Diunger de Jesus Heredia Perez

Expediente 2153/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2153/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Diunger de Jesus Heredia Perez

Actuaciones

  1. Principal

    . Visto para resolver el juicio de amparo número 1565/2022-IV-A, promovido por Francis Noemí Canul Estrella; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el veinticuatro siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció FRANCIS NOEMÍ CANUL ESTRELLA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: El auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se decretaron providencias precautorias de retención de bienes y de aseguramiento de cuentas bancarias, en el expediente 509/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto por el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 509/2021 promovido en su contra como aval y en contra de diversos deudores; y, La orden dirigida a la institución Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, para el bloqueo, cancelación, suspensión o congelación de la cuenta bancaria 9044000004532504, derivada de las providencias precautorias decretadas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la responsable Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su respectivo informe justificado. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, Tomo II, página 830, registro 1002815. Tesis identificada con el número 749). CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. En términos del artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, al ser ésta una cuestión de orden público y estudio preferente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394770 que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En este apartado, respecto del acto reclamado identificado con el número dos (2), consistente en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 509/2021 promovido en su contra como aval y en contra de diversos deudores, del índice del juzgado responsable, el juicio de amparo es improcedente porque no se actualiza la figura de tercero extraño. Concatenado, al no tener el carácter de tercero extraño en el juicio natural, la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el Código de Comercio, respecto de las providencias precautorias decretadas en el procedimiento natural, lo que está en relación con los actos identificados con los números uno (1) y tres (3). Ciertamente, estas dos razones de improcedencia coexisten en función de los actos reclamados, y para mejor compresión de las razones que justifican la improcedencia del juicio, la demostración de la actualización de éstas se realizará en rubros distintos. LA QUEJOSA NO ES TERCERO EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN Respecto al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento a las providencias precautorias de aseguramiento de bienes y de aseguramiento de cuentas bancarias, ordenadas en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 509/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto por el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo previsto en su artículo 107 fracción VI, ambas disposiciones de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, ya que la amparista no es tercero extraña a la controversia de origen. En efecto, el procedimiento natural se encuentra en trámite y la inconforme reclama una violación a sus derechos humanos de audiencia, defensa adecuada y legalidad, bajo las consideraciones de que no ha sido emplazada ni ha acudido al procedimiento natural; sin embargo, el procedimiento natural aún no concluye. Lo anterior, implica que antes de promover el amparo debe comparecer al sumario de origen, pues aún está en posibilidad de defenderse dentro del mismo, incorporarse materialmente a la relación jurídica procesal en el asunto que se sigue en su contra, donde cuenta con la oportunidad de ejercer plenamente su derecho humano de audiencia. Como corolario, la instancia constitucional resulta improcedente, porque aún no se ha emitido la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil oral de origen y la parte promovente está en posibilidad de vincularse al procedimiento natural, así como de interponer los medios de defensa ordinarios una vez que se emita la resolución definitiva, o contra cualquier determinación que le cause perjuicio durante la tramitación del proceso. Lo anterior es así, ya que del contenido de la demanda de amparo, se advierte que en el apartado de antecedentes de los actos reclamados, en el inciso d), la parte quejosa señaló: "d) Después de estar averiguando de donde procedió la orden de congelamiento de mi referida cuenta bancaria, con fecha seis de junio del año en curso, me enteré que la misma fue dictada por el JUEZ PRIMERO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL JUDICIAL DEL ESTADO, en autos del expediente número 00509/2021, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, interpuesto por el BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de la suscrita como fiadora solidaria y avalista y en contra de los señores ILEANA MATILDE UCH CANUL Y ANTONIO LEODEGARIO DZUL MENESES, como deudores principales". Por tanto, si la quejosa se enteró en esa data que señala, de la existencia del juicio ejecutivo mercantil cuyo número proporcionó, radicado ante el juez mercantil referido, nada le impide apersonarse para defender sus derechos mediante la interposición de los recursos legales que considere viables, máxime que no se ha dictado sentencia en dicho sumario ya que el asunto se encuentra en trámite. Consideración que encuentra apoyo la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Asimismo, debe decirse que las providencias precautorias están regidas por los numerales 1177 y 1178 del Código de Comercio, los que disponen que las providencias precautorias se podrán decretar como actos prejudiciales después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el ordenamiento legal en cita. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin que sea necesario citar al deudor, mientras que una vez iniciado el procedimiento la providencia precautoria se emitirá de manera incidental previa audiencia del deudor. Así, la providencia precautoria decretada en el procedimiento de origen es un acto provisional, la cual dada la naturaleza que tiene la medida precautoria o cautelar, no requiere de audiencia previa porque de otra manera no podría efectuarse, por tanto, no era necesario emplazar a la parte quejosa en relación con las providencias precautorias. Sobre este particular, se invoca el criterio P. IX/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "MEDIDA PRECAUTORIA. SU DECRETAMIENTO O LEVANTAMIENTO NO REQUIERE DE AUDIENCIA PREVIA. El artículo 1180 del Código de Comercio contempla el derecho del demandado para que se levante la medida precautoria decretada en su contra correlativa de la obligación del Juez de hacer pronunciamiento en ese sentido, cuando se surtan los supuestos siguientes: a) Que se consigne por el deudor, solicitante del levantamiento de la medida precautoria, el valor y objeto reclamado; b) Que se dé fianza bastante a juicio del Juez; y, c) Que se acredite que tiene bienes raíces suficientes para responder del éxito de la demanda. Así, puede concluirse que para decretar una medida precautoria el ordenamiento legal en análisis no impone al Juez la obligación de oír previamente al afectado, dado que su naturaleza y finalidad de asegurar el éxito de la demanda, arraigando a la persona o secuestrando sus bienes, no se cumpliría si hubiera dilación derivada de la intervención previa del deudor, o bien no se lograría el secuestro porque el deudor podría ocultar, dilapidar o enajenar sus bienes antes de que la medida se ejecutara. Por otra parte, aunque el actor o solicitante de la medida tampoco tiene intervención previa al dictado de la resolución que levanta la medida precautoria, ello no es violatorio de garantías porque de cualquier modo queda asegurado que el actor podrá hacer efectivo su crédito, toda vez que en el caso de la consignación, el valor u objeto reclamado es puesto a disposición del Juez; en el supuesto de que se otorgue fianza suficiente, esta forma de garantizar lo reclamado sustituye a la providencia precautoria y es un medio eficaz de responder con seguridad, del éxito de la demanda; y finalmente, si el deudor acredita que tiene bienes raíces suficientes para responder de las prestaciones que se le reclaman, con ello desaparece o se desvirtúa el supuesto de procedencia de la medida precautoria, consistente en que, cuando la acción sea personal, el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. De ahí que en todos los supuestos, con el levantamiento de la medida precautoria no se deja al acreedor sin la seguridad de que cuando se pronuncie sentencia ejecutoria a su favor, pueda hacer el cobro de su crédito." Ahora bien, toda vez que se ha desvirtuado el carácter de la quejosa como tercero extraña al juicio de origen, procede analizar el diverso motivo de improcedencia, relacionado con la inobservancia del principio de definitividad. DEFINITIVIDAD. Ahora bien, la inatención de la parte quejosa del principio de definitividad se hace patente en relación con el acto reclamado señalado bajo el número uno (1), consistente en el auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se decretaron providencias precautorias de retención de bienes y de aseguramiento de cuentas bancarias, en el expediente 509/2021, del cual derivó el diverso acto identificado con el número tres (3), relativo a la orden dirigida a la institución Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, para el bloqueo, cancelación, suspensión o congelación de la cuenta bancaria 9044000004532504, derivada de las providencias precautorias decretadas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". En primer término, es pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen este medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo Ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta, que el aludido principio supone el agotar o ejercer previa y necesariamente todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa. Toda vez que si el amparo es el medio del que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado, el cual sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Es oportuno, por la estrecha relación que guarda con lo antes plasmado, invocar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXVII, página 