Diego Enrique Gallegos Luz

Expediente 263/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
263/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Diego Enrique Gallegos Luz
  • Magistrado del Tribunal Colegiado del Juicio Oral de la Sede de Acámbaro, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y el original del incidente. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el informe justificado rendido por la Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, actuando en la base de Uriangato; lo anterior, toda vez que el diecinueve de noviembre del año en curso, se resolvió el asunto en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 263/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al juez en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que constituye hecho notorio, que en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, se tuvo rindiendo el informe previo a las autoridades responsables siguientes: 1. Tribunal Colegiado de Juicio Oral de la Sede Acámbaro, Guanajuato y base de Uriangato, Guanajuato; 2. Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Agencia Primera del Municipio de Moroleón, Guanajuato; 3. Agente Segundo del Ministerio Público Investigador Titular de la Agencia Segunda del Municipio de Moroleón, Guanajuato; y, 4. Policía Ministerial Adscrita a la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador del Municipio de Maravatío, Michoacán y encargada de ejecutar las órdenes de localización y/o aprehensión. Con los cuales se dio vista de manera oportuna a la parte quejosa, sin que haya realizado manifestación al respecto. El Juez acuerda: De manera preliminar, conviene mencionar que el juicio de amparo se constituye bajo el principio de economía procesal, con la finalidad de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, de acuerdo con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable posible para ponderar la efectividad del mismo, con la finalidad de evitar la imposición de formulismos poco prácticos contrarios a la finalidad de la norma, al igual que convertir cualquier irregularidad procesal en un obstáculo insuperable para la continuación del proceso y obtener con ello una resolución práctica sobre la controversia planteada (principio de favorecimiento de la acción). Acorde con lo expuesto, desde una perspectiva de proporcionalidad se debe observar un distinto tratamiento en torno al grado de complejidad o defectuosidad de los diversos asuntos, los vicios o errores en que pudieran incurrir las partes y en relación con las circunstancias concurrentes su trascendencia práctica e incluso la voluntad de los promoventes, permitiendo que éstos en su caso los corrijan o incluso realizar ello de oficio para preservar sus derechos, sin soslayar la igualdad procesal de las partes (principio de subsanación de los defectos procesales); ello, tomando en consideración además a todos los justiciables que ejercen su derecho en específico ante este órgano jurisdiccional. Así, en virtud de lo expuesto en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena tomar en consideración la información contenida en los informes previos referidos, para resolver el juicio en que se actúa. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con lo anterior y la totalidad de constancias que obran en el expediente, el cual se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El juez provee: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tienen por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito recibido el diez de marzo de dos mil veinte, en la oficialía de partes de este juzgado, Diego Enrique Gallegos Luz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Tribunal Colegiado de Juicio Oral de la Sede Acámbaro, Guanajuato y base de Uriangato, Guanajuato; 2. Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Agencia Primera del Municipio de Uriangato, Guanajuato; 3. Agente Segundo del Ministerio Público Investigador Titular de la Agencia Segunda del Municipio de Uriangato, Guanajuato; 4. Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Agencia Primera del Municipio de Moroleón, Guanajuato; 5. Agente Segundo del Ministerio Público Investigador Titular de la Agencia Segunda del Municipio de Moroleón, Guanajuato; 6. Policía Ministerial adscrita a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador del Municipio de Uriangato, Guanajuato y encargada de ejecutar las órdenes de localización y/o aprehensión; 7. Policía Ministerial adscrita a la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador del Municipio de Uriangato Guanajuato y encargada de ejecutar las órdenes de localización y/o aprehensión; 8. Policía Ministerial adscrita a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador del Municipio de Maravatío, Michoacán y encargada de ejecutar las órdenes de localización y/o aprehensión; y, 9. Policía Ministerial Adscrita a la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador del Municipio de Maravatío, Michoacán y encargada de ejecutar las órdenes de localización y/o aprehensión. Actos reclamados: - El pretender privar de la libertad a la parte quejosa, así como su ejecución. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 263/2020; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se pretenden ejecutar dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: - El pretender privar de la libertad a la parte quejosa, así como su ejecución. Tercera. Las autoridades responsables referidas con anterioridad a excepción de las señaladas en los puntos 6 y 7, al momento de rendir sus informes manifestaron que no son ciertos los actos reclamados que se les atribuyen (los cuales no fueron reclamados por vicios propios). Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión la orden privativa de la libertad son actos positivos en tanto que implica una actividad desplegada por la citada autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable mencionada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo actualmente en vigor, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Determinación que se hace extensiva respecto de las autoridades siguientes: 1. Policía Ministerial adscrita a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador del Municipio de Uriangato, Guanajuato y encargada de ejecutar las órdenes de localización y/o aprehensión; y, 2. Policía Ministerial adscrita a la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador del Municipio de Uriangato Guanajuato y encargada de ejecutar las órdenes de localización y/o aprehensión. Pues pese a que no obre su informe justificado, se advierte que las mismas tienen el carácter de autoridades ejecutoras, calidad con la cual no pueden materializar actos inexistentes; sin que los actos que se les atribuyen se hayan reclamado por vicios propios. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo actualmente en vigor y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Diego Enrique Gallegos Luz, por inexistencia de los actos reclamados, atribuida a la autoridad responsable. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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