Dolores Eugenia Roa Romero
Expediente 546/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Dolores Eugenia Roa Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 546/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 141 a 171), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, tal como se advierte de la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós (fojas 67 a 71 relativo al incidente de suspensión original), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de las constancias que integran este asunto, se advierte que mediante proveído de siete de julio pasado (foja 102), se tuvo a la 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Metropolitano del Agua, y la 3. Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua, ambos con sede en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias anexas a sus informes justificados -con las cuales se formaron dos cuadernos de pruebas-; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvanse a su lugar de origen los cuadernos de pruebas a las responsables señaladas con los arábigos (2) y (3), para los efectos legales conducentes. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 141 a 171), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, tal como se advierte de la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós (fojas 67 a 71 relativo al incidente de suspensión original), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de las constancias que integran este asunto, se advierte que mediante proveído de siete de julio pasado (foja 102), se tuvo a la 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Metropolitano del Agua, y la 3. Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua, ambos con sede en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias anexas a sus informes justificados -con las cuales se formaron dos cuadernos de pruebas-; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvanse a su lugar de origen los cuadernos de pruebas a las responsables señaladas con los arábigos (2) y (3), para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En esta fecha se notifica a la parte quejosa por lista de acuerdos la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, mismo que dice: veintidós de noviembre de dos mil veintidósSENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 546/2022 promovido por Dolores Eugenia Roa Romero. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el seis de junio de dos mil veintidós y turnado el siete de junio siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 8-26). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de ocho de junio siguiente, se acordó: radicar el juicio 531/2022; admitir la demanda de amparo promovida por Petra Chávez Velazco y otros y, decretar la separación de la aludida demanda en nueve juicios individuales, entre ellas, la promovida por la aquí quejosa, dada la autonomía advertida de los actos reclamados (fojas 3-6). Turnada nuevamente la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional (foja 1) por auto de diez de junio siguiente, se acordó: radicar el presente juicio 546/2022; admitir la demanda de amparo promovida por la aquí quejosa; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 38-42). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 49-101, 104-105, 109-116 y 121-133). Por auto de seis de septiembre del año en curso, se acordó: requerir a la parte quejosa manifestara dentro del plazo de quince días, si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de nuevos actos atribuidos al 3. Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua, ambos en Veracruz, Veracruz y, señalar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 134-135). En audiencia de trece de octubre del año en curso, se certificó que la parte quejosa no amplió su demanda de amparo en el plazo concedido, por lo que se acordó continuar la tramitación del asunto en los términos propuestos inicialmente (fojas 138-139). Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse la omisión de una autoridad administrativa de dar respuesta a una solicitud, que atenta contra el derecho fundamental de petición de la parte quejosa, así como la actuación irregular de dichas autoridades por la prestación de los servicios de suministro de agua potable, que sostiene la parte quejosa, afecta irreparablemente su derecho humano de acceso al agua; actos impugnables en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados consisten en: 1). La falta de respuesta a los puntos solicitados respecto a la realización del cobro de agua, mediante escrito de petición presentado ante el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz y el Instituto Metropolitano del Agua. 2). La falta de aplicación del subsidio del cincuenta por ciento de descuento en los recibos sobre los montos acumulados, en los casos de jubilados, pensionados y adultos mayores. 3). El cobro condicionado estipulado en la tipología E4 usuarios para el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario (drenaje) y saneamiento. 4). Incumplimiento de la obligación de dotación de agua potable, en términos de las condiciones 8 y 9 del Título de Concesión otorgado a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, con la calidad para su consumo de acuerdo con las normas de la Secretaría de Salud. 5). Incumplimiento del artículo 96 bis, fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz. 6). Del acuerdo por el que el Órgano de Gobierno aprueba la política tarifaria conforme a lo establecido en el título de concesión otorgado a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable: i. La utilización mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor como factor en el precio de las tarifas de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. ii. El cobro en el precio del servicio de agua potable en proporción del 40 por ciento. iii. El cobro en el precio de los servicios de saneamiento y drenaje en proporción del 40 por ciento. 7). El incumplimiento de la aplicación del artículo 96 ter, fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre, al otorgar el título de concesión a los municipios de Veracruz y Medellín a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. 8). El incumplimiento de la aplicación del artículo 49 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz. 9). El cobro indebido de los servicios de agua potable y saneamiento. Todos esos actos atribuidos por igual a las autoridades: 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Metropolitano del Agua, 3. Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua y 4. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, todos en Veracruz, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. Para una mejor comprensión del asunto, se precisa que en el presente apartado se analizará la inexistencia de los actos reclamados consistentes en: ".2). La falta de aplicación del subsidio del cincuenta por ciento de descuento en los recibos sobre los montos acumulados, en los casos de jubilados, pensionados y adultos mayores. 3). El cobro condicionado estipulado en la tipología E4 usuarios para el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario (drenaje) y saneamiento. 4). Incumplimiento de la obligación de dotación de agua potable, en términos de las condiciones 8 y 9 del Título de Concesión otorgado a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, con la calidad para su consumo de acuerdo con las normas de la Secretaría de Salud. (.) 6). Del acuerdo por el que el Órgano de Gobierno aprueba la política tarifaria conforme a lo establecido en el título de concesión otorgado a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable: i. La utilización mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor como factor en el precio de las tarifas de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. ii. El cobro en el precio del servicio de agua potable en proporción del 40 por ciento. iii. El cobro en el precio de los servicios de saneamiento y drenaje en proporción del 40 por ciento. (.) 9). El cobro indebido de los servicios de agua potable y saneamiento." Estos atribuidos a la 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Metropolitano del Agua y 3. Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua, todos en Veracruz, Veracruz. Asimismo, dada la naturaleza de dichos actos, se puede concluir que todos ellos se relacionan con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en particular, con: el cobro de dichos servicios; la aplicación del subsidio en los casos de jubilados, pensionados y adultos mayores; la utilización de la tipología E4 y los factores aplicados en su cobro. En ese sentido, es posible englobar dichos actos en este apartado, pues como se observa, todos ellos se encuentran íntimamente vinculados con el COBRO por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En el caso concreto, respecto de los destacados actos reclamados, se advierte que, al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables: 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Metropolitano del Agua y 3. Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua, todos en Veracruz, Veracruz, negaron su existencia (fojas 49-101 y 104-105). En efecto, del artículo 115, fracción III, inciso a), segundo párrafo, de la Constitución Federal, en íntima relación con el 3 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, se desprende que los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado pueden ser brindados directamente por el Ayuntamiento o a través de Organismos Operadores de dichos servicios. Por otra parte, los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 10, fracciones I a V, así como su artículo primero transitorio, del Acuerdo por el que se crea el Instituto Metropolitano del Agua, disponen: "Artículo 1. El Instituto Metropolitano del Agua será un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, titular de bienes y derechos en los términos del presente Acuerdo; con jurisdicción de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo. El Instituto se creará como un organismo regulador y supervisor de la conservación, administración, buen uso, crecimiento y desarrollo de la infraestructura que integra el Sistema Metropolitano para la explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las aguas destinadas a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, aguas de reuso, saneamiento y disposición final de las aguas dentro la jurisdicción de su competencia. Artículo 4. Para efecto del presente Acuerdo, el Sistema Metropolitano de Agua es el conjunto de instalaciones públicas y privadas destinadas a la explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las aguas dentro la jurisdicción de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo; así como de aquellos que se adhieran al Instituto; destinadas a la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, aguas de reuso, saneamiento y disposición final a cargo del Instituto, concesionarios y permisionarios de acuerdo a las disposiciones federales, estatales y municipales. Artículo 5. El Instituto tendrá, en lo general, la representación legal de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo en las materias de su objeto; y tendrá la misma representación respecto de aquellos municipios que se adhieran al mismo. Artículo 6. El Instituto será el titular y representante legal de los derechos y obligaciones ante las autoridades federales respecto de planes, programas, concesiones y demás actos jurídicos relacionados con la explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las aguas nacionales de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo y de aquellos que se adhieran al mismo. Artículo 7. El Instituto tendrá el carácter de autoridad ante los usuarios, concesionarios o permisionarios de las instalaciones del Sistema Metropolitano. Artículo 10. El Instituto tendrá facultades para: I. Planear, proyectar, promover, autorizar y construir la infraestructura pública que requiera el Sistema Metropolitano. II. Regular la captación, dotación y prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reuso, saneamiento y disposición final del Sistema Metropolitano. III. Supervisar la adecuada prestación de los servicios indicados en el inciso anterior, que sean proporcionados a través de terceros que administren, operen o usen las instalaciones del Sistema Metropolitano, dentro del ámbito de competencia municipal y de acuerdo a la coordinación institucional con las autoridades federales, estatales y municipales. IV. Supervisar que los usuarios, concesionarios y permisionarios del Sistema Metropolitano cumplan en todo lo concerniente a las leyes federales, estatales y municipales que norman los servicios públicos de la materia. V. Las atribuciones que, como Organismo Operador, en términos de los artículos 4 fracción XXV y demás relativos del Título Segundo de las autoridades Estatales y Municipales, Capítulo II, Secciones Primera y Segunda de la Ley de Aguas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le otorgan; así como las relativas a las funciones de autoridad para realizar los medios de apremio y requerimientos de toda índole a particulares respecto del cumplimiento de las disposiciones legales. (.) IX. Realizar todo tipo de actos que dentro de su competencia le permitan cumplir con su objeto. Artículo primero transitorio. El Instituto realizará las funciones de supervisión y vigilancia del Título de Concesión otorgado a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V. para la prestación de los servicios de agua y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín. Para efectos del Título de Concesión indicado en el párrafo anterior, el Instituto asumirá los derechos y obligaciones que anteriormente detentaba el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín." Asimismo, el artículo 40, de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, dispone: "Artículo 40. Al frente del Organismo Operador habrá un Director quien, además de cumplir con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre, deberá contar con experiencia técnica comprobada en materia de aguas, no menor a dos años. El Director será designado y removido por el Ayuntamiento, a propuesta del Órgano de Gobierno, y tendrá las siguientes atribuciones: I. Representar legalmente al organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; formular querellas y denuncias, otorgar el perdón judicial, formular posiciones y rendir informes; promover y desistirse del juicio de amparo, así como promover juicio de lesividad; II. Elaborar el programa operativo anual del organismo y someterlo a la aprobación del Órgano de Gobierno; III. Ejecutar el programa operativo anual aprobado por el Órgano de Gobierno; IV. Ordenar la publicación en la Tabla de Avisos y en el periódico de mayor circulación del municipio de que se trate, de las cuotas y tarifas determinadas por el Órgano de Gobierno; V. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo; VI. Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el funcionamiento del organismo, previo acuerdo del Órgano de Gobierno; VII. Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa autorización del Órgano de Gobierno, el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas o privadas; VIII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación del Órgano de Gobierno las erogaciones extraordinarias; IX. Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes, de conformidad con la legislación aplicable; X. Ejecutar los acuerdos del Órgano de Gobierno; XI. Rendir al Ayuntamiento los informes sobre el cumplimiento de acuerdos de su Órgano de Gobierno; resultados de los estados financieros; avance en las metas establecidas en el programa operativo anual y en los programas de operación aprobados por el Órgano de Gobierno; cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas; presentación anual del programa de labores y los proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; XII. Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y las personas de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común; XIII. Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, de inspección y de verificación, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás legislación aplicable; XIV. Ordenar que se practiquen, en forma regular y periódica, tomas de muestras y análisis del agua; llevar estadísticas de sus resultados y adoptar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la población, así como de la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable; XV. Imponer sanciones a los usuarios por infracciones a las disposiciones de esta ley; XVI. Resolver el recurso administrativo de revocación que se interponga en contra de sus resoluciones; XVII. Nombrar y remover al personal directivo del organismo, debiendo informar al Órgano de Gobierno en su siguiente sesión; XVIII. Someter a la aprobación del Órgano de Gobierno el proyecto de reglamento interior del organismo; y XIX. Las demás que señale esta Ley y demás legislación aplicable." De la lectura de los aludidos numerales, se desprende que el Instituto Metropolitano del Agua es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con jurisdicción de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, creado como un organismo regulador y supervisor de la conservación, administración, buen uso, crecimiento y desarrollo de la infraestructura que integra el Sistema Metropolitano para la explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las aguas destinadas a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, aguas de reuso, saneamiento y disposición final a cargo del Instituto, concesionarios y permisionarios de acuerdo con las disposiciones federales, estatales y municipales. Dentro de sus facultades, se encuentra la de regular la captación, dotación y prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reuso, saneamiento y disposición final del Sistema Metropolitano; así como supervisar la adecuada prestación de esos servicios, que sean proporcionados a través de terceros que administren, operen o usen las instalaciones del Sistema Metropolitano; supervisar que los concesionarios y permisionarios del Sistema Metropolitano cumplan en todo lo concerniente a las leyes federales, estatales y municipales que norman los servicios públicos de la materia. De lo anteriormente expuesto se advierte que el Ayuntamiento Municipal de Veracruz, puede brindar directamente los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, lo cual puede realizar también a través del Organismo Operador denominado Instituto Metropolitano del Agua. No obstante, se concluye que dichas autoridades responsables (las identificadas con los números 1, 2 y 3) no se encuentran facultadas para participar de manera directa en los aspectos relacionados con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pues al efecto existe un título de concesión oficial que otorga a una empresa particular (concesionaria) la autorización para prestar directamente dichos servicios, pero sobre todo, la autoriza para llevar a cabo aquéllos actos relacionados con el cobro de los mismos, incluyendo la aplicación del subsidios en los casos de jubilados, pensionados y