Dirección de Tránsito del Estado de Michoacán

Expediente 1521/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1521/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Dirección de Tránsito del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Informa inexistencia de autoridad. Agréguese a los autos el oficio del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, a través de quien lo presenta, por medio del cual informa que la autoridad señalada como responsable "Dirección de Tránsito y Movilidad de Peritos del Estado de Michoacán", no existe en el organigrama de esa Secretaría, razón por la cual devuelve los oficios ***** y ********. Con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste si insiste en señalar a dicha autoridad como responsable y, en su caso, proporcione la denominación correcta; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no señalada con tal carácter, continuándose el trámite por las restantes; mientras tanto, se ordena suspender toda comunicación con ésta. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y cuyo texto son los siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió". Cuenta en el incidente de suspensión Ahora, ya que también devuelve el diverso comunicado ***********, derivado del incidente de suspensión correspondiente, acuérdese lo conducente en ese cuaderno.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Informe previo. Agréguese a los autos el oficio del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de quien lo representa, con el cual, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe previo, en contestación al oficio *******, enviado a la Dirección de Tránsito del Estado de Michoacán; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. Delegados y domicilio. Por otra parte, en términos de los numerales 9 y 28 de la ley en la materia, se tiene a la citada autoridad nombrando como delegados a las personas que indica y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona. Correo electrónico. Finalmente, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, téngasele proporcionando la dirección del correo electrónico que menciona, mismo que se tiene para efectos de establecer comunicación no procesal y, en caso de que el asunto lo amerite, para comunicaciones procesales correspondientes. Informa inexistencia de autoridad. Por otra parte, glósese a este cuaderno, la diversa comunicación de la referida autoridad con la que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la autoridad señalada como responsable "Dirección de Tránsito y Movilidad de Peritos del Estado de Michoacán", no existe en el organigrama de esa Secretaría, razón por la cual devuelve el oficio ********. Con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste si insiste en señalar a dicha autoridad como responsable y, en su caso, proporcione la denominación correcta; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no señalada con tal carácter, continuándose el trámite por las restantes; mientras tanto, se ordena suspender toda comunicación con ésta. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y cuyo texto son los siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió". Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para este día y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que de una revisión del expediente electrónico relacionado se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato recibió el exhorto ******************** (orden ********************), mediante el cual se solicitó que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara personalmente al perito de iniciales ********************, los proveídos de treinta de octubre y trece de noviembre del año en curso, lo que así se hizo mediante diligencia de diecisiete de los actuales, por lo que el término de tres días otorgado para dar cumplimiento a los autos citados comienza a contar del veintidós al veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a que el perito manifieste si acepta el cargo conferido y, en su caso, rinda el dictamen que le fue requerido, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número********************. De conformidad con la fracción I, del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la integración de todo documento electrónico o digitalizado por medio de la Firma Electrónica que cuenta con los permisos necesarios, como la FIREL, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por sus características representen una imposibilidad material para su digitalización, con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General en consulta, se integrarán únicamente al expediente físico o, en su caso, al cuaderno auxiliar que se forme con motivo del presente asunto, ello en atención a la relevancia de éstas. Por tanto, el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, ya que de conformidad con la fracción XII, del artículo 3 del ordenamiento legal referido, será el expediente electrónico el que tendrá validez para consulta de las partes. ADMISIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Dirección de Tránsito del Estado de Michoacán, Dirección de Tránsito y Movilidad de Peritos del Estado de Michoacán y Grúas Muñoz. No se inadvierte el hecho de que el quejoso señaló como tercero interesado a las Grúas Muñoz, sin embargo, atendiendo a que en el señalamiento de los actos reclamados refiere que se ha negado a entregarle su vehículo derivado de que no se ha pagado el arrastre y otros conceptos, es que se actualiza el criterio sostenido en la jurisprudencia VI.1o.P. J/1 P (11a.), de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. TIENEN ESE CARÁCTER LOS CONCESIONARIOS DE GRÚAS O CORRALONES CUANDO SE LES RECLAMA EL COBRO POR CONCEPTO DE TRASLADO, CUSTODIA Y RESGUARDO DE UN VEHÍCULO RELACIONADO CON UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO DEL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO ORDENÓ SU LIBERACIÓN Y ENTREGA A FAVOR DEL QUEJOSO EN SU CALIDAD DE VÍCTIMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Hechos: Una persona, víctima del ilícito de robo de vehículo, promovió juicio de amparo indirecto contra el acto que reclamó de un concesionario de grúas, consistente en el cobro por concepto de almacenaje y arrastre de un automóvil de su propiedad, relacionado con una carpeta de investigación. Ello, ya que con anterioridad dicho vehículo le había sido asegurado y remitido a un corralón por presuntamente tener reporte de robo; posteriormente, una vez acreditada la propiedad, el Ministerio Público ordenó su liberación y entrega a su favor. El Juez de Distrito concedió el amparo solicitado para el efecto de que le fuera devuelto el vehículo al quejoso, sin condición de pago alguno; resolución contra la que dicho concesionario interpuso recurso de revisión planteando, en esencia, que no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito avala las consideraciones emitidas por el juzgador de amparo en la sentencia recurrida, en la que se determinó conceder la protección constitucional solicitada, y determina que los concesionarios de grúas o corralones tienen el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la ley de la materia, cuando se les reclama el cobro por concepto de traslado, custodia y resguardo de un vehículo relacionado con una carpeta de investigación, respecto del cual el Ministerio Público ordenó su liberación y entrega a favor del quejoso en su calidad de víctima. Justificación: El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, cuando el quejoso tiene la calidad de víctima u ofendido y reclama del concesionario de las grúas el cobro por concepto de traslado, custodia y resguardo de un vehículo de su propiedad, afecto a una carpeta de investigación, respecto del cual se ordenó su liberación y entrega, este último tiene el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de protección de derechos humanos, toda vez que al condicionar la entrega del automotor al pago de una cantidad de dinero, establece una relación de supra a subordinación con el quejoso, pues al prestar auxilio a la institución del Ministerio Público (en el arrastre y resguardo del automóvil), actúa en un plano superior al en que se ubica su propietario, en beneficio del orden público y del interés social; tan es así que el resguardo del vehículo no se realiza a solicitud del quejoso. Aunado a lo anterior, en estos casos, la facultad de dicho concesionario para realizar el cobro por concepto de traslado, custodia y resguardo de un vehículo, se encuentra prevista en una