Diego Soto Martínez y/o Omar Soto Martínez
Expediente 98/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diego Soto Martínez y/o Omar Soto Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y atento al estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos originales que hubiera exhibido en el juicio; apercibida que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente. Se agenda cita En otro orden de ideas, agréguese a los autos la impresión del correo electrónico remitido por el Sistema de Servicios en Línea, mediante el cual se informa que se generó una cita en el Sistema de Agendas de Cita OJ, la cual corresponde a Sinthia Soledad Soto García, promovente del presente juicio. Atento a lo anterior, consúltese el Reporte de Agenda de Visita a OJ en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tómese nota de que se programaron para las catorce horas del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, y agéndese la cita respectiva, a efecto de que se disponga del espacio, mobiliario, equipo y personal para que las personas que acudan a este órgano jurisdiccional puedan realizar la consulta del expediente en que se actúa, conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, indíquese a la parte que agendó la cita que, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la consulta física del expediente se encuentra sujeta a las limitaciones siguientes: a. El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. d. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Asimismo, se hace del conocimiento de los solicitantes que conforme al acuerdo general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020, debe acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se le comunica que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. De igual modo, indíqueseles que la duración máxima de la cita será de veinticinco minutos, puesto que aquélla se generó a solicitud de la parte interesada y no por este órgano jurisdiccional. En otro orden de ideas, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo VII98/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de febrero del presente año, ante el secretario de guardia de este órgano de control constitucional; Sinthia Soledad Soto García, en favor de su padre Diego Soto Martínez, pidió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos reclamados señalados en la tabla siguiente: 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 4 No. AUTORIDAD ACTO RECLAMADO SENTIDO 1 Fiscal General del Estado de Michoacán. Niega 2 Fiscal Especializado para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. ? 1. Incomunicación; ? 2. Tortura, golpes, malos tratos, violencia física y psicológica; y, ? 3. Privación de la libertad Niega Actos que a consideración del quejoso resultan violatorios de los artículos 1, 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de seis de febrero del año en curso, se decretó la suspensión de plano en favor del quejoso directo Diego Soto Martínez; mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil veintiuno, previa ratificación del quejoso, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número VII-91/2021; asimismo, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Autoridad inexistente. En auto de siete de febrero de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, aclarara la denominación correcta de la autoridad que señaló como Elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, sin que lo hiciera, no obstante que dicho término transcurrió del dieciséis al dieciocho de febrero del año en curso (se notificó por medio de lista el doce de 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 5 FORMA A-55 JUZGADO 4° DE DISTRITO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO ??????????????? febrero del presente año). Por tanto, en audiencia constitucional se hizo efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y se tuvo por no señalada como responsable en virtud de su inexistencia, por lo que se ordenó suspender toda comunicación ésta; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto reclamado se atribuye a unas autoridades administrativas que residen dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables los actos consistentes en: ? 1. Incomunicación; ? 2. Tortura, golpes, malos tratos, violencia física y psicológica; y, ? 3. Privación de la libertad 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 6 TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la incomunicación, tortura, golpes, malos tratos, violencia física y psicológica. Las autoridades que a continuación se precisan, rindieron su informe respecto de los actos reclamados, en los términos siguientes: No. AUTORIDAD ACTO RECLAMADO SENTIDO 1 Fiscal General del Estado de Michoacán. Niega 2 Fiscal Especializado para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. ? 1. Incomunicación; ? 2. Tortura, golpes, malos tratos, violencia física y psicológica; y, ? 3. Privación de la libertad. Niega Estudio de los actos reclamados consistentes en (1) incomunicación y (2) tortura, golpes, malos tratos, violencia física y psicológica. Por técnica jurídica se analizarán los actos reclamados consistentes en (1) incomunicación y (2) tortura, golpes, malos tratos, violencia física y psicológica que reclamó el quejoso a las autoridades responsables. Como anteriormente se precisó las autoridades responsables negaron la existencia de los referidos actos, sin que dicha negativa haya sido desvirtuada por el quejoso directo, veamos. El haber probatorio y los autos revelan que: A las veintitrés horas con treinta minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno, elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, pusieron a disposición de la Agente del Ministerio Público de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, entre otras personas, al ahora quejoso, ello con 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 7 FORMA A-55 JUZGADO 4° DE DISTRITO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO ??????????????? motivo del cateo llevado a cabo a las veinte horas con treinta y cinco minutos de esa fecha, en el domicilio ubicado en la calle Francisco Godínez sin número de la colonia La Quemada de esta ciudad, precisamente en las coordenadas 19.703498 y 101.235732185521, y virtud de haberse encontrado en ese lugar sustancias con las características similares a las de un narcótico. Motivo por el cual el fiscal investigador, en esa data, inició la carpeta de averiguación con número único de caso 003202104255 y número de expediente MOR/053/22289/2021 por la probable responsabilidad del imputado (ahora quejoso) en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, cometido en agravio de la sociedad. Fiscal investigador que en auto de siete de febrero de dos mil veintiuno, ordenó poner en libertad a Diego Soto Martínez, girando al respecto el comunicado de libertad al Titular de Internamiento de la Fiscalía General del Estado, el que fue recibido a las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos en dicha dependencia, y además notificó, en esa data, a dicha persona, la libertad ordenada. Lo que se corrobora de las constancias que la Agente del Ministerio Público Investigador Adscrita a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo y el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, remitieron a éste juzgado en cumplimiento al requerimiento que al efecto se les hizo; documentales cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia; así como, en lo establecido en la tesis número XX. 303 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 227, tomo XV, enero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que dice: 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 8 "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Así, de las constancias en alusión se obtiene que el quejoso fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Ministerial del Estado, aproximadamente a las veinte horas con treinta y cinco minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno, virtud a su probable responsabilidad en la comisión de un delito contra la salud. Posteriormente, a las veintitrés horas con treinta minutos de esa misma data, los elementos policiacos pusieron al quejoso directo a disposición de la Agente del Ministerio Público Investigador Adscrita a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, quien aperturó la indagatoria criminal número único de caso 003202104255 y número de expediente MOR/053/22289/2021; finalmente, el siete de febrero de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos, la Agente del Ministerio Público Investigador Adscrita a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo decretó la libertad de los imputados, giró el comunicado respectivo y notificó dicha determinación al quejoso. Es decir, del caudal probatorio no se advierte la existencia de los actos reclamados por el promovente directo, consistente en (1) incomunicación y (2) tortura, golpes, malos tratos, violencia física y psicológica, ya que en la especie, los elementos de la policía ministerial, después de la detención del quejoso, lo dejaron a disposición de la Agente del Ministerio Público Investigador Adscrita a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, circunstancia que corroboró uno de los actuarios judiciales de la adscripción, en su razón levantada el seis de febrero de dos mil veintiuno, en la que además hizo constar que al revisarlo visualmente 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 9 FORMA A-55 JUZGADO 4° DE DISTRITO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO ??????????????? observó que el peticionario directo no presentaba alguna lesión o signo de maltrato físico en su persona, quien incluso le refirió que no había sido objeto de actos de tortura y que su abogado lo acaba de visitar, con lo que se acredita la inexistencia de dichos actos. No obsta para así considerarlo el hecho de que el quejoso Diego Soto Martínez haya manifestado que fue golpeado por unos civiles a espaldas de las instalaciones donde se encontraba, ya que de la razón asentada por el actuario adscrito este órgano jurisdiccional, se puede apreciar que éste, se encontraba recluido en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y que no presentaba lesión alguna o signo de maltrato físico en su persona; máxime que no se arrimó al presente juicio constitucional por parte de los quejosos algún certificado médico u otra constancia que demostrara alguna lesión en su integridad corporal, por lo que no se acreditó lo anterior. No obstante lo anterior, esta potestad federal dio vista a la representación social de la federación adscrita con copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de que procediera a integrar la carpeta de investigación correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables, en su caso, en acatamiento a los criterios asentados en las tesis aisladas números P.LXII/2010 y P.LXVI/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 27 y 24, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. SU VIOLACIÓN GENERA EL DEBER DEL ESTADO DE INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS HECHOS RESPECTIVOS" y "DEBER DE REPRESIÓN. CORRESPONDE AL ESTADO RESPECTO DE LOS ACTOS COMETIDOS POR SUS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONSTITUYAN MALTRATO EN LA APREHENSIÓN O EN LAS PRISIONES". 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 10 Fiscal que mediante oficio 6/2021 de nueve de febrero de dos mil veintiuno, agotó la vista dada, al remitirle al Fiscal General del Estado, copia certificada de la demanda de amparo VII/98/2021, así como oficio original 2640/2021, mismo que contiene el auto de fecha siete de febrero de dos mil veintiuno, donde se desprenden los hechos probablemente constitutivos de delito a fin de instar la indagatoria correspondiente. En esa tesitura, dado que el quejoso directo no presentó algún medio de convicción tendente a desvirtuar la inexistencia de los actos reclamados consistentes en (1) incomunicación y (2) tortura, golpes, malos tratos, violencia física y psicológica, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, exclusivamente para efectos del juicio de amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento en el juicio. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo".2 CUARTO. Existencia del acto reclamado que el quejoso hizo consistir en la privación de su libertad. Ahora bien, no obstante que las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron categóricamente el acto reclamado por el quejoso Diego Soto Martínez, el caudal probatorio reveló que éste fue detenido por elementos de la Policía Ministerial del Estado, en virtud de que, según su dicho, fue asegurado dentro de un domicilio donde se llevó a cabo un cateo, mismo donde encontraron diversas sustancias con las 2 Se considera aplicable la tesis, a pesar de referirse a un numeral de la Ley de Amparo abrogada (74, fracción IV, de la Ley de Amparo), toda vez que no se contrapone con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la invocada ley, pues son de contenido similar. 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 11 FORMA A-55 JUZGADO 4° DE DISTRITO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO ??????????????? características de un narcótico, lo que ocurrió aproximadamente a las veinte horas con treinta y cinco minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno, poniéndolo a disposición de la Agente del Ministerio Público de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, en calidad de detenido, junto con los objetos asegurados, lo que ocurrió a las veintitrés horas con treinta minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, procede desvirtuar la negativa únicamente en relación con el acto consistente en (3) la privación de la libertad que reclamó el peticionario a las responsables y tenerlo por cierto. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia actualizada De oficio, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de inejercitabilidad precisada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El artículo y fracción en cita establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 12 determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica de la parte quejosa y que la legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 13 FORMA A-55 JUZGADO 4° DE DISTRITO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO ??????????????? incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL"3 . "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL"4 . En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso reclamó, entre otros, la privación de su libertad fuera de procedimiento. Existencia que se corroboró con las constancias que remitió la Agente del Ministerio Público de Investigación y Persecución al Narcomenudeo y el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, las cuales fueron valoradas anteriormente conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, documentales de las que se advierte que el quejoso Diego Soto Martínez fue detenido y puesto a disposición de la primera autoridad en cita para la 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, Materia Común, página treinta y ocho. 4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, página setenta y uno. 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 14 integración de la carpeta de investigación la carpeta de averiguación con número único de caso 003202104255 y número de expediente MOR/053/22289/2021 por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, cometido en agravio de la sociedad, en la que el siete de febrero de dos mil veintiuno, decretó su libertad, la que fue recibida a las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos de esa fecha por el encargado del recinto donde guardaba reclusión, y notificada con esa data al citado quejoso, con lo cual abandonó la conducta contumaz respecto a la detención de éste; situación que en efecto aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Lo que se afirma en ese sentido, toda vez que la demanda de amparo fue presentada el seis de febrero de dos mil veintiuno y el quejoso directo fue puestos en libertad el siete siguiente. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que el indicado acto reclamado dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, un día después. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues al ser de carácter positivo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que abandonara dicho acto en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 22 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que ésta exige; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la autoridad responsable, emitió el auto de siete de febrero de dos mil veintiuno, en el que puso en libertad al quejoso. 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 15 FORMA A-55 JUZGADO 4° DE DISTRITO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO ??????????????? Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." 5 En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad que el quejoso Diego Soto Martínez atribuyo a las autoridades responsables, procede sobreseer en el presente juicio de control constitucional conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo".6 Así como la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE 5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, junio de 1999, página: 38, materia común. 6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, página: 210, materia común. 29/08/21 12:12:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.17 MARCO ANTONIO ARROYO RODRIGUEZ 16 HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Diego Soto Martínez contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos insertos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de esta resolución para agregarse al expediente físico, así como las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de adscripción.
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Visto el pedimento 61/2021, del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha su manifestación -pedimento- que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de tomarla en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Cumplen requerimiento. Agréguese a los autos el correo electrónico del Director de Amparos de la Fiscalía General de Estado, y anexo que acompaña. En atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, al remitir las constancias con las que acredita el egreso del quejoso Diego Soto Martínez, del sitio donde guardaba reclusión. Lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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