adultos mayores; la utilización de la tipología y la aplicación de factores en su cobro, que precisamente constituyen los actos reclamados que se analizan en este apartado. Ello es así, porque se advierte que el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el Título de Concesión que otorgan los Municipios de Veracruz y Medellín, a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V., para la prestación de los servicios de agua y saneamiento de dichos municipios; documento que no está sujeto a prueba, en atención al principio de derecho plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así, la condición número 3 del aludido documento establece: ".Objeto de la Concesión. La Concesión que ampara el presente Título de Concesión tiene por objeto otorgar a su titular los derechos irrevocables para: (a) Administrar, suministrar, distribuir, generar y controlar la cantidad, calidad y continuidad del agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales en la Jurisdicción de la Concesión. (b) Cobrar y recibir todos los ingresos derivados de la Recaudación Tarifaria por la prestación de los servicios concesionados de agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales, de acuerdo a las Tarifas Vigentes. (c) Ejercer las actividades de Cobranza y facturación de las Tarifas Vigentes de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y aguas residuales, de acuerdo a las tarifas vigentes, en nombre y representación del SAS. (d) Prestar los servicios de potabilización, alcantarillado, y saneamiento que a la fecha de la emisión del Aviso de Inicio de Operaciones corresponden prestar a los Municipios de Veracruz y Medellín. (e) Planeación, programación, presupuestación, evaluación, administración de los recursos humanos, financieros y materiales destinados a la prestación de los servicios concesionados de agua y saneamiento en la Jurisdicción de la Concesión." Por su parte, las condiciones número 8 y 9 del mismo, disponen: ".8. Derechos y Obligaciones de la Concesionaria. La Concesionaria será responsable de la prestación de los Servicios Concesionados en los Municipios de Veracruz y Medellín, los cuales de manera enunciativa y no limitativa se relacionan a continuación: (a) Recaudación Tarifaria de todos los ingresos derivados de la prestación de los Servicios Concesionados de agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales, de acuerdo a las Tarifas Vigentes. (b) Actividad de Cobranza de las Tarifas Vigentes de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y aguas residuales, las cuales ejercerá en nombre y representación del SAS. (c) Actualización del Padrón de Usuarios de los Servicios Concesionados y del inventario de las redes e instalaciones, así como de los planos correspondientes. (d) Dotación de Agua Potable a la Población de la Jurisdicción, con la calidad para su consumo de acuerdo a las normas de la Secretaría de Salud, debiendo disponer de todo lo necesario para proporcionar dicho servicio. (e) Tratamiento de las Aguas Residuales de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia establece la Comisión Nacional del Agua. (f) Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica, tales como instalaciones de captación, conducción y distribución de agua potable y demás Instalaciones y Equipos. (g) Mantenimiento de micro-medidores (hidrómetros); así como la colocación y reemplazo planeado de los mismos. La Concesionaria no será responsable por los hidrantes de combate a incendio y sus conexiones; sin embargo, los hidrantes o tomas que sean destinados a abastecimiento de agua a la población si serán administrados por la Concesionara. (h) Uso y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del Dominio Público destinados a la prestación de los Servicios Concesionados, que le sean asignados mediante el Contrato de Arrendamiento, para el logro de sus objetivos a los cuales dará el mantenimiento que requieran para su conservación; comprometiéndose a darles exclusivamente el uso en comendado. (i) Los demás que le confieran los Entes Concedentes. En ningún caso las obligaciones a cargo de la Concesionaria podrán exceder de los compromisos y obligaciones asumidas por el Concursante Ganador de la Licitación Pública en la Propuesta Ganadora. En la prestación de los Servicios Concesionados, la Concesionaria dará cumplimiento a las disposiciones que impone la Ley de Aguas Nacionales en materia de derechos de agua, dentro del ámbito de su competencia y, en general, a los lineamientos que al respecto imponga la Comisión Nacional del Agua, en el entendido de que, si por ello se derivan inversiones, gastos o costos adicionales a los contenidos en la Propuesta Ganadora se aplicará lo dispuesto en la Condición 21 del presente Título de Concesión. En la prestación de los Servicios Concesionados todos los trabajos que realice procurarán hacer eficiente la operación, administración y funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Municipios de Veracruz y Medellín. 9. Metas de Eficiencia. La Concesionaria con el propósito de alcanzar las Metas de Eficiencia, establecidas en el numeral 9.6 de las Bases de Licitación, deberá ejecutar los Programas de Inversiones de acuerdo con los plazos propuestos en la Propuesta Ganadora de la Licitación Pública. El SAS podrá solicitar ajustes en las Metas de Eficiencia Propuestas, siempre que los costos adicionales que se generen por estos ajustes sean reconocidos a través de la Condición 21 del presente Título de Concesión. La Concesionaria deberá recuperar el Certificado de Calidad del Agua para consumo humano, otorgado por la Secretaría de Salud, mismo que deberá estar refrendado anualmente." Asimismo, los artículos 99, 100, último párrafo, 104 y 105 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, establecen lo siguiente: "Artículo 99. El órgano de gobierno, o su equivalente, del Organismo Operador, así como los concesionarios, aprobarán las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo. En todo caso, las cuotas y tarifas se determinarán y actualizarán por el prestador de los servicios acatando las metodologías que al efecto expida el Consejo. Estas metodologías establecerán los parámetros y su interrelación para el cálculo de las tarifas medias de equilibrio, con base en la fórmula general que se define en el siguiente artículo." "Artículo 100. (.) El órgano de gobierno del organismo operador, o el concesionario podrán, a su juicio otorgar subsidios por cuanto al pago de los servicios que regula esta Ley, a particulares de escasos recursos económicos, dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas o de asistencia pública o privada." "Artículo 104. El cálculo de las cuotas por consumo de agua potable se efectuará aplicando la tarifa al número de metros cúbicos consumidos. Para estos efectos, el prestador de servicio determinará el consumo de agua por medio de la lectura de los aparatos medidores. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la tarifa de agua se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en promedio de los tres últimos períodos, o en su defecto, del último periodo pagado, en los casos que determine el reglamento." "Artículo 105. La determinación y pago de la cuota por consumo de agua se realizará por períodos mensuales y se deberá efectuar dentro del mes siguiente al periodo que se cubre." De las condiciones del título de concesión y los dispositivos transcritos, se desprende que a la empresa concesionaria prestadora de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, corresponde: cobrar, facturar y recibir todos los ingresos derivados por la prestación de esos servicios, conforme a las tarifas vigentes; otorgar subsidios por cuanto a su pago, a particulares de escasos recursos económicos; determinar y actualizar las cuotas y tarifas, acatando las metodologías que al efecto expida el Consejo Consultivo del organismo Operador; calcular las cuotas por consumo de agua potable, aplicando las tarifas vigentes; así como recuperar el certificado de calidad del agua para consumo humano otorgado por la Secretaría de Salud, con su refrendo anual. Por todo lo anterior, como ya se dijo, se concluye que las autoridades responsables identificadas con los números 1, 2 y 3, no se encuentran facultadas para participar en los aspectos relacionados con el cobro por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, dado que para ello se otorgó un título de concesión oficial en el que se autorizó a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V., para llevar a cabo todos los actos relacionados con el cobro de esos servicios, aplicando para ello las tarifas vigentes, utilizando los factores de actualización respectivos y, pudiendo, en su caso, otorgar los subsidios correspondientes; además de recabar el certificado de calidad del agua para consumo humano. No pasa inadvertido que el artículo 95, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, establezca que en el cobro de las cuotas o tarifas por concepto de servicios de agua potable y alcantarillado a pensionistas y jubilados, viuda o concubina de éstos, así como a los adultos mayores de sesenta y cinco años y, personas con discapacidad física, el Ayuntamiento podrá disminuir el cincuenta por ciento sobre la cuota o tarifa correspondiente, siempre que se cumplan ciertos requisitos. No obstante, como se vio con antelación, en el caso, el Ayuntamiento del Municipio de Veracruz concesionó la prestación de esos servicios a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V., a la cual, conforme al propio título de concesión y al último párrafo del numeral 100 de la Ley de Aguas aludida, se