norma general, como lo es la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, de la que se desprende que aquellas actividades prestadas por la Fiscalía General del Estado pueden ser concesionadas a particulares, los cuales, en su caso, deben sujetarse a las cuotas establecidas en la legislación en comento. Finalmente, es evidente que al condicionar la entrega del automotor al pago de una cantidad de dinero, el concesionario crea y modifica situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria que pueden afectar la esfera de derechos del quejoso (su patrimonio), sin que para ello requiera acudir a los órganos judiciales, ni el consenso de la voluntad del afectado." AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación, por medio de oficio, de conformidad con el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, se ordena la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados en un solo tanto, como lo señala el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rindan su informe con justificación bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) Es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) Oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. Por otra parte, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe por vía correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que confirme su recepción en el propio número telefónico de este juzgado con número 44 33 22 69 60 extensión 1161. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo: En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso, remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. ENTREGA DE OFICIOS ELECTRÓNICOS. Con apoyo en la fracción I, del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se autoriza al actuario adscrito realice la entrega de los oficios dirigidos a las autoridades correspondientes por medio de correo electrónico, para lo cual deberá dejar constancia en autos de su envío y confirmar su recepción; y sólo en el caso de que ello sea imposible, se constituya en el lugar de su residencia oficial. Conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio, se asentará razón en autos a partir de la cual, sin previo acuerdo, se tendrá por practicada. Hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. En términos de los normativos 5°, fracción III, 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban los informes justificados. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga lugar la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia; fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente Órgano Jurisdiccional. Hágase saber a las partes que de la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el personal actuante; por lo tanto, no es indispensable que las partes concurran a ella, ya que en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y la fracción II del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la audiencia se podrá realizar a partir de los escritos presentados de forma física o electrónica, con la debida oportunidad del caso. Tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la parte quejosa podrá formular alegatos verbales, caso en el que se admitirá la posibilidad de desahogar la audiencia con la presencia física de las partes, o bien, de forma excepcional, a través del uso de medios electrónicos y soluciones digitales como la videoconferencia, en atención a la fracción II del artículo referido. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm. Así como en los estrados de este órgano jurisdiccional, por ello, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que publiquen la impresión respectiva en los mismos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, hágase saber a las partes que el trabajo en los órganos jurisdiccionales se rige bajo los principios de impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica así como protección de los derechos humanos. Por ello, de conformidad con el artículo 257 de dicho Acuerdo General, la atención a personas justiciables se procurará realizar a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, de ahí que tratándose de comunicaciones no procesales, se podrá brindar la atención vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales, como la videoconferencia, mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Asimismo, de forma excepcional, con fundamento en la fracción II, del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se autoriza la diligencia de comunicaciones procesales, vía telefónica y mediante el uso de medios electrónicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en los casos en los que las partes no tengan acceso al expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, caso en el que deberá certificarse su recepción. Por tanto, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico ********************, para efecto de establecer comunicación no procesal y, en caso de que el asunto lo amerite, para comunicaciones procesales; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Hágase saber al actuario de la adscripción que realice cualquier clase de comunicación no procesal través del correo electrónico, que deberá realizarlo siempre de la cuenta o dirección institucional del fedatario público respectivo, de ahí que se tendrá que integrar al expediente electrónico a través del uso de la FIREL, la certificación correctamente redactada y razonada de su envío y acuse respectivo. De igual modo, de realizar alguna diligencia por medio de las soluciones digitales referidas, el fedatario de la adscripción deberá conservar el registro de ésta e incorporarla al expediente electrónico correspondiente, por medio del uso de la FIREL, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle un esquema de comunicación y almacenamiento centralizado. Asimismo, se les hace de su conocimiento que el horario de atención al público de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello una firma electrónica que cuente con los permisos necesarios, como lo es la FIREL o e.firma, en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Hágase del conocimiento de las partes que las listas de acuerdos se publicarán en los estrados de este órgano de control constitucional y en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Con fundamento en el artículo 209 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la listas de acuerdos publicadas electrónicamente tienen validez legal suficiente, al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales, en consecuencia, no es necesario que el fedatario judicial adscrito levante certificación de dicha situación para ser agregada al expediente respectivo. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. Ahora, en el caso de que aún y cuando los medios electrónicos estén disponibles, sea indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional o cuando éstas deseen asistir personalmente a consultar los expedientes electrónicos de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, éstas deberán agendar cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del horario de atención al público precisado con anterioridad. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, toda vez que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, de conformidad con la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. COPIAS CERTIFICADAS. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que, sin solicitud previa, tienen expedito su derecho de obtener copias certificadas de las constancias que requieran, previo recibo que se deje en autos. Ahora, debe precisarse que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. Por otro lado, se hace saber a las partes que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 22 y el segundo párrafo del artículo 36, ambos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos. Mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Por esa razón, se les reitera la invitación a que transiten al esquema de juicio en línea a través de la FIREL. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De igual modo, toda vez que mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para esta juzgadora, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza a las partes el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente físico, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. Se informa a las partes que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos que intervengan en la actuación respectiva.

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