Diego Román Rodríguez Rubio
Expediente 852/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diego Román Rodríguez Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de doce de noviembre de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del mencionado acuerdo, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del doce de noviembre de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 852/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta con el pedimento registrado con número 18781, y hace constar que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Visto el escrito de cuenta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, asimismo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que solo los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene a la citada agente por expresándolos y se tiene por precluído el derecho de las demás partes para formularlos Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, del que por razón de turno tocó conocer a este juzgado, Diego Ramón Rodríguez Rubio compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades responsables siguientes: Autoridades responsables: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal; Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal; Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal; Juez de Oralidad en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral; Procurador General de Justicia en el Estado de Michoacán; Director Regional de Carpetas de Investigación; Director de Atención Temprana; Comandante de la Policía Ministerial y/o Jefe de Grupo Encargado de Cumplimentar ordenes de aprehensión, localización, presentación o comparecencia; Encargado de la Fiscalía Regional de Morelia; y Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional. Primer Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Morelia. Segundo. Por auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la celebración de audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos de autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, los actos reclamados consisten en: "De todas las autoridades que señalo como responsables les reclamo: El pretender privarme de mi libertad fuera de procedimiento judicial, sin que exista una orden de aprehensión dictada en mi contra en la cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimientos, por no haber cometido delito alguno que merezca pena privativa de la libertad; además con el temor fundado de que las autoridades señaladas como responsables apliquen al suscrito torturas, golpes y azotes lo cual está prohibido conforme a los dispuesto por el artículo 22 Constitucional". Tercera. Inexistencia del acto reclamado. Las siguientes autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal; Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal; Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal; Juez de Oralidad en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral; Procurador General de Justicia en el Estado de Michoacán; Director Regional de Carpetas de Investigación; Director de Atención Temprana; Comandante de la Policía Ministerial y/o Jefe de Grupo Encargado de Cumplimentar ordenes de aprehensión, localización, presentación o comparecencia; Encargado de la Fiscalía Regional de Morelia; y Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Finalmente, en auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo como inexistente a la autoridad denominada "Primer Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Morelia". Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración tercera de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Diego Ramón Rodríguez Rubio, contra los actos reclamados a las autoridades responsables en las referidas consideraciones. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por el quejoso mediante el cual manifiesta que su nombre correcto es Diego Román Rodríguez Rubio, toda vez que por un error se plasmó en su escrito de demanda inicial el nombre Diego Ramón Rodríguez Rubio. Sin embargo, la anterior información no resulta ser necesaria para requerir de nueva cuenta los informes justificados a las autoridades responsables con el ahora nuevo nombre proporcionado. Lo anterior, toda vez que del estado de autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que se encuentra rendidos la totalidad de informes justificados por parte de las autoridades responsables y con ello se fijó la litis constitucional. En ese sentido, no pueden incorporarse a la litis constitucional un nuevo nombre, dado que la misma ya se encuentra integrada con la totalidad de informes rendidos por las autoridades responsables. Además, cabe destacar que los actos reclamados deben ser analizados de acuerdo con la fecha de presentación de la demanda de amparo, sin que resulte posible atender un cambio de nombre una vez fijada la materia del presente asunto. Sustenta lo anterior y en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de texto siguiente: ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. Por otro lado, se tiene a Rafael Eric Anguiano Huazano como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que sí tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro único 146357. Quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por habérselas otorgado expresamente. Finalmente, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa las copias en los términos que solicita, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia legal, asimismo, téngasele a las personas que indica como autorizadas únicamente para recibir las mismas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con veinte minutos del quince de octubre de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 852/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Téngase por hecha la relación anterior para los efectos legales conducentes y con fundamento en los artículos 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo. Abierto el periodo probatorio se hace constar que las partes no las ofrecieron. A lo que el juez provee: Toda vez que las partes no ofrecieron pruebas precluye su derecho para hacerlo. En el periodo de alegatos se hace constar que solamente las formuló la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social; y, a las demás partes les precluye su derecho para hacerlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes autoridades: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal; Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal; Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal; Juez de Oralidad en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral; Procurador General de Justicia en el Estado de Michoacán; Director Regional de Carpetas de Investigación; Director de Atención Temprana; Comandante de la Policía Ministerial y/o Jefe de Grupo Encargado de Cumplimentar ordenes de aprehensión, localización, presentación o comparecencia; Encargado de la Fiscalía Regional de Morelia; y Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional. Todas las anteriores autoridades con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y como acto reclamado la orden de localización, presentación, arresto o cumplimiento de orden de aprehensión. Segunda. Mediante auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por no señalada como autoridad responsable a la denominada "Primer Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Morelia, con sede en esta ciudad", toda vez que dicha autoridad no existe. Tercera. Las autoridades responsables citadas en el primer considerando, al momento de rendir su informe previo, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva del acto precisado con anterioridad reclamado a la autoridad responsable, por falta de materia sobre la cual decretarla. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19, visible en la página ciento treinta y tres del Tomo II, Julio de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, materia común, novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se resuelve: Único. Se niega a Diego Ramón Rodríguez Rubio, la suspensión definitiva en términos de la consideración tercera de esta interlocutoria. . Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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