facultó para que, a su juicio, otorgue subsidios por el pago de tales servicios; de allí, que tal facultad haya sido trasladada por el Ayuntamiento de Veracruz a la empresa prestadora de los servicios de que se trata y, por tanto, sea a ésta a quien le compete ejercerla. Pues, además, la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al Ayuntamiento de Veracruz, sino sólo y de manera individual, a su Presidenta Municipal. Lo mismo sucede con la atribución que se contempla en el citado último párrafo del numeral 100 de la Ley de Aguas, que faculta al Órgano de Gobierno del organismo operador Instituto Metropolitano del Agua, a otorgar subsidios en el cobro de esos servicios, pues en el particular, la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al Órgano de Gobierno aludido, sino únicamente y de manera individual, al Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano y al Director General, ambos del Instituto Metropolitano del Agua. Ello desde la perspectiva que el Órgano de Gobierno del Instituto Metropolitano del Agua, conforme lo disponen los artículos 36, 37, 38, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV y 39, todos de la Ley 21 de Aguas de Veracruz, se integra: por el Presidente Municipal, quien lo presidirá; el Regidor que tenga a su cargo la comisión en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; tres Representantes de los Usuarios y, el Titular del Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, en funciones de Comisario. Sentado todo lo anterior, se concluye que no existen los actos reclamados destacados en el presente apartado (los reseñados en los puntos 2, 3, 4, 6 y 9) atribuidos a las autoridades responsables: 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Metropolitano del Agua y, 3. Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua, todos en Veracruz, Veracruz, pues como se vio, no les compete ordenar, participar o ejecutar los referidos actos. En consecuencia, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las aludidas autoridades responsables en la emisión, ejecución o participación en los actos que les atribuye, lo que le correspondía realizar; con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo por cuanto hace a los referidos actos. CUARTO. Inexistencia de actos. Se pasa ahora a verificar la inexistencia de los actos reclamados consistentes en: ".5). Incumplimiento del artículo 96 bis, fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz. (.) 7). El incumplimiento de la aplicación del artículo 96 ter, fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre, al otorgar el título de concesión a los municipios de Veracruz y Medellín a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. 8). El incumplimiento de la aplicación del artículo 49 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz. (.)" En la especie, respecto de los destacados actos combatidos, se advierte que, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables: 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Metropolitano del Agua, 3. Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua y 4. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, todos en Veracruz, Veracruz, negaron su existencia (fojas 48-101, 104-105, 109-116 y 121-133). Ahora bien, con el propósito de corroborar la negativa de las referidas autoridades responsables, se torna necesario conocer el contenido de los artículos 96 bis, fracción III, 96 ter, fracción II, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz y 49 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, respecto de los cuales la parte quejosa señala que dichas autoridades han incumplido en su aplicación. Los de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz, disponen: "Artículo 96 bis. Las concesiones para prestar servicios públicos municipales deberán sujetarse a las bases siguientes: (.) III. Determinación del régimen a que deberán estar sometidas las concesiones, limitando el término de las mismas, que no excederá de quince años, así como las causas de extinción y la forma de vigilancia en la prestación del servicio. Se exceptúa de la disposición anterior la concesión del servicio público de panteones, así como cualquier otra que el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, considere pertinente bien por el interés social de la concesión o porque su otorgamiento por mayor tiempo beneficie al Ayuntamiento; (.)" "Artículo 96 ter. Las concesiones para usar, explotar y aprovechar bienes de dominio público municipal deberán sujetarse a las bases siguientes: (.) II. Sólo podrán ser otorgadas a favor de individuos mexicanos o de sociedades constituidas conforme a las leyes del país con cláusula de exclusión de extranjeros; (.)" Y el de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, establece: "Artículo 49. El plazo máximo de la concesión que otorgue el Ayuntamiento será de quince años y, a su vencimiento, éste podrá solicitar al Congreso del Estado, en forma motivada y fundada, la prórroga de la vigencia del título de concesión, por otro período similar. Las concesiones podrán extinguirse, según sea el caso, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, el Título de Concesión y demás disposiciones legales aplicables." Del contenido de los citados numerales, complementado con lo que disponen los diversos 35, fracción XXIII y 96 de la citada Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz, se advierte que los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, con la autorización del Congreso del Estado o la Diputación Permanente, podrán concesionar la prestación total o parcial de los servicios públicos municipales que por su naturaleza, características o especialidad lo permitan. Asimismo, se observa que en las concesiones que otorguen los Ayuntamientos para prestar esos servicios públicos municipales, entre otras cuestiones, se deberá determinar el régimen a que se someterán las mismas, limitando el término de éstas, el cual no podrá exceder de quince años, así como las causas de extinción y la forma de vigilancia en la prestación de los servicios; con excepción de la concesión del servicio público de panteones y de cualquier otra que el Congreso del Estado o la Diputación Permanente considere pertinente por el interés social o porque su otorgamiento por mayor tiempo beneficie al Ayuntamiento. Al vencimiento de las concesiones, el Ayuntamiento podrá solicitar al Congreso del Estado la prórroga de la vigencia del título de concesión por otro período similar. De igual manera, del contenido del artículo 47, fracción I, de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, se desprende que, los Ayuntamientos del Estado pueden otorgar concesiones de manera total o parcial de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Establecido lo anterior, se puede colegir que el reclamo planteado por la parte quejosa en su demanda de amparo, se relaciona directamente con la autorización del Ayuntamiento del Municipio de Veracruz para concesionar total o parcialmente los servicios públicos municipales, entre ellos, los de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; así como con el régimen a que deberán estar sometidas dichas concesiones, estableciendo el plazo de su duración y los casos de procedencia de la prórroga en su vigencia. En el caso concreto, debe concluirse que el incumplimiento de las referidas disposiciones normativas, atribuidas por la parte quejosa a las autoridades responsables, no compete de manera individual a la 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, pues como se observa del contenido de los numerales citados con antelación, su cumplimiento compete de manera exclusiva al Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, el cual, conforme lo dispone el artículo 18, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica del Municipio de Libre del Estado de Veracruz, se integra por el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores, autoridades que en su conjunto y como integrantes del Ayuntamiento, no fueron señaladas como responsables en el presente juicio de amparo. Lo mismo se puede concluir respecto de los destacados actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables: 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Metropolitano del Agua, 3. Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua y 4. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, todos en Veracruz, Veracruz, pues como se observa de lo antes expuesto, a la única autoridad que compete el cumplimiento de las disposiciones normativas que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, es al Ayuntamiento, en el caso, del Municipio de Veracruz, Veracruz, mismo que se integra, como ya se dijo, por el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores, mas no a las mencionadas autoridades señaladas como responsables. Luego, si la parte quejosa no desvirtuó la negativa de dichas responsables, es decir, que éstas hayan ordenado, participado o ejecutado, ni tampoco que dentro de sus facultades y atribuciones legales se encuentre el cumplimiento de las disposiciones normativas de que se trata (actos reseñados en los puntos 5, 7 y 8) lo que le correspondía realizar en razón de la carga de la prueba; con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de dichos actos y por las autoridades destacadas en este considerando (las identificadas con los números 1, 2, 3 y 4). QUINTO. Inexistencia de actos. En otro orden, se pasa a verificar la inexistencia del acto reclamado consistente en: "1). La falta de respuesta a los puntos solicitados respecto a la realización del cobro de agua, mediante escrito de petición presentado ante el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz y el Instituto Metropolitano del Agua." Este acto atribuido por la parte quejosa, entre otras autoridades, al 4. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en Veracruz, Veracruz. Lo que se estima de esa manera, pues si bien en su demanda de amparo la parte quejosa refiere que presentó escrito ante el Ayuntamiento de Veracruz y el Instituto Metropolitano del Agua, solicitando se realice el cobro del agua en función de la Ley; no menos es verdad que la quejosa también atribuyó dicho acto al: 4. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en Veracruz, Veracruz, ya que de la aludida demanda de amparo se advierte lo siguiente: ".C.- Al Director General de la Empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. DE C.V. (Empresa Mixta) le reclamo: 1) LA FALTA DE RESPUESTA DE LOS PUNTOS SOLICITADOS DE LOS OFICIOS DE PETICIÓN PRESENTADOS A LA AUTORIDAD PARA QUE REALICEN EL COBRO DEL AGUA EN FUNCIÓN DE LA LEY." (párrafos once y doce de la foja 14) Sentado lo anterior, se advierte que al rendir su informe justificado el 4. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en Veracruz, Veracruz, de manera genérica, negó la existencia de los actos reclamados a dicha empresa (fojas 109-116). En ese sentido, debe tenerse por inexistente el destacado acto reclamado, máxime que de la copia simple del escrito de veintisiete de abril de dos mil veintidós que la parte quejosa acompañó a su demandada de amparo, se advierte que éste fue dirigido únicamente a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz y al Presidente del Consejo Consultivo del Instituto Metropolitano del Agua, con atención a la Directora General del aludido Instituto (fojas 28-33) es decir, no se observa que tal ocurso haya sido presentado ante la empresa prestadora del servicio de agua de que se trata, ya sea dirigido de manera directa o con copia marcada para la misma. Luego, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de la referida empresa señalada como autoridad responsable, esto es, que la misma haya sido omisa en dar respuesta a la petición presentada por escrito por la parte quejosa, lo que le correspondía realizar en razón de la carga de la prueba; con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo por cuanto hace al referido acto reclamado, ante su inexistencia y por la citada empresa responsable. SEXTO. Certeza de actos. Se pasa ahora a verificar la existencia del acto reclamado consistente en: ".1). La falta de respuesta a los puntos solicitados respecto a la realización del cobro de agua, mediante escrito de petición presentado ante el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz y el Instituto Metropolitano del Agua." En el caso, es cierto el acto reclamado a la 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, en razón que así lo reconoció al rendir su informe justificado (fojas 104-105). Asimismo, es cierto el destacado acto atribuido al 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Metropolitano del Agua en Veracruz, Veracruz. Ello es así, pues a pesar de que dicha autoridad al rendir su informe justificado, negó que la parte quejosa haya presentado la solicitud por escrito de que se trata, dado que -refiere- no obra su firma como Presidente ni tampoco el sello de recepción de esa Presidencia (fojas 49-73); no obstante, dicha negativa se ve desvirtuada con la copia simple del escrito de veintisiete de abril de dos mil veintidós que la parte quejosa acompañó a su demandada de amparo, dirigido entre otros, al Presidente del Consejo Consultivo del Instituto Metropolitano del Agua, en donde obra el sello de recepción del aludido Instituto en la misma fecha, el cual presenta la leyenda ".CORRESPONDENCIA RECIBIDA..." (fojas 28-33); de allí, que se tenga por demostrada la existencia del referido acto. Máxime que el artículo 13, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Metropolitano del Agua, establece que el Consejo Consultivo Ciudadano es parte integrante del aludido del Instituto, por lo que al constar en el escrito de que se trata el sello de su recepción en el Instituto, es suficiente para estimar que sí lo recibió, al ser dicha autoridad parte integrante de éste. Por otra parte, el 3. Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negó el destacado acto reclamado (fojas 74-101, 121-133). En efecto, la referida autoridad informó que no existe la omisión reclamada, dado que mediante oficios IMA/CI/INC/232/2022 y IMA/DG/253/2022, notificados a la parte quejosa el dieciocho de mayo y ocho de agosto, del año en curso, se dio respuesta por escrito a la solicitud de que se trata. No obstante, dicha negativa se ve desvirtuada, en la medida que se observa que al día en que se presentó la demanda de amparo con que se formó el presente asunto, que lo fue el seis de junio de dos mil veintidós, no se había dado respuesta por parte de la autoridad a la solicitud que por escrito le presentó la parte quejosa el veintisiete de abril del citado año, lo cual sucedió con posterioridad a esa fecha, esto es, hasta el cuatro de agosto del presente año. De allí, que se concluya que en la fecha en que se presentó la demanda de amparo, sí existía la omisión atribuida a dicha autoridad de dar respuesta al escrito aludido. SÉPTIMO. Certeza de actos. Corresponde ahora verificar la certeza de los actos reclamados atribuidos al 4. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en Veracruz, Veracruz, consistentes en: ".2). La falta de aplicación del subsidio del cincuenta por ciento de descuento en los recibos sobre los montos acumulados, en los casos de jubilados, pensionados y adultos mayores. 3). El cobro condicionado estipulado en la tipología E4 usuarios para el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario (drenaje) y saneamiento. 4). Incumplimiento de la obligación de dotación de agua potable, en términos de las condiciones 8 y 9 del Título de Concesión otorgado a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, con la calidad para su consumo de acuerdo con las normas de la Secretaría de Salud. (.) 6). Del acuerdo por el que el Órgano de Gobierno aprueba la política tarifaria conforme a lo establecido en el título de concesión otorgado a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable: i. La utilización mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor como factor en el precio de las tarifas de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. ii. El cobro en el precio del servicio de agua potable en proporción del 40 por ciento. iii. El cobro en el precio de los servicios de saneamiento y drenaje en proporción del 40 por ciento. (.) 9). El cobro indebido de los servicios de agua potable y saneamiento." En la especie, respecto de dichos actos y como ya se explicó en el considerando tercero de la presente sentencia, al cual se remite el suscrito juzgador en sus consideraciones para tenerlas por reproducidas en el presente apartado y evitar repeticiones innecesarias, se conoció que la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en Veracruz, Veracruz, es la concesionaria prestadora de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a la cual le corresponde: cobrar, facturar y recibir todos los ingresos derivados por la prestación de esos servicios, conforme a las tarifas vigentes; otorgar subsidios por cuanto a su pago, a particulares de escasos recursos económicos; determinar y actualizar las cuotas y tarifas, acatando las metodologías que al efecto expida el Consejo Consultivo del organismo Operador; calcular las cuotas por consumo de agua potable, aplicando las tarifas vigentes; así como recuperar el certificado de calidad del agua para consumo humano otorgado por la Secretaría de Salud, con su refrendo anual. Así, al rendir su informe justificado el 4. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en Veracruz, Veracruz, de manera genérica, negó la existencia de los actos reclamados (fojas 109-114). En el aludido informe dicha empresa reconoce que derivado de la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el domicilio que la parte quejosa refiere habitar, ubicado en calle Laguna Verde, lote 130, Laguna de Tamos/Laguna del Coyol, Unidad Habitacional el Coyol, en Veracruz, Veracruz, el cual se encuentra registrado con el número 105063, se generó un adeudo por falta de pago por la cantidad de $17,357.87 (diecisiete mil trescientos cincuenta y siete pesos ochenta y siete centavos, moneda nacional) correspondiente a treinta y seis periodos, mismo que, sostiene la autoridad, la usuaria se encuentra obligado a cubrir para evitar la suspensión de los aludidos servicios. Refiere que esa empresa concesionaria atiende la recaudación de las tarifas por la prestación de los servicios de que se trata, dado que, si éstas no son cubiertas por los usuarios, no existiría la posibilidad de seguir operando y prestándolos. Agrega que la suspensión de los servicios aludidos por falta de pago es un claro ejemplo de ejercicio de un derecho de retención que realiza cualquier prestador de servicios. Hasta aquí lo expresado en el informe justificado de la autoridad. En el caso, debe concluirse que son ciertos los destacados actos reclamados atribuidos a dicha empresa señalada como responsable, pues al efecto, reconoce que en el domicilio que la parte quejosa dice habitar, existe un adeudo por falta de pago de los servicios de agua brindados, respecto de los cuales, como se vio, dicha concesionaria pretende y tiene la facultad de cobrarlos, pudiendo para ello otorgar subsidios; determinar y actualizar las cuotas y tarifas, así como calcular y aplicar las tarifas vigentes; además que tiene la obligación de recabar el certificado de calidad del agua para consumo humano. Pretensión de cobro del adeudo de que se trata, que se materializa a través de la FACTURA expedida por dicha empresa concesionaria en el domicilio ubicado calle Laguna Verde, lote 130, Laguna de Tamos/Laguna del Coyol, Unidad Habitacional el Coyol, en Veracruz, Veracruz, por la cantidad de $17,357.87 (diecisiete mil trescientos cincuenta y siete pesos ochenta y siete centavos, moneda nacional) (foja 34) domicilio en el cual la parte quejosa demuestra habitar con la documental relativa a la credencial para votar expedida a su nombre (foja 35). En ese sentido, la negativa genérica de la autoridad responsable se ve desvirtuada. OCTAVO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la improcedencia del juicio constitucional. 1). MOTIVO DE IMPROCEDENCIA (invocado) En el caso, sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado consistente en: ".1). La falta de respuesta a los puntos solicitados respecto a la realización del cobro de agua, mediante escrito de petición presentado ante el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz y el Instituto Metropolitano del Agua." El cual se atribuye a la 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, al 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano y a la 3. Titular de la Dirección General, ambos del Instituto Metropolitano del Agua en Veracruz, todos en la ciudad de Veracruz. Ello es así, puesto que cesaron los efectos de dicho acto, como a continuación se verá. Marco legal El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Antecedentes Se relatan brevemente los siguientes antecedentes: 1). Mediante escrito signado por Dolores Eugenia Roa Romero presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós ante el Instituto Metropolitano del Agua de Veracruz, Veracruz, solicitó, en esencia: ".1. Solicito PARAR el CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA y restablecer el servicio, y solicito me presenten el dictamen del Estudio Socioeconómico. 2. Solicito se presente el certificado de calidad de agua para consumo humano otorgado por la secretaría de salud en base a la norma NOM-179-SSA1-1998 expedido por la COFEPRIS, como está obligado Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V. 3. Como ciudadano solicito me presten el Programa de Inversiones y Gastos de Operación General de la entrada en operaciones de la empresa hasta la fecha. 4. Solicito se presente el Certificado de Calibración del aparato de medición, aprobación del modelo o prototipo de instrumento para medir asignado a mi domicilio con el número de serie que está en mi recibo de GMAS. 5. Solicito me presente los dictámenes de cumplimiento por parte de la CONAGUA como están obligados GMAS. EN BASE AL RECLAMO POR EL COBRO DE UN AJUSTE EN MI SERVICIO, SOLICITO A ESTA AUTORIDAD LO SIGUIENTE: 1.- Solicito me realicen el ajuste de 36 meses, solicito me ajuste el cobro de tipología a tarifa doméstica de una toma popular en servicio medido de forma retroactiva, se me instale el equipo de medición (Hidrómetro) sin costo y con tres meses de monitoreo para detectar los consumos reales, y del monto que me da de mi ajuste propuesto es de $3,889.43, y de acuerdo a la hoja de cálculo ofrezco pagar en función de los ajustes referidos por el número de meses del adeudo. 2.- Por medio del presente y en función de la hoja de cálculo que presento en documento anexo a este oficio donde el monto que me da a pagar en función de los ajustes solicitados en los puntos anteriores es por de $3,889.43, por lo cual queda debidamente respaldado mi argumento de la cantidad justa que debo de pagar por el servicio público prestado en mi inmueble. 3.- Ofrezco dar el 100 por ciento de la cantidad antes mencionada, pagando el mes de agua consumida y el mes del convenio acordado ." (fojas 28-33) 2). En respuesta a dicha solicitud, por oficio IMA/CI/INC/232/2022, de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la Directora General del Instituto Metropolitano del Agua de Veracruz, Veracruz, dio contestación a la ciudadana en los términos allí expuestos (fojas 16-17 tomo I de pruebas). 3). Asimismo, mediante el diverso oficio IMA/DG/253/2022, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, la referida Directora General del Instituto Metropolitano del Agua, complementó la respuesta dada a la ciudadana, en los términos allí señalados (fojas 127-133) oficio que fue notificado personalmente por la autoridad a la interesado el ocho de agosto siguiente (fojas 125-126). Hasta aquí los antecedentes. Subsunción Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de la omisión reclamada, la cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituida, que es la materia del amparo. Lo que se sostiene, en la medida que del análisis de las constancias que remitió como justificación de sus actos la 3. Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua en Veracruz, Veracruz, se desprende que por oficios IMA/CI/INC/232/2022, de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, y IMA/DG/253/2022, de cuatro de agosto del mismo año, se dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de abril de dos mil veintidós ante el referido Instituto Metropolitano del Agua, pues en dichos oficios se hizo referencia expresa a: ".En alcance a su escrito, recibido en la oficialía de partes de este Instituto, en fecha 27 de abril del año en curso, consistente en la queja promovida en contra de la prestación de los servicios proporcionados por Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.AP.I. de C.V. en el Inmueble ubicado en Laguna Verde número 130 de la U. Hab. El Coyol, del Municipio de Veracruz, de este Municipio y registrado dentro del padrón de usuarios con el folio 105063; me permito hacer de su conocimiento, que previa petición de información a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.AP.I. de C.V., a la Dirección de Supervisión Técnica y Dirección de Planeación y Evaluación de este Instituto, respecto de los puntos identificados bajo los números 1, 2, 3, 4 y 5 de su referido escrito, se nos hizo de conocimiento la información que se le notifica a través del presente, la cual es del tenor siguiente: (.)" (párrafo segundo de la foja 127). De dichos oficios se aprecia con claridad que la aludida autoridad responsable hizo referencia y dio respuesta al contenido del escrito que la parte quejosa presentó ante el Instituto Metropolitano del Agua. Asimismo, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento pleno de los aludidos oficios, por conducto de la autoridad responsable, personalmente el dieciocho de mayo de dos mil veintidós (foja 17 del tomo I de pruebas) y, por conducto de este juzgado, cuando se le dio vista a través del proveído de seis de septiembre del año en curso (fojas 134-135) el cual se le notificó de manera personal el siete de septiembre siguiente, por conducto de su autorizado (foja 137); máxime que la propia autoridad responsable también notificó de manera personal al solicitante del amparo el oficio IMA/DG/253/2022, el ocho de agosto pasado (fojas 125-126). Luego, si la parte quejosa conoció la respuesta a la solicitud que presentó el veintisiete de abril de dos mil veintidós ante las autoridades responsables integrantes del Instituto Metropolitano del Agua; por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la omisión de dar respuesta a su petición. Además, en términos del numeral 111 de la Ley de Amparo, en el auto de seis de septiembre del año en curso, se otorgó a la parte quejosa la oportunidad de ampliar su demanda de amparo en relación con el contenido del oficio IMA/DG/253/2022 que remitió la autoridad responsable (fojas 134-135, 137) sin que al efecto dicha solicitante del amparo haya ampliado su demandada dentro del término de quince días con que contaba para hacerlo, como se certificó en audiencia de trece de octubre siguiente (foja 138-139); lo que trae como consecuencia la imposibilidad jurídica de analizar la aludida respuesta dada por las responsables, al no ser parte de la Litis constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Se destaca que, si bien dichas jurisprudencias y las demás que se citen en la presente sentencia que sean anteriores a la Décima Época, aun así, son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. Conclusión En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto del destacado acto reclamado atribuido a la 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, al 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano y a la 3. Titular de la Dirección General, ambos del Instituto Metropolitano del Agua, todos en la ciudad de Veracruz. Ello porque si bien se observa que quien emitió la respuesta a la solicitud de la parte quejosa, lo fue directamente la autoridad identificada con el número 3, lo cierto es que el 2. Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, también es parte integrante del multicitado Instituto Metropolitano del Agua de Veracruz, en términos del artículo 13, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Metropolitano del Agua. Lo mismo sucede con la 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, ya que conforme lo disponen los artículos 36, 37, 38, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV y 39, todos de la Ley 21 de Aguas de Veracruz, dicha autoridad es parte integrante del Órgano de Gobierno del aludido Instituto Metropolitano del Agua. Por lo que, si la solicitud del quejoso fue contestada por dicho Instituto Metropolitano del Agua, es evidente que se hizo en representación de esa dependencia, respecto de la cual las aludidas autoridades responsables (las identificadas con los números 1, 2 y 3) son sus integrantes y, dadas sus atribuciones como Órgano de Gobierno, se encuentran vinculadas con la materia de la petición de que se trata. Sirve de respaldo a la anterior conclusión, por identidad de razón, la tesis III.2o.P.1 CS (10a.) de contenido: "DERECHO DE PETICIÓN. SE VE SATISFECHO, AUN CUANDO UNA AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE SE HIZO LA SOLICITUD, SEA LA QUE DA RESPUESTA DE MANERA CONGRUENTE A LO SOLICITADO, Y ORDENA SU NOTIFICACIÓN AL INTERESADO. En tratándose del derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste se satisface, aun cuando es una autoridad, no señalada como responsable, y distinta a la que se le hizo la petición, la que da respuesta de manera congruente al escrito de que se trate y además ordena notificar su determinación al interesado, aunado a que la que dio contestación es la facultada conforme a sus atribuciones para atender lo solicitado, y no la autoridad ante quien se presentó la petición respectiva." Así como las jurisprudencias 2a./J. 129/2006 y 2a./J. 78/97, que resuelven el mismo tópico, mismas que se leen: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE DEMUESTRE QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, DIO CONTESTACIÓN POR ESCRITO. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse por cumplida la ejecutoria relativa si se demuestra que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso aunque provenga de una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico cuyas funciones se vinculen con la petición." "INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE INFUNDADA Y TENERSE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE ACREDITA QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, YA DIO CONTESTACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia protectora, tratándose de actos de naturaleza negativa, consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y a cumplir lo que la misma exija. Por tanto, de concederse la protección federal por haberse acreditado la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, debe tenerse por cumplida la ejecutoria y declararse infundada la inconformidad, cuando se acredita que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso, no obstante que ésta se formule por una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico y que la materia de la petición se vincule con sus funciones, pues con ese carácter resuelve la petición formulada al superior." Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, únicamente por cuanto hace al acto reclamado antes precisado, atribuido a las citadas autoridades (las identificadas con los números 1, 2 y 3). 2). MOTIVO DE IMPROCEDENCIA (invocado) Por otra parte, se estima se concreta el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, invocado por la autoridad responsable 4. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en Veracruz, Veracruz, respecto de los actos reclamados que se le atribuyen consistentes en: ".2). La falta de aplicación del subsidio del cincuenta por ciento de descuento en los recibos sobre los montos acumulados, en los casos de jubilados, pensionados y adultos mayores. 3). El cobro condicionado estipulado en la tipología E4 usuarios para el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario (drenaje) y saneamiento. 4). Incumplimiento de la obligación de dotación de agua potable, en términos de las condiciones 8 y 9 del Título de Concesión otorgado a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, con la calidad para su consumo de acuerdo con las normas de la Secretaría de Salud." 6). Del acuerdo por el que el Órgano de Gobierno aprueba la política tarifaria conforme a lo establecido en el título de concesión otorgado a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable: i. La utilización mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor como factor en el precio de las tarifas de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. ii. El cobro en el precio del servicio de agua potable en proporción del 40 por ciento. iii. El cobro en el precio de los servicios de saneamiento y drenaje en proporción del 40 por ciento. (.) 9). El cobro indebido de los servicios de agua potable y saneamiento." Lo anterior, porque la parte quejosa no hizo valer conceptos de violación contra dichos actos. Marco legal Los referidos artículos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación de los preceptos legales transcritos, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando en la demanda relativa no se expresen conceptos de violación contra el acto reclamado. Cabe señalar que la causa de improcedencia invocada tiene sustento en el hecho de que la ausencia de conceptos de violación impide al órgano jurisdiccional emprender el análisis de constitucionalidad del acto reclamado, al no existir una causa de pedir por parte del promovente. Este criterio encuentra soporte en la jurisprudencia 3a./J. 28/93 que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Hasta aquí dicho marco legal. Subsunción Sobre ese panorama, se estima que, en el caso, se concreta el motivo de improcedencia aludido, en razón que la parte quejosa no expresó conceptos de violación tendentes a combatir la inconstitucionalidad de los actos reclamados destacados en este apartado, como a continuación se verá. La parte quejosa señala en su demanda de amparo que la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en Veracruz, Veracruz: No ha aplicado el subsidio del 50 % de descuentos en los recibos sobre los montos acumulados, ya que el subsidio será obligatorio en los casos de jubilados, pensionados y adultos mayores, debidamente acreditados con su credencial de elector. Respecto del cobro condicionado, aduce que ninguna empresa mixta deberá estar por encima de la ley y de los derechos humanos de los adultos mayores. Ha incumplido con la obligación de dotación de agua potable, en términos de las condiciones 8 y 9 del Título de Concesión que se le otorgó por los Ayuntamientos de los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, con la calidad para su consumo de acuerdo con las normas de la Secretaría de Salud y la presentación del certificado de agua para consumo humano que otorga la Secretaría de Salud (párrafos ocho, diez y once de la foja 16). Ahora bien, como se conoció en el considerando tercero de esta sentencia, los aspectos relacionados con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento corresponden al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en Veracruz, Veracruz, pues al efecto existe un título de concesión oficial que otorga a esa empresa particular (concesionaria) la autorización para prestar directamente dichos servicios, pero sobre todo, la autoriza para llevar a cabo aquéllos actos relacionados con el cobro de los mismos, incluyendo la aplicación del subsidios en los casos de jubilados, pensionados y adultos mayores; la utilización de la tipología y la aplicación de factores en su cobro, que precisamente constituyen los actos reclamados que se analizan en este apartado. Ello es así, porque se advierte que el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el Título de Concesión que otorgan los Municipios de Veracruz y Medellín, a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V., para la prestación de los servicios de agua y saneamiento de dichos municipios. Asimismo, las condiciones 8 y 9 del aludido Título de Concesión, disponen: ".8. Derechos y Obligaciones de la Concesionaria. La Concesionaria será responsable de la prestación de los Servicios Concesionados en los Municipios de Veracruz y Medellín, los cuales de manera enunciativa y no limitativa se relacionan a continuación: (a) Recaudación Tarifaria de todos los ingresos derivados de la prestación de los Servicios Concesionados de agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales, de acuerdo a las Tarifas Vigentes. (b) Actividad de Cobranza de las Tarifas Vigentes de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y aguas residuales, las cuales ejercerá en nombre y representación del SAS. (c) Actualización del Padrón de Usuarios de los Servicios Concesionados y del inventario de las redes e instalaciones, así como de los planos correspondientes. (d) Dotación de Agua Potable a la Población de la Jurisdicción, con la calidad para su consumo de acuerdo a las normas de la Secretaría de Salud, debiendo disponer de todo lo necesario para proporcionar dicho servicio. (e) Tratamiento de las Aguas Residuales de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia establece la Comisión Nacional del Agua. (f) Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica, tales como instalaciones de captación, conducción y distribución de agua potable y demás Instalaciones y Equipos. (g) Mantenimiento de micro-medidores (hidrómetros); así como la colocación y reemplazo planeado de los mismos. La Concesionaria no será responsable por los hidrantes de combate a incendio y sus conexiones; sin embargo, los hidrantes o tomas que sean destinados a abastecimiento de agua a la población si serán administrados por la Concesionara. (h) Uso y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del Dominio Público destinados a la prestación de los Servicios Concesionados, que le sean asignados mediante el Contrato de Arrendamiento, para el logro de sus objetivos a los cuales dará el mantenimiento que requieran para su conservación; comprometiéndose a darles exclusivamente el uso en comendado. (i) Los demás que le confieran los Entes Concedentes. En ningún caso las obligaciones a cargo de la Concesionaria podrán exceder de los compromisos y obligaciones asumidas por el Concursante Ganador de la Licitación Pública en la Propuesta Ganadora. En la prestación de los Servicios Concesionados, la Concesionaria dará cumplimiento a las disposiciones que impone la Ley de Aguas Nacionales en materia de derechos de agua, dentro del ámbito de su competencia y, en general, a los lineamientos que al respecto imponga la Comisión Nacional del Agua, en el entendido de que, si por ello se derivan inversiones, gastos o costos adicionales a los contenidos en la Propuesta Ganadora se aplicará lo dispuesto en la Condición 21 del presente Título de Concesión. En la prestación de los Servicios Concesionados todos los trabajos que realice procurarán hacer eficiente la operación, administración y funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Municipios de Veracruz y Medellín. 