Dolores Vianey Reyes Lara
Expediente 930/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2019
Partes del expediente
- Dolores Vianey Reyes Lara
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Visto el escrito signado por Dolores Vianey Reyes Lara, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales A.V.C.R.; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 930/2019-IV-A. ACTOS RECLAMADOS Del análisis integro de la demanda, se advierte que las quejosas reclaman dentro del incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas relativo al juicio de divorcio necesario 835/2010, del Juzgado Segundo Familiar de Toluca, Estado de México: La sentencia interlocutoria de veinticuatro de junio del año en curso, dictada en el recurso de revocación relativo al expediente 835/2010, por el que resuelve confirmar el proveído de diez de junio de esta anualidad, en el cual le negó al quejoso acordar favorable 1. la solicitud de ficha técnica del perito oficial ****; 2. Señalar fecha y hora para tomar muestras caligráficas a Dolores Vianey Reyes Lara; 3. Negó señalar fecha y hora para llevar a cabo una junta de peritos; 4. Omitió realizar pronunciamiento respecto de la tacha de perito tercero en discordia ****y recusación; 5. Tener por objetada la experticia emitida por el perito oficial; y, 6. Omite pronunciarse sobre el argumento del perito ****respecto de documentos cuestionados. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA En ese tenor, es clatro que se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; mismos que establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] En ese contexto, acorde a la regla de procedencia contenida en el citado artículo 107 fracción IV de la legislación de la materia, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución, los cuales gozan de autonomía propia; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Igualmente, en los términos literales del citado precepto legal, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Es menester precisar que por última resolución se entiende, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, esto con la finalidad evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución que se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Ahora bien, la Segunda Sala sostuvo el criterio de que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento; así, sólo procederá el juicio de amparo hasta que se dicte una resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Tal criterio se encuentra en la tesis 2a.VIII/98, Novena Época, con número de registro 196894, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Por su parte, la Primera Sala del alto tribunal consideró que la liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, las determinaciones reclamadas deben ser consideradas como actos ejecutados después de concluido el juicio, o sea, como actos de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia con número de registro 196891, novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contendido siguiente: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento.". Por tanto, se pone de manifiesto que los actos que se reclaman en el presente sumario deben considerarse que se encuentran comprendidos como "actos después de concluido el juicio y que se emitieron dentro de la incidencia planteada en aquél sumario de origen." Por ende, los actos tildados de inconstitucionales al existir una sentencia, se consideran actos que no están de manera directa a ejecutar esa resolución principal, sino a preparar su ejecución a través del incidente de liquidación de pensiones alimenticias, empero, tales actos no constituyen la última resolución en ese cuaderno incidental. Lo anterior es así, porque en el caso en estudio, la quejosa reclama la interlocutoria emitida en el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de diez de junio último, emitido dentro del incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, derivado del expediente 835/2010, del índice del juez responsable, acto que no constituye la última resolución dictada en dicho incidente, luego entonces, no ocurre en su favor algún motivo por el cual haga procedente el presente juicio de amparo, sino por el contrario, como ya se puntualizó, se actualiza la causa de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por ende, se desecha de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. Finalmente, es importante precisar que este juzgador no pasa inadvertida la circunstancia de que la peticionaria no acredita la calidad de representante de la menor de iniciales A.V.C.R.; sin embargo, tal situación no representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, pues a nada práctico conduciría requerir a la impetrante para que satisficiera el requisito en cuestión, ya que en su caso, el desahogo de dicha prevención no conllevaría -de manera esencial- ninguna posibilidad de que este resolutor arribara a una convicción distinta de la precisada en este proveído, en razón de lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia aquí apuntada, de acuerdo con la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Y, por el contrario, postergar el pronunciamiento del resultado substancial que de cualquier modo recaerá al ocurso del solicitante de garantías, sólo acarrearía mayores perjuicios dilatorios al justiciable, en detrimento de lo que impone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Toda vez que el domicilio que señala la quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado (Toluca) o de su zona conurbada (Metepec), conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tienen las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado para tal efecto hasta en tanto señale uno diverso. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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