama de ingreso del Estado, si bien tienen notas consubstanciales, contienen elementos particulares que las distinguen entre sí, de ahí que los principios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, operan de distintas formas en cada uno de tales ingresos. En el presente caso se controvierte el cobro de un derecho y sus accesorios; los cuales, en términos generales, son contribuciones establecidas en Ley que el Estado percibe por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. De lo anterior se sigue que los derechos, en cuanto ingresos del Estado, son contraprestaciones que éste percibe por la realización de cualquiera de las siguientes actividades: Uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, Por prestar servicios en sus funciones de derecho público. Dependiendo del tipo de actividad que realiza el Estado, para fijar la tarifa se debe distinguir entre aquellas actividades simples y las complejas, porque entre más cercana esté a la primera clasificación, se podrá establecer un pago calculado sobre bases objetivas; esto es, por unidad de espacio, de tiempo o de peso. Sin embargo, entre más se aleja de lo primero, es decir cuando se trata de actividades complejas, la objetividad para fijar la tarifa obedecerá a otro tipo de parámetros como lo es, entre otros, la razonabilidad. Por ejemplo, el pago de derechos por la expedición de una copia certificada de un acta del registro civil, resulta con relativa sencillez calcular el costo del papel, de las tintas, la utilización de equipos de cómputo y tiempo del personal de la institución que tendrán que hacer la investigación y el procedimiento respectivo para obtener la impresión correspondiente. En este tipo de casos el servicio que presta el Estado, por conducto del Registro Civil, representa el mismo esfuerzo cuando el acto lo solicita una persona de escasos recursos que una que tienen un ingreso alto, de ahí que la calidad subjetiva del obligado no incida en el establecimiento de la cuota o tarifa, sino únicamente los elementos objetivos que permitan advertir que la cuota fijada por la expedición de ese tipo de documentos es el adecuado para que el servicio público funcione. Existen otros servicios públicos que son complejos, debido a que su prestación no se agota con una sola actividad, sino que el deber jurídico se extiende mientras subsista una situación jurídica determinada. En relación con lo anterior el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 312/2010, precisó que la proporcionalidad tributaria, tratándose de este tipo de contribuciones (derechos), se identifica con la relación costo y cuota, significa que la individualización al sujeto pasivo de los costos que le produce al Estado la prestación del servicio, sea atendiendo a su utilización o consumo. El Alto tribunal también indicó que la objetividad -como parámetro de medición de proporcionalidad- estará determinada en que el referente escogido por el legislador, para individualizar el costo, conduzca a reflejar la intensidad en el uso del servicio, en el que conlleve a que pague más quien más lo usa, pero ello el análisis debe ser cualitativo y no cuantitativo, ya que, como se ha advertido con anterioridad, el mero costo no es un elemento con base en los cuales se pueda analizar. Además, la intensidad del uso del servicio es un elemento que conduce a identificar quién debe pagar más en función del uso; pero que para ello es pertinente analizar si nos encontramos ante un servicio simple o complejo. Así, la distinción del tipo del servicio permitirá determinar si el indicador que individualiza el costo del servicio debe reflejar o no una graduación en el uso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también precisó que el servicio simple se podrá identificar cuando las actividades que realiza el Estado para la prestación directa del servicio -que le generan un costo directo- son constantes; esto es, que las actividades no se ven modificadas debido al objeto del servicio, siempre son las mismas, por ejemplo, la solicitud de una copia certificada. Así, tratándose de un servicio simple, la intensidad de su uso se ve reflejada por la actualización del hecho imponible. De tal manera que el análisis de razonabilidad dependerá de que el parámetro para individualizar el costo del servicio sea fijo, sin reflejar una graduación en la intensidad, ya que lo que determina el aumento en el uso estaría en las veces en que se actualice el hecho imponible; de esta manera, pagará más aquel que se ubique más veces en el supuesto de causación del servicio, es decir, es un pago cuantitativamente mayor pero no progresivo. En este caso, el parámetro con base en el cual se individualice el costo no debe efectuar una graduación, porque la intensidad del uso estará determinada por las veces en que ocurra el supuesto de causación. Por otra parte, el servicio complejo se podrá identificar cuando varían las actividades que realiza el Estado -que están relacionadas directamente con la prestación del servicio que le genera un costo directo- en función del objeto del servicio. Esto es así, porque las actividades que están previamente establecidas en un procedimiento se ven influenciadas en su intensidad