Diego Abraham Leal Correa
Expediente 749/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diego Abraham Leal Correa
- Sergio Eduardo Ochoa Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se negó la medida cautelar definitiva solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción i, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción i, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Vistos los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 749/2022, promovido por Diego Abraham Leal Corral, por propio derecho y en cuanto representante y administrador único de la persona moral Productor Agrícola Lecor, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia (fojas 2-7), Diego Abraham Leal Corral, por propio derecho y en cuanto representante y administrador único de la persona moral Productor Agrícola Lecor, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la mencionada Sala. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Trámite juicio de amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano de control constitucional que la registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 749/2022; en proveído de ocho de julio de dos mil veintidós la admitió (foja 35); se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Tercero. Carácter tercero interesado. En proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a Sergio Eduardo Ochoa Salazar y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados fueron emitidos y ejecutados en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y en atención además al criterio mencionado, los actos reclamados por los quejosos consisten en: Al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán y al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán: El proveído dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario civil 580/2021, en el que admitió la demanda que sobre cumplimiento de contrato de compraventa y otras prestaciones promovió Sergio Eduardo Ochoa Salazar frente a Lorenzo Leal Díaz Barriga; y, ordenó la inscripción marginal en la escritura pública número 556 volumen 13 y la inscripción de la demanda. Al Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán: La ejecución de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán y al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Primera Instancia en Materia Civil, el Juez Mixto de Primera Instancia -como autoridad sustituta- ambos del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán y el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, consistente en copias certificada certificadas del juicio ordinario civil 261/2022 [un tomo]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; de ahí que se tenga debidamente probado el mismo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente. En el caso, este juzgador advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento legal, la cual es fundada. En efecto, los referidos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Asimismo, que en el precepto 18 de la Ley de la Materia, el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo previsto en diverso 17 del mismo ordenamiento, para la promoción del juicio de amparo: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Una vez establecido lo anterior, cabe mencionar que la parte quejosa reclama el proveído dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario civil 580/2021, en el que admitió la demanda que sobre cumplimiento de contrato de compraventa y otras prestaciones promovió Sergio Eduardo Ochoa Salazar frente a Lorenzo Leal Díaz Barriga; y, ordenó al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, la inscripción marginal en la escritura pública número 556 volumen 13 para lo cual se ordenó enviar copia certificada por duplicado de la demanda y del auto que la admite así como su ejecución. Asimismo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que la moral quejosa fue emplazada al juicio de origen en diligencia de catorce de marzo de dos mil veintidós, en la que el actuario manifestó que se constituyó en legal y debida forma en el domicilio de Productor Agrícola Lecor, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, que fue atendido por su administrador único Diego Abraham Leal Corral; asimismo, entre otras cuestiones, asentó lo siguiente: "[. Persona que encuentro presente en este domicilio, por lo que en este acto procedo a hacerle saber el motivo de mi visita -identificándome con la misma- dando lectura íntegra a los autos de fechas dieciséis de diciembre del año 2022 dos mil veintidós así como a los diversos de fechas 10 diez y 27 veintisiete ambos del mes de enero y del año 2022 dos mil veintidós, deducidos del cuadernillo de exhorto número 14/2022 relativo al juicio ordinario civil número 580/2021 [.]" (foja 168 del tomo de pruebas, lo resaltado es de este órgano de control constitucional). De lo transcrito se advierte que el catorce de marzo de dos mil veintidós, el actuario dio lectura a Diego Abraham Leal Corral, en cuanto administrador único de la moral Productor Agrícola Lecor, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, del proveído de dieciséis del proveído dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario civil 580/2021, en el que admitió la demanda que sobre cumplimiento de contrato de compraventa y otras prestaciones promovió Sergio Eduardo Ochoa Salazar frente a Lorenzo Leal Díaz Barriga; y, ordenó la inscripción marginal en la escritura pública número 556 volumen 13 y la inscripción de la demanda. Por tanto, la regla que debe aplicarse para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, es la establecida en el primer supuesto del artículo 18 de la Ley de la Materia, es decir, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado a la parte quejosa, ya que de las citadas constancias se advierte que es parte dentro del expediente de origen y como tal, le fue practicada la notificación de la resolución combatida en los términos previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán. Así las cosas, el artículo 101 de dicho ordenamiento disponen lo siguiente: "Capítulo V De los términos judiciales Artículo 101. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente hábil a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o cualquiera otra notificación, y no podrán suspenderse por ningún motivo cuando estuvieren en curso. Se contará en ellos el día del vencimiento, salvo el caso en que la ley disponga expresamente otra cosa.". Del contenido del numeral transcrito se advierte que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente hábil a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o cualquiera otra notificación, y no podrán suspenderse por ningún motivo cuando estuvieren en curso; así como que se contará en ellos el día del vencimiento, salvo el caso en que la ley disponga expresamente otra cosa. Por tanto, si la resolución reclamada se notificó el catorce de marzo de dos mil veintidós, el término de quince días establecido en la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, empezó a computarse el quince siguiente y feneció el seis de abril del referido año, descontándose los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de marzo, dos y tres de abril del año en curso, por haber sido inhábiles [sábados y domingos] así como el lunes veintiuno de marzo del citado año, al conmemorar el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez. De lo anterior, se puede establecer con certeza que el juicio de amparo no fue promovido dentro del término de quince días que establece la ley de la materia, ya que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (seis de julio de dos mil veintidós), habían transcurrido en exceso los quince días que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo; aunado a ello, la parte quejosa no combatió la referida notificación y por ende subsiste. No es obstáculo a lo anterior, que la parte quejosa hubiere señalado en el antecedente cuarto de su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintitrés de junio de dos mil veintidós. Ello porque las reglas establecidas en el artículo 18 de la Ley de Amparo para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, se excluyen entre sí, ya que para que se actualice la primer hipótesis [a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto] debe estar fehacientemente probado que la autoridad ante quien se instruyó determinado procedimiento hubiere notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; en cambio, tratándose de los supuestos restantes, para que se actualicen es necesario que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; esto es, no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto. Tampoco es impedimento que el expediente se haya remitido a otro juzgado con motivo de la recusación sin causa, pues ello no genera otra oportunidad o renueva el plazo para promover el amparo. De ahí que, si en el caso se acreditó que la parte quejosa fue notificada de los actos reclamados, es evidente que debe aplicarse la primera regla del numeral mencionado en el párrafo anterior, aunado a que no combatió dicha notificación y por ende subsiste. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Así las cosas, al operar la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de garantías. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida a los actos de las ordenadoras. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 286 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Sexta Parte, Materia Común, Séptima Época, registro 253622, de texto y rubro: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Diego Abraham Leal Corral, por propio derecho y en cuanto representante y administrador único de la persona moral Productor Agrícola Lecor, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, respecto de los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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