Dolores Gabriela Varguez Chim
Expediente 463/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Dolores Gabriela Varguez Chim
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de enero del presente año, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en la que por una parte SE SOBRESEYÓ en el presente juicio y por otra se NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 463/2018-IV-B, promovido por DOLORES GABRIELA VÁRGUEZ CHIM, contra los actos atribuidos al Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día veintidós siguiente al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado (demanda de amparo a fojas 4 a 26), comparecieron JORGE CARLOS URIBE GONZÁLEZ, ROSA MARÍA UICAB MAAS, NELLY CECILIA PÉREZ AGUILAR, ADDY IRIDE GALAZ LEÓN, ELIZABETH PATRICIA SÁNCHEZ REYES, MARÍA EDILBERTA HUCHIM PECH, SAULO ERNESTO PECH MANZANILLA, DOLORES GABRIELA VÁRGUEZ CHIM, FELICIANO GONZÁLEZ KITUK, NELLY CECILIA URIBE NARVÁEZ, RITA ESTHER CRUZ SORIANO, YSIDRA INDALECIA DZUL TEC, MARÍA VICTORIA CANCHÉ POOT, MANUELA CHIM CHUC y GENY GUADALUPE CHAN AKÉ, por conducto de su apoderado DIEGO ADÁN CHAN VIANA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos del Congreso del Estado de Yucatán. SEGUNDO. Por auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, la cual fue registrada con el número 634/2017-IV del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho juzgado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. CUARTO. Inconforme con esa determinación, la parte impetrante de amparo interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido al Tribunal de Alzada para su tramitación; siendo que por sentencia ejecutoria de nueve de marzo de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, a fin de que se diera vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable con el oficio LXI-SG-DJ-202/2017 y con su contenido, y se le previniera para que manifestaran si era su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto de las autoridades Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, todos de los Ayuntamientos de Cacalchén, Baca, Conkal, Hunucmá, Kaua, Motul, Seyé, Tekax, Tixkokob y Tixpeual, Yucatán, señalando en su caso, los actos que reclamaren de cada uno de ellos. QUINTO. Ampliación de demanda y separación de juicios. Mediante escritos recibidos en dicho Juzgado de Distrito el once y diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, todos de los Ayuntamientos nombrados, y al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, reclamando a los tres primeros, la omisión de realizar ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones y adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes a fin de realizar el pago de laudo a su favor; y al último, la omisión de proveer la eficaz e inmediata ejecución de laudo dictado a su favor; asimismo, por auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dicho órgano jurisdiccional, por las razones que indicó, ordenó la separación de juicios de dicho asunto. En tal virtud, ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, entre otros, un legajo de copias certificadas de la demanda de amparo; informe justificado y oficio LXI-SG-DJ -202/2017 remitidos por la autoridad responsable Congreso del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; escritos relativos a la ampliación a la demanda de amparo, a fin de que se procediera a su registro, y hecho lo anterior, se sirviera remitirlas al órgano jurisdiccional que legalmente correspondiera, para su trámite y resolución respecto de la aquí quejosa DOLORES GABRIELA VÁRGUEZ CHIM, como actora del juicio laboral 562/2010. SEXTO. Por auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, por razón de turno, tuvo por recibidas las copias certificadas del aludido juicio de amparo 634/2017-IV, por lo que se avocó al conocimiento y ordenó se formara el expediente 463/2018-IV-B, respecto de la quejosa DOLORES GABRIELA VÁRGUEZ CHIM, por conducto de su apoderado legal DIEGO CHAN VIANA; en ese mismo auto se admitió a trámite la ampliación de la demanda, respecto de los actos reclamados al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán; así como del Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, éstos tres últimos del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, consistentes esencialmente en: Al primero, la omisión de proveer la inmediata ejecución del laudo y la vinculación de éste con el Congreso del Estado para coadyuvar al pago liso y llano del laudo de que se trata; y por lo que concierne a las tres restantes, la omisión de tomar medidas legales y administrativas, como son ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones y adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes e instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto y la omisión de incluir el pago del laudo a favor de la peticionaria del amparo en el juicio laboral 562/2010. Por lo que en dicho auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, se solicitaron sus respectivos informes justificados, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo lugar el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (foja 299) y fue dictada la sentencia respectiva el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en la que, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, en otra, se negó la protección constitucional. SÉPTIMO. Luego, mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (foja 