Diego Cardenas Smith

Expediente 1173/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1173/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Diego Cardenas Smith

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Valente Ramón Argüelles Ovando, en su carácter de defensor particular de Diego Cárdenas Smith, contra el proveído dictado en estos autos el uno de agosto de dos mil veintitrés; medio de impugnación que fue registrado con el número de queja 313/2023. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; quince de agosto de dos mil veintitrés. Vistos los autos y el escrito de cuenta promovido por Valente Ramón Argüelles Ovando, en su carácter de defensor particular de Diego Cárdenas Smith, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de uno de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso b), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que sí es cierto que por auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, se desechó la demanda del presente juicio; por los motivos expuestos en dicho proveído. Hágase saber al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con entrega de una copia del escrito de mérito y remítasele de inmediato, vía interconexión, el escrito que contiene la expresión de agravios, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Lo anterior, sin que exista necesidad de esperar a que obren en autos la totalidad de las constancias de notificación del presente proveído a las partes, en cumplimiento a lo que dispone la jurisprudencia 1a./J. 126/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el registro digital 2025397, Undécima Época, bajo el rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), con relación a la procedencia del recurso de queja de carácter urgente. Así, uno de ellos consideró que la sustanciación del recurso se encuentra supeditada a que el Juez de Distrito remita al Tribunal Colegiado de Circuito las constancias de notificación a las partes del auto en el cual se tuvo por interpuesto el recurso, estimando la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de manera implícita. En contraposición, el otro Tribunal Colegiado no aplicó la jurisprudencia porque consideró que era violatoria del derecho a la justicia pronta, centrando su argumentación en torno a la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien es cierto que para la sustanciación del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de la concesión o negativa de la suspensión de plano o provisional, existe la obligación establecida en el artículo 101, párrafo quinto, de la propia ley, en el sentido de que el Juez de Distrito debe remitir las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, también lo es que, en atención a los artículos 17, párrafo tercero, de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede paralizarse el proceso so pretexto de que no se cuenta con las constancias de notificación, porque a la vez, existe un deber de dictar la resolución en un plazo de 48 horas. Justificación: Aun cuando esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.) había determinado que el trámite del recurso de queja de carácter urgente estaba supeditado a que el Juez de Distrito remitiera las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cierto es que el criterio fue emitido antes de la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General, por lo que, de una reinterpretación del proceso, se considera que esta Sala interrumpe dicha jurisprudencia y, por tanto, es necesario hacer una reinterpretación del criterio contenido en ella para evitar una metodología que privilegie la forma sobre el fondo. Entonces, atendiendo a la inmediatez con la cual debe sustanciarse el recurso de queja de carácter urgente por ser interpuesto en contra de una determinación con relación a la suspensión de plano o provisional (medida cautelar que busca la protección de derechos humanos), la obstaculización de su trámite por un formalismo sería contrario al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, porque se privilegiaría un requisito que podría dejar sin efectividad al juicio de amparo." Asimismo, desde este momento se otorga el acceso al expediente electrónico a la Superioridad, para los efectos legales y administrativos conducentes. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, se tiene a ++++, por conducto de quien bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser su defensor particular ********, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: ACTO RECLAMADO: El acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés dictado en la carpeta de investigación ****************, del índice de la responsable, en el que no admitió una prueba ofrecida por el inculpado. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente, regístrese con el número 1173/2023-IV-B que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento de plano. En cumplimiento al mandato legal, se considera que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia que surge de la interpretación de la fracción XII del ordinal 61, en relación con el 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, tal acto, no irroga perjuicio a la parte quejosa. En efecto, la interpretación sistemática de los preceptos citados permite establecer que la legitimación para promover el amparo se limita a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. Sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional -sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo-; esto es, no sólo deben ser titulares del derecho, sino además debe existir una afectación o perjuicio real y actual por el acto de autoridad. En ese sentido, en virtud a la naturaleza de lo reclamado por la parte quejosa, es necesario abundar que la afectación al interés jurídico