Dionisio Capilla Contreras
Expediente 769/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Dionisio Capilla Contreras
- Magistrado de la Novena Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil veintitrés. FIRME AUTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el presente juicio, sin que las partes legitimadas para ello lo hayan hecho valer; con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. DEVOLUCIÓN ANEXO I DE PRUEBAS. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al Magistrado de la Novena Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el anexo I de pruebas, relativo a las copias certificadas del toca penal ******************** de su índice. Sin que sea necesario requerir acuse de recibo, toda vez que la mencionada autoridad responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el respectivo oficio para que se cerciore de que, en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la prueba documental. Por otra parte, no ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla-, pues se considera que su defensor, en cumplimiento al cargo conferido, vela por sus intereses. Lo anterior de conformidad con el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su Defensor Público, y por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercero interesada; y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 961 remitido por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huachinango, Puebla, mediante el cual, devuelve diligenciado el despacho 546/2022 (orden 856/2022) de este índice, sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de veinte de diciembre pasado, se recibió el mismo -vía correo electrónico- y se proveyó lo conducente. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 961 remitido -vía correo electrónico institucional- por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huachinango, Puebla, mediante el cual, devuelve diligenciado el despacho 546/2022 (orden 856/2022) de este índice, sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de veinte de diciembre pasado, se recibió el mimo y se proveyó lo conducente. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintidós.********************Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 961 remitido -vía correo electrónico institucional- por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huachinango, Puebla, con anexo, mediante el cual, devuelve diligenciado el despacho 546/2022 (orden 856/2022), de este índice, pues se advierte que el nueve de diciembre de dos mil veintidós se notificó al quejoso******************** la resolución de cinco del mismo mes y año; de lo que toma conocimiento este juzgado federal. ********************Dese de baja la aludida comunicación oficial en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Cúmplase.
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