de uso, por las características del objeto del servicio. En este supuesto, la intensidad de su uso estará reflejada por el objeto; es así que el análisis de razonabilidad dependerá de que el parámetro refleje la graduación en la intensidad del uso, atendiendo al objeto del servicio. Esto es, se trata de un reconocimiento de las actividades que se encuentran directamente relacionadas con la prestación del servicio, que nos servirá de elemento para poder identificar la relación con la variación en el uso. De tal manera, dependiendo del tipo de servicio, ya sea simple o complejo, se podrá determinar si el parámetro para individualizar el costo debe reflejar una graduación en la intensidad del uso. Lo que no significa que la medida de intensidad está directamente relacionada con el aumento de costo total del servicio, porque el análisis de razonabilidad, como se advirtió, es cualitativo y no cuantitativo, en el sentido de que la variación en el uso genere mayores costos. Con base en lo anterior, es preciso considerar que el análisis de razonabilidad está conferido a que exista un referente adecuado que se aplique con un parámetro objetivo, para que, al individualizar el costo, se efectúe en función de la intensidad del uso del servicio. Finalmente, la elección de la unidad de medida conforme a la cual se individualiza el costo, y en cómo se aplica éste, ya sea mediante cuota, tarifa o rango, es parte de la libertad de configuración de la que goza el legislador, pues en el caso de normatividad con efectos tributarios, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador en campos como el económico, en donde la propia Constitución señala una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado. Tal criterio se vio reflejado en la tesis P. V/2012 (10a.) que establece: "DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso". Como puede advertirse, el artículo 20, fracción I, inciso a) y fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2022, regula la contribución ordinaria del Estado denominada "DERECHOS POR SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR DE TRANSPORTE PARTICULAR", de lo que se sigue que el costo que se señala en cada una de las fracciones e incisos de los artículos correspondientes, establecen en favor del Estado de Michoacán una contraprestación por la prestación de un servicio determinado. Esta primera aproximación es relevante, porque del estudio integral del concepto de violación al que se da respuesta, se vinculan precisamente con lo que a juicio de la parte quejosa constituye una desproporción entre lo que le cuesta al Estado los hologramas, engomados y placas que se otorgan al particular luego del registro vehicular, y lo que éste cobra por ello. En efecto, tal como se advierte de los conceptos de violación resumidos, el planteamiento que se realiza parte de una premisa incorrecta, pues se considera como parámetro para la detección de la desproporción el costo de los materiales que se utiliza para la prestación del servicio y el monto de la cuota que pagó al recibir el servicio, perdiendo de vista que el servicio de que se trata no es de aquellos que puedan cuantificarse en unidades económicas. Es decir, el servicio que se regula en la ley de ingresos no es como erróneamente se considera en el concepto de violación la venta, canje u otorgamiento de placas, hologramas, engomados o demás documentos, sino el registro y control de vehículos de uso privado. Este registro es un medio a través del cual el Estado puede ejercer una de las atribuciones fundamentales como lo es la Seguridad Pública, ya que el establecimiento y mantenimiento de un registro vehicular otorga al Estado herramientas útiles para lograr un adecuado control en la utilización de los medios de locomoción terrestre, para prevenir la comisión de faltas administrativas e incluso delitos; pues, al identificar fehacientemente un vehículo, asociado con su propietario, cualquier responsabilidad civil, administrativa o penal, encontrará un referente en ese registro, el cual debe mantenerse actualizado a efecto de brindar seguridad jurídica a todos los habitantes del Estado. En ese orden, las placas, hologramas, engomados y demás documentos que se generan a partir del registro de un vehículo no es el fin, sino el medio a través del cual se podrá individualizar un vehículo en particular, ya que la matrícula, que debe ser expedida conforme a los estándares previstos en las Normas Oficiales Mexicanas, constituye una identificación única e irrepetible, que solamente podrá ser asignada a un solo vehículo. Ello constituye una herramienta adecuada para poder identificar el vehículo, el cual se asocia no solamente a las características físicas (marca, color, modelo) sino a la nomenclatura propia del constructor o agencia que lo comercializa, pues además de las placas, hologramas, engomados y demás documentos que se generan con el registro, se establece una base de datos que puede ser consultada por las autoridades judiciales, policiales y administrativas, para el debido ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior pone de manifiesto que el servicio público que recibe la contraprestación como medio para su operatividad, no