Dionee Michelle Ribota Caballero

Expediente 696/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
696/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Dionee Michelle Ribota Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de abril de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Por otro lado, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; once de marzo de dos mil veintidós. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 696/2021-I. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la demanda promovida en nombre de *******, la cual fue turnada a este Juzgado el día siguiente. Dicha demanda se promovió contra actos los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo en el índice de este Juzgado con el número 696/2021-I; se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados; por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se determina que la quejosa reclama lo siguiente: IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De las Ordenadoras.- a) Reclamo la inconstitucionalidad de todo lo actuado dentro del JUICIO LLEVADO A MIS ESPALADAS, en el cual se mis derechos de posesión sobre el inmueble identificado como *******, así también conocido como ******* DE ESTA CIUDAD, mismo procedimiento en el cual no he sido oída ni vencida en juicio, ya que jamás he sido emplazada legalmente a juicio alguno sobre dicho inmueble. b) Reclamo la inconstitucionalidad del mandato judicial en el que se ordena desposeer a la suscrita de dicho inmueble que poseo legalmente identificado como *******, así también conocido como ******* DE ESTA CIUDAD. De las Ejecutoras. - Reclamo la ejecución del mandato emitido por la responsable ordenadora, en la que se ordena desposeer a la suscrita del inmueble que poseo legalmente identificado como *******, así también conocido como ******* DE ESTA CIUDAD. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. En sus informes justificados, el Juez Quinto Civil por Audiencias en el Distrito Judicial Bravos, Secretaria Judicial del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, Juez Provisional Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Secretario de Seguridad Pública Municipal y Dirección General Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Bravos, Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Encargado de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, Juez Provisional Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, todas residentes en esta ciudad, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este asunto, en relación con las autoridades responsables y acto reclamado a que se refiere este considerando. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Por su parte, la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe con justificación manifestó ser cierto el acto reclamado toda vez que, mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, se radicaron las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por *******, en su carácter de apoderado legal de *******, las cuales quedaron registradas bajo el expediente *******, por lo que, se ordenó turnar los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, a fin de que un Oficial Notificador interpelara judicialmente a ******* y/o a quien se encontrara en posesión del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, así como para que se le hiciera saber que debía desalojar dicho domicilio, diligencia que se llevó a cabo el siete de septiembre de dos mil veintiuno, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 714/2021, de su índice. Documental que cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice lo siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por otro lado, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, residentes en esta ciudad, señalaron que no es cierto el acto reclamado; sin embargo, la autoridad ordenadora referida en el párrafo que antecede, aceptó que, ordenó turnar las autos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, a fin de que un Oficial Notificador interpelara judicialmente a ******* y/o a quien se encontrara en posesión del bien inmueble afecto, así como para que se le hiciera saber que debía desalojar dicho domicilio, diligencia que se llevó a cabo el siete de septiembre de dos mil veintiuno. Lo que, desvirtúa lo aseverado por los notificadores de referencia, por lo que, se tiene por cierto el acto de ejecución que se reclama a dicha responsable. Por lo tanto, dichos actos se tienen como fehacientemente demostrados. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Con relación a los actos destacados, esta resolutora advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.] El precepto transcrito ampara la institución que la doctrina jurídica denomina litispendencia, conforme al cual, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por la parte quejosa, en este caso ante autoridad judicial, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Lo anterior, refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un idéntico acto, lo cual es acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. En ese sentido, la causa de improcedencia prevista en el precepto en estudio se actualiza una vez que concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea la propia parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido a trámite al momento en que se presentó la demanda de garantías. c) Que el recurso o medio de defensa legal propuesto que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios, pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el presente asunto, la quejosa se duele de la tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por *******, en su carácter de apoderado legal de *******, las cuales quedaron registradas bajo el expediente *******, así como de la orden de lanzamiento del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad.Del informe justificado rendido por la Juez responsable se desprende que: Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, se radicaron las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por *******, en su carácter de apoderado legal de *******, las cuales quedaron registradas bajo el expediente *******, por lo que, se ordenó turnar los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, a fin de que un Oficial Notificador interpelara judicialmente a *******y/o a quien se encontrara en posesión del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, así como para que se le hiciera saber que debía desalojar dicho domicilio, diligencia que se llevó a cabo el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por conducto del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos. Asimismo, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió en el Tribunal Superior de Justicia del Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, un escrito de la aquí quejosa ******* mediante el cual comparece al juicio de origen *******. Por diverso ocurso presentado el primero de octubre de dos mil veintiuno en la Gestión Judicial Civil y Familiar del Distrito Judicial Bravos, turnado el día cuatro del citado mes y año al Juzgado responsable, el licenciado *******, en representación de la quejosa ******* interpuso incidente de nulidad de notificación. De igual forma, mediante oficio *******, signado por la Juez responsable, se hizo del conocimiento de este juzgado que en la admisión del incidente de nulidad de notificación planteado por la aquí quejosa *******se ordenó dar vista a *******, en su carácter de apoderado legal de *******, por el término de tres días a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, el cual se encuentra pendiente de resolución, toda vez que a la fecha la actora incidentista, no ha instado el procedimiento en la incidencia planteada, ya que dicho Tribunal se encuentra impedido para impulsar el procedimiento en virtud del principio dispositivo que rigen los juicios civiles. Atento a lo anterior, se advierte que al interponer la quejosa el incidente de nulidad de notificación; el cual es un medio ordinario de defensa que puede modificar, revocar, o anular el acto reclamado que impugna la solicitante de amparo por esta vía, es un medio de defensa que coexiste conjuntamente con el juicio de amparo. Es así, porque tal incidente se encuentra en trámite, en razón de que la responsable así lo informó como ya se precisó en párrafos precedentes; por tanto, si la quejosa, interpuso ese medio ordinario de defensa, entonces, la acción constitucional de amparo se torna improcedente, en tanto que el acto reclamado consistente en la determinación de veinte de agosto de dos mil veinte, en la cual se radicaron las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por *******, en su carácter de apoderado legal de *******, las cuales quedaron registradas bajo el expediente *******, turnándose los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, a fin de que un Oficial Notificador interpelara judicialmente a ******* y/o a quien se encontrara en posesión del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, así como para que se le hiciera saber que debía desalojar dicho domicilio, diligencia que se llevó a cabo el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por conducto del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, también ha sido impugnado a través del incidente de nulidad de notificación, el cual se encuentra pendiente de resolución. En ese sentido, la incidencia de referencia, que a la fecha se encuentra en trámite, puede eventualmente modificar, revocar o anular el acto reclamado materia de la Litis constitucional, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Cuestión que además obedece al propósito de evitar que dos medios de defensa -ordinario y constitucional-por vías separadas, culminen con resoluciones que pudieran ser contradictorias. En congruencia con lo anterior lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo, lo que imposibilita a esta resolutora a abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.)" "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.)" En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia.Notifíquese personalmente, por correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy once de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente de las constancias anexas al informe justificado rendido por la responsable Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ubicado en esta ciudad, se advierte que, mediante auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio *******, del cual derivan los actos reclamados en el presente asunto, dicha autoridad tuvo a la parte demandada promoviendo incidente de nulidad de notificación; siendo esa la única actuación al respecto. Requerimiento a la autoridad responsable Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ubicado en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de su notificación, informe a este juzgado, el estado actual de la incidencia referida en el párrafo que antecede, misma que fue planteada por la parte demandada en el juicio de origen, debiendo acreditar su dicho con las constancias respectivas; apercibido que de no dar cumplimiento se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de cuatro mil ochocientos once pesos 00/100, moneda nacional ($4,811.00); lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo vigente, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan y la certificación de cuenta, se advierte que a las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de febrero del año que transcurre, se encontraba programada la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que no se ha emplazado al presente juicio el tercero interesado **, pues se desconoce su domicilio y aún no se ha agotado la investigación de su paradero. Asimismo, en atención al contenido del oficio 1/2022, de tres de febrero de dos mil veintidós, signado por la Coordinadora de Jueces de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, se desprende que en virtud de la situación climatológica que se presentó en el Estado de Chihuahua, generó dificultad de desplazamiento por las calles y avenidas debido a la cristalización del pavimento, circunstancia que pone en riesgo el traslado del personal, así como de las partes que deban acudir a las audiencias, de conformidad con los artículos 9, fracción XIII y 10, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales y el diverso sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de marzo de dos mil quince, se determinó la suspensión de labores por causas de fuerza mayor el días jueves tres de febrero de dos mil veintiuno, en todos los Juzgados de Distrito y Centro de Justicia Penal Federal del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde luego, quedando exceptuados todos los trámites de carácter urgente. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del siete de marzo de dos mil veintidós, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Estado de autos Por otro lado, del estado que guardan los presentes autos se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, ha sido omisa en rendir el informe que le fe requerido mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, no obstante haber sido debidamente notificado de ello como se desprende de la constancias que obra en autos. Requerimiento En consecuencia, por última ocasión, requiérase a la autoridad referida en el párrafo que antecede a fin de que dentro del plazo de tres días computado legalmente, verifique en base a su registro de datos e informe si existe en ellos algún domicilio donde se pueda practicar el emplazamiento al tercero interesado **. Apercibida que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en un término de tres días, computados legalmente, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, se aplicará a quien corresponda multa de cincuenta unidades de medida y actualización, previstas en el numeral 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a las cantidad de cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00). Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

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