Dolores Vianey Reyes Lara
Expediente 1728/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1728/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2018
Partes del expediente
- Dolores Vianey Reyes Lara
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Intégrese el escrito signado por Dolores Vianey Reyes Lara, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales I.A.C.R. y A.V.C.R. a través del cual desahoga la prevención realizada en auto de quince de noviembre del año en curso (fojas 12 y 13), y señala nuevo acto reclamado. ACTOS RECLAMADOS Del análisis integro de la demanda y ocurso de cuenta, se advierte que la quejosa reclama dentro del incidente de liquidación de pensiones alimenticias relativo al juicio de divorcio necesario 835/2010 (etapa de ejecución de sentencia), del Juzgado Segundo Familiar de Toluca, Estado de México: La resolución de nueve de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se declaró improcedente el recurso de revocación planteado, y confirmó el auto de veinte de septiembre de la misma anualidad atinente a la prueba pericial ofrecida por su parte. El auto de veintidós de octubre de la anualidad que transcurre, que declaró desierta la prueba pericial ofertada en el incidente de mérito (nuevo acto reclamado). ANÁLISIS DE PROCEDENCIA En ese tenor, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; mismos que establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Ahora bien, acorde a la regla de procedencia contenida en el citado artículo 107 fracción IV de la legislación de la materia, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución, los cuales gozan de autonomía propia; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Igualmente, en los términos literales del citado precepto legal, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Es menester precisar que por última resolución se entiende, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, esto con la finalidad evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución que se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Ahora bien, la Segunda Sala sostuvo el criterio de que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento; así, sólo procederá el juicio de amparo hasta que se dicte una resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Tal criterio se encuentra en la tesis 2a.VIII/98, Novena Época, con número de registro 196894, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Por su parte, la Primera Sala del alto tribunal consideró que la liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, las determinaciones reclamadas deben ser consideradas como actos ejecutados después de concluido el juicio, o sea, como actos de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia con número de registro 196891, novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contendido siguiente: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento.". Por tanto, los actos que se reclaman en el presente sumario deben considerarse que se encuentran comprendidos como "actos después de concluido el juicio", toda vez que de la información aportada por la autoridad señalada como responsable y lo manifestado por la parte quejosa, se advierte que el veintiocho de febrero de dos mil once, se resolvió en definitiva el juicio 835/2010. Así, los actos tildados de inconstitucionales al existir una sentencia, se consideran actos que no están de manera directa a ejecutar la sentencia principal, sino a preparar su ejecución a través del incidente de liquidación de pensiones alimenticias, empero, tales actos no constituyen la última resolución en esa incidencia. En ese contexto, con base en el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, aún los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo o en su caso, aquellos actos que ponen fin a un procedimiento autónomo después de concluido el juicio, o en ejecución del laudo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Asimismo, como se ha considerado con antelación, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Bajo esa óptica, se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva que ponga fin a aquél, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga. En consecuencia, toda vez que los actos reclamados fueron dictados en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias relativo al juicio de divorcio necesario 835/2010, no constituyen la última resolución dictada en dicho procedimiento, luego entonces, no ocurre en su favor algún motivo por el cual haga procedente el presente juicio de amparo, sino por el contrario, como ya se puntualizó, se actualiza la causa de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. Aunado a lo anterior, de acuerdo a las constancias remitidas por el Juez responsable, se permite deducir que respecto a la resolución de nueve de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se declaró improcedente el recurso de revocación planteado y confirmó el auto de veinte de septiembre de la misma anualidad atinente a la prueba pericial ofrecida por su parte, también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, Lo anterior es así, ya que el acto reclamado por la parte promovente de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, del instructivo y razón de notificación remitidos (fojas 22 y 23) se advierte que contrario a lo aseverado en el libelo de amparo y escrito de cuenta, desde el once de octubre de dos mil dieciocho, la parte recurrente de amparo tuvo conocimiento de tal acto. Con base en ello, y toda vez que el acto de autoridad analizado no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo, resulta indiscutible que contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita; siendo esto del dieciséis de octubre al siete de noviembre de dos mil dieciocho. En tales condiciones, si la demanda que diera origen al presente sumario fue presentada el trece de noviembre de dos mil dieciocho, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado; por ende, es improcedente la demanda intentada.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. OFICIO Intégrese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, a través del cual desahoga el requerimiento de quince de los cursantes, y remite copia certificada de diversas constancias relativas al juicio 835/2010, de su índice. Déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. SE RESERVA Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la parte quejosa desahogue las prevenciones formuladas en el aludido proveído, o en su caso transcurra el término otorgado para tal efecto.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. ESCRITO Intégrese el escrito signado por la promovente de amparo Dolores Vianey Reyes Lara, a través cual solicita la suspensión del acto tildado de inconstitucional. RESERVA Atento a ello y visto el estado procesal de autos se reserva acordar lo conducente hasta en tanto desahogue la prevención formulada el quince de los cursantes, o en su caso, fenezca el termino para hacerlo.
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