Diego Omar Guillen Almanza
Expediente 397/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diego Omar Guillen Almanza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Diego Omar Guillén Almanza, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; en consecuencia, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Sin que se haga pronunciamiento relativo a la devolución de documentos, ello en virtud de que no fueron exhibidos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en proveído de once de abril de dos mil diecinueve, pese a encontrarse debidamente notificada para ello y ha trascurrido el plazo otorgado para tal efecto; consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la razón levantada por el actuario adscrito, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de once de abril del año en curso; en consecuencia, en términos de lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarle la notificación de dicho acuerdo y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con este asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: DIEGO OMAR GUILLÉN ALMANZA. Radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Diego Omar Guillén Almanza solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: 1. Cámara de Diputados; y, 2. Cámara de Senadores. Ambas del Congreso de la Unión. 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente y regístrese con el número III-397/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. ? Consideraciones previas. De la lectura de la demanda de amparo se obtiene que, en esencia, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAME: Los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud." (Sic). Así, de la interpretación integral de la demanda se aprecia que la parte quejosa combate lo siguiente: 1. El proceso legislativo que culminó con la emisión de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud. Sin embargo, existe una irregularidad que deben subsanarse. Al respecto, es oportuno destacar que la presente demanda se formula como un amparo contra normas generales, el cual tiene ciertos aspectos distintos en cuanto a su técnica y resolución. Así, tanto la doctrina como la jurisprudencia han distinguido dos clases esenciales de normas generales y la afectación que generan en los gobernados, las cuales son las siguientes: a) Autoaplicativas, son aquéllas que por su sola entrada en vigor ocasionan un perjuicio al gobernado, ya que éste, desde luego, actualiza el supuesto fáctico encuadrado en la norma; y, b) Heteroapliacativas, son aquéllas que no causan un perjuicio al gobernado por su sola entrada en vigor, sino que se requiere un acto de aplicación en concreto para que ocasione un menoscabo en la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia P/J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". Empero, de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se obtiene de manera veraz cuál es el acto concreto de aplicación; esto es, el acto positivo con el cual se materializó cada una de las porciones normativas impugnadas y que ocasionó el menoscabo en la esfera jurídica de la parte quejosa. Ya que si se combaten las normas con motivo de su sola entrada en vigor, habría que estarse a la fecha en que las mismas fueron publicadas y que cobraron vigencia. Por ello, aun cuando este órgano jurisdiccional pudiera interpretar los actos concretos de aplicación de las normas generales combatidas, la realidad es que corresponde al quejoso indicar con precisión tales circunstancias, las que forman parte de los antecedentes de los actos que pretende reclamar en esta vía constitucional; los que constituyen requisitos de la demanda, tal como lo imponen los artículo 108, fracciones III y IV, 114, fracciones I, II y V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al advertirse tales irregularidades, resulta procedente imponer la siguiente: ? Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracciones III y VI, así como 114, fracciones I, II y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Único. Indique, de manera clara y precisa, lo siguiente: a) Si las normas generales las reclama con su sola entrada en vigencia o, bien, con motivo de un acto de aplicación; b) De reclamarse por algún acto aplicativo, deberá mencionar cuál es el acto concreto en que, a su decir, se aplicaron en su perjuicio las normas generales que combate de inconstitucionales. Además, deberá indicar la fecha en que se aplicaron en su perjuicio las disposiciones normativas en comento y la autoridad que lo realizó; Cuestiones que deben dilucidarse a fin de determinar la litis constitucional y estar en condiciones de proveer sobre la procedencia o no de la demanda y, en su caso, sobre la suspensión de los actos reclamados. Además, puesto que se deben precisar cuestiones inherentes a los "antecedentes del acto reclamado", todo lo anterior deberá hacerlo bajo protesta de decir verdad en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo (artículo 116, fracción IV, de la anterior Ley), tal cual lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 334/2013 . Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia número P./J.127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo X, noviembre de 1999, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Y la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIV, julio de 2006, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". ? Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la prevención, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en la materia aplicable, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Además, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Asimismo, la parte quejosa deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su apoderado y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". ? Domicilio y autorizados. Por otra parte, señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. ? Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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