Diessel del Carmen Mex Martinez

Expediente 270/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
270/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • DIESSEL DEL CARMEN MEX MARTINEZ y Otros.
  • Diessel del Carmen Mex Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 428 a 433), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida cautelar. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente en el duplicado de la causa penal 2/2018 de su índice; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho (foja 411), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinte de noviembre de la presente anualidad (fojas 413 a 421). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 135 a 165), se concedió el amparo y protección a Diessel del Carmen Mex Martínez o Dissel del Carmen Mex Martínez, para que el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, realizara lo siguiente: ".DÉCIMO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente de la Ley de Amparo, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Diessel del Carmen Mex Martínez el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, en el proceso penal 2/2018 de su índice, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido (auto de formal prisión) o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia: 2.1. Deberá precisar en el apartado de la probable responsabilidad cuáles son las pruebas en específico con las cuales se acredita ese apartado, qué valor le merecieron esos medios convictivos, ya sea pleno o indiciario, así como por qué ese valor; e indicar, en su caso, qué indicios particulares le otorgan esas pruebas, asimismo, de su adminiculación la lleve a concluir o no la probable responsabilidad; para que el gobernado tenga certeza de los motivos que consideró la autoridad responsable para otorgar tal valor y así, estar en aptitud, de ser el caso, de combatir esa determinación. 2.2. Motive suficiente y adecuadamente cómo es que llegó a la conclusión que el activo tuvo la capacidad de querer y entender el hecho delictuoso y aún así quiso realizarlo; además, de justificarlo con las pruebas existentes en autos del proceso penal. No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquél, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (.) Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida." (Fojas 163 vuelta y 164). Inconforme con tal resolución, Rubén Darío Arcique Azcorra, defensor particular del quejoso Diessel del Carmen Mex Martínez, interpuso revisión (fojas 188 a 201), que correspondió por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número de toca R-193/2018 de su índice (foja 254), lo admitió a trámite y en ejecutoria de cinco de octubre de dos mil dieciocho, resolvió el medio de impugnación en los siguientes términos: ".PRIMERO.- Se modifica la sentencia sujeta a revisión, con excepción del punto resolutivo tercero. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Diessel del Carmen Mex Martínez o Dissel del Carmen Mex Martínez, en contra del acto reclamado al Diligenciario adscrito al Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla, consistente en la ejecución del auto de formal prisión de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza cometido en agravio de la persona moral denominada Productos Agropecuarios de Tehuacán, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. TERCERO.- Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Diessel del Carmen Mex Martínez o Dissel del Carmen Mex Martínez, en contra del acto que reclamó al Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, consistente en el auto de formal prisión dictado en el proceso número 2/2018, el uno de marzo de dos mil dieciocho, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, cometido en agravio de la persona moral denominada Productos Agropecuarios de Tehuacán, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable." (Foja 341). Por lo anterior, en acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 343 a 345), se requirió el cumplimiento de la protección constitucional concedida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyos efectos fueron los siguientes: ".En ese orden de ideas, si bien el cuadro probatorio adminiculado entre sí y valorado por la responsable, en términos de las disposiciones legales aplicables, resulta apto y suficiente para demostrar, hasta el momento procesal que se analizan los hechos previamente relatados consistentes en que el diez de junio de dos mil catorce, aproximadamente a las trece horas, se le hizo entrega al activo Diessel del Carmen Mex Martínez, de la cantidad de tres millones doscientos mil pesos, cero centavos moneda nacional, en efectivo, para que éste lo entregara al gerente de la empresa y pudiera realizar el pago por concepto de la compra de unas tierras que se ubican en San Gabriel Chilac, y que dicho activo probablemente dispuso del mismo al realizar el pago de deudas personales, tales hechos, por las razones apuntadas, no son constitutivos del cuerpo del ilícito de abuso de confianza sino probablemente de uno diverso, atento a la posesión precaria que tenía del dinero del cual dispuso sin el derecho de quien podía disponer de