Dolores Hernández Hernández
Expediente 21/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Dolores Hernández Hernández
- Leonerdo Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que el veintiuno de enero del año actual, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de doce de enero de dos mil veintidós, a través del que se desechó de plano la demanda de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Dolores Hernández Hernández contra actos de la 1. Fiscalía Dos de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Playa Vicente, Veracruz, y la 2. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 21/2022, y provéase lo conducente. Ahora, en atención la certificación y el escrito de demanda con que se da cuenta, se ordena agregar a estos autos para los efectos legales que al caso procedan, copia certificada del escrito de demanda y del auto de once de enero de la presente anualidad, relativas al diverso juicio de amparo 18/2022 de la estadística de este juzgado, con apoyo a lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en concordancia con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. En ese contexto, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto y constancias, el suscrito procede a determinar: En primer término, conviene señalar que del contenido de la demanda que se provee, se señala como actos reclamados, los que a continuación se precisan: AUTORIDAD ACTOS RECLAMADOS 1. Fiscalía Dos de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Playa Vicente, Veracruz a) La omisión de entregar copias de la carpeta de investigación SUIPJ/DXVIII/PV/F2/71/2018 b) La negativa de informar el estado procesal que guarda la carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/PV/F2/71/2018 c) La negativa de que se le reconozca a la quejosa la calidad de víctima indirecta d) La negativa de recibirle pruebas en su calidad de víctima e) La omisión de reconocer a la quejosa la calidad de agraviada o víctima indirecta en su calidad de hermana de quien en vida llevara el nombre de Leonardo Hernández Hernández AUTORIDAD ACTOS RECLAMADOS 2. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz La omisión de reconocer a la quejosa la calidad de agraviada o víctima indirecta en su calidad de hermana de quien en vida llevara el nombre de Leonardo Hernández Hernández Atento a lo anterior, este juzgador con apego en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede a desechar de plano la demanda que se provee, dado que se actualizan tres causas de improcedencia, como enseguida se detalla. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo (litispendencia). La primera hipótesis de improcedencia que se actualiza esta prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que la causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias; por tanto, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia sustentada por dicho Alto Tribunal, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Del precepto normativo y criterio jurisprudencial aludidos se desprende que para que se actualice dicha causa de improcedencia del juicio, se requiere la existencia de dos juicios de amparo en que concurran los presupuestos siguientes: a) Que sea promovido por el mismo quejoso; b) Que se promueva en contra del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; c) En contra de las mismas autoridades responsables; y, d) Que se hayan admitido las demandas respectivas y se encuentren pendientes de resolución. Así pues, en el caso se tiene que el presente juicio (21/2022) fue promovido por Dolores Hernández Hernández, mientras que de las copias certificadas que se agregaron al presente expediente, se aprecia la existencia del diverso juicio de amparo 18/20221 de nuestro índice administrativo, también promovido por la aludida quejosa; de ahí que se colme el primero de los citados requisitos. Asimismo, de acuerdo a lo expuesto por la promovente dentro de su demanda de amparo, antecedentes y conceptos de violación que la conforman -como se precisó-, uno de los actos reclamados en el presente juicio constitucional consiste en: la omisión de reconocer a la quejosa la calidad de agraviada o víctima indirecta en su calidad de hermana de quien en vida llevara el nombre de Leonardo Hernández Hernández; acto que se atribuyó al 2. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz. A su vez, en el juicio de amparo 18/2022 del índice de este Juzgado, según se aprecia que la parte quejosa también señaló como acto reclamado al 2. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz: la omisión de reconocer a la quejosa la calidad de agraviada o víctima indirecta en su calidad de hermana de quien en vida llevara el nombre de Leonardo Hernández Hernández, acto por el cual se admitió y dio trámite al referido juicio de amparo, aun cuando las violaciones esgrimidas por la parte quejosa fueran diversas. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de rubro y texto: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Por lo que ve al tercero de los requisitos, este igualmente se satisface con el hecho de que la autoridad señalada como responsable en ambos juicios de amparo al 2. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que a continuación se reproduce: LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión. En ese tenor, el último de los presupuestos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia en comento, se encuentra debidamente acreditado en autos, toda vez que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el pasado once de enero, y se encuentra pendiente de resolver en fondo del asunto; por su parte, el diverso juicio de amparo 18/2022 del índice de este juzgado, la demanda se presentó el diez de enero de esta anualidad y se admitió el once de enero siguiente, por cuanto hace al referido acto reclamado que se atribuyó al 2. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, que esencialmente consistente en la omisión de reconocer a la quejosa la calidad de agraviada o víctima indirecta en su calidad de hermana de quien en vida llevara el nombre de Leonardo Hernández Hernández -según se aprecia del auto admisorio-, sin que a la fecha se haya dictado sentencia. Por tanto, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de lo dispuesto por los artículos 61, fracción X, y 113, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA la demanda de cuenta en relación al acto reclamado al 2. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, consistente en la omisión de reconocer a la quejosa la calidad de agraviada o víctima indirecta en su calidad de hermana de quien en vida llevara el nombre de Leonardo Hernández Hernández, por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Cabe señalar, a manera de aclaración, que los criterios judiciales citados en el presente fallo continúan siendo aplicables al caso, ya que de acuerdo al artículo Sexto Transitorio del decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo (cosa juzgada). La segunda hipótesis de improcedencia que se actualiza está prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que la causal de improcedencia por actos que hayan sido materia de ejecutoria en otro juicio de amparo en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mimas y autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, pese al desechamiento de la demanda de amparo que, si bien es claro que no se dicta sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado, lo cierto es que cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejecutable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, a pesar de que al desecharse la primera no se analizó de fondo. Todo lo anterior, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias; por tanto, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia sustentada por dicho Alto Tribunal, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada." Del precepto normativo y criterio jurisprudencial aludidos se desprende que para que se actualice dicha causa de improcedencia del juicio, se requiere la existencia de dos juicios de amparo en que concurran los presupuestos siguientes: a) Que sea promovido por el mismo quejoso; b) Que se promueva en contra del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, c) en contra de las mismas autoridades responsables. Así pues, en el caso se tiene que el presente juicio (21/2022) fue promovido por Dolores Hernández Hernández, mientras que de las copias certificadas que se agregaron al presente expediente, se aprecia la existencia del diverso juicio de amparo 18/2022 de nuestro índice administrativo, también promovido por la aludida quejosa; de ahí que se colme el primero de los citados requisitos. Asimismo, de acuerdo a lo expuesto por la parte quejosa dentro de su demanda de amparo, antecedentes y conceptos de violación que la conforman, se advierte que los actos reclamados al 1. Fiscalía Dos de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Playa Vicente, Veracruz, consisten en: a) la omisión de entregar copias de la carpeta de investigación SUIPJ/DXVIII/PV/F2/71/2018, y e) la omisión de reconocer a la quejosa la calidad de agraviada o víctima indirecta en su calidad de hermana de quien en vida llevara el nombre de Leonardo Hernández Hernández. A su vez, en el juicio de amparo 18/2022 del índice de este Juzgado, según se aprecia que la parte quejosa también señaló como actos reclamados a la Fiscalía Dos de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Playa Vicente, Veracruz: 1) la omisión de entregar copias de la carpeta de investigación SUIPJ/DXVIII/PV/F2/71/2018, y 2) la omisión de reconocer a la quejosa la calidad de agraviada o víctima indirecta en su calidad de hermana de quien en vida llevara el nombre de Leonardo Hernández Hernández, aun cuando las violaciones esgrimidas por la parte quejosa fueran diversas. Por lo que ve al tercero de los requisitos, este igualmente se satisface con el hecho de que la autoridad señalada como responsable en ambos juicios de amparo al Fiscalía Dos de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Playa Vicente, Veracruz, quien emitió dicho auto reclamado. En ese tenor, respecto al diverso juicio de amparo 18/2022 del índice de este juzgado, la demanda se presentó el diez de enero de dos mil veintidós, la cual fue desechada de parcialmente (respecto de los mencionados actos reclamados) por acuerdo once de enero siguiente. Por tanto, es evidente que el juicio de amparo, en relación al acto reclamado consistente en a) la omisión de entregar copias de la carpeta de investigación SUIPJ/DXVIII/PV/F2/71/2018, y e) la omisión de reconocer a la quejosa la calidad de agraviada o víctima indirecta en su calidad de hermana de quien en vida llevara el nombre de Leonardo Hernández Hernández, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XI, y 113, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA DE PLANO la demanda, por cuanto hace a dichos actos, por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo (principio de definitividad). Por último, de la demanda de amparo de cuenta se advierte que la quejosa también reclama a la Fiscalía Dos de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Playa Vicente, Veracruz, lo siguiente: La negativa de informar el estado procesal que guarda la carpeta de investigación SUIPJ/DXVIII/PV/F2/71/2018. La negativa de que se le reconozca a la quejosa la calidad de víctima indirecta. La negativa de recibirle pruebas en su calidad de víctima. En ese sentido, el suscrito juzgador considera que se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a la presentación de la demanda de amparo, debió impugnar las omisiones reclamadas a la Fiscalía Dos de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Playa Vicente, Veracruz, mediante el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo esa línea de ideas, conviene destacar que del primer numeral citado, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, resulta pertinente destacar lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en él se advierte que contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido tienen la posibilidad de impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que le sean notificadas dichas determinaciones, en el cual mediante audiencia si se estima que la actuación u omisión que define el curso de una indagatoria es ilegal, se conminará a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Lo que colige que, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debe agotarse ese medio de defensa ordinario, atendiendo al principio de definitividad que rige la técnica del juicio de control constitucional. Tiene sustento la siguiente tesis de rubro y texto siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En tales circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113, en relación con el 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. AUTORIZADO Y DOMICILIO PROCESAL Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase a Wilfredo Gravinsky Herrera Morales, como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos, toda vez que no se encuentra registrado dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Ahora, en virtud de que la promovente de amparo, no señaló domicilio procesal en esta ciudad ni en la conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos todas las actuaciones que se deriven del presente asunto, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto en esta plaza. COMUNICACIONES NO PROCESALES Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA "CISCO WEBEX MEETINGS" Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, se tiene como medio alternativo, únicamente para efectos de entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, el correo electrónico que proporciona, esto es, licwilfher@gmail.com.mx; así como el número telefónico 5513802959; sin que a través de dicha mensajería electrónica y telefónica, se pueda realizar notificaciones, ya que no son medios de notificación previstos por la ley de la materia. Asimismo, se precisa que para el caso de que alguna actuación judicial deba desahogarse por medio de la aplicación tecnología denominada "Cisco Webex Meetings" de acuerdo a lo previsto en los artículos 27, penúltimo párrafo del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 25, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado por Acuerdo General 25/2020, del propio Consejo, se enviará al correo electrónico que se proporciona, la liga de enlace que se genere por este órgano jurisdiccional a través del sistema de videoconferencia antes señalado. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Dolores Andrea del Rayo Mora980/2017
- Dolores Andrea del Rayo Mora116/2010
- Dolores Esmeralda Marcial Rojas522/2017
- Dolores Eugenia Roa Romero546/2022
- Dolores Flores Sánchez196/2018
- Dolores Hernández Hernández18/2022
- Dolores Magno Juárez811/2019
- Dolores Rebolledo López257/2017
- Dolores Rebolledo López185/2018
- Dolores Rebolledo López40/2018
- Dolores Rebolledo López292/2018
- Dolores Rebolledo López993/2018