Diego Armando Castañeda Rivera
Expediente 1085/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/07/2023
Partes del expediente
- Diego Armando Castañeda Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que la parte peticionaria de amparo, no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General; por lo anterior, toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, este expediente es destruible. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente; y, con fundamento en el artículo 34 párrafo segundo, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, mismo que contiene inserto el testimonio autorizado de la resolución pronunciada en el recurso de queja 57/2023, del índice de aquél Tribunal, relacionado con el juicio de amparo indirecto 1956/2022, del índice de este Juzgado. En consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia, determinó: "PRIMERO. Quedan intocadas algunas consideraciones del auto impugnado, en los términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Es infundado el recurso de queja. TERCERO. En la materia de impugnación, se confirma el auto recurrido." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, y toda vez que resultó infundado el referido recurso de queja, reanúdese el procedimiento del presente juicio de amparo y, para tal efecto, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Se reitera el exhorto a las partes para que en el caso de formular alegatos, lo realicen por escrito, con la debida anticipación a la fecha señalada para la audiencia constitucional. Por último, procédase a su destrucción las copias certificadas que se remitieron para la substanciación del recurso de queja. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, el cual contiene inserta la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 238/2023 de su índice, y asimismo remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 2184/2022 del índice de este Juzgado; acúsese recibo de estilo a la Superioridad; glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. Hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Quedan intocadas las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito en el que decretó el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, respecto del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; al igual que aquellas con las que desestimó las causales de improcedencia alegadas por el Gobernador Constitucional; así como las que sustentaron la concesión del amparo, respecto de los actos reclamados al Congreso y Gobernador Constitucional, todos del Estado de Nayarit, las cuales se reflejan en los considerandos tercero, quinto, séptimo y octavo, respetivamente de la sentencia recurrida. SEGUNDO.- En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO.- La Justicia Federal ampara y protege a Dolores Josefina Corona Sandoval, contra el acto que reclamó al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para los efectos precisados en el noveno considerando de la sentencia impugnada." Ahora, tomando en consideración que este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a Dolores Josefina Corona Sandoval, contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, todos con residencia en esta Ciudad, para los efectos siguientes: 1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa Dolores Josefina Corona Sandoval, lo previsto en los artículos 20, fracción II, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2.- Para que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a Dolores Josefina Corona Sandoval, única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $301.00 (trescientos un pesos 00/100 moneda nacional) respecto de la suma de $12,677.99 (doce mil seiscientos setenta y siete pesos 99/100 moneda nacional), que pagó el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, el cual deberá estar debidamente actualizado." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase única y exclusivamente a la autoridad exactora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, proceda dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia; apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa dentro del término legal de quince días, no se inconformó en contra del proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia emitida en el presente sumario; consecuentemente, con fundamento en los artículos 202 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ese auto QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Aunado a lo anterior y toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, y no existe diligencia pendiente por desahogar en el mismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE.
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