él. Por tanto, al no estar acreditado el cuerpo del delito de abuso de confianza, en el caso, resulta innecesario entrar al estudio de la probable responsabilidad penal de Diessel del Carmen Mex Martínez impetrante aquí inconforme, en la comisión del mismo. Así las cosas, al advertir en suplencia de la queja deficiente que el auto de formal prisión reclamado por el quejoso, resulta violatorio de derechos fundamentales por no estar pronunciado conforme a los requisitos exigidos en el artículo 19 del Pacto Federal, empero por las razones aquí expuestas y tomando en cuenta que en términos del citado precepto constitucional, corresponde a la autoridad judicial, a través del que resuelve la situación jurídica del inculpado, realizar una correcta clasificación de los hechos consignados, determinando con precisión el o los delitos que se configuren, modificando incluso aquel por el que se consignó, siempre y cuando no se varíe la sustancia de los hechos, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado a Diessel del Carmen Mex Martínez o Dissel del Carmen Mex Martínez, a fin de que la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, deje insubsistente el auto de formal prisión constitutivo del acto reclamado, y tomando en cuenta lo antes expuesto, con plenitud de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del peticionario, aquí recurrente. En el entendido que en el supuesto de que la responsable considere procedente emitir un auto de la misma naturaleza que el reclamado, deberá fundar y motivar su resolución y sustentarla en la ponderación de cada uno de los medios de prueba que obra en autos, especificando de qué manera se demuestra cada uno de los elementos del cuerpo del delito que, en su caso, estime acreditado; asimismo, al abordar lo concerniente al rubro de la probable responsabilidad, en la hipótesis de que así se considere procedente, la autoridad responsable tendrá que valorar y adminicular los medios de prueba con los que se justifique tal aspecto, resolviendo así lo que en derecho corresponda. Se debe precisar que la anterior determinación no agrava la situación del impetrante, pues de ninguna manera se vincula a la autoridad a dictar un nuevo auto de formal prisión debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito, atento a los hechos probados, sin vinculación alguna para la responsable." (Fojas 338 bis y 339). Mediante oficio 5723-II de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (foja 360), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en esa fecha, dentro de la causa penal 2/2018 de su índice (fojas 361 a 381), con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo; sin embargo, como en dicha documental no fue firmada por los servidores públicos que intervinieron en su emisión ni se hizo constar que la resolución original se encontraba signada en el expediente original, por auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 382), se requirió al juez penal responsable para que enviara la resolución debidamente firmada o certificara esa circunstancia. En cumplimiento a ello, por similar 5839-II de nueve de noviembre de la presente anualidad (foja 386), el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla remitió copia certificada de la determinación judicial citada, en la que se aprecian las firmas del juzgador que la pronunció y del secretario que dio fe. (fojas 387 a 410). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de uno de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 2/2018 de su índice (fojas 388 vuelta). 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, dictó otra en la que, atendiendo a los lineamientos fijados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito realizó lo siguiente: a) Determinó que en los autos de la causa penal de origen no se encuentra acreditado el delito de abuso de confianza por el cual el agente del Ministerio Público consignador ejerció acción penal contra Diessel del Carmen Mex Martínez; sino que se acredita el diverso ilícito de robo, previsto por el artículo 373 y sancionado por el ordinal 374, fracción IV y 377, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 390). b) Estableció que los elementos subjetivos y normativos que integran el delito de robo son: I. La existencia de una cosa mueble; II. El apoderamiento de una cosa mueble sin derecho y sin consentimiento de quien puede disponer de ella con arreglo a la ley; y, II. Que el valor de lo robado sea superior a trescientos días de salario mínimo vigente en el Estado (foja 390 vuelta). c) Señaló que los elementos integradores del injusto penal citado se encuentran acreditados en autos con las siguientes pruebas: 1. Denuncia formulada por Arturo Mauleón Cano, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada "Productos Agropecuarios de Tehuacán", Sociedad Anónima de Capital Variable, con la que tuvo por satisfecho el requisito de procedibilidad de querella y la mecánica de realización de la conducta antijurídica (fojas 390 a 393). 2. Diligencia de fe de documentos, practicada por el representante social, en la que dio fe de tener a la vista los siguientes documentos: instrumento notarial 20749, volumen 276, de treinta de julio de dos mil catorce, otorgado en el protocolo de la Notaria Pública 2 de Tehuacán, Puebla; póliza número 1848 de tres de diciembre de dos mil trece, otorgada ante el corredor público Carlos González Barra (sic); original del recibo de diez de junio de dos mil catorce, emitido por Diessel del Carmen Mex Martínez a favor de "Productos Agropecuarios de Tehuacán", Sociedad Anónima de Capital Variable; y, copias certificadas del expediente 252/2015 del índice del Juzgado Municipal en Materia Civil de Tehuacán, Puebla. Expresó que dicha actuación es útil para acreditar el primero de los elementos del cuerpo de delito de robo (fojas 393 vuelta y 394). 3. Testimoniales a cargo de David Benavides Tepanca, Alejandro Higinio Aguilar Aguilar, Daniel Amador Martínez Basilio y Rogelio González López, que el juzgador responsable consideró idóneos para generar convicción debido a la edad, capacidad e instrucción de los testigos, ya que tienen el criterio necesario para juzgar el acto; que por su independencia y antecedentes personales tienen completa imparcialidad respecto de los hechos sobre los que depusieron, los cuales conocieron a través de sus sentidos por haberlos presenciado en forma directa; con esa prueba el juez natural tuvo por acreditada la mecánica de realización del ilícito que nos ocupa y el segundo de los elementos que lo conforman (fojas 394 a 398 vuelta). 4. Dictamen en contabilidad emitido por Yolanda Solís Vázquez, ratificado el diez de marzo de dos mil dieciséis, así como la diversa opinión pericial en la misma materia, realizado por Mario Salazar Fuentes, perito adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla; con los que tuvo por demostrada la existencia de la cantidad de tres millones doscientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional ($3,200,000.00 M.N.) y que dicha cantidad supera el importe de trescientos días de salario mínimo, pues estableció que en la época en que se cometió el ilícito, el vigente en esa zona era de sesenta y tres pesos, setenta y siete centavos, moneda nacional ($63.77 M.N.), que al multiplicarse por trescientos arroja la cantidad de diecinueve mil ciento treinta y un pesos, cero centavos, moneda nacional (fojas 398 vuelta a 399 vuelta). De ahí que con dichas experticias, el juez de la causa tuvo por acreditado el tercero de los elementos del delito de robo (foja 399 vuelta). En tales circunstancias, el juez penal responsable determinó que en autos se encuentra acreditado el delito de robo, previsto por el artículo 373 y sancionado por el ordinal 374, fracción IV y 377, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de "Productos Agropecuarios de Tehuacán", Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 399 vuelta). Así mismo, el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla precisó que no se acredita alguna de las agravantes previstas en el artículo 380 del Código Penal para la Entidad (fojas 400 vuelta y 401). d) Por otra parte, dicho juzgador expresó que la probable responsabilidad del indiciado en la comisión del ilícito mencionado, se encuentra acreditada en autos con las siguientes pruebas: 1. Denuncia formulada por Arturo Mauleón Cano, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada "Productos Agropecuarios de Tehuacán", Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 401 vuelta); y 2. Testimonios a cargo de David Benavides Tepanca, Alejandro Higinio Aguilar Aguilar, Daniel Amador Martínez Basilio y Rogelio González López, que el juzgador responsable nuevamente consideró idóneos para crear convicción debido a la edad, capacidad e instrucción de los testigos, ya que tienen el criterio necesario para juzgar el acto; que por su independencia y antecedentes personales tienen completa imparcialidad sobre los hechos sobre los que depusieron, los cuales conocieron a través de sus sentidos por haberlos presenciado en forma directa (foja 401 vuelta y 402). Así, el juez natural estableció que de las pruebas relatadas se desprende un señalamiento directo contra Diessel del Carmen Mex Martínez, como la persona que se apoderó del dinero que le fue entregado para realizar un pago, y aun cuando le fue entregado voluntariamente, no le fue transmitida su tenencia y el activo dispuso de él, probablemente para pagar deudas personales (foja 402), por lo que después de analizar y valorar las pruebas ofrecidas por el defensor del aquí quejoso, concluyó que no son aptas para desvirtuar los hechos que se le imputan, por lo que consideró que se encuentra acreditada su probable participación en la comisión del injusto penal multicitado (foja 408). e) Por lo anterior, dictó auto de formal prisión contra Diessel del Carmen Mex Martínez como probable responsable en la comisión del delito de robo, previsto por el artículo 373 y sancionado por el ordinal 374, fracción IV y 377, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. En las relatadas circunstancias, es evidente que el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictó una de la misma naturaleza (auto de formal prisión), pero fundó y motivó su resolución y la sustentó en la ponderación de cada uno de los medios de prueba que obra en autos, especificando de qué manera se demuestra cada uno de los elementos del cuerpo del delito que estimó acreditado; asimismo, al abordar lo concerniente al rubro de la probable responsabilidad, valoró y adminiculó los medios de prueba con los que se justificó tal aspecto; motivo por el cual, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. No es obstáculo que mediante escrito presentado ante este juzgado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 413 a 421), la parte quejosa haya manifestado que la sentencia de amparo no fue cumplida debidamente por las razones que pueden sintetizarse como sigue: a) Que en los autos del proceso penal de origen no se acreditó el delito de robo, en virtud de que para ello resulta indispensable que la cosa robada se encuentre en poder de persona diversa del infractor, pues si aquella se halla en poder del indiciado se puede configurar otro delito pero no el de robo; además, que el peticionario de ampro no fue hacia la cosa, sino que se le hizo entrega del bien robado; b) Que el juez omitió especificar cuáles son los elementos objetivos y externos del cuerpo del delito de robo ya que únicamente señaló los elementos subjetivos y normativos, esto es, considera que el desglose realizado fue incorrecto; c) Que los elementos de prueba que obran en autos no son suficientes para tener por demostrado el ilícito de robo; y, que los testimonios de David Benavides Tepanca, Alejandro Higinio Aguilar Aguilar, Daniel Amador Martínez Basilio y Rogelio González López son insuficientes para acreditar dicho injusto penal. d) Que si no se acreditan los elementos del cuerpo del delito, no puede acreditarse la responsabilidad penal del indiciado. Tales argumentos devienen inoperantes, en virtud que todos ellos se encuentran encaminados a combatir el fondo de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, la protección constitucional se concedió para que el juez natural dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictara otra en la que estableciera que no se actualiza el delito de abuso de confianza, pero se le concedió libertad de jurisdicción para determinar si se configura algún otro, con la condición que, en caso de emitir un auto de similar naturaleza, debía expresar las pruebas con las que considere actualizado el diverso delito, lo cual fue realizado por el juez penal responsable en los términos relatados en esta resolución. En tal sentido, en el presente sumario constitucional no resulta procedente analizar si se encuentra acreditado o no el delito de robo, pues ello no fue parte del análisis realizado en este juicio de garantías ni de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho (foja 411), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinte de noviembre de la presente anualidad (fojas 413 a 421). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 135 a 165), se concedió el amparo y protección a Diessel del Carmen Mex Martínez o Dissel del Carmen Mex Martínez, para que el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, realizara lo siguiente: ".DÉCIMO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente de la Ley de Amparo, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Diessel del Carmen Mex Martínez el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, en el proceso penal 2/2018 de su índice, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido (auto de formal prisión) o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia: 2.1. Deberá precisar en el apartado de la probable responsabilidad cuáles son las pruebas en específico con las cuales se acredita ese apartado, qué valor le merecieron esos medios convictivos, ya sea pleno o indiciario, así como por qué ese valor; e indicar, en su caso, qué indicios particulares le otorgan esas pruebas, asimismo, de su adminiculación la lleve a concluir o no la probable responsabilidad; para que el gobernado tenga certeza de los motivos que consideró la autoridad responsable para otorgar tal valor y así, estar en aptitud, de ser el caso, de combatir esa determinación. 2.2. Motive suficiente y adecuadamente cómo es que llegó a la conclusión que el activo tuvo la capacidad de querer y entender el hecho delictuoso y aún así quiso realizarlo; además, de justificarlo con las pruebas existentes en autos del proceso penal. No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquél, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (.) Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida." (Fojas 163 vuelta y 164). Inconforme con tal resolución, Rubén Darío Arcique Azcorra, defensor particular del quejoso Diessel del Carmen Mex Martínez, interpuso revisión (fojas 188 a 201), que correspondió por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número de toca R-193/2018 de su índice (foja 254), lo admitió a trámite y en ejecutoria de cinco de octubre de dos mil dieciocho, resolvió el medio de impugnación en los siguientes términos: ".PRIMERO.- Se modifica la sentencia sujeta a revisión, con excepción del punto resolutivo tercero. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Diessel del Carmen Mex Martínez o Dissel del Carmen Mex Martínez, en contra del acto reclamado al Diligenciario adscrito al Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla, consistente en la ejecución del auto de formal prisión de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza cometido en agravio de la persona moral denominada Productos Agropecuarios de Tehuacán, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. TERCERO.- Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Diessel del Carmen Mex Martínez o Dissel del Carmen Mex Martínez, en contra del acto que reclamó al Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, consistente en el auto de formal prisión dictado en el proceso número 2/2018, el uno de marzo de dos mil dieciocho, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, cometido en agravio de la persona moral denominada Productos Agropecuarios de Tehuacán, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable." (Foja 341). Por lo anterior, en acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 343 a 345), se requirió el cumplimiento de la protección constitucional concedida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyos efectos fueron los siguientes: ".En ese orden de ideas, si bien el cuadro probatorio adminiculado entre sí y valorado por la responsable, en términos de las disposiciones legales aplicables, resulta apto y suficiente para demostrar, hasta el momento procesal que se analizan los hechos previamente relatados consistentes en que el diez de junio de dos mil catorce, aproximadamente a las trece horas, se le hizo entrega al activo Diessel del Carmen Mex Martínez, de la cantidad de tres millones doscientos mil pesos, cero centavos moneda nacional, en efectivo, para que éste lo entregara al gerente de la empresa y pudiera realizar el pago por concepto de la compra de unas tierras que se ubican en San Gabriel Chilac, y que dicho activo probablemente dispuso del mismo al realizar el pago de deudas personales, tales hechos, por las razones apuntadas, no son constitutivos del cuerpo del ilícito de abuso de confianza sino probablemente de uno diverso, atento a la posesión precaria que tenía del dinero del cual dispuso sin el derecho de quien podía disponer de él. Por tanto, al no estar acreditado el cuerpo del delito de abuso de confianza, en el caso, resulta innecesario entrar al estudio de la probable responsabilidad penal de Diessel del Carmen Mex Martínez impetrante aquí inconforme, en la comisión del mismo. Así las cosas, al advertir en suplencia de la queja deficiente que el auto de formal prisión reclamado por el quejoso, resulta violatorio de derechos fundamentales por no estar pronunciado conforme a los requisitos exigidos en el artículo 19 del Pacto Federal, empero por las razones aquí expuestas y tomando en cuenta que en términos del citado precepto constitucional, corresponde a la autoridad judicial, a través del que resuelve la situación jurídica del inculpado, realizar una correcta clasificación de los hechos consignados, determinando con precisión el o los delitos que se configuren, modificando incluso aquel por el que se consignó, siempre y cuando no se varíe la sustancia de los hechos, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado a Diessel del Carmen Mex Martínez o Dissel del Carmen Mex Martínez, a fin de que la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, deje insubsistente el auto de formal prisión constitutivo del acto reclamado, y tomando en cuenta lo antes expuesto, con plenitud de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del peticionario, aquí recurrente. En el entendido que en el supuesto de que la responsable considere procedente emitir un auto de la misma naturaleza que el reclamado, deberá fundar y motivar su resolución y sustentarla en la ponderación de cada uno de los medios de prueba que obra en autos, especificando de qué manera se demuestra cada uno de los elementos del cuerpo del delito que, en su caso, estime acreditado; asimismo, al abordar lo concerniente al rubro de la probable responsabilidad, en la hipótesis de que así se considere procedente, la autoridad responsable tendrá que valorar y adminicular los medios de prueba con los que se justifique tal aspecto, resolviendo así lo que en derecho corresponda. Se debe precisar que la anterior determinación no agrava la situación del impetrante, pues de ninguna manera se vincula a la autoridad a dictar un nuevo auto de formal prisión debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito, atento a los hechos probados, sin vinculación alguna para la responsable." (Fojas 338 bis y 339). Mediante oficio 5723-II de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (foja 360), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en esa fecha, dentro de la causa penal 2/2018 de su índice (fojas 361 a 381), con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo; sin embargo, como en dicha documental no fue firmada por los servidores públicos que intervinieron en su emisión ni se hizo constar que la resolución original se encontraba signada en el expediente original, por auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 382), se requirió al juez penal responsable para que enviara la resolución debidamente firmada o certificara esa circunstancia. En cumplimiento a ello, por similar 5839-II de nueve de noviembre de la presente anualidad (foja 386), el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla remitió copia certificada de la determinación judicial citada, en la que se aprecian las firmas del juzgador que la pronunció y del secretario que dio fe. (fojas 387 a 410). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de uno de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 2/2018 de su índice (fojas 388 vuelta). 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, dictó otra en la que, atendiendo a los lineamientos fijados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito realizó lo siguiente: a) Determinó que en los autos de la causa penal de origen no se encuentra acreditado el delito de abuso de confianza por el cual el agente del Ministerio Público consignador ejerció acción penal contra Diessel del Carmen Mex Martínez; sino que se acredita el diverso ilícito de robo, previsto por el artículo 373 y sancionado por el ordinal 374, fracción IV y 377, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 390). b) Estableció que los elementos subjetivos y normativos que integran el delito de robo son: I. La existencia de una cosa mueble; II. El apoderamiento de una cosa mueble sin derecho y sin consentimiento de quien puede disponer de ella con arreglo a la ley; y, II. Que el valor de lo robado sea superior a trescientos días de salario mínimo vigente en el Estado (foja 390 vuelta). c) Señaló que los elementos integradores del injusto penal citado se encuentran acreditados en autos con las siguientes pruebas: 1. Denuncia formulada por Arturo Mauleón Cano, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada "Productos Agropecuarios de Tehuacán", Sociedad Anónima de Capital Variable, con la que tuvo por satisfecho el requisito de procedibilidad de querella y la mecánica de realización de la conducta antijurídica (fojas 390 a 393). 2. Diligencia de fe de documentos, practicada por el representante social, en la que dio fe de tener a la vista los siguientes documentos: instrumento notarial 20749, volumen 276, de treinta de julio de dos mil catorce, otorgado en el protocolo de la Notaria Pública 2 de Tehuacán, Puebla; póliza número 1848 de tres de diciembre de dos mil trece, otorgada ante el corredor público Carlos González Barra (sic); original del recibo de diez de junio de dos mil catorce, emitido por Diessel del Carmen Mex Martínez a favor de "Productos Agropecuarios de Tehuacán", Sociedad Anónima de Capital Variable; y, copias certificadas del expediente 252/2015 del índice del Juzgado Municipal en Materia Civil de Tehuacán, Puebla. Expresó que dicha actuación es útil para acreditar el primero de los elementos del cuerpo de delito de robo (fojas 393 vuelta y 394). 3. Testimoniales a cargo de David Benavides Tepanca, Alejandro Higinio Aguilar Aguilar, Daniel Amador Martínez Basilio y Rogelio González López, que el juzgador responsable consideró idóneos para generar convicción debido a la edad, capacidad e instrucción de los testigos, ya que tienen el criterio necesario para juzgar el acto; que por su independencia y antecedentes personales tienen completa imparcialidad respecto de los hechos sobre los que depusieron, los cuales conocieron a través de sus sentidos por haberlos presenciado en forma directa; con esa prueba el juez natural tuvo por acreditada la mecánica de realización del ilícito que nos ocupa y el segundo de los elementos que lo conforman (fojas 394 a 398 vuelta). 4. Dictamen en contabilidad emitido por Yolanda Solís Vázquez, ratificado el diez de marzo de dos mil dieciséis, así como la diversa opinión pericial en la misma materia, realizado por Mario Salazar Fuentes, perito adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla; con los que tuvo por demostrada la existencia de la cantidad de tres millones doscientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional ($3,200,000.00 M.N.) y que dicha cantidad supera el importe de trescientos días de salario mínimo, pues estableció que en la época en que se cometió el ilícito, el vigente en esa zona era de sesenta y tres pesos, setenta y siete centavos, moneda nacional ($63.77 M.N.), que al multiplicarse por trescientos arroja la cantidad de diecinueve mil ciento treinta y un pesos, cero centavos, moneda nacional (fojas 398 vuelta a 399 vuelta). De ahí que con dichas experticias, el juez de la causa tuvo por acreditado el tercero de los elementos del delito de robo (foja 399 vuelta). En tales circunstancias, el juez penal responsable determinó que en autos se encuentra acreditado el delito de robo, previsto por el artículo 373 y sancionado por el ordinal 374, fracción IV y 377, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de "Productos Agropecuarios de Tehuacán", Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 399 vuelta). Así mismo, el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla precisó que no se acredita alguna de las agravantes previstas en el artículo 380 del Código Penal para la Entidad (fojas 400 vuelta y 401). d) Por otra parte, dicho juzgador expresó que la probable responsabilidad del indiciado en la comisión del ilícito mencionado, se encuentra acreditada en autos con las siguientes pruebas: 1. Denuncia formulada por Arturo Mauleón Cano, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada "Productos Agropecuarios de Tehuacán", Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 401 vuelta); y 2. Testimonios a cargo de David Benavides Tepanca, Alejandro Higinio Aguilar Aguilar, Daniel Amador Martínez Basilio y Rogelio González López, que el juzgador responsable nuevamente consideró idóneos para crear convicción debido a la edad, capacidad e instrucción de los testigos, ya que tienen el criterio necesario para juzgar el acto; que por su independencia y antecedentes personales tienen completa imparcialidad sobre los hechos sobre los que depusieron, los cuales conocieron a través de sus sentidos por haberlos presenciado en forma directa (foja 401 vuelta y 402). Así, el juez natural estableció que de las pruebas relatadas se desprende un señalamiento directo contra Diessel del Carmen Mex Martínez, como la persona que se apoderó del dinero que le fue entregado para realizar un pago, y aun cuando le fue entregado voluntariamente, no le fue transmitida su tenencia y el activo dispuso de él, probablemente para pagar deudas personales (foja 402), por lo que después de analizar y valorar las pruebas ofrecidas por el defensor del aquí quejoso, concluyó que no son aptas para desvirtuar los hechos que se le imputan, por lo que consideró que se encuentra acreditada su probable participación en la comisión del injusto penal multicitado (foja 408). e) Por lo anterior, dictó auto de formal prisión contra Diessel del Carmen Mex Martínez como probable responsable en la comisión del delito de robo, previsto por el artículo 373 y sancionado por el ordinal 374, fracción IV y 377, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. En las relatadas circunstancias, es evidente que el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictó una de la misma naturaleza (auto de formal prisión), pero fundó y motivó su resolución y la sustentó en la ponderación de cada uno de los medios de prueba que obra en autos, especificando de qué manera se demuestra cada uno de los elementos del cuerpo del delito que estimó acreditado; asimismo, al abordar lo concerniente al rubro de la probable responsabilidad, valoró y adminiculó los medios de prueba con los que se justificó tal aspecto; motivo por el cual, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. No es obstáculo que mediante escrito presentado ante este juzgado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 413 a 421), la parte quejosa haya manifestado que la sentencia de amparo no fue cumplida debidamente por las razones que pueden sintetizarse como sigue: a) Que en los autos del proceso penal de origen no se acreditó el delito de robo, en virtud de que para ello resulta indispensable que la cosa robada se encuentre en poder de persona diversa del infractor, pues si aquella se halla en poder del indiciado se puede configurar otro delito pero no el de robo; además, que el peticionario de ampro no fue hacia la cosa, sino que se le hizo entrega del bien robado; b) Que el juez omitió especificar cuáles son los elementos objetivos y externos del cuerpo del delito de robo ya que únicamente señaló los elementos subjetivos y normativos, esto es, considera que el desglose realizado fue incorrecto; c) Que los elementos de prueba que obran en autos no son suficientes para tener por demostrado el ilícito de robo; y, que los testimonios de David Benavides Tepanca, Alejandro Higinio Aguilar Aguilar, Daniel Amador Martínez Basilio y Rogelio González López son insuficientes para acreditar dicho injusto penal. d) Que si no se acreditan los elementos del cuerpo del delito, no puede acreditarse la responsabilidad penal del indiciado. Tales argumentos devienen inoperantes, en virtud que todos ellos se encuentran encaminados a combatir el fondo de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, la protección constitucional se concedió para que el juez natural dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictara otra en la que estableciera que no se actualiza el delito de abuso de confianza, pero se le concedió libertad de jurisdicción para determinar si se configura algún otro, con la condición que, en caso de emitir un auto de similar naturaleza, debía expresar las pruebas con las que considere actualizado el diverso delito, lo cual fue realizado por el juez penal responsable en los términos relatados en esta resolución. En tal sentido, en el presente sumario constitucional no resulta procedente analizar si se encuentra acreditado o no el delito de robo, pues ello no fue parte del análisis realizado en este juicio de garantías ni de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por Rubén Darío Arcique Azcorra, defensor particular del quejoso Diessel del Carmen Mex Martínez o Dissel del Carmen Mex Martínez, mediante el cual desahoga la vista otorgada por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho (foja 411), pues al respecto realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán consideradas en el momento oportuno.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano