Diego de Jesus Padron Couoh

Expediente 303/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
303/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Diego de Jesus Padron Couoh

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte quejosa personalmente el trece de septiembre siguiente, sin que a la fecha se hubiese desahogado la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES Por sentencia firmada el quince de agosto de dos mil veintitrés, en su primer punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso DIEGO DE JESÚS PATRÓN COUOH, en contra de los actos reclamados al Titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional y a la Directora de Catastro Municipal de Mérida, ambas autoridades con sede en esta ciudad, para el efecto de que: ".las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen todas las gestiones necesarias a fin de que en breve término se concluya el trámite de inscripción relativo, a fin de que le sea asignado número de tablaje catastral al inmueble motivo de esta controversia, y registrado ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, y, en su caso, ordene a la autoridad correspondiente, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir impedimento legal alguno justificado. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncie en algún sentido...". Por acuerdo de cuatro de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. Derivado de lo anterior, mediante oficio número RAN/YUC/SR/DJ/2449/2023, de seis de septiembre del año en curso (promoción 14354), la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede esta ciudad, informó y acreditó que a fin de concluir el procedimiento correspondiente, puso a disposición de la aquí parte quejosa, el título de propiedad 8117 señalando las trece horas con quince minutos de esta propia fecha, para hacerle entrega del mismo. ANÁLISIS Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se encontraba obligada a realizar las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluyera el procedimiento relativo a la señalada solicitud, y en breve término, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, pusiera a disposición el documento respectivo al promovente; lo que así aconteció y quedó acreditado con las constancias conducentes que remitieron las responsables. DETERMINACIÓN Por tanto, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulneradas, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. CONSERVACIÓN Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN, al ser un juicio de amparo que concedió el amparo, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno de incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. Por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: doce de septiembre de dos mil veintitrés. Data de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: trece de septiembre de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: dos de junio de dos mil veintitrés. Data en que se recepcionó en este órgano jurisdiccional el oficio de cumplimiento: siete de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Directora de Catastro del Municipio de Mérida, residente en esta ciudad, el cual remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de mérito y con el agregado en auto de once de los corrientes, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Raúl Ramos Berzunza, Secretario del Juzgado que autorizó y dio fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento a la sentencia dictada en los presentes autos. Así, del oficio de cuenta, se desprende que la autoridad responsable fijó fecha y hora para que el aquí quejoso se constituya en el Centro de Atención al Público de esa Delegación, para proceder a la entrega del título de propiedad 8117. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se reserva de hacer mayor pronunciamiento hasta en tanto la restante autoridad responsable informe el cumplimiento a la sentencia de amparo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 303/2023-I-B, promovido por Diego de Jesús Padrón Couoh; y. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Diego de Jesús Padrón Couoh, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 303/2023-I-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliaciones de demanda. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Partes de este Juzgado, Diego de Jesús Padrón Couoh amplió su demanda por la autoridad responsable Directora de Catastro Municipal de Mérida, con sede en esta ciudad, respecto del acto siguiente: La omisión de expedir el trámite 0001282777 relacionado a la expedición con el título de propiedad 8117, que ampara la superficie de 662.01 metros cuadrados, perteneciente al poblado de Dzibichaltun. Asimismo, por escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Partes de este Juzgado, Diego de Jesús Padrón Couoh amplió su demanda respecto de los actos y autoridades siguientes: De la Titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad: La omisión de realizar las gestiones en el ámbito de su competencia a efecto de inscribir el título de propiedad número 8117 que ampara la superficie de 662.01 metros cuadrados, perteneciente al poblado de Dzibichaltun. De la Directora de Catastro Municipal de Mérida, con sede en esta ciudad: La omisión de requerir o solicitar a la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad, todos y cada uno de los requisitos a efecto de inscribir el título de propiedad número 8117. CUARTO. Admisión de las ampliaciones de demanda. Por autos de trece de marzo y diecisiete de abril, ambos de dos mil veintitrés, se admitieron, respectivamente las ampliaciones de la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia simple del ocurso de ampliación de demanda de amparo, y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, escritos de ampliación de demanda y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: De la Titular de la Delegación Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional y Directora de Catastro Municipal de Mérida, ambos con sede en esta ciudad: La omisión en el ámbito de sus competencias y facultades, de concluir el trámite de la solicitud que se realizó por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual pidió la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado, del título de propiedad 8117, que ampara la superficie de 662.01 metros cuadrados, perteneciente al poblado de Dzibichaltun, Yucatán. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán (número de promociones 4882 y 7657) y Directora de Catastro Municipal de Mérida (número de promociones 5171 y 7230) pues aun cuando en sus informes con motivo de la ampliación de demanda negaron su existencia, el primero por conducto de la encargada del despacho y la segunda, por conducto de su directora, realizaron manifestaciones que evidencian la certeza de los actos que se les atribuyen, por lo que se ve desvirtuado con las constancias que obran en autos de las que se constata que al día de hoy, la solicitud del título de propiedad 8117, relativa al trámite iniciado por la parte quejosa, aún no se encuentra concluida. Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamados por el quejoso en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal1, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, señala que se actualizan la causa de improcedencia prevista en la fracciones XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de realizar las gestiones en el ámbito de su competencia a efecto de inscribir el título de propiedad número 8117 que ampara la superficie de 662.01 metros cuadrados, perteneciente al poblado de Dzibichaltun, Yucatán. De la lectura del informe justificado que rindió la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta, y el oficio de veintisiete de abril del presente año, se advierte que dicha responsable refiere que ya cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues mediante comunicación RAN/YUC/ST/TCD/256/2023, envió a la Directora del Catastro Municipal de Mérida, copia del plano individual, original y dos copias del título de propiedad 8117, respecto de la aludida parcela, a fin de que previa verificación, le informara la asignación del tablaje catastral. De lo referido, se advierte que aún no se ha concluido con el trámite de la solicitud de inscripción del título 8117 del Ejido de Dzibichaltun, Yucatán, lo que constituye el acto reclamado en este asunto; de ahí, que contrario a lo señalado por la responsable, éste aún no ha cesado en sus efectos, pues la destrucción de todos los efectos de dicha omisión, se traducirían en la entrega de la documentación referida, lo que, se reitera, aún no ha acontecido. Por ello, es dable considerar que es infundado lo que sostiene la autoridad responsable, pues no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer. Por su parte, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Directora de Catastro del Municipio de Mérida, Yucatán, se advierte que hace referencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción IV del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que no existe el acto reclamado. Debe desestimarse lo expuesto, pues como quedó precisado en el considerando tercero de la presente sentencia, se evidenció la existencia de los actos reclamados a la citada autoridad responsable. Así, al no existir otra causal de improcedencia prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo, hecha valer por las partes, ni advertir de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. Como se vio, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. En la especie, la parte quejosa reclama del Titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional y de la Directora de Catastro Nacional Municipal de Mérida, ambos con sede en esta ciudad, la omisión en el ámbito de sus competencias y facultades, de concluir el trámite de la solicitud que se realizó por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual pidió la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado, del título de propiedad 8117, que ampara la superficie de 662.01 metros cuadrados, perteneciente al poblado de Dzibichaltun, Yucatán. Y refiere que, con motivo de ello, se contraviene en su perjuicio básicamente el derecho fundamental contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el derecho fundamental consagrado en el artículo antes aludido, es el derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que, en su caso, le haya formulado éste. Por ello, la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditado a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. Por su parte, el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución Federal prevé la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así, atendiendo a la naturaleza del acto tildado de inconstitucional, es necesario acotar que los principios de prontitud, eficacia y expeditez que contempla el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, resulta atribuible tanto a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, como a los realizados en procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo, tal y como acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1691, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos." Así como, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, visible en la página 1655, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES. En los sistemas jurídicos tradicionales el concepto "justicia" se ha asimilado al conjunto de instituciones, procedimientos y operadores que intervienen en la dinámica de la resolución de desacuerdos legales dentro del aparato jurídico formal. De acuerdo con esta concepción formalista, las únicas