7, que señala: "AMPARO. Siendo el amparo un remedio constitucional extraordinario, es conforme a su esencia y naturaleza, que sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico, no puede acudirse a 'l, cuando en el orden común exista todavía un remedio legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando al perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, (y este es el caso del artículo 10 de la Ley Agraria), o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede; y si el perjuicio se consiente por no usar de los medios legales que establece el estatuto del acto, tampoco se está ya capacitado para pedir el amparo, puesto que el consentimiento del perjuicio purga el acto del vicio legal, y al que lo consintió no se le priva de derecho alguno; no obsta a lo dicho, que la Constitución General y la Ley de Amparo, hayan adoptado ese criterio expresamente para asuntos judiciales, porque de ello no se deduce que prohíba adoptarlo para asuntos administrativos, pues donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, tanto más, cuanto que en ningún texto de la Constitución, consta que se haya establecido esa excepción.". Al respecto, se tienen a la vista las constancias en copia certificada derivadas del juicio ejecutivo mercantil oral 509/2021 del índice de la autoridad responsable, remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, de dichas constancias, se advierte que la promovente es parte demandada en el juicio del que derivan los actos reclamados, al ser aval de los deudores principales, y que en el auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se decretaron providencias precautorias de retención de bienes y de aseguramiento de cuentas bancarias, en el expediente 509/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto por el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Dicho acuerdo inicial, es de la literalidad siguiente: "[.] [.]". (foja 100 del Anexo Tomo II). Ahora bien, como se adelantó, resulta improcedente combatir el auto en mención a través del juicio de amparo indirecto, en razón de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario previsto por la ley, pues al ser parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil oral de origen en que se emitió dicho acto reclamado, que decretó procedente las providencias precautorias en su contra sobre retención de bienes y embargo de cuentas bancarias, puede y debe hacer uso de los medios de impugnación establecidos en la legislación que rige el procedimiento natural, máxime que no se encuentra imposibilitada, dado el estado procesal imperante en el expediente de origen, pues está en trámite. Se estima así, toda vez que contra el aludido proveído, procede el recurso de apelación, como enseguida se expone. Es dable resaltar que la determinación reclamada, proviene de un juicio ejecutivo mercantil oral, cuya demanda se presentó el cinco de octubre de dos mil veintiuno, el que se rige por las normas legales establecidas en el Código de Comercio con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho. Sustenta lo anterior la tesis 2a. XLIX/2009 de la novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 273, tomo XXIX, mayo de dos mil nueve, materia común, de rubro y texto: "NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA. Tratándose de normas procesales, las partes no adquieren el derecho a que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento en vigor al momento en que haya nacido el acto jurídico origen del litigio, ni al de las vigentes cuando el juicio inicie, toda vez que los derechos emanados de tales normas nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, de ahí que cada una de sus fases se rija por la regla vigente al momento en que se desarrolla, excepto en los casos en que en el decreto de reformas relativo se hayan establecido disposiciones expresas sobre su aplicación en otro sentido. En consecuencia, cuando se trata de normas de carácter adjetivo no puede alegarse la aplicación retroactiva de la ley, proscrita en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Ponderado lo anterior, es de indicarse que la citada legislación mercantil, prevé que en contra de una actuación de tal naturaleza procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 1183, 1339, 1340 y 1341, en relación con el 1345, fracción IV, 1390 bis y 1390 bis 1 de la citada legislación aplicable en el año dos mil veintiuno, que en lo que interesa, establecen: "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente. Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.] Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código". Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,379.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone. "Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: [.] IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo". "Artículo 1390 Bis.- Se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno. No obstante, las partes podrán solicitar al juez, de manera verbal en las audiencias, que subsane las omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en la substanciación del juicio oral, para el sólo efecto de regularizar el procedimiento. Asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento. Si las partes estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras, las partes podrán solicitar de manera verbal dentro de la audiencia en que se dicte, la aclaración o adición a la resolución, sin que con ello se pueda variar la substancia de la resolución. Contra tal determinación no procederá recurso ordinario alguno". "Artículo 1390 Bis 1. No se sustanciarán en este juicio aquellos de tramitación especial establecidos en el presente Código y en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada. Tratándose de acciones personales en donde no se reclame una prestación económica, la competencia por cuantía la determinará el valor del negocio materia de la controversia. Los medios preparatorios a juicio y las providencias precautorias se tramitarán en términos de los Capítulos X y XI, respectivamente, del Título Primero, Libro Quinto de este Código". De la lectura de los anteriores preceptos, se aprecia que en contra de las providencias precautorias dictadas en juicios mercantiles, para nulificar, modificar o revocar dicha determinación procede el recurso de apelación. Ahora, si bien es cierto, el artículo 1,390 bis del Código de Comercio dispone que contra las determinaciones dictadas en un juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno, en el diverso 1,390 bis 1 párrafo tercero, se establece que los medios preparatorios a juicio y las providencias precautorias dictadas en un juicio oral mercantil, se tramitarán en términos de los capítulo X y XI, respectivamente, del Título Primero, Libro Quinto de dicho Código. Sirve de apoyo a lo anterior, por el principio que contiene, el criterio jurisprudencial PC.I.C. J/80 C (10a.), sostenido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 2018339, de rubro y texto siguientes: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. LA HIPÓTESIS DE IRRECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, ES INAPLICABLE A LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LA SOLICITUD DE AQUÉLLAS. La reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, así como la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 1390 Bis, segundo párrafo y 1390 Bis 1, último párrafo, de dicho ordenamiento, conducen a considerar que la hipótesis de irrecurribilidad de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil, prevista en el primero de dichos preceptos, no es aplicable a la determinación que deniega las providencias precautorias, solicitadas prejudicialmente. Esto es así, porque el texto del primero de dichos artículos es claro al expresar, que la prohibición de recursos comprende exclusivamente al juicio oral mercantil, y las providencias precautorias no forman parte de este juicio, sino que pertenecen a uno diferente, al que la doctrina denomina proceso cautelar, y respecto al cual, la ley autoriza su promoción antes de un proceso de conocimiento o de uno ejecutivo. Según el artículo 1390 Bis 11 del código citado, el juicio oral empieza con una demanda escrita, de manera que las resoluciones posteriores a tal escrito inicial son las que quedan comprendidas en el mandamiento de irrecurribilidad y, por consiguiente, éste no podría estar referido a determinaciones emitidas antes de que comience el juicio oral. Esta posición está confirmada en el último párrafo del artículo 1390 Bis 1 indicado, al prever que las providencias cautelares se tramitarán en términos del Capítulo XI, Título I, Libro Quinto, es decir, en conformidad con preceptos que están fuera del "Título Especial" "Del juicio oral mercantil". De ahí la afirmación en el sentido de que, al no actualizarse la hipótesis del segundo párrafo del artículo 1390 Bis mencionado, no cabe invocarlo para considerar irrecurrible, la resolución que deniega la solicitud de providencias precautorias." En ese tenor, como en el presente juicio el acto reclamado consiste en el auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en un juicio ejecutivo mercantil oral en el cual, la responsable decretó procedente las providencias precautorias solicitadas por la parte actora y ordenó la retención de bienes y de cuentas bancarias de la quejosa cuya titularidad se encuentre a nombre de la quejosa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1,390 bis 1 párrafo tercero, las providencias precautorias se tramitarán en términos del artículo 1183, que dispone que contra la determinación que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sobre el particular, en dichos numerales se establecen dos hipótesis para la procedencia del medio de inconformidad en comento, a saber: a) Contra las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal; y, b) Las resoluciones y autos que se hayan emitido en juicios mercantiles cuando por su monto, no se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto no sea inferior a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. Hipótesis que se actualizan, pues el auto materia de reclamo se emitió por un juez de primera instancia, y la suma por la que se decreta la medida precautoria de embargo para garantizar las prestaciones reclamadas (suerte principal) es superior a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional), ya que se reclama por tal concepto el monto de $846,059.61 (ochocientos cuarenta y seis mil cincuenta y nueve pesos 61/100 moneda nacional). Consecuentemente, se concluye que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debió agotar el medio ordinario de defensa que prevé la ley que rige el acto reclamado, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, los recursos que procedan, esto es, el recurso de apelación, que es el medio de defensa en virtud del que pudiera haber sido modificado, revocado o nulificado el auto reclamado, materia del presente estudio. Sin embargo, al no desprenderse que la quejosa hubiese interpuesto ese medio de impugnación en el que haya alegado o controvertido lo resuelto en la determinación que se combate, resulta evidente que desatendió el principio de definitividad que rige en materia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 40/2018 de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página número 886, libro 57, agosto de 2018, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.". Lo anterior, no obstante que la quejosa manifieste que no se le ha otorgado el derecho fundamental de audiencia pues no se le ha emplazado al juicio ejecutivo instaurado en su contra, ya que las providencias precautorias que reclama se decretan sin su previo conocimiento, conforme a lo establecido en el artículo 11774 del Código de Comercio. De ahí que el derecho fundamental de audiencia queda intocado, pues dicha medida es de naturaleza precautoria y como medio preparatorio al juicio ejecutivo mercantil, con el objeto de evitar la desaparición de los bienes del deudor, ante el temor de que éstos sean ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados; por lo que tiene el carácter de un acto de molestia y no privativo, de ahí no resulta menester para cumplir con las formalidades del procedimiento que se le dé oportunidad a la quejosa de comparecer al juicio. Es aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CCXLII/2018 (10a.), de la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, visible a página 316, que establece: "EMBARGO EN MATERIA MERCANTIL. EN SU DICTADO, LEVANTAMIENTO O SUSTITUCIÓN NO RIGE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. Las afectaciones a expectativas de derecho, entendidas como prerrogativas cuyo alcance o disfrute se encuentra condicionado al cumplimiento de condiciones determinadas, no pueden considerarse como actos privativos, sino de molestia. En este sentido, la obtención de una providencia precautoria debe entenderse como una expectativa de derecho cuya admisión o desechamiento constituye un acto de molestia, lo que es consistente con la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a los orígenes y efectos de la distinción entre actos privativos y de molestia, conforme a la cual las medidas cautelares, tanto en lo general como en el caso específico del embargo, constituyen actos de molestia respecto de los cuales no rige el derecho de audiencia previa. Así, el Pleno encuadró al levantamiento del embargo -en términos del artículo 1180 del Código de Comercio- como parte de esa doctrina, enfatizando que la sustitución de la garantía -fianza en lugar de embargo- no extingue la vigencia de la medida precautoria y que, en todo caso, la garantía que busca asegurar la efectividad del crédito carece de impacto respecto de la cuestión de fondo, pues no presume la existencia del derecho que se aduce como sustento de la acción intentada, lo cual será determinado por la sentencia y no por dicha providencia precautoria." Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.1° J/85, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 51, julio de 1993, materia común, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.- La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". Por otra parte, tampoco pasa inadvertido para este juzgador que, atendiendo a la calidad de pensionada que aduce la quejosa, opera en su favor la suplencia de la queja deficiente, sin embargo, en el particular, la suplencia de la queja no tiene el alcance de eludir los presupuestos procesales de procedencia del juicio de amparo, ya que los mismos son de orden público y estudio oficioso. Sirve de apoyo a lo anterior, por el espíritu que la rige, la tesis VIII.4o.10 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable a página 2031, tomo XX, noviembre de 2004, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO TIENE EL ALCANCE DE HACER PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, SI EL QUEJOSO NO ACREDITÓ SU INTERÉS JURÍDICO. La figura procesal de la suplencia de la queja deficiente, establecida en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, sólo constriñe al juzgador federal para que subsane de oficio la insuficiencia o ausencia de los conceptos de violación y, en su caso, de los agravios expresados por el quejoso, en los supuestos previstos por las distintas fracciones contenidas en dicho precepto, pero no tiene el alcance de obligarlo a considerar procedente el juicio de garantías cuando no lo sea, porque el análisis de las causales de improcedencia es preferente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, en términos del artículo 73, última parte, de la legislación reglamentaria citada; por tanto, el Juez de Distrito no puede estimar procedente la pretensión constitucional ejercida por el quejoso, cuando éste no acredita su interés jurídico." De igual forma, es aplicable al caso por las consideraciones que expone, la Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. " En consecuencia, al actualizarse la aludida causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII (principio de definitividad), así como la diversa contenida en la fracción fracción XVIII, del mismo numeral (por no tener la quejosa el carácter de tercero extraña a juicio), todos de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. Finalmente, se precisa que atendiendo al sentido de esta resolución, es innecesario el análisis de los conceptos de violación, lo cual impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con la jurisprudencia J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o., Visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por FRANCIS NOEMÍ CANUL ESTRELLA, en contra de los actos que reclamó del Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos y razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  2. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, de los que se advierte que en proveído de doce de julio de dos mil veintidós, causó estado el diverso de veintiuno de junio del año en curso, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto y se le notificó a las partes. Asimismo, en dicho acuerdo se reservó proveer lo relativo al archivo del presente juicio y de los cuadernos incidentales, hasta en tanto se resolviera la queja interpuesta en el incidente de suspensión derivado de estos autos, lo cual ya aconteció. Por tanto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a estos autos para los efectos legales correspondientes, los oficios SSP/DJ/36612/2022, SSP/SPEI/2192/2022 y SSP/SPEI/2193/2022, suscritos respectivamente por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, por el encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación y por el encargado del Departamento Jurídico de la Subsecretaria de la Policía Estatal de Investigación, todos con sede en esta ciudad, y anexos que acompañan, que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio, al que fueron requeridas en proveído de veinticuatro de agosto del año actual, del que se advierte que dicha ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1235/2022-I-B, promovido por NOEMÍ ALEJANDRA PACHECO BELTRÁN; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, la citada NOEMÍ ALEJANDRA PACHECO BELTRÁN, solicitó por propio derecho la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las siguientes autoridades: AUTORIDADES ORDENADORAS JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESADO, KANASÍN, YUCATÁN. JUZGADO TERCERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, PROGRESO, YUCATÁN. JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL CUARTO DISTITO JUDICIAL DEL ESTADO, UMÁN, YUCATÁN. JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, VALLADOLID, YUCATÁN. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN DELITOS COMUNES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS DE HOMICIDIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS DE NARCOMENUDEO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN YUCATÁN. AUTORIDADES EJECUTORAS SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN. DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. DIRECTOR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE YUCATÁN. TODAS CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. Por acuerdo dictado en el juicio principal el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo el uno de junio de este año, respecto a las autoridades locales y se difirió en lo tocante a las autoridades foráneas celebrándose, previo diferimiento, al tenor del acta precedente. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados a las autoridades por las que se celebró esta audiencia, los cuales la parte quejosa hizo consistir en: La orden de presentación y/o comparecencia y/o aprehensión y detención; así como su ejecución. SEGUNDA. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables foráneas: Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Estado, residente en Kanasín, Yucatán (promoción 17817), Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, residente en Progreso, Yucatán (promoción 13195), Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en Umán, Yucatán (promoción 13517) y Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Estado, residente en Valladolid, Yucatán (promoción 13471), pues así lo manifestaron expresamente en los correspondientes informes previos, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En consecuencia, procede NEGAR la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada, resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en el se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. SE NIEGA a la quejosa NOEMÍ ALEJANDRA PACHECO BELTRÁN, la suspensión definitiva en contra de los actos que atribuye a las autoridades responsables, por el motivo precisado en la última de las consideraciones de esta interlocutoria. Notifíquese y cúmplase.

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