Diego Sandoval Nicolas
Expediente 999/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Diego Sandoval Nicolas
- Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis al dieciséis de enero del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el duplicado de la causa penal 46/2005, de su índice, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, tomando en consideración que mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el quejoso desahogó la vista ordenada en torno al cumplimiento por parte de la autoridad responsable, en este proveído se acordará más adelante. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de catorce de octubre de dos mil dieciséis (fojas 97 a 110), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Diego Sandoval Nicolás, como sigue: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dictada en la causa penal ********************, que se instruye en contra de la parte quejosa; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es deberá: a) Realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de violación en grado de tentativa, incluyendo la agravante que contempla el segundo párrafo del artículo 267 del Código Penal del Estado. b) Indicar con qué prueba o qué parte de ellas en específico se acredita cada elemento que desglose. c) Motivar los siguientes aspectos: c).1 Los actos que ejecutó el inculpado para imponer la cópula a la agraviada. c).2 En qué consistió la violencia física o moral. c.)3 Cómo se configuró la tentativa, es decir, cuáles fueron las causas ajenas a la voluntad del inculpado que le impidieron consumar la copula en la menor, no obstante que realizó actos eficaces e idóneos para ello." (foja 108). En proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 179 a 181). Mediante oficio 3197 de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 191), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez, Puebla remitió copia certificada del auto de término constitucional de esa misma fecha emitido en el proceso ********************, con el que dijo dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora, y en el que se advierte que, el citado juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, hizo lo siguiente: Dejó sin efecto el auto de formal prisión de once de junio de dos mil dieciséis (foja 193); Pronunció un nuevo auto de término constitucional, en el que, consideró lo siguiente: ".En un primer orden de ideas y conforme a las constancias de la causa, se advierte que al contrario de lo señalado por el Representante Social al plantear su acción penal, la conducta del imputado (conforme a las constancias de la causa) se realizó directamente encaminada a introducir su miembro viril en la vagina de la pasivo, aprovechando la minoría de edad de la agraviada (siete años) y no al empleo de la violencia física o moral, pues así lo manifiesta la menor ofendida, en este sentido, al demostrarse lo anterior, no puede aludirse se acredite el delito de VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado por los artículos 94 fracción I y 267, en relación con los diversos 13, 20 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, y sí uno de distinto (sic) que lo es el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado por el artículo 272, fracción II, en relación con los diversos 13, 20 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de ÁNGELA BENAVIDEZ DÍAZ, por lo cual en uso de la facultad otorgada a la autoridad judicial de clasificar los hechos que consigna el Agente del Ministerio Público, para dar un correcto alcance al momento de dictarse el auto que resuelve la situación jurídica del imputado, conforme lo dispone el artículo 212 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, es procedente el clasificar legalmente los hechos atribuidos al adolescente por el Agente del Ministerio Público y conforme a los hechos que resultan probados en la causa y en este sentido estimar que los mismos son constitutivos del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado por el artículo 272 fracción II y en relación con los diversos 13, 20 y 21 fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado cometido en agravio de ÁNGELA BENAVIDEZ DÍAZ." (foja 195 vuelta). Luego, es evidente que el juzgador responsable reclasificó el delito de VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado por los artículos 94 fracción I y 267, en relación con los diversos 13, 20 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ÁNGELA BENAVIDEZ DÍAZ, que se le imputara al inculpado, aquí quejoso, y decretó auto de formal prisión en contra de Diego Sandoval Nicolás por el diverso de VIOLACIÓN EQUIPARADA EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado por el artículo 272, fracción II, en relación con los diversos 13, 20 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de ÁNGELA BENAVIDEZ DÍAZ. Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Ahora bien, el hecho de haber reclasificado el delito el juez de origen resulta suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo en ese aspecto, tomando en consideración que en el presente caso la concesión de amparo fue por irregularidades formales, y tal situación no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores sino que dicho efecto consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban o en sentido diverso, o bien reclasificando el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 constitucional. En efecto, conforme al mencionado artículo 19 constitucional, al reservarse plenitud de jurisdicción al juez responsable en la sentencia que se cumplimenta éste podrá, en su caso, reclasificar el delito por el cual se ejerció la acción penal y de esta manera continuará con la instrucción, máxime que dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 103/2007-PS. siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL. Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delitos configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Es decir, la Norma Fundamental prohíbe la modificación de la sustancia de los hechos, pero no su apreciación técnica o su denominación legal. Ahora bien, la concesión del amparo contra el auto de formal prisión, por no haberse acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado, trae consigo la declaratoria de invalidez de dicho auto, por lo que, formalmente, ya no estará sujeto a la etapa procedimental de la instrucción y será indispensable que la autoridad responsable defina su situación jurídica, pudiendo presentarse dos hipótesis: que aquélla reclasifique el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 mencionado, o bien, que no esté en condiciones de hacerlo porque ello implicaría variar los hechos materia de la consignación, en cuyo caso podrá dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley. Por tanto, en la sentencia que concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado incorrectamente el juzgador puede reservar plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal y se continúe la instrucción, pues dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional; sin que con ello se agrave la situación del inculpado, porque la autoridad de amparo no vincula a la responsable a dictar un nuevo auto de formal prisión, debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito." Luego, al haber reclasificado el juez responsable el delito de violación en grado de tentativa, por el diverso ilícito de violación equiparada en grado de tentativa, es inconcuso que, en ese aspecto, cumplió en sus términos la sentencia de amparo. De ahí que se consideren infundadas las manifestaciones del quejoso, donde refiere que el juez responsable no está dando cumplimiento al haber sustituido el auto de formal prisión por otro, pues estaba obligado a observar los lineamientos especificados en el fallo protector de garantías. En efecto, como quedó precisado en líneas anteriores en la sentencia de amparo se otorgó plenitud de jurisdicción al juez responsable del cumplimiento, por ende el hecho de reclasificar el delito de violación en grado de tentativa, por el diverso ilícito de violación equiparada en grado de tentativa no le irroga perjuicio a sus garantías individuales a la parte quejosa pues conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delito o delitos se configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Así, el hecho de reclasificar el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, conforme a la facultad que le concede al juez responsable del cumplimiento el artículo 19 constitucional no es violatorio de garantías como lo alude el inconforme en su escrito de desahogo de la vista que le fuera ordenada mediante proveído de uno de diciembre de dos mil dieciséis. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo , por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, tomando en consideración que mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el quejoso desahogó la vista ordenada en torno al cumplimiento por parte de la autoridad responsable, en este proveído se acordará más adelante. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de catorce de octubre de dos mil dieciséis (fojas 97 a 110), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Diego Sandoval Nicolás, como sigue: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dictada en la causa penal ********************, que se instruye en contra de la parte quejosa; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es deberá: a) Realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de violación en grado de tentativa, incluyendo la agravante que contempla el segundo párrafo del artículo 267 del Código Penal del Estado. b) Indicar con qué prueba o qué parte de ellas en específico se acredita cada elemento que desglose. c) Motivar los siguientes aspectos: c).1 Los actos que ejecutó el inculpado para imponer la cópula a la agraviada. c).2 En qué consistió la violencia física o moral. c.)3 Cómo se configuró la tentativa, es decir, cuáles fueron las causas ajenas a la voluntad del inculpado que le impidieron consumar la copula en la menor, no obstante que realizó actos eficaces e idóneos para ello." (foja 108). En proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 179 a 181). Mediante oficio 3197 de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 191), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez, Puebla remitió copia certificada del auto de término constitucional de esa misma fecha emitido en el proceso ********************, con el que dijo dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora, y en el que se advierte que, el citado juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, hizo lo siguiente: Dejó sin efecto el auto de formal prisión de once de junio de dos mil dieciséis (foja 193); Pronunció un nuevo auto de término constitucional, en el que, consideró lo siguiente: ".En un primer orden de ideas y conforme a las constancias de la causa, se advierte que al contrario de lo señalado por el Representante Social al plantear su acción penal, la conducta del imputado (conforme a las constancias de la causa) se realizó directamente encaminada a introducir su miembro viril en la vagina de la pasivo, aprovechando la minoría de edad de la agraviada (siete años) y no al empleo de la violencia física o moral, pues así lo manifiesta la menor ofendida, en este sentido, al demostrarse lo anterior, no puede aludirse se acredite el delito de VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado por los artículos 94 fracción I y 267, en relación con los diversos 13, 20 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, y sí uno de distinto (sic) que lo es el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado por el artículo 272, fracción II, en relación con los diversos 13, 20 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de ÁNGELA BENAVIDEZ DÍAZ, por lo cual en uso de la facultad otorgada a la autoridad judicial de clasificar los hechos que consigna el Agente del Ministerio Público, para dar un correcto alcance al momento de dictarse el auto que resuelve la situación jurídica del imputado, conforme lo dispone el artículo 212 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, es procedente el clasificar legalmente los hechos atribuidos al adolescente por el Agente del Ministerio Público y conforme a los hechos que resultan probados en la causa y en este sentido estimar que los mismos son constitutivos del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado por el artículo 272 fracción II y en relación con los diversos 13, 20 y 21 fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado cometido en agravio de ÁNGELA BENAVIDEZ DÍAZ." (foja 195 vuelta). Luego, es evidente que el juzgador responsable reclasificó el delito de VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado por los artículos 94 fracción I y 267, en relación con los diversos 13, 20 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ÁNGELA BENAVIDEZ DÍAZ, que se le imputara al inculpado, aquí quejoso, y decretó auto de formal prisión en contra de Diego Sandoval Nicolás por el diverso de VIOLACIÓN EQUIPARADA EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado por el artículo 272, fracción II, en relación con los diversos 13, 20 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de ÁNGELA BENAVIDEZ DÍAZ. Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Ahora bien, el hecho de haber reclasificado el delito el juez de origen resulta suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo en ese aspecto, tomando en consideración que en el presente caso la concesión de amparo fue por irregularidades formales, y tal situación no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores sino que dicho efecto consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban o en sentido diverso, o bien reclasificando el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 constitucional. En efecto, conforme al mencionado artículo 19 constitucional, al reservarse plenitud de jurisdicción al juez responsable en la sentencia que se cumplimenta éste podrá, en su caso, reclasificar el delito por el cual se ejerció la acción penal y de esta manera continuará con la instrucción, máxime que dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 103/2007-PS. siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL. Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delitos configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Es decir, la Norma Fundamental prohíbe la modificación de la sustancia de los hechos, pero no su apreciación técnica o su denominación legal. Ahora bien, la concesión del amparo contra el auto de formal prisión, por no haberse acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado, trae consigo la declaratoria de invalidez de dicho auto, por lo que, formalmente, ya no estará sujeto a la etapa procedimental de la instrucción y será indispensable que la autoridad responsable defina su situación jurídica, pudiendo presentarse dos hipótesis: que aquélla reclasifique el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 mencionado, o bien, que no esté en condiciones de hacerlo porque ello implicaría variar los hechos materia de la consignación, en cuyo caso podrá dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley. Por tanto, en la sentencia que concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado incorrectamente el juzgador puede reservar plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal y se continúe la instrucción, pues dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional; sin que con ello se agrave la situación del inculpado, porque la autoridad de amparo no vincula a la responsable a dictar un nuevo auto de formal prisión, debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito." Luego, al haber reclasificado el juez responsable el delito de violación en grado de tentativa, por el diverso ilícito de violación equiparada en grado de tentativa, es inconcuso que, en ese aspecto, cumplió en sus términos la sentencia de amparo. De ahí que se consideren infundadas las manifestaciones del quejoso, donde refiere que el juez responsable no está dando cumplimiento al haber sustituido el auto de formal prisión por otro, pues estaba obligado a observar los lineamientos especificados en el fallo protector de garantías. En efecto, como quedó precisado en líneas anteriores en la sentencia de amparo se otorgó plenitud de jurisdicción al juez responsable del cumplimiento, por ende el hecho de reclasificar el delito de violación en grado de tentativa, por el diverso ilícito de violación equiparada en grado de tentativa no le irroga perjuicio a sus garantías individuales a la parte quejosa pues conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delito o delitos se configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Así, el hecho de reclasificar el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, conforme a la facultad que le concede al juez responsable del cumplimiento el artículo 19 constitucional no es violatorio de garantías como lo alude el inconforme en su escrito de desahogo de la vista que le fuera ordenada mediante proveído de uno de diciembre de dos mil dieciséis. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo , por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso DIEGO SANDOVAL NICOLÁS; visto su contenido, téngasele por hechas sus manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria del presente juicio de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de la materia, las cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.
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