Dolores Jerusha Salgado Roa

Expediente 246/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
246/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Dolores Jerusha Salgado Roa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa Dolores Jerusha Salgado Roa, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la autoridad responsable, a la parte tercero interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. En consecuencia, se ordena dar acceso al expediente electrónico del presente asunto a la mencionada Superioridad, a fin de que se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por oficio a la autoridad tercero interesada y personalmente al tercero interesado ********************, a la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa Dolores Jerusha Salgado Roa, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la autoridad responsable, a la parte tercero interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. En consecuencia, se ordena dar acceso al expediente electrónico del presente asunto a la mencionada Superioridad, a fin de que se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por oficio a la autoridad tercero interesada y personalmente al tercero interesado ********************, a la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y cúmplase.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado ese propio día a este órgano jurisdiccional, compareció******************** o ******************** a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán y a la Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Desechamiento Parcial y admisión de la demanda. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 246/2023-III-A, se desechó parcialmente respecto del acto reclamado a la Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Y por otro lado, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete y se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. Plazo de ocho días por vista del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la vista otorgada a las partes mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, respecto del informe rendido por la autoridad responsable, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que del informe rendido por la autoridad responsable y las constancias anexadas, se advierte la existencia del acto reclamado, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio, por parte de este Juzgador al no haber razón jurídica para que primordialmente la parte quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La determinación de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expedientillo ********************, recaída al recurso innominado que hizo valer, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe de ley; lo que se corrobora con las constancias que remitió a este juzgado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTA. Análisis de las causas de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En efecto, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Conforme a lo dispuesto en el numeral trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado, esto, hasta antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en dos supuestos, a saber: a) Por revocación, y b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Esta causa de improcedencia, se justifica por la imposibilidad de concretar el fin del juicio de amparo, esto es, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte lo que el mismo le exija. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida en segundo término, que se presenta cuando se da la sustitución de actos procesales, de manera que un acto posterior incide en la ejecutividad, vigencia y firmeza de otro. En efecto, la parte quejosa reclama del Juez responsable, el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expedientillo ********************, recaído al recurso innominado que hizo valer, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de diversas omisiones del Ministerio Público de los actos de investigación que propuso en su carácter de ofendida en la carpeta de investigación UNATD35-GC/1764/2021, relativos a la entrevista de la testigo María del Mar Kelleher Vales y el peritaje de grafoscopía en el contrato de compraventa que motivó su denuncia. Determinación en la cual la autoridad responsable al estimar que se encontraba atendida la solicitud de la aquí quejosa, dio por concluida la intervención judicial solicitada y ordenó el archivo del expedientillo. Sin embargo, posteriormente al dictado de esa determinación, de las constancias remitidas por dicha autoridad como apoyo a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como del registro de audio y video de la audiencia de veintiocho de febrero del año en curso, que acompañó. Se advierte que mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable determinó que no obstante la declaratoria realizada en el proveído de treinta y uno de enero del año en curso, a fin de salvaguardar los derechos de la aquí quejosa, en su carácter de víctima en la carpeta de investigación UNATD35-GC/1764/2021, convocó a una audiencia que tendría verificativo a las nueve horas del veintiocho de febrero de la presente anualidad, a fin de que la solicitante del control judicial y demás intervinientes fueran escuchados. Audiencia aquélla que tuvo verificativo en la fecha programada, en la que en atención a la petición realizada por la quejosa y los argumentos expuestos por las partes, el juez del conocimiento acordó lo relativo a los actos de investigación motivo de la litis planteada. Esto es, únicamente respecto de la entrevista de la testigo María del Mar Kelleher Vales; ya que en cuanto al peritaje solicitado, se informó que los documentos que servirán para ello fueron exhibidos por la denunciante y se ordenó la citación del indiciado para su desahogo. Por lo cual concedió el plazo de quince días al Ministerio Público, a fin de que realizara las gestiones necesarias para la localización de la testigo María del Mar Kelleher Vales, y dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo, informara los actos de investigación que realizó. Así, de lo anteriormente relatado se desprende que la resolución reclamada de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, cesó en sus efectos al quedar sustituida procesalmente por la diversa determinación que dictó el juez el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que calificó lo conducente al control judicial solicitado por las omisiones incurridas por el Ministerio Público en los actos de investigación propuestos por la aquí quejosa. Esto es, el acto que le atribuye la parte quejosa a la autoridad judicial responsable, dejó de tener efectos legales propios, y por tanto, de producir afectación a su esfera jurídica por la cesación del mismo, pues, como se dijo, el aludido acto fue sustituido por el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. De tal suerte, que es evidente que el acto reclamado ha dejado de tener vigencia con motivo de esa determinación del Juez responsable, en el expedientillo ********************; por lo que ésta última es la que procesalmente rige la esfera jurídica de la parte quejosa. Es aplicable al caso por lo que su contenido informa, el criterio contenido en la tesis aislada I.3o.C.92 K, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165870, cuyo rubro y texto rezan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así como la tesis III.3o.C.23 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con número de registro 199560, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 410 que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por******************** o ********************, en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés. Al efecto, este órgano jurisdiccional tiene por informado lo anterior y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Sin que obste que el escrito que se acuerda haya sido dirigido al juicio de amparo 46/2023, pues atendiendo a los datos que integran la promoción, se advierte que corresponde al presente asunto. Sustenta lo anterior por analogía, la jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 3/2004, en materias común y civil de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, a página 264, del rubro siguiente: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN." Notifíquese y cúmplase.

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