9. Metas de Eficiencia. La Concesionaria con el propósito de alcanzar las Metas de Eficiencia, establecidas en el numeral 9.6 de las Bases de Licitación, deberá ejecutar los Programas de Inversiones de acuerdo con los plazos propuestos en la Propuesta Ganadora de la Licitación Pública. El SAS podrá solicitar ajustes en las Metas de Eficiencia Propuestas, siempre que los costos adicionales que se generen por estos ajustes sean reconocidos a través de la Condición 21 del presente Título de Concesión. La Concesionaria deberá recuperar el Certificado de Calidad del Agua para consumo humano, otorgado por la Secretaría de Salud, mismo que deberá estar refrendado anualmente." (Lo subrayado y resaltado es propio de esta sentencia) De las referidas condiciones del título de concesión, se desprende que, a la empresa concesionaria prestadora de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, entre otras obligaciones, también le corresponde: recuperar el certificado de calidad del agua para consumo humano otorgado por la Secretaría de Salud, con su refrendo anual. Sin embargo, en el caso concreto, se estima que de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa haya enderezado motivo de disenso alguno que permita evidenciar que la empresa concesionaria señalada como autoridad responsable, en el cobro de los servicios de agua: No ha aplicado el subsidio del 50 % de descuentos en los recibos sobre los montos acumulados, el cual es obligatorio para los jubilados, pensionados y adultos mayores; ha condicionado la aplicación del aludido subsidio; ha incumplido con la obligación de recuperar el certificado de calidad del agua para consumo humano expedido por la autoridad sanitaria. Lo anterior, debido a que en sus conceptos de violación la parte quejosa se limitó a señalar que se violan: - La resolución 64/292 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010. - Los párrafos primero y tercero del artículo 1° y los diversos 4°, 14, 16, 17, 27, todos de la Constitución Federal; los artículos 14 bis 5, fracciones I, V, XIV, XXI y XXIII, 14 bis 6, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales; los artículos 2, fracciones I, II, III y IV, y 3, fracciones XV, XV y XXVI, de la Ley General de Salud; los artículos 49, 50, 82, 99, 100 y 106, de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz; los artículos 7, fracciones I a IX, 8, fracciones I a IV, 14 y 15, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz; los artículos 95, fracciones I, II, III y IV, 96 bis, fracciones III, V, VI y VII, 96 ter, fracciones II y VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; así como las condiciones 8, 9, 71 y 72, del Título de Concesión que otorgan los Municipios de Veracruz y Medellín, a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V., para la prestación de los servicios de agua y saneamiento de dichos municipios. Hasta aquí el resumen de los motivos de disenso. Como se observa de los reseñados conceptos de violación, se concluye que la parte quejosa omitió exponer los razonamientos por los cuales, a su parecer, la autoridad responsable violó todas y cada una de las disposiciones normativas que citó en su demanda de amparo, pues, se insiste, se limitó a manifestar que se violaron tales disposiciones, así como a transcribir el contenido de éstas, pero sin exponer razonamientos lógico-jurídicos que evidencien las irregularidades que les atribuye, en el caso particular: la inaplicación del subsidio del 50 % de descuentos en los recibos sobre los montos acumulados, el cual es obligatorio para los jubilados, pensionados y adultos mayores; el condicionamiento en la aplicación del aludido subsidio y, el incumplimiento de la obligación de recuperar el certificado de calidad del agua para consumo humano expedido por la autoridad sanitaria; todos ellos relacionados en la prestación y el cobro de los servicios de agua potable concesionados. Dicho en otras palabras, en los referidos conceptos de disenso nada se alega con relación a los destacados actos reclamados. Por tanto, atendiendo a que en el caso se trata de un asunto de estricto derecho, en el que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que se supla la deficiencia de la queja, el suscrito se encuentra impedido para verificar el estudio oficioso del mismo. Ello es así, porque los actos reclamados aquí destacados, no están fundados en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; aunado a ello, en el caso, no están involucrados derechos de menores o incapaces y el auto reclamado no afecta el orden y desarrollo de la familia. Tampoco se advierte que ha habido en contra de la parte quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley y menos aún, se advierten circunstancias que permitan concluir al suscrito que la parte quejosa se encuentra en condición de pobreza o marginación que la haya dejado en clara desventaja social para su defensa en el juicio de origen. Cobra puntual aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 120/2015 (10a.) que se lee: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No pasa inadvertido que el quejoso es una persona adulta mayor, pues de la copia que exhibió de la credencial para votar expedida a su nombre, se observa que nació el dieciséis de marzo de mil novecientos cincuenta y uno, es decir, cuenta con setenta y un años de edad (foja 35). Sobre el tema, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País ha sostenido que por el solo hecho de ser un adulto mayor, en automático, no opera en su favor la suplencia de la queja deficiente, dado que ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad que le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia. Sin embargo, en el caso concreto, el suscrito juzgador no advierte que la persona adulta mayor quejosa se encuentra en especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos que la coloque en un estado de vulnerabilidad que le imposibilite acceder de forma efectiva al sistema de justicia; por tanto, no opera en su favor la suplencia de la queja en el presente asunto. Sirve de respaldo a lo anterior, la tesis 1a. CXXXIV/2016 (10a.) que se lee: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja." Conclusión En esas condiciones, al actualizarse el motivo de improcedencia antes analizado, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que hace a los destacados actos reclamados y por la referida autoridad responsable. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Dolores Eugenia Roa Romero, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos: tercero, cuarto, quinto y octavo de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Delegada de la autoridad responsable 3. Directora del Instituto Metropolitano del Agua, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual remite copia de la notificación realizada a la quejosa, en la cual da conocer el contenido del oficio IMA/DG/253/2022, de fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós, se dio contestación a la solicitud realizada por la parte quejosa, y atendiendo el criterio jurisprudencial 1a./J. 136/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a fin de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, con fundamento en los artículos 111 y 17 de la Ley de Amparo, requiérasele a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la contestación efectuada, y manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto que va ampliar. De igual forma, se le requiere para que en caso de que sea su deseo ampliar, deberá dar cumplimiento a lo expuesto en el artículo 108 de la citada Ley de Amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se continuará el presente asunto con los actos reclamados en el presente asunto. En atención a lo anterior, toda vez que de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el veintitrés de septiembre del año en curso, es claro que el plazo de los quince días de vista antes citados se encontraría transcurriendo; por tanto, en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que este juzgador determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese en términos de ley.
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Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Diego Rueda Benítez937/2017
- Digna Diana Hernández Fitta978/2014
- Diletta Marchione Espinal67/2017
- Dolores Andrea del Rayo Mora980/2017
- Dolores Andrea del Rayo Mora116/2010
- Dolores Esmeralda Marcial Rojas522/2017
- Dolores Flores Sánchez196/2018
- Dolores Hernández Hernández18/2022
- Dolores Hernández Hernández21/2022
- Dolores Magno Juárez811/2019
- Dolores Rebolledo López257/2017
- Dolores Rebolledo López185/2018