Dolores Hernández Hernández

Expediente 18/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
18/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Leonerdo Hernández Hernández
  • Dolores Hernández Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 18/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veintisiete de enero de dos mil veintidós (fojas 21 a 24 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veintisiete de enero de dos mil veintidós (fojas 21 a 24 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    En Boca del Río, Veracruz, a las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, fecha y hora señaladas (foja 162) para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 18/2022 promovido por Dolores Hernández Hernández; enseguida el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe, la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes.Acto continuo, el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos; informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días del informe rendido por la responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ante ello, se acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias, y en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con esta audiencia.Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta con las documentales que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo (fojas 9 y 10) así como las constancias y dos discos ópticos que la 1. Jueza de Control del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz (fojas 29 a 36) acompañó a su informe justificado, así como las constancias y disco óptico que remitió en alcance a aquel (fojas 81 a 149, 158 a 161, 168 a 175). En relación con lo anterior, el Juez acuerda: se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, las documentales y discos ópticos ofrecidos, acorde a los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de dictar sentencia. Finalmente, al no existir prueba pendiente de relacionar, se declara cerrado el período probatorio. Abierto el período de alegatos, el secretario da hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior el Juez acuerda: Como de la certificación secretarial que antecede se aprecia que las partes no formularon manifestaciones en esta vía, se da por concluido este período de la audiencia constitucional. A continuación, el Juez procede a dictar sentencia. Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 18/2022 y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diez de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, Dolores Hernández Hernández, promovió demanda de amparo, contra actos del Fiscal Dos de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Playa Vicente, Veracruz, y de la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, los cuales más adelante se precisarán (fojas 4 a 9). SEGUNDO. Por auto de once de enero de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda por el acto atribuido al Fiscal Dos de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Playa Vicente, Veracruz, al estimarse que no se agotó el principio de definitividad y ello actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; asimismo en dicho auto se ordenó admitir la demanda por lo que hace al acto reclamado a la 1. Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz; solicitar a dicha autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 11 a 17). Por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se ordenó emplazar al procesado Itiel Palacios García, así como al Fiscal Primero de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, en Playa Vicente, Veracruz; en su carácter de terceros interesados en términos del numeral 5, fracción III, incisos c) y e) de la Ley de Amparo (fojas 37 y 38). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 26) así como constancia de notificación de la Fiscal Adscrita a este Juzgado (foja 22) y de los terceros interesados (fojas 70 y 73) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que afecta el derecho a acceso a la justicia, así como debido proceso en perjuicio del gobernado, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no tiene ejecución material por lo que corresponde su resolución al juzgado que previno en su conocimiento. SEGUNDO. Fijación de acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: La omisión de reconocer a la quejosa la calidad de agraviada o víctima indirecta como hermana de la víctima directa, dentro del proceso penal 91/2020 del índice del Juzgado responsable, instruido a Itiel Palacios García como probable responsable en la comisión con el hecho con la apariencia del delito de homicidio doloso calificado y agravado en agravio de quien en vida se llamó Leonardo Hernández Hernández. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no la existencia de dicho acto. TERCERO. Certeza de acto. El acto reclamado a la 1. Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, debe considerarse como cierto, lo anterior con independencia que al rendir su informe justificado (foja 26) haya negado la existencia del mismo. Lo anterior porque con independencia que la Juez responsable señalara que no ha incurrido en omisión alguna, de sus manifestaciones se desprende que a la fecha en que promovió la demanda de garantías, a la quejosa no se le había reconocido el carácter de víctima indirecta o agraviada en los autos del proceso penal 91/2020, del índice de la autoridad responsable, a pesar de que la propia juzgadora reconoce que ya lo había solicitado, de ahí que, como ya se indicó, el acto reclamado debe tenerse como cierto. Guarda relación por las razones que la informan, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Improcedencia del juicio. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis del fondo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, se procede al estudio de las que de oficio se pudieran advertir. Ahora, en el caso, el suscrito resolutor considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO Para sostener lo anterior, es preciso establecer que en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." ANTECEDENTES Debido al homicidio de su hermano Leonardo Hernández Herández, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, la promovente de amparo acudió ante las oficinas del Fiscal dos de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia en Playa Vicente, Veracruz, donde se enteró que con motivo de los hechos en los que perdiera la vida su hermano se inició la carpeta de investigación SUIPJ/DXVIII/PV/F2/71/2018. En febrero de dos mil veinte, presentó escrito ante la citada fiscalía en el que solicitó se le reconociera la calidad de victima indirecta en su calidad de hermana del fallecido Leonardo Hernández Hernández, sin embargo, no fue notificada de lo que se acordó a su petición, ni se le permitió el acceso a la carpeta de investigación. El veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, se enteró que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Itiel Palacios García, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley califica como delito de homicidio calificado agravado, previsto y sancionado por los numerales 128 y 130, en relación con los diversos 144, fracción I y 145 del Código Penal para el Estado de Veracruz, en agravio del hermano de la quejosa y otra persona y se abrió un periodo de investigación complementaria, todo ello dentro del proceso penal 91/2020 del índice de la Juez de Control responsable. En Noviembre de dos mil veintiuno, acudió al Juzgado a solicitar se le reconociera la citada calidad, dando vista la Juez a la Fiscalía para que manifestara si existen familiares con mejor derecho a que se les reconozca el citado carácter, pero a pesar que ha pasado el plazo concedido no se pronunció al respecto. Hasta aquí la relación de antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora, de acuerdo a lo expuesto y de lo manifestado por la 1. Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, mediante oficio 479/2022 de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, remitido en alcance a su informe justiciado, así como de las constancias que remitiera a este Juzgado, se colige que la violación que aduce la parte quejosa ha cesado, en razón de las consideraciones que a continuación se expondrán. Esto es así, puesto que la Juzgadora responsable remitió constancias de las cuales se aprecia que en proveído de trece de marzo de dos mil veintidós, le fue reconocida la calidad de víctima indirecta a Dolores Hernández Hernández, como hermana del finado Leonardo Hernández Hernández, lo que se ordenó se notificara al Fiscal Segundo de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia en Playa Vicente, Veracruz a efecto que se les dé la intervención correspondiente y se les respeten sus derechos (fojas 168 y 169) lo que le fue notificado a la mencionada quejosa el veintiocho de marzo siguiente (foja170). Actuaciones de las que se desprende que la 1. Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, examinó la petición de la quejosa, después de dar vista a las partes, ordenó se le reconociera el carácter que solicitaba para los efectos del proceso penal 91/2020 de su índice. Tales constancias merecen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Nacional de Procedimientos Penales, por tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, si el acto reclamado es la omisión de reconocer a la quejosa el carácter de víctima indirecta dentro de los autos del citado proceso penal 91/2020 del índice de la Jueza responsable, resulta incuestionable que para el momento en que se dicta la presente sentencia cesaron totalmente los efectos del acto reclamado. Lo anterior, dado que debe considerarse que se restituyó a la impetrante de garantías en el pleno goce del derecho constitucional violado, cesando en sus efectos el acto combatido al haberse pronunciado la juzgadora sobre la omisión señalada, e incluso instruyó a la fiscalía correspondiente para que se diera acceso al expediente a la mencionada agraviada, de ahí que el perjuicio que el impetrante de garantías manifestó le ocasionaba la conducta omisiva de la Juzgadora ha quedado destruido. Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por la impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado en los artículos 1º, 16, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Dolores Hernández Hernández, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo sentenció y firma el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe. treinta y uno de agosto de dos mil veintidós

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la 1. Jueza de Control del XVIII Distrito Judicial, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, con el cual da cumplimiento a lo solicitado mediante proveído del diecinueve de julio pasado, ya que remite la constancia ahí solicitada, en tal sentido, se ordena dar vista con lo anterior a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda, dentro del plazo de ocho días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional, como lo ordena el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad arriba antes mencionada, la documental que acompañó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, como lo establece el artículo 124 de la mencionada ley. Notifíquese en términos de ley.

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