Dominga Ortega Merced
Expediente 433/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/06/2021
Partes del expediente
- Dominga Ortega Merced
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. ARCHIVO En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda promovida por**+, regístrese la demanda bajo el número 433/2021-III-D. DESECHAMIENTO. Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que la peticionaria del amparo, reclama: La omisión de entregar el número de registro de la parcela a nombre Feliz Ortega González, datos necesarios para cubrir el adeudo de la misma, la cual ha incurrido el Comisariado Ejidal de la *** De lo anterior, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". Como puede advertirse, de lo apuntado se infiere que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se puede advertir que el legislador secundario federal identificó a los sujetos en contra de cuyos actos es procedente el juicio de amparo; esto es, la autoridad y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. Así, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que, para identificar a un acto producido por particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En relación con esto, en la ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil catorce, de la contradicción de tesis 4/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Tercero del Segundo Circuito, Tercero del Tercer Circuito, Segundo, Sexto y Décimo Séptimo del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: '...para los efectos de esta ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general'; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra a subordinación." Posteriormente, la misma Segunda Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2014, en lo que interesa expresó: "Que en tratándose de juicios promovidos bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo, existe un nuevo paradigma respecto del concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional. "... "Que en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Que a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "... "Que este tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: de subordinación, de supraordinación y la de coordinación. "Las relaciones de subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. "Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. "Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. "Que, con base en las notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, atendiendo al marco conceptual que dio origen al texto de la vigente Ley de Amparo, es que, como se indicó en el asunto citado, en cada caso concreto debe analizarse si los actos de que se trata, pueden reputarse como provenientes de autoridad." De lo transcrito se advierte que para el Alto Tribunal del País, la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto "particular" que realiza actos equivalentes a los de autoridad, en la Ley de Amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación. Para ser más precisos, las relaciones de las que se habla son las siguientes: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supra ordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, tratándose de particulares, los sujetos en contra de quienes es procedente el juicio de amparo son aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, siguiendo al Alto Tribunal del País, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese orden de ideas y aterrizando lo anterior al caso que aquí se analiza, aunque el Comisariado Ejidal de la Magdalena Chichicaspa, Huixquilucan, Estado de México, hubiera adoptado la conducta omisiva que refiere la quejosa para proporcionarle información de la parcela de Feliz ortega González, según los artículos 32 y 33, de la Ley Agraria, el Comisariado Ejidal es un órgano del Ejido, esto es, no es un órgano del Estado. Luego, como no es un ente estatal, válidamente se puede afirmar que no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, los artículos 32 y 33, de la Ley Agraria, establecen lo siguiente: "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." De los enunciados transcritos se aprecia que el Comisariado Ejidal, en general, es el encargado de ejecutar los acuerdos que adopta la asamblea, representar y gestionar administrativa el ejido, así como procurar se respeten los derechos de los ejidatarios. En ese orden, de la Ley Agraria no se advierte que el Comisariado Ejidal cuente con facultades para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos. Pues como se ha visto, siguiendo al Alto Tribunal del País, ello es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad (imperio). Ilustra a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, Página 841, que señala: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." Aunado a lo anterior, las relaciones que se dan entre los órganos del ejido y los ejidatarios, como el quejoso, en relación con la posesión o desposesión de un bien agrario, como poder de hecho, en realidad son de coordinación, en tanto que las diferencias que tal situación suscite legalmente no deben resolverse entre ellos mismos, pues para ello se han instituido procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada codificación, el cual establece: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." De igual manera, el artículo 18, fracciones IV y VI de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios dispone lo siguiente: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población." De lo que se advierte que el quejoso puede promover juicio ante el Tribunal Agrario competente a fin de que se le reconozca el derecho del que aduce es titular, de ahí que respecto de los actos que en este momento se analizan, resulta improcedente el presente sumario constitucional. En mérito de lo anterior, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 1º, fracción I, 5°, fracción II y 113, todos de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Dominga Ortega Merced. DOMICILIO Practíquense las notificaciones a la parte quejosa, a través de la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme al artículo 29, fracción I, de la ley de la materia, por así haberlo solicitado. CORREO ELECTRÓNICO En esas condiciones, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene el correo electrónico amparosfederalesgeimor@gmail.com, como "medio de comunicación alterno" (no procesal), para efectos del sumario en que se actúa. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, en este acto se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número telefónico a efecto de poder establecer comunicación. Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 1/2021. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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