autoridades que se encontrarían obligadas a la observancia del derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serían las que realizan funciones materialmente jurisdiccionales. No obstante, esta visión restringe la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1o., párrafo tercero, de la propia Norma Suprema, pues el acceso efectivo a la solución de desacuerdos constituye un derecho dúctil que tiende a garantizar la concreción de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos de los gobernados dentro de las organizaciones jurídicas formales o alternativas. Por tanto, en congruencia con el principio aludido, la protección del derecho fundamental citado debe extenderse a los mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes." Consecuentemente, no puede estimarse que se violente directamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando su pretensión es que la autoridad concluya el procedimiento registral correspondiente, sino en todo caso, el derecho transgredido en su perjuicio, es el contenido en el artículo 17 constitucional; corrección que se hace con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, por lo que se reitera, atendiendo la causa de pedir, debe concedérsele el amparo y protección de la justicia federal. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. Ahora bien, y respecto al acto que nos atañe, se tiene que el artículo 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, señala que, de acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 del Reglamento. En este orden de ideas, de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud para la inscripción del título de propiedad 8117, que ampara la superficie de 662.01 metros cuadrados, perteneciente al poblado de Dzibichaltun, Yucatán (diecinueve de octubre de dos mil veintidós) a la fecha en que se promovió la demanda (veintiocho de febrero de dos mil veintitrés), ya habían transcurrido más de tres meses para la conclusión del trámite. Aunque si bien la encargada del despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, al rendir su informe justificado refirió que mediante oficio RAN/YUC/ST/TCD/705/BIS/2022, de siete de noviembre de dos mil veintidós, remitió a la Directora del Catastro Municipal de Mérida, el título de propiedad 8117, para la asignación del tablaje catastral respectivo, de conformidad con el artículo 61 de la Ley Agraria y 81 del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional, ya que dicho trámite catastral es competencia exclusiva del Catastro Municipal, por lo que se encontraba en espera de que éste devuelva el título de propiedad 8117, a fin de poder estar en aptitud de continuar y concluir el trámite iniciado por la parte quejosa. Posteriormente, por oficio RAN/YUC/ST/TCD/256/2023, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, solicitó a la Directora del Catastro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, para que informara del estado que guardaba la solicitud de trámite correspondiente al título de propiedad 8117, que ampara la parcela del ejido de Dzbichaltun, Yucatán, por lo que por oficio DC/546/03/2023, de quince de marzo de dos mil veintitrés, la Directora del Catastro del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad, indicó que había rechazado la aplicación del valor por inscripción de predio solicitado, debido a que al reverso de dicho título contiene el sello del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el cual, existen datos registrales, que no correspondían al título en cuestión, sino a un título cuya parcela es distinta y ya había sido asignada previamente, razón por la cual, devolvió el título de propiedad con sus anexos, con la finalidad de corregir los errores observados y tramitar un nueva solicitud de aplicación de valor por inscripción de predio de la parcela referida. Asimismo, la autoridad responsable agraria, mediante oficio RAN/YUC/SR/DJ/1899/2023, remitió copias certificadas del acta administrativa de fecha trece de abril de dos mil veintitrés, en la que se ordenó reimprimir el título de propiedad 8117, previa inutilización del pre impreso con folio 492582, a efecto de dar el debido trámite, giró los oficios RAN/YUC/ST/TCD/256/2023 y RAN/YUC/ST/TCD/307/2023, a la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida y a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, respectivamente, para ser atendida la solicitud respectiva. Por consiguiente, toda vez que de autos se advierte que al trámite en litis hecho por el quejoso mediante solicitud 0001282777, de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del título de propiedad 8117, que ampara la superficie de 662.01 metros cuadrados, perteneciente al poblado de Dzibichaltun, Yucatán, aún se encuentra pendiente de concluirse; no obstante que han transcurrido los plazos legales para ello; lo procedente es OTORGAR AL QUEJOSO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE INSTA, para el efecto de que las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen todas las gestiones necesarias a fin de que en breve término se concluya el trámite de inscripción relativo, a fin de que le sea asignado número de tablaje catastral al inmueble motivo de esta controversia, y registrado ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, y, en su caso, ordene a la autoridad correspondiente, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir impedimento legal alguno justificado. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncie en algún sentido. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a DIEGO DE JESÚS PADRÓN COUOH, contra los actos atribuidos a las responsables Titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional y Directora de Catastro Municipal de Mérida, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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