359), inconforme con la anterior resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el que por ejecutoria de quince de julio del año en curso (foja 442) revocó el fallo recurrido y ordenó reponer el procedimiento, a fin de que se deje insubsistente la audiencia constitucional dictada anteriormente en este juicio y se requirió a la parte quejosa para que aclarara su demanda, y manifestara si deseaba señalar como acto reclamado la omisión de incluir en el presupuesto de egresos correspondiente una partida específica para el cumplimiento del laudo, al Ayuntamiento del municipio de Seyé, Yucatán, en consecuencia, si así lo estimaba conveniente, ampliara su demanda de amparo. OCTAVO. En cumplimiento a la ejecutoria, mediante proveído de dos de septiembre de dos mil diecinueve (foja 456), se ordenó prevenir a la parte quejosa en los términos ordenados por la Superioridad, lo que se le notificó el tres siguiente; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. NOVENO. Posteriormente, mediante escrito recibido el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (foja 464), la parte quejosa presentó ampliación de demanda por el nuevo acto reclamado, que hizo consistir en la omisión de incluir en el presupuesto de egresos correspondiente, una partida específica para el cumplimiento del laudo 562/2010; ampliación que se admitió en proveído de veinticuatro de septiembre de la anualidad en curso (foja 467); se pidió informe justificado a la autoridad responsable respecto del acto de ampliación, la cual no rindió su respectivo informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de la tarjeta de acuse de recibo que obra agregada a foja 478 de este expediente. Asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; finalmente, el día y hora programados para la audiencia constitucional. DÉCIMO. Posteriormente, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia en el presente juicio constitucional, inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito con sede en esta ciudad, mismo que lo admitió con el número de toca 72/2020. DÉCIMO PRIMERO. Mediante oficio recibido en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, adjuntó la resolución pronunciada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el toca 72/2020 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa el cual la Superioridad en su resolutivo único, ordenó reponer el procedimiento a efecto de que se subsanara una cuestión de índole formal en la audiencia constitucional; por lo que, una vez atendido ello, se señaló día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional; la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la Litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, de los escritos de ampliación y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa, reclama: Del Congreso del Estado de Yucatán: "I).- La negativa a dar cumplimiento a sus obligaciones establecidas en los artículos 1, 2, apartado A fracción VIIII, B penúltimo y último párrafo, 17, 126, 127, fracciones IV y VI y 133 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello realizar las adecuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la parte trabajadora, a cuyo favor se dictaron los Laudos emitidos en los juicios ordinarios laborales promovidos contra los Ayuntamientos citados. II).- La inexplicable obstrucción por parte de dicha autoridad para garantizar la efectividad de los Derechos Humanos Económicos Sociales y Culturales de mis poderdantes pues se niega la referida autoridad a realizar las acciones administrativas, fiscales, presupuestales y legales que sean necesarias con el fin de que le sea enviado a los Ayuntamientos de Baca, Conkal, Hunucmá, Motul, Seyé, Tekax, Tixkokob, todas del Estado de Yucatán las partidas presupuestales específicamente etiquetadas para realizar el pago liso y llano de las cantidades que les adeudan a los quejosos por dichos ayuntamientos derivado de los Laudos emitidos a favor de los trabajadores en los juicios ordinarios laborales promovidos por aquellos en contra de los nombrados. III).- La omisión de realizar las adecuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la parte trabajadora, a cuyo favor se dictaron los Laudos emitidos en los juicios ordinarios laborales promovidos contra los Ayuntamientos citados. IV).- La negativa de cumplir con su obligación de adoptar las disposiciones necesarias de derecho interno previstas en el artículo segundo del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", para realizar los ajustes al presupuesto de egresos de los Ayuntamientos citados para hacer pago liso y llano de los laudos emitidos a favor de los trabajadores en los juicios ordinarios laborales promovidos por aquellos en contra de los nombrados." - Del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado: La omisión de proveer la inmediata ejecución del laudo y la vinculación de éste con el Congreso del Estado para coadyuvar al pago liso y llano del laudo de que se trata. - Del Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán: La omisión de tomar medidas legales y administrativas, como son ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones y adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes e instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto y la omisión de incluir el pago del laudo a favor de la peticionaria del amparo en el juicio laboral 562/2010. En esencia reclama la parte quejosa la omisión de las responsables de llevar a cabo cada una, dentro del ámbito de sus atribuciones, las acciones conducentes para la ejecución del laudo emitido a su favor por el Tribunal responsable. - Del Ayuntamiento del Municipio de Seyé, Yucatán, como órgano colegiado: La omisión de incluir en el presupuesto de egresos correspondiente, una partida específica para el cumplimiento del laudo 562/2010. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Congreso del Estado, Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, Presidente Municipal, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán; al rendir su respectivo informe justificado negaron el acto que se les reclama; sin embargo, realizaron manifestaciones que evidencian su certeza; en consecuencia, se desvirtúa tal negativa y deberá tenerse como cierto dicho acto. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo IXV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Asimismo, por cuanto hace a la autoridad responsable Ayuntamiento del Municipio de Seyé, Yucatán, se advierte que no rindió su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificada al respecto, por tanto, se tiene por presuntivamente cierto el acto omisivo que se le atribuye, sin que exista prueba en contrario; lo anterior, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, se procede a estudiar el presente juicio de amparo a fin de determinar si en la especie se surte alguna causal de improcedencia, ya sea que la aleguen las partes, o bien de oficio se analice, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sire de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 814 sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 553 y 554, del tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso concreto, el suscrito resolutor considera que se actualizan las siguientes causas de improcedencia, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables que ahora se detallarán. En cuanto a los actos reclamados al Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, consistentes en: La omisión de tomar medidas legales y administrativas, como son ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones y adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes e instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto y la omisión de incluir el pago del laudo a favor de la peticionaria del amparo en el juicio laboral 562/2010. Así como del Ayuntamiento del Municipio de Seyé, Yucatán, como órgano colegiado, consistente en la omisión de incluir en el presupuesto de egresos correspondiente, una partida específica para el cumplimiento del laudo 562/2010. Este Juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso con el 5°, fracción II de la Ley de Amparo. Previo a determinar la actualización de la causal de improcedencia antes invocada, cabe citar los siguientes antecedentes: La parte quejosa demandó al Ayuntamiento de Seyé, Yucatán en juicio ordinario laboral, por diversas prestaciones, procedimiento que fue sustanciado ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. Dicho Tribunal dictó resolución en forma de laudo, en el que condenó al citado Ayuntamiento al pago de las indemnizaciones y prestaciones reclamadas, las cuales quedaron firmes. Después de múltiples requerimientos, la parte demandada aún no ha dado cumplimiento al fallo condenatorio emitido en su contra. Pues bien, al caso cabe reiterar lo que establecen los artículos 61, fracción XXIII, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." En ese contexto, conforme a los dispositivos inicialmente citados se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de actos de autoridad, lo que en el caso no se surte respecto del acto reclamado al Presidente, Síndico y Tesorero, del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, ni en relación con el cuerpo colegiado Ayuntamiento de Seyé, Yucatán. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de autoridad responsable, acto de autoridad y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. Por lo anterior, es conveniente precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estableció en qué supuestos se está en presencia de actos de autoridad, de entre los cuales destaca en primer término, para este caso en concreto, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Lo anterior, tal como lo refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2011, tomo XXXIV, página 1089, con número de registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular. Además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, esto es, que esté autorizado precisamente con la finalidad de que en nombre del Estado emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales crea, modifica o extinga situaciones jurídicas que pudieran afectar la esfera legal de otro particular, y que para emitir esos actos, no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cabe mencionar a lo anterior el criterio sustentado en la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.), por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 3823, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2010168, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma" Al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en los criterios invocados, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que