Diego Armando Castañeda Rivera

Expediente 548/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
548/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Diego Armando Castañeda Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que por auto de quince de mayo del año en curso, se tuvieron por recibidas pruebas documentales remitidas por la Directora General Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic; luego, tomando en consideración que no se recibieron con la debida anticipación a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; entonces, a fin de que las partes estén en condiciones de imponerse plenamente de su contenido y hacer valer los derechos que a su parte corresponde, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMAPRO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el juicio de amparo indirecto en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ REFUGIO MARTÍNEZ ORTIZ, para el efecto de que se desincorporara de su esfera jurídica lo previsto en los artículos 20, fracción I, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, así como los numerales 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda para el Estado de Nayarit, esto es, para que las autoridades responsables no aplicaran a la parte quejosa, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifiquen dichas normativas. Asimismo, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, devolviera a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de la cantidad de $300.00 (trecientos pesos 00/100 moneda nacional), respecto de la suma de $12,677.99 (doce mil seiscientos setenta y siete pesos 99/100 moneda nacional), que pagó el once de mayo de dos mil veintidós, el cual debería estar debidamente actualizado. En cumplimiento a ello, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad de Tepic, a través del oficio DGJ/DJC1/899/2023 recibido en este Juzgado de Distrito el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, informó que realizó el pago a la parte quejosa, lo que acreditó con la copia de la transferencia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, a cargo del Banco BBVA Bancomer, a la cuenta bancaria de la parte quejosa, realizada por la cantidad de $13,153.57 (trece mil ciento cincuenta y tres pesos 57/100 moneda nacional), que adjuntó al oficio de referencia; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la constancia actuarial que antecede, por medio de la cual la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado de distrito, manifiesta que no le fue posible notificar el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, a las terceras interesadas Josefina Gutiérrez Muñoz y Rocío Mantecón Gutiérrez, por las razones que en la misma expone. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele a las citadas terceras interesadas por medio de lista el referido acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que con posterioridad señalen domicilio en esta Ciudad para dicho efecto. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado en el presente juicio de amparo, remite copia certificada del auto de catorce de abril del año en curso, dictado en el expediente 95/2008 de su índice; asimismo, remite las constancias de notificación realizadas a las partes del diverso proveído de treinta y uno de marzo de la anualidad que transcurre. Ahora, del citado proveído de catorce del presente mes y año, se advierte lo que interesa que la autorizada de la parte actora (aquí quejosa), manifestó que en relación a la vista dada en el multireferido acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, que su representada no aceptan la conciliación y solicitó se continuara con el proceso de ejecución del laudo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, para que, en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído: a) Dicte un auto en el cual señale fecha y hora determinadas dentro del plazo que no exceda de veinte días para llevar a cabo la reinstalación y pago de la quejosa Claudia Marisol Parra Sánchez, conforme lo ordenado en el laudo dictado en el juicio laboral 95/2008, para lo cual deberá comisionar al actuario de su adscripción para que se constituya en las instalaciones del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río Nayarit, y ordene requerirlo por conducto de persona facultada, para que dé cumplimiento al laudo, en la fecha y hora que señale. b) Ordene al Ayuntamiento demandado realizar las gestiones necesarias a efecto de que en el día y hora que se señale, cuente con el numerario suficiente a efecto de hacerle el pago de la cantidad adeudada a la aquí quejosa, así como para lograr su reinstalación, debiendo ordenar la notificación del auto respectivo con la debida oportunidad al referido Ayuntamiento. c) A fin de lograr lo anterior, haga uso de las medidas de apremio que al efecto la ley le concede, debiendo acreditar haber hecho efectivos los apercibimientos de multa decretados con anterioridad, lo cual deberá acreditar con constancias certificadas, completas y legibles. Luego, por lo que ve al Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, requiérasele para que: ? El día y hora señalados por el Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad para la diligencia de ejecución de laudo, esté presente para su desahogo y procede a la reinstalación y pago de la aquí quejosa, toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, es el representante legal del ayuntamiento. Por lo que ve al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, requiérasele para que realice lo siguiente: ? Los trámites internos necesarios a efecto de que el día y hora que señale la autoridad laboral proceda a realizar los trámites necesarios para que se cuente con el numerario suficiente en la fecha y hora que señale la autoridad laboral para el cumplimiento del laudo, toda vez que de conformidad con el artículo 115 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, es el encargado de realizar la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones. Y respecto al Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, realice lo siguiente: ? Vigilar que el Síndico y Tesorero den cabal cumplimiento a lo ordenado en párrafos que anteceden, toda vez que de conformidad con el artículo 64, fracción V de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, es su facultad que se haga cumplir las disposiciones de los órdenes federal, estatal y municipal. Al respecto, se reitera a las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán de Río, Nayarit, lo que les fue señalado en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, esto es, que con fundamento en lo establecido en el artículo 2021 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, cuando dichas autoridades tengan que cumplir con resoluciones de naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio, pueden hacer uso del presupuesto de egresos aun y cuando no se encuentre autorizado el gasto que implique cumplir con la obligación del pago correspondiente. En ese orden de ideas, si en el juicio laboral de origen se dictó un laudo en el que se condenó al Ayuntamiento Constitucional a cumplir con diversa prestaciones, por tanto, es evidente que existe una resolución que implica obligaciones de carácter jurisdiccional al Ayuntamiento en cita; en ese sentido, no existe impedimento para que hagan uso del presupuesto de egresos a fin de dar cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 95/2008. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 178, emitida por la entonces Tercera Sala del más Alto Tribunal del País, consultable en la página 145 y 146, del 1 "ARTÍCULO 202.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio. Los beneficiarios de subsidios, aportaciones o transferencias, otorgados con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, deberán rendir cuenta detallada de la aplicación de los fondos relativos al Ayuntamiento, así como la información y justificación correspondientes en la forma y plazos de ley. Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Con independencia de lo anterior, se apercibe a las autoridades vinculadas a su cumplimiento del Ayuntamiento constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, por conducto de su Presidente, Síndico, y Tesorero municipal, así como al Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos que se contienen en el presente proveído, con fundamento en el precepto legal invocado, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedoras cada una a una multa de cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con independencia que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad. NOTIFÍQUESE.

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