Domingo Gómez Villa

Expediente 632/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 41 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
632/2021
Año
2021
Actuaciones
41
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Domingo Gómez Villa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnado en legal término el auto de veintiocho de abril del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 3. Devolución de documentos. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio, bajo apercibimiento que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente, para la devolución deberá ponerse en contacto con la licenciada Cristina García Maya, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico del juzgado 443 3226960 extensiones 1161 y 1261, a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindado.

  2. Principal

    1. Estado de autos. Del estado procesal de autos, se advierte que el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento a juicio de los terceros interesados Odilbina, Elvira y Federico, de apellidos Gómez Villa, en el domicilio siguiente: Calle Arnulfo Jacobo, número 21, colonia La Aldea, con sede en esta ciudad. Ante la imposibilidad del Actuario Judicial adscrito de localizar al tercero interesado en ese domicilio, el siete de septiembre del año pasado, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara domicilio diverso donde pudiera realizar dicha diligencia, sin que lo hiciera. En proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, ante el incumplimiento de la parte quejosa en proporcionar un domicilio diverso para llevar a cabo el emplazamiento mencionado, este órgano jurisdiccional requirió apoyo a diversas instituciones gubernamentales y empresas no gubernamentales. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informando los domicilios: Propiedad denominada como predio "El Banco", ubicada en una brecha sin nombre, sin número, en el rancho "El Banco", en Nocupétaro, Michoacán. Propiedad ubicada en calle Fray Juan Bautista Moya, sin número, colonia Centro, en Nocupétaro, Michoacán. Motivo por el que se ordenó el emplazamiento de los terceros afectados en dichos inmuebles, sin que se obtuviera resultado favorable. El tres de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, informando que en la base de datos de esa dependencia se los domicilios que a continuación se mencionan de los terceros afectados Elvira y Federico, de apellidos Gómez Villa, no así de Odilbina Gómez Villa. No. Tercero interesado Domicilio 1 ELVIRA GÓMEZ VILLA VIALIDAD GARCIA OBESO NUM 3061 ER PISO, NÚMERO EXTERIOR 306, NÚMERO INTERIOR 1 ER, COLONIA MORELIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 58000, LOCALIDAD MORELIA MUNICIPIO MORELIA ENTIDAD FEDERATIVA MICHOACÁN DE OCAMPO. VIALIDAD PLAYA NÚMERO 830, COLONIA LAS REYNAS ZONA DORADA CÓDIGO POSTAL 36660, LOCALIDAD IRAPUATÓ, MUNICIPIO IRAPUATO, ENTIDAD FEDERATIVA GUANAJUATO. 2 FEDERICO GÓMEZ VILLA VIALIDAD AVENIDA 8 DE JULIO, NÚMERO EXTERIOR 2495, COLONIA ZONA INDUSTRIAL CÓDIGO POSTAL 44940, MUNICIPIO GUADALAJARA, ENTIDAD FEDERATIVA JALISCO. CALLE MANUEL DE GOROSTIZA NÚMERO EXTERIOR 3551, COLONIA LA AURORA, CÓDIGO POSTAL 44790, LOCALIDAD OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, MUNICIPIO GUADALAJARA ENTIDAD FEDERATIVA JALISCO. Motivo por el que el veintiséis de enero del año en curso, se giraron los exhortos correspondientes a fin de llamar a los terceros afectados en dichos domicilios, sin obtener resultados positivos. Al no haber obtenido respuesta favorable con el envío de comunicaciones oficiales y ante la imposibilidad de lograr el emplazamiento a esta contienda constitucional, mediante los mecanismos establecidos por la ley, por auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Odilbina, Elvira y Federico, de apellidos Gómez Villa, por medio de edictos, ordenando su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana; en dicho acuerdo, se requirió a la quejosa para que dentro del término de tres días, compareciera a recoger los edictos correspondientes, a fin de iniciar los trámites para su publicación, apercibiéndola que de no hacerlo así, se decretaría el sobreseimiento en el juicio, sin que lo haya hecho. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 27, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Lo expuesto evidencia que la parte quejosa, incumplió con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial en el procedimiento, ya que demostró su desinterés en realizar la publicación de los edictos, sin que a la fecha haya comparecido a recibirlos ni realizara manifestación al respecto, con lo cual quedó paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, ya que entorpece la administración de la justicia por retardar la solución del conflicto, situación que no es atribuible a este órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público; circunstancia ante la cual este juzgador no puede pronunciarse sobre el fondo planteado. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento. Asimismo, la tesis 1a. CXXIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1110, libro 16, marzo de 2015, tomo II, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso. Luego, si conforme al procedimiento en este juicio, se requirió a la parte quejosa para que recogiera los edictos en un plazo de tres días, siendo omisa en cumplir con lo anterior y tampoco acredito su imposibilidad para hacerlo, es indudable que resulta procedente hacer efectiva la sanción procesal con la que fue apercibida, a saber, decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.2º. C. J/27, visible en la página 1868, del Tomo XXXII, de Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA". 1.1. Sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción II y 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio promovido por Domingo Gómez Villa por conducto de su apoderada jurídica Karen Ivette Zarco Reguera; por ello, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional fijada para las once horas con doce minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se recibe oficio. Visto el oficio que remite el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, toda vez que en proveído de treinta de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el exhorto 12/2022 (número de orden 56/2022), que se le envió para que en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara al presente juicio al tercero interesado Federico Gómez Villa.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que aún no transcurre el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de treinta de marzo del año en curso, a fin de que comparezca a recibir los edictos ordenados en el presente juicio. 2. Se difiere la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

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