es el pago de hologramas, placas o engomados que se generan con motivo del registro de un vehículo, sino mantener un registro confiable de los vehículos que normalmente habrán de circular en el Estado. Esto, para brindar seguridad jurídica a todos los habitantes del Estado, que pueden ser víctimas de una conducta ilícita (sea administrativa, civil o incluso penal), en la que se vea involucrado alguno de los vehículos que deben ser registrados. En ese contexto, el servicio público en comento es de naturaleza compleja, pues no se agota con el registro y expedición de los documentos pertinentes al registro de un vehículo, sino que ese servicio se prolonga de forma indefinida, ya que debe mantenerse y actualizarse frecuentemente para que sea confiable y brinde seguridad jurídica a los habitantes del Estado. Entonces, en cuanto servicio público complejo, los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía. Lo anterior porque se trata de un servicio en que las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto, que en el caso es brindar seguridad jurídica a todos los habitantes del Estado, pues la correcta identificación de los vehículos de locomoción terrestre constituyen una herramienta para prevenir, perseguir y sancionar conductas ilícitas cometidas a través de la utilización de este tipo de vehículos. En esta línea argumentativa, dado que las leyes gozan de la presunción de ser constitucionales salvo que se refieran a alguna de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al quejoso demostrar los vicios de constitucionalidad; esto es, que la cuota que se establece para el registro de vehículos, y la consecuente emisión de las placas, hologramas, engomados y demás documentos, es desproporcional pues aunque esa cuota o tarifa no encuentra una justificación cuantitativa en el costo que representa para el Estado los materiales necesarios para expedir los documentos que se generan con motivo del registro, sino que existe una justificación cualitativa, por tratarse de una contribución compleja que no se agota con la realización del registro, entrega de placas, hologramas, tarjetas de circulación y demás documentos, correspondía al quejoso demostrar a través de los medios de prueba permitidos por la ley, la violación a los preceptos constitucionales invocados. Esto es así, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley a partir del argumento de que es violatoria del principio de proporcionalidad tributaria porque el cobro del servicio recibido es superior al costo que ese mismo servicio tiene en el mercado, indudablemente, como requisito mínimo, corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos o datos, a partir de los cuales hace valer esa transgresión, entre ellos, los parámetros con base en los que intenta que se lleve a cabo el estudio respectivo, porque la sola afirmación, de que el derecho es desproporcionado no basta para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumenta en que sustenta el gobernado su solicitud de amparo resulta cierto o no, pues no es acorde con la función jurisdiccional; y menos la simple aseveración de inconstitucionalidad implica por sí, violación a la garantía reclamada. En efecto, al organizarse los servicios en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares, no necesariamente debe atenderse que el valor del servicio prestado sea el precio que corresponde exactamente al valor comercial, pues es necesario tomar en consideración que para prestar el servicio de que se trate, el Estado debe desarrollar una serie de actividades, lo cual requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, que conlleva a incurrir en diversos costos, conforme a los cuales finalmente debe determinarse si resulta o no razonablemente equilibrado el costo con la prestación del servicio. Esto no exime de manera alguna a las autoridades responsables de la obligación de acreditar, en el momento procesal oportuno, la legalidad de su acto, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que aquella tendrá la carga probatoria para defender el artículo que se tilda de inconstitucional, a través del informe justificado y los medios legales que estime necesarios para sustentar sus aseveraciones, exponiendo de manera motivada porque se cobra la cantidad señalada en la norma legal; incluso, haciendo uso de la prueba pericial, en la que se determine a través de un estudio técnico, elaborado por peritos en la materia, lo relativo a la correspondencia entre el valor comercial y el costo del servicio prestado y si éste resulta o no razonablemente equilibrado. Así, a fin de sustentar lo anterior, la parte quejosa afirma que los artículos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad y equidad tributaria; ello, a partir de que de la licitación pública estatal CADPE-EM-LPE-124/2021, de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se aprecia que el costo por juego de placas y calcomanía por refrendo es por las cantidades de $157.00 (ciento cincuenta y siete pesos moneda nacional) y $4.50 (cuatro pesos 50/100 moneda nacional), es evidente la desproporción en las cantidades que se cobran en los artículos impugnados, ya que éstas ascienden a $1,789.00 (un mil setecientos ochenta y nueve pesos moneda nacional) y $992.00 (novecientos noventa y dos pesos moneda nacional), respectivamente. Por otra parte, el Director de Recaudación del Estado de Michoacán, en su informe de ley, justificó la razonabilidad del cobro; con lo que desvirtuó lo afirmado por la parte quejosa, y de ahí lo asentado en la licitación pública. Esto, pues en el informe justificado se hizo alusión a las siguientes documentales: Oficio SFA/DGJ/DC423/2022 de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, de la que se aprecia la solicitud de los contratos para adquirir placas hologramas, refrendos y tarjetas de circulación para este ejercicio fiscal; así como el diverso de adquisición de sistemas para la expedición y control de lo anterior. Al mismo, se adjuntaron las licitaciones correspondientes. Oficio SFA/DGJ/DC/428/2022 de la fecha antes precisada, por el que se solicitó la cantidad de vehículos que integran el padrón activo de vehículos en esta entidad federativa; con la correspondiente documentación que sustenta la cantidad de automotores que lo componen. Oficio SFA/DGJ/DC/422/2022, de la data de referencia, en la que se pidió, de manera desglosada, la información relativa al costo de equipos, consumibles, papelería, nómina de personal, rentas, mantenimiento de muebles e inmuebles y energía eléctrica, que sirven para tener actualizado y en funcionamiento el padrón vehicular. A esto, también se adjuntó la documentación respectiva. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Así, de esta documentación se advierten los gastos financieros y humanos, licitaciones públicas y materiales que se generan como gastos indirectos para atender el padrón de usuarios en las Administraciones y Receptorías de los ciento trece municipios del Estado de Michoacán y Dirección de Recaudación; junto con el arrendamiento de algunos bienes inmuebles, los gastos de energía eléctrica y combustible para transportar los bienes para la prestación del servicio de registro y control vehicular son de un aproximado . De ahí que, ante las documentales aportadas y en razón de la mecánica en que opera la carga de la prueba en materia tributaria en normas generales, correspondía a la parte quejosa demostrar la desproporción entre el costo del servicio y el cobro del derecho, a fin de determinar si éste resulta o no razonablemente equilibrado. Circunstancia que se debió realizar a través de prueba idónea, como podría ser una pericial, ya que solamente a través de un estudio técnico, elaborado por peritos en la materia, se podría dilucidar el costo actual de la contribución por ser un servicio complejo. En cambio, se limitó a afirmar que el pago del servicio por canje de placas y expedición del holograma del registro vehicular era desproporcional debido a que el costo de la materia prima para tales objetos era muy elevado y distinto al costo bajo los cuales los obtuvo el Estado, con base en lo advertido en la licitación pública; empero, no desvirtuó las documentales aportadas por la autoridad hacendaria en el informe justificado, de las que se aprecia que el total de lo que aspira a recaudarse es de $7,430,745,789.00 (siete mil cuatrocientos treinta millones setecientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). Cantidad que, dividida entre los 2,671,969 (dos millones seiscientos setenta y un mil novecientos sesenta y nueve) vehículos que conforman el padrón vehicular, arroja el total de $2,781.00 (dos mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), que es la suma de los derechos por concepto de canje de placas y hologramas. Por ello, se insiste, ante la falta de ofrecimiento de prueba idónea por la parte quejosa para desvirtuar el contenido de las documentales con las que se sustenta la razonabilidad del costo del derecho, es evidente que no le asiste razón a la promovente y no es suficiente para desvirtuar la presunción de constitucionalidad que goza la norma general reclamada, dado que se carecen de elementos objetivos para determinar la correspondencia entre el valor comercial y el costo del servicio prestado y si éste resulta o no razonablemente equilibrado. Es aplicable la tesis aislada 2ª. CX/2013 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica lo siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". Corolario de lo expuesto, para poder juzgar la razonabilidad de las cuotas establecidas para el pago de derechos por registro y control vehicular en el ejercicio fiscal dos mil veintidós, como se trata de un servicio público complejo porque se vincula con la seguridad pública que es un derecho fundamental de todos los habitantes del Estado de Michoacán, era necesario que la parte quejosa aportara la prueba idónea para demostrar que las cuotas establecidas son desproporcionales. Efectivamente, una vez que se ha realizado el registro de un vehículo en el padrón correspondiente, es necesario que la base de datos que contiene todos los registros se mantenga actualizados, pues nada aportaría a la seguridad jurídica un control vehicular cuyos datos no se correspondan con la realidad, es por ello que al establecerse una carga impositiva año con año, se refrendan por parte del particular los datos que fueron proporcionados al momento de inscribir el vehículo, es decir, el hecho de que un vehículo porte un holograma o calcomanía de refrendo, es indicativo de que los datos que constan en el Registro y Control Vehicular se mantienen actualizados. Ello también es indicativo de que los vehículos que en lo particular portan los engomados, hologramas y calcomanías de refrendo, ofrecen mayor confianza, certidumbre y seguridad a los habitantes del Estado, pues a través de esos elementos, se puede tener certeza de que existe un registro confiable y actualizado sobre el dueño o poseedor del vehículo a quien podrá identificarse y fincarle la responsabilidad resultante de un acto ilícito. Es en virtud de lo anterior, se estima que no es aplicable la tesis de jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito que lleva por rubro: "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD", lo anterior porque con base en el artículo 217, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente, y este juzgado de distrito no pertenece al Tercer Circuito; aunado a que interpreta normas generales distintas a las impugnadas en este sumario. Aspecto que igual resulta del resto de las tesis aisladas, puesto que, además de interpretar normas generales distintas a las impugnadas, son criterios aislados de distintos circuitos que no son vinculantes ni obligatorios para este juzgado. Seguidamente, también resulta infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso b), en el sentido de que el legislador fue impreciso en definir con exactitud el hecho imponible del derecho fiscal materia de impugnación en este caso el cobro del derecho fiscal por placas y refrendo anual de calcomanía, pues este elemento tributario se conforma de la posesión o uso del vehículo, sin que se justifique por qué debe pagarse la cantidad excesiva y desmedida que autoriza el Congreso del Estado, ya que se insiste el Estado debe cobrar por lo que le implica el costo del engomado, y no con base en el valor de las unidades como si fuera un impuesto, menos aún sin tomar en cuenta la capacidad económica de quien lo posee. Lo anterior porque -como ya se precisó- el objeto directo de la contribución no es gravar la venta de placas, engomados hologramas o demás documentos que se generan con el registro vehicular, sino mantener un registro confiable que resulte útil para el ejercicio de la seguridad pública; el propietario, poseedor o usuario del vehículo son los sujetos obligados no el objeto de la contribución, de ahí que lo alegado no se justifica. Finalmente, se estima inoperante el concepto de violación sintetizado en el inciso c), ya que en las porciones normativas combatidas no se hace alusión a un trato diferenciado entre los contribuyentes que hagan uso del aludido servicio prestado por el Estado. Por el contrario, como lo sustenta la parte quejosa, se trata de un programa para recaudar las contribuciones necesarias. Si bien esta cuestión no figura dentro de la creación de la contribución en estudio y que el aludido programa no fue combatido de manera autónoma, tal cuestión es un beneficio fiscal. Así, este tipo de beneficios puede equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues tienen por objeto prioritario plasmar criterios de política fiscal, en cuanto a la recaudación de tributos, justificados en razones de interés público. De ahí que el aludido beneficio no obedece a una exigencia constitucional de justicia tributaria, si se toma en cuenta que se establece con una intención promocional en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al precisar que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la propia Ley Suprema. Por consiguiente, al no ser este programa un ajuste a la estructura, al diseño o al monto de un impuesto, sino la acción unilateral del Estado que, como instrumento de índole excepcional, se emplea para no hacer efectiva la deuda fiscal al renunciarse a la recepción del pago de la obligación pecuniaria del contribuyente, es inconcuso que las normas que la prevén no se rigen por los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Es orientadora, por las ideas que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 3/2016 (10ª.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica lo siguiente: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los beneficios otorgados por razones no estructurales de la contribución son producto de una sanción positiva contenida en una norma típicamente promocional, y pueden ubicarse entre los denominados "gastos fiscales", es decir, los originados por la extinción y disminución de tributos, traducidos en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social adoptada en una época determinada. Así, este tipo de beneficios, como la condonación de deudas tributarias, puede equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues tienen por objeto prioritario plasmar criterios de política fiscal en cuanto a la recaudación de tributos, justificados en razones de interés público. De ahí que la condonación importa un beneficio que no obedece a una exigencia constitucional de justicia tributaria, si se toma en cuenta que se establece con una intención promocional en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al precisar que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la propia Ley Suprema. Por consiguiente, al no ser la condonación un ajuste a la estructura, al diseño o al monto de un impuesto, sino la acción unilateral del Estado que, como instrumento de índole excepcional, se emplea para no hacer efectiva la deuda fiscal al renunciarse a la recepción del pago de la obligación pecuniaria del contribuyente, es inconcuso que las normas que la prevén no se rigen por los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues su otorgamiento no obedece a razones de justicia tributaria, ni al ajuste que corresponde para que el gravamen se determine conforme a la capacidad contributiva que dio lugar al tributo; sin embargo, lo anterior no implica que las normas que establezcan condonaciones escapen al control de la constitucionalidad, ya que la delimitación de quienes pueden contar con tal beneficio y su implementación, excluyendo o incluyendo a ciertos sectores o personas, desde luego, puede analizarse desde el ámbito más amplio correspondiente al principio de igualdad, y no al de equidad tributaria". Además, como se dijo, si bien no se combatió de manera autónoma este programa de beneficios, el mismo encuentra su sustento en el artículo Tercero Transitorio, incisos g) e i), de la Ley de Ingresos en comento; mismo que constituye un estímulo fiscal que no se rige por el principio de equidad tributaria, ya que no guarda una relación con los elementos de la contribución. De ahí que, si el estímulo fiscal no está sustentado en algún elemento esencial del tributo, no tiene relevancia impositiva para el parámetro constitucional y no debe ser analizado al tenor del artículo 31, fracción IV, constitucional; además, tampoco se vulnera el diverso precepto 1 constitucional, ya que la obtención del propio estímulo no está sustentada en alguna categoría sospechosa. Es aplicable, por las ideas que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 185/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que indica lo siguiente: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, ante una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y como no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden surgir en un ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; en cambio, los estímulos tienen relevancia impositiva cuando forman parte de los elementos esenciales o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad contributiva aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar al contribuyente. Esta diferencia material conlleva a que a ciertos estímulos fiscales les sean aplicables los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros no, en tanto que si ese beneficio de algún modo refiere a la capacidad contributiva, la constitucionalidad debe estudiarse a la luz de dichos principios, ya que a partir de este hecho pueden vincularse con la proporcionalidad y la equidad impositivas. En ese tenor, si el estímulo fiscal establecido en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, materializado a través de un acreditamiento, se otorga a personas que realizan actividades empresariales, con excepción de la minería, que compren diesel como combustible de la maquinaria en general, salvo vehículos, es indudable que estos factores son ajenos al impuesto especial sobre producción y servicios -de donde surge el deber de pago- o al impuesto sobre la renta -con el cual se acredita-, en virtud de que no se adhieren a sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o integran su mecánica; de ahí que su estudio no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino de las garantías individuales". Decisión. En ese contexto, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Domingo Alonso Ramírez Rodríguez. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Domingo Alonso Ramírez Rodríguez, por los actos atribuidos al Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial y Director de Recaudación, todos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los argumentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Domingo Alonso Ramírez Rodríguez, por los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por las razones y fundamentos precisados en el considerando sexto de la sentencia. TERCRO. En términos del considerando séptimo, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Honorable Congreso del Estado de Michoacán, rindiendo informe justificado, con el cual se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. Asimismo, en términos del numeral 9 de Ley de Materia, se tiene como delegados a las personas que indica
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Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto de lo de cuenta se provee: Informes. Agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los oficios que remite el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, en representación del Secretario y Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, por los que rinden informe justificado; lo anterior, toda vez que el treinta de agosto del año en curso, se tuvieron por recibidos.
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