cuyas funciones estén determinadas por una norma jurídica general, la cual le confiere la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior, válidamente permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Sus funciones estén determinadas por una norma general, cuyo ejercicio sea irrenunciable por ser pública la fuente de dicha potestad; b) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, crear, modificar o extinguir situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados; y, c) Los actos que dicten lo sean de manera unilateral y obligatoria con lo cual afecten la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor, el concepto de autoridad, si bien incluyen actos de particulares, también es cierto que como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, es necesario que sus funciones estén determinadas por una norma jurídica general, y sean emitidos de manera unilateral y obligatoria con afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Ahora, en la especie, se advierte que los solicitantes del amparo reclaman de las autoridades responsables citadas, en etapa de ejecución, la omisión de dictar las medidas correspondientes para cumplir con el laudo condenatorio dictado en el expediente laboral 562/2010, así como la omisión de incluir en el presupuesto de egresos correspondiente, una partida específica para el cumplimiento del laudo 562/2010. Sin embargo, los referidos actos derivan de una relación de coordinación que surge entre el trabajador y la parte patronal, Ayuntamiento Municipal de Seyé, Yucatán, derivado de una relación laboral que se suscitó entre ambos. Por lo que, a partir del plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales (patrón-trabajador) y la igualdad procesal inmersa en ellas, se hace extensiva al ámbito de ejecución de laudos. De ahí que, en la etapa de ejecución de laudo, el Ayuntamiento demandado sigue manteniendo una relación de coordinación con el operario, aquí parte quejosa, esto es, en un plano de coordinación e igualdad; por ende, no actúa con el carácter de autoridad sino que se asemeja al de un particular en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, mediante el procedimiento de ejecución. Y no será hasta en tanto se sustancie y culmine el procedimiento de ejecución conforme a las formalidades legales establecidas y agotadas todas las herramientas a sus alcance por el citado Tribunal, que el Ayuntamiento Municipal de Seyé, Yucatán, como órgano colegiado, así como sus integrantes en lo individual, Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Síndico Municipal, seguirán manteniendo una relación de igualdad procesal con la parte peticionaria del amparo, esto es de relación patronal en el juicio de origen. De lo que se sigue, que el Ayuntamiento demandado, ni sus integrantes en lo particular, no actúa con el carácter de autoridad en esa etapa procedimental, sino sólo como un ente particular, que debe cumplir obligatoriamente con el laudo dictado en su contra y que lo vincula a su cumplimiento forzoso. Por consiguiente, el incumplimiento por parte de la autoridad señalada como responsable a un laudo dictado en su contra, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; lo que hace improcedente el mismo. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor..." No se soslaya que en diversos juicios de amparo tramitados en este juzgado de Distrito, cuyos actos reclamados devinieron de juicios laborales del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, se vincularan al cumplimiento de la ejecutoria de amparo como autoridades responsables al Presidente, Municipal, Síndico de Hacienda y Tesoreros, todos de diversos Ayuntamientos. Ya que en esos juicios, a dichas personas (Presidente, Municipal, Síndico de Hacienda y Tesoreros de los Ayuntamientos), el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito en las ejecutorias que dictó, ordenó vincularlas únicamente para efectos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo; sin que ello signifique que para todos los casos se les deba considerar en esa forma, puesto que ello sólo se atendió así para el caso en específico; y ante el incumplimiento del Ayuntamiento en el pago del laudo, por lo que como una medida más para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo fue que se les vinculó en lo individual. Lo que se insiste, no significa ni resulta vinculante para que con motivo de ello se les tenga que considerar bajo ese carácter a dichas personas o al Ayuntamiento en sí, pues los motivos y circunstancias en uno y otro juicio de amparo son distintos, aun cuando pudiera estimarse que persiguen el mismo fin, sin embargo, difieren en cuanto a que se tratan de supuestos legales diversos frente a un acto reclamado distinto; por lo que hay que atender primordialmente a la naturaleza de la relación existente entre ellos. En las relatadas condiciones, al quedar demostrado que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, del propio ordenamiento legal. QUINTO. Actualización de una diversa causal de improcedencia. Por otra parte, por lo que hace al acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, consistente esencialmente en: La omisión de proveer la inmediata ejecución del laudo y la vinculación de éste con el Congreso del Estado para coadyuvar al pago liso y llano del laudo de que se trata, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 65, fracción IV de la Ley de Amparo aplicable; numerales que se transcriben a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". Para demostrarlo en principio se destaca que en la especie el quejoso señala como acto reclamado en esencia la omisión genérica del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, para proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo que se dictó en el juicio laboral 562/2010 de su índice. Sobre esta premisa en el caso se tiene que si bien la autoridad responsable tiene la obligación de ejecutar los laudos que pronuncie, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen a su vez la obligación de manifestar su voluntad para que continúe la acción ejercida; por tanto, si en el presente asunto se reclama la omisión genérica del Tribunal responsable de no respetar los plazos para la ejecución del laudo, tal reclamo produce la improcedencia del juicio de amparo. En efecto, al reclamarse en la demanda de amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del Tribunal responsable, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo resulta improcedente, en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del numeral 63, del propio ordenamiento, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta. Lo anterior es así, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, si como en el caso de la lectura de la demanda y del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que la responsable ya emitió el laudo arbitral, y que no obstante el hecho de requerir en diversas ocasiones al Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, ha demostrado su imposibilidad para lograr el cumplimiento, ya que el Presidente Municipal y el Cabildo del citado Ayuntamiento, han sido contumaces con la solicitud de pago total del laudo dictado en el juicio de origen 562/2010. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Esa ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, con número de registro 2000011, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, en la ejecución de laudo, es necesario no sólo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por esas razones no puede constreñirse al Tribunal responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. En ese contexto, como en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado de forma genérica la omisión del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios en la falta de cumplimiento de la sentencia o laudo dictado en el juicio de origen 562/2010, en el caso se actualiza de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV de la Ley de Amparo, pues se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa o el cumplimiento sustituto depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por demostrada la omisión genérica que se atribuyera a la autoridad responsable. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2000025, que señala: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual manera resulta aplicable al caso la jurisprudencia que sustentó el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, con número de registro 2010025, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Por lo antes expuesto, al actualizarse las causales de improcedencia antes invocadas, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Inexistencia de diversa causa de improcedencia. Al no actualizarse alguna diversa causa de improcedencia que se advierta de oficio o que la hagan valer las partes, se estudia la constitucionalidad de los restantes actos reclamados, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, es innecesaria dicha transcripción. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Mayo de 2010, tesis 2a./J.58/2010, en la página 830, materia Común, de la Novena Época, que literalmente dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Análisis de la litis constitucional. Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. De la revisión integral de la demanda de amparo, específicamente el apartado relativo a los conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión del Congreso de llevar a cabo los mecanismos legislativos necesarios a fin de dotar a los Ayuntamientos de partidas presupuestarias que solventen los adeudos de éstos, en virtud de los laudos emitidos en su contra y a favor de trabajadores en procedimientos laborales incoados, lo que considera se traduce en una omisión legislativa atribuida al Congreso del Estado, al no prever los mecanismos administrativos y presupuestales para el pago del laudo condenado en el procedimiento laboral en el que el Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, ha sido parte. Dicho reclamo es infundado por lo siguiente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 14/2005, estableció que, en atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Asimismo, precisó que, por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando los órganos legislativos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; agregó por otro lado, que puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. También refirió que en un Estado Federal, el principio de división funcional del poder se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas a los órganos superiores del Estado; en este sentido, el principio que cierra la posibilidad de actuación de las autoridades dentro del ordenamiento jurídico, es que todo aquello que no se encuentra expresamente facultado para las autoridades se encuentra prohibido, y que las autoridades sólo pueden realizar los actos dictados sobre bases expresas previstas en el ordenamiento y, en particular, en la Constitución. Señaló que este sistema competencial establecido en la Constitución se expresa positivamente de varias maneras: existen prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; existen competencias de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida y, finalmente, existen competencias de ejercicio obligatorio, en donde el órgano del Estado se encuentra obligado a ejercer la competencia establecida en la Constitución. Ahora bien, en relación con los órganos legislativos del Estado, refirió que las facultades o competencias de ejercicio potestativo son aquellas en las que dichos órganos pueden decidir si las ejercen o no, y en qué momento lo harán. La competencia, en sentido estricto, no implica una obligación: es simplemente la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales. Es decir, en este tipo de competencias, los órganos legislativos cuentan con la potestad de decidir si las ejercerán o no y en qué momento las llevarán a cabo, sin que estén obligadas a ejercerlas. Por tanto, el órgano legislativo tiene la potestad de decidir, libremente, si crea o no determinada norma jurídica y en qué momento lo hará. Por otro lado, estableció que las facultades o competencias de ejercicio obligatorio son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de realizarlas por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones, de ahí que en caso de que no se realicen, el incumplimiento trae aparejada una sanción. En este tipo de competencias, el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedir determinada ley. Esta obligación (mandato) de ejercicio de la facultad para la expedición de leyes, puede encontrarse de manera expresa o implícita en las normas constitucionales, así sea en su texto mismo o en su derecho transitorio. Respecto de esto último, ello es así en tanto que las normas transitorias cumplen con la función de establecer las obligaciones, parámetros y tiempos para la adecuación de los cambios normativos establecidos por el órgano de reforma constitucional. Agregó que atendiendo a esta clasificación (competencias o facultades de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo), es necesario considerar las posibilidades de no ejercicio de estas, lo cual se traduce en omisiones. Claramente existen solamente dos opciones en relación con el no ejercicio de las competencias concedidas a los órganos legislativos; por un lado, se puede dar una omisión absoluta por parte del órgano legislativo del Estado, en donde éste simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido, ni ha externado normativamente ninguna voluntad para hacerlo, de ahí que la misma siga siendo puramente potencial. Por otro lado, el órgano legislativo puede haber ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. En este último caso nos encontramos frente a omisiones relativas en cuanto al ejercicio de la competencia establecida constitucionalmente. De igual forma, precisó que combinando ambos tipos de competencias o facultades (de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo) y de omisiones (absolutas y relativas), pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente. Consideraciones plasmadas en las jurisprudencias 10/2006 y 11/2006, visibles en las páginas 1527 y 1528, Tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 175872 y 175869, respectivamente, de rubro y texto siguiente: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente." "ÓRGANOS LEGISLATIVOS. TIPOS DE FACULTADES O COMPETENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. En atención al citado principio los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio. Las primeras son aquellas en las que dichos órganos pueden decidir si las ejercen o no y el momento en que lo harán; de manera que esta competencia en sentido estricto no implica una obligación, sino la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales, es decir, los órganos legislativos cuentan con la potestad de decidir libremente si crean determinada norma jurídica y el momento en que lo harán. Por su parte, las segundas son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de hacer por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones; de ahí que si no se realizan, el incumplimiento trae aparejada una sanción; en este tipo de competencias el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedirla o crearla, que puede encontrarse expresa o implícitamente en el texto de las propias normas constitucionales, o en el de sus disposiciones transitorias." Por otra parte, cabe señalar que al fallar el amparo en revisión 1359/2015, en sesión del quince de noviembre de dos mil diecisiete, la Primera Sala del Alto Tribunal, al referirse a las omisiones legislativas como actos reclamados estableció que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Recalcó que en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esa vía procesal no tuviera mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Agregó que era posible sostener válidamente que a través del juicio de amparo indirecto pueden combatirse como actos de autoridad, omisiones atribuibles directamente al Poder Legislativo. Estimó que los tribunales de amparo tienen facultades constitucionales para ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando éstos sean violados por una omisión legislativa absoluta, y que en un Estado constitucional de derecho todas las autoridades deben respetar la Constitución. Así, aun cuando el Poder Legislativo tenga una función de la máxima importancia dentro de nuestro orden constitucional y ésta se le haya encomendado de manera exclusiva, aunque con cierta intervención del Poder Ejecutivo, también se encuentra sometido a la Constitución, concluyendo que en estos casos el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar. Lo anterior, pues cuando la Constitución establece un deber de legislar respecto de algún tema en específico a cargo del Poder Legislativo, el ejercicio de la facultad de legislar deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio, y en tal escenario, la única manera de mantener un estado de regularidad constitucional es que los tribunales de amparo estén en aptitud de determinar si en un caso concreto una omisión de legislar se traduce además en una vulneración a los derechos de las personas, por lo que consideró importante enfatizar que un acto de autoridad que vulnera derechos es inconstitucional, sin importar que se trate de una acción o una omisión, ni la autoridad a la que se le atribuya ese acto. Así, concluyó que cuando exista un mandato constitucional dirigido al Poder Legislativo en el que se le imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución. Particularmente, tienen el deber de proteger a las personas frente a las omisiones del legislador, garantizando que éstas no se traduzcan en vulneraciones de sus derechos fundamentales. De lo expuesto, se concluye que habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente, y que en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo (omisiones de ejercicio potestativo), cuyo criterio se encuentra establecido en la tesis del rubro y texto siguientes: Así lo sostuvo en la tesis aislada 1a. XX/2018, visible en la página 1100, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1100, Décima Época, registro electrónico 2016424, de rubro y texto: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales." En ese sentido, si respecto de la omisión legislativa reclamada en este juicio de amparo, no existe un mandato constitucional en el sentido que refiere la quejosa, esto es, que el legislador debe establecer los mecanismos administrativos y presupuestales para el pago del laudo condenado en el procedimiento laboral en el que el Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, ha sido parte demandada, es claro que resultan infundados los conceptos de violación que expuso, pues no se trata de una omisión legislativa de carácter absoluta en competencias de ejercicio obligatorio, pues no hay mandato alguno u obligación que así se lo imponga, sino en todo caso constituye el acto del que se duele la promovente, una omisión de ejercicio potestativo, la cual carece de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, lo que procede es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal. OCTAVO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DECIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por DOLORES GABRIELA VÁRGUEZ CHIM en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por DOLORES GABRIELA VÁRGUEZ CHIM en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando quinto de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a DOLORES GABRIELA VÁRGUEZ CHIM, contra los actos que reclamo al Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 587/2020-P.3 signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta la resolución pronunciada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el toca 72/2020 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Dolores Gabriela Várguez Chim, contra la sentencia firmada el veintinueve de noviembre de dos mil veinte; así como el juicio de amparo 463/2018 y un anexo. En la resolución recibida, se advierte que la Superioridad en su resolutivo único, señaló: "ÚNICO. Para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria, se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto número 463/2018-IV-B, promovido por Dolores Gabriela Várguez Chim, en contra de los actos y por las autoridades precisadas en el considerando séptimo del fallo recurrido.". Al respecto, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes de lo informado, por lo que se ordena acusar recibo a la Superioridad. Glósese a estos autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. Ahora bien, de la lectura de la ejecutoria de mérito se advierte que el efecto de la reposición del presente procedimiento, es para que se celebre nuevamente la audiencia constitucional relativa y se dicte la sentencia que corresponda, en la que se cumplan los requisitos señalados por la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; en consecuencia, en cumplimiento de lo anterior, se señala como nueva hora y fecha de la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Hágase del conocimiento de lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Primero.- Se sobresee en el presente juicio de amparo... Segundo.-Se sobresee en el presente juicio de amparo... Tercero.- La justicia de la unión no ampara ni protege a la parte quejosa
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