consiste, en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales; esto se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasione un perjuicio a su titular. Así, se puede establecer que si bien el quejoso tiene legitimación para acudir al amparo si es que considera afectada su esfera de derechos con los actos de autoridad; además, de la legitimación para acudir al amparo por estimarse gravado el interés jurídico, debe existir una afectación real y actual en la esfera jurídica del accionante de manera directa. De ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o simple, como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera, o por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle perjudicial. Sino que es necesario por una parte, que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; y por la otra la existencia de una afectación real y actual en la esfera del accionante que le cause un perjuicio palpable, a fin de que proceda la acción constitucional. Por ello, con independencia de que se tiene interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal y se cause al gobernado alguna afectación en su esfera jurídica para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un daño causado por su actuar u omisión; lo cierto es que debe concurrir un perjuicio actual y real, que se incruste directamente en la esfera de derechos subjetivos del accionante del amparo, ya que de no existir el perjuicio de manera vigente, inminente o efectiva, sino que se presuma, presuponga y/o se especule sobre actos futuros o inciertos, acerca de los cuales no se tiene certeza que ocurrirán, entonces no será procedente el juicio de amparo. Ahora bien, bajo ese contexto, se observa que en el acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable no accedió a lo solicitado por el promovente, en el sentido de que se citara a ******************** para ser entrevistada en las condiciones que el quejoso oferente de la prueba propuso (ante el fiscal investigador, con registro de audio y video de la citada víctima indirecta); lo cual se trata de un acto que no genera un perjuicio real, actual o inminente a la parte accionante, ya que, de acuerdo al momento procesal en que se encuentra el asunto, no invade su esfera jurídica en relación con algún derecho subjetivo, pues tal determinación sólo produce efectos intraprocesales. Lo anterior, pues la decisión de la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes, de no tener por admitido un medio de prueba, se refiere únicamente a que el acto de investigación propuesto no es aplicable en la etapa de procedimiento en la que se encuentra; labor que deriva de su función investigadora acerca de los hechos denunciados, así como de su facultad de investigación que de manera exclusiva confirió el constituyente al Ministerio Público, lo cual es de orden público, y al plantearse la demanda en su contra, es patente que no repercute en la esfera de derechos del accionante. Lo anterior es así, porque a quien corresponde integrar una carpeta de investigación en su fase inicial es al Ministerio Público, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos. Ciertamente, en el actual sistema procesal, la investigación se divide en fases, según lo establece el artículo 211, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, en la etapa de investigación se divide en dos: inicial, en la cual, dependerá de la actividad de la autoridad investigadora si debe o no darse al imputado, acceso a los registro de la investigación; y complementaria, comienza una vez que se ha resuelto la situación jurídica del imputado (ya judicializada la carpeta de investigación). Bajo ese contexto, la afectación que provoca la determinación reclamada no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, puesto que el fiscal responsable negó la admisión de una dato de prueba (entrevista con la víctima indirecta) propuesto por la parte quejosa; de ahí que los efectos de esta determinación únicamente se traducen en que se continúe con el curso de la investigación llevada a cabo en la indagatoria de origen, pero no se afectan derechos sustantivos de la parte amparista, ya que en este momento no se realiza la valoración de datos de prueba para determinar si aquella actuación si trascendió o no en perjuicio del quejoso; motivo por el cual se considera que el juicio de amparo es improcedente. Bajo el panorama general descrito, se actualiza la causa de improcedencia que surge de la interpretación de la fracción XII del ordinal 61, en relación con el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por tanto, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda constitucional promovida por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda; y como sus autorizados, a las personas que menciona para tales efectos, en los términos que precisa en dicho libelo. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS Por otro parte, en cuanto a la solicitud que realiza de acceso al expediente electrónico del presente juicio, toda vez que proporciona los usuarios registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga autorización a "********************", "********************", "********************" y "********************", para que tengan acceso a la consulta del expediente electrónico y se les realicen las notificaciones vía electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, proceda el Secretario a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA En atención a lo indicado en el apartado tercero, articulo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado en párrafos precedentes, se exhorta a demás las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y autorizar se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. OBTENCIÓN DE CONSTANCIAS CON EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano