Diego Cardenas Smith

Expediente 326/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
326/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Mauricio López Arroniz,
  • Diego Cardenas Smith

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 7738/2023, de dieciséis de agosto del presente año, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; del que se advierte que en autos del amparo en revisión 549/2023, dicha Superioridad admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por ********************, en contra de la sentencia firmada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés; así como acusa recibo a este Juzgado del oficio respectivo con el que se le remitieron las constancias conducentes relativas al presente asunto. Circunstancia de la cual este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por Valente Ramón Arguelles Ovando, en su carácter de defensor particular de los menores D.C.S. y M.L.A., mediante el cual interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional de veintinueve de junio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de la materia, glósese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, y córrase traslado a las demás partes, esto es, las autoridades responsables, al tercero interesado y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios junto con este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Asimismo, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte tercero interesada y Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA D EOCNOFMRIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYD E AMPARO Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por Valente Ramón Arguelles Ovando, en su carácter de defensor particular de los menores D.C.S. y M.L.A., mediante el cual interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional de veintinueve de junio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de la materia, glósese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, y córrase traslado a las demás partes, esto es, las autoridades responsables, al tercero interesado y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios junto con este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Asimismo, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte tercero interesada y Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 326/2023-VII-A, promovido **************, quien se ostenta defensor particular de los menores ************y **************en contra del acto que reclama de la Juez adscrita al Juzgado Especializado en Justicia Penal para adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán y la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes, ambos con sede en esta ciudad; y,******************** RESULTANDO:*********PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este órgano de control constitucional, comparecieron los menores ***********y ************por conducto de su defensor particular ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado de la Juez adscrita al Juzgado Especializado en Justicia Penal para adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán y la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes, ambos con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 326/2023-VII-A; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables que rindieran sus informes justificados, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.************** CONSIDERANDO:***********PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación.***********SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente:*************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."*****************Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente:******************La determinación emitida en audiencia de uno de marzo de dos mil veintitrés, en el expedientillo **************, en el que revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada a favor de los directos quejosos en autos de la carpeta de investigación *************, del índice de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes, Agencia Trigésima Primera de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y ordenó que se continuara con la investigación. **************TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados de la Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, del Sistema Acusatorio y Oral y la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes, de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (registros 4199 y 4707); lo que se corrobora con el disco en formato D.V.D., que contiene el audio y video de la audiencia celebrada el uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se emitió el acto reclamado, y el legajo de constancias derivadas de la indagatoria de origen, remitidas por las referidas responsables.***************CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni opera alguna que debiera hacerse valer de oficio; por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del Juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia Común, Octava Época, intitulada: ********************"IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento."****************************************QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. En primer término conviene señalar que la parte quejosa no formuló conceptos de violación, sin embargo, en el caso procede la suplencia de la queja en su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número de registro 175053, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de dos mil seis, materia Civil, página: 167, que es del tenor siguiente: ********************"MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz."****************************************Ahora, del análisis de las constancias que integran la carpeta de investigación ******************** y el disco en formato D.V.D., que contiene el audio y video de la audiencia celebrada el uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se emitió el acto reclamado, remitidos por las autoridades responsables, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprenden los siguientes antecedentes: ********************De la carpeta de investigación, remitida por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia Para Adolescentes, de la Fiscalía General del Estado, se advierte lo siguiente: ********************El dos de octubre de dos mil veinte, tuvo por recibido un legajo de copias certificadas de la carpeta de investigación 29/********************, remitidas por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (agencia veintinueve), originada con motivo de la denuncia presentada por ********************, en ejercicio de la custodia de su hijo menor de edad ********************, por el delito de Discriminación cometido en agravio de dicho menor, y en contra de ********************, y quienes resultaren responsables. ********************Por otra parte, del disco en formato D.V.D., que contiene el audio y video de la audiencia celebrada el uno de marzo de dos mil veintitrés, se advierte que la Juez responsable, con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, luego de declarar abierta la audiencia y escuchar a las partes, revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada a favor de los directos quejosos en autos de la carpeta de investigación ********************, del índice de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes, Agencia Trigésima Primera de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y ordenó que se continuara con la investigación. ********************En un principio estableció que a nivel constitucional se encuentra prohibida toda forma de discriminación motivada por origen ético o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.********************Y en el caso, la víctima directa se encuentra en dicha categoría sospechosa, al tratarse de una persona con un grado de discapacidad (en el caso el delito denunciado se trata de discriminación).********************Que desde el dos de octubre de dos mil veintidós, se recibió la denuncia correspondiente, del que inicialmente derivó el expediente ********************, y desde ese momento la autoridad ministerial competente se encontraba obligada a realizar los actos de investigación que le correspondían y no convalidar ni admitir los que hizo la agencia veintinueve, lo cual no tiene validez porque no fue efectuada por una autoridad especializada.********************Por lo que estimó que la Fiscalía especializada no ha agotado todos los actos de investigación necesarios y suficientes para llegar a la resolución que tomó de acuerdo a sus facultades.********************Razón por la que revocó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y ordenó a la Fiscal Investigadora que realice los actos que están contemplados en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta que la víctima en ese asunto se encuentra en el artículo 1° Constitucional dentro de la categoría sospechosa. ********************Pues consideró que la Fiscal investigadora tiene la obligación de empezar una investigación, iniciar desde el principio la investigación, que no puede ser que la carpeta de investigación esté formada solamente por las investigaciones que hizo la Secretaría de Educación Pública, es necesario que se convoque y se escuché a los maestros ante el Ministerio Público especializado, así como a los alumnos que estuvieron involucrados en esos hechos que se denuncian.********************Que no es suficiente que se diga que lo que dijo el menor, porque no hay un acto de investigación que corrobore lo argumentado, hay que investigar con datos ante el Ministerio Público que reúnan, para poder entonces sí estar en condiciones de emitir un acuerdo hasta agotar todas las líneas de investigación porque en el caso se denunció un delito de discriminación.********************Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 del Código Penal del Estado, se debe dar acceso a la Justicia a la víctima, y esto será al agotar todos los actos de investigación.********************Consideraciones que el suscrito Juzgador sostiene ajustadas a derecho, pues de una revisión de dicha indagatoria, no se advierte que la agencia trigésima primera del Ministerio Público del Fuero Común, hubiere realizado, como bien señala la Juez responsable, diligencia alguna, de oficio, tendente a la investigación de los hechos, pues se advierte que se limitó a valorar las actuaciones realizadas en la carpeta de investigación 29/********************, de la agencia veintinueve, y con ello determinó el no ejercicio de la acción penal mediante acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós.********************Incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, de realizar una investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.********************Y si bien el artículo 21 Constitucional otorga libertad a la autoridad ministerial para emitir un acuerdo de ejercicio o no ejercicio de la acción penal o incluso reservase, en el caso es evidente que no se allegó de los elementos necesarios para emitir la determinación de no ejercicio de la acción penal, razón por la cual estuvo en lo correcto la Juez responsable de revocar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y ordenarle que se allegue de las pruebas suficientes y dicte una nueva determinación.********************Máxime, que la finalidad del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria y, de estimar que su actuación es ilegal, lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.********************Lo anterior, sin soslayar que la investigación de los hechos que revistan características de un delito por una noticia criminosa formulada, no está limitada a determinada clasificación jurídica del hecho delictivo, en la medida en que la investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de esos hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal respectiva.********************Aunado a todo lo antes mencionado, del análisis del audio y video de la audiencia relativa a dicha determinación, se advierten los fundamentos legales y las razones en las que se basó la Juez responsable para emitirla, así como los motivos por los cuales consideró revocar la determinación del no ejercicio de la acción penal; y con ello, cumplió con las normas de motivación y fundamentación, al hacer una adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables al caso concreto.********************Por lo anterior, este Juzgador Federal considera que fue correcto el actuar de la Juez responsable, al emitir la resolución reclamada, por lo que en ninguna forma trasgredió los derechos fundamentales de la parte quejosa contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 18 y 20 Constitucionales.******************** Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia correspondiente sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, tesis 204, página 166, cuya literalidad es la siguiente: ********************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."********************Es por todo lo anteriormente expuesto, que lo que procede es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. ********************SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". ****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ********************OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. ********************Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se ******************** RESUELVE:********************PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** en contra del acto atribuido a la Juez adscrita al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones y fundamentos indicados en el considerando quinto de la presente determinación.********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. ********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y REGÍSTRESE.

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