Diego Armando Castañeda Rivera

Expediente 895/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
895/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Diego Armando Castañeda Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes, dentro del término legal concedido, no se inconformaron con la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma causa ejecutoria para todos sus efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se sobreseyó el presente juicio de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. Finalmente, toda vez que resultan innecesarias las constancias que adjuntó a su informe justificado el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad (tomo I de pruebas), devuélvasele para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en atención a lo solicitado por el oficio 3620VIII, de seis de octubre de dos mil veintiuno, remite la diligencia de cinco de octubre de dos mil veintiuno, de la que se advierte la imposibilidad de llevar a cabo el auto de ejecución y requerimiento de pago total ordenada en los autos del expediente 76/2006 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, por los motivos ahí señalados. Luego, tomando en consideración que de autos se advierte que mediante proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, se requirió al Presidente Municipal, el Síndico y el Tesorero, todos adscritos al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, para que en la fecha que fuera señalada por Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, se llevara a cabo la diligencia de cumplimiento a la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación del expediente laboral 76/2006 -materia del presente juicio de amparo-, y en caso de no dar cumplimiento al fallo protector, se les impondría una multa de cuatrocientas Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía - proveído notificado-. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido por auto de dos de julio de dos mil veintiuno, y se impone a cada una de las personas que el nueve de julio de dos mil veintiuno, -fecha en que fue notificado dicho apercibimiento- ostentaron los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, todos adscritos al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, una multa de cuatrocientas Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para dicho efecto gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta Ciudad, para que se sirva hacer efectivo el cobro de las referidas multas. Asimismo, requiérase a la citada autoridad recaudadora, para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, informe el seguimiento de la multa impuesta en el párrafo que antecede. En la inteligencia que visto el estado procesal que guardan los presentes autos, no se advierten más datos de identificación de los funcionarios públicos sancionados; sin embargo, la falta de información de dichos datos no puede ser impedimento para hacer efectivas las multas. En otro aspecto, es preciso señalar que el Presidente Municipal, el Síndico y el Tesorero, todos adscritos al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, han sido omisas en acatar la ejecutoria dictada en autos. En efecto, del estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que en la sentencia emitida el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se concedió a JOSÉ ANTONIO ORTEGA VILLANUEVA el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, realizara lo siguiente: ".provea de inmediato sobre la ejecución del laudo dictado el dos de septiembre de dos mil ocho y actúe de conformidad con lo dispuesto por los preceptos legales que establecen los mecanismos coercitivos para sancionar el incumplimiento por parte del demandado. Luego, por auto de quince de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, en los autos del amparo en revisión 932/2019 de su índice, en la que se determinó confirmar la sentencia recurrida, por lo que se realizó el requerimiento respectivo a las autoridades responsables, fue así que en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo al tribunal de arbitraje autoridad informando que señaló las catorce horas del dieciocho de diciembre de ese mismo año, para que tuviera verificativo dicha audiencia de liquidación relacionada con el presente juicio de amparo; sin embargo, dada la fecha señalada, este juzgado de distrito, lo requirió a efecto de que señalara una fecha más próxima dentro del plazo legalmente establecido; por lo que, por auto de uno de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a dicha autoridad responsable, informando que se señalaron las catorce horas del diez de diciembre de dos mil veinte, a efecto de llevar a cabo la diligencia de referencia. En cumplimiento a lo anterior, el catorce de diciembre de dos mil veinte, se tuvo al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, remitiendo copia de la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 76/2006 de su índice, respecto del incidente de planilla de liquidación. En auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el procedimiento en el presente juicio el cual se vio interrumpido derivado de la suspensión de labores ante la contingencia sanitaria por el virus covid-19, y se requirió nuevamente a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector dictado en autos. Por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al citado Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, informando que no podía señalar fecha de requerimiento de pago al aquí tercero interesado, hasta en tanto quedara firme la resolución de incidente de liquidación de diez de diciembre de dos mil veinte, sin precisar cuándo inició y cuando fenecía el término para que las partes pudieran impugnar dicha resolución en el juicio laboral, ni señaló qué recurso procedía, requiriéndole en dicha fecha para que remitiera dicha información, además de emitir las constancias de notificación de la referida resolución de diez de diciembre de dos mil veinte. Por diverso auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se reanudó nuevamente el procedimiento en autos, en virtud de que el mismo se vio interrumpido derivado de la suspensión de labores ante la contingencia sanitaria por el virus covid-19. Así el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, cumpliendo parcialmente con lo solicitado por auto de veinte de enero del año en curso, requiriéndole nuevamente para que precisara cuándo inició y cuándo fenecía el término para que las partes puedan impugnar la resolución de incidente de liquidación de diez de diciembre de dos mil veinte, y qué recurso procede, tal como le fue solicitado por auto de auto veinte de enero del año en curso. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual al Presidente Árbitro del Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, acompañó copia certificada del proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, en el que señaló las trece horas con treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, para llevar a cabo el requerimiento dictado en la resolución del incidente de liquidación relacionado con el presente juicio de amparo, y en esa misma fecha se le requirió a efecto de que remitiera las constancias de notificación de dicho proveído. Por ello el ocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente Árbitro del citato Tribunal de Conciliación y Arbitraje, haciendo manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector dictado dentro del presente juicio; sin embargo, se le requirió nuevamente al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, a efecto de dar cumplimiento al mismo. En dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a RAÚL ARELLANO GUZMÁN, en su carácter de apoderado legal de JOSÉ ANTONIO ORTEGA VILLANUEVA, exhibiendo la diligencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, levantada por el Actuario Notificador adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, misma que no se llevó a cabo por las razones señaladas en dicha constancia, y dado que la misma, hasta esa fecha, por lo que se requirió al tribunal de referencia, a efecto de que informara lo acontecido. El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, informó el seguimiento que se estaba dando, a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, acompañando además, la diligencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, levantada por el Actuario Notificador adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, de la que se advierte que tanto la reinstalación y como el requerimiento de pago relacionada con el expediente laboral 76/2006 del índice del tribunal de referencia, no se llevaron a cabo por las razones señaladas en dicha constancia, por lo que en esa misma fecha, se hizo efectiva la multa señalada por auto de trece de enero de dos mil veintiuno, imponiendo a quien ocupara el cargo de Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic y el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, representado por su Síndico, una multa de doscientas Unidades de Medida de Actualización que determinará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que en diverso auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Nayarit, "1", con sede en Tepic, Nayarit, informando que quedaron controladas las citadas multas impuestas. El siete de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, remitiendo la información que le fue solicitada por auto de veintidós de marzo del año en curso, acompañando además copia certificada del proveído de seis de abril del año en curso, del que se advierte que señaló las doce horas del treinta de abril de dos mil veintiuno, a efecto de que se llevara a cabo el requerimiento dictado en la resolución del incidente de liquidación relacionado con el presente juicio de amparo. En seis de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, mediante el cual remitió la diligencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, levantada por el Actuario Notificador adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, de la que se advierte que tanto la reinstalación y como el requerimiento de pago relacionada con el expediente laboral 76/2006 del índice del tribunal de referencia, no se llevaron a cabo por las razones señaladas en dicha constancia y por tanto, se impuso al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, representado por su Síndico, una multa de quinientas Unidades de Medida de Actualización que determinará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit, "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Tepic, Nayarit, informando que quedó controlada la multa que fue impuesta el seis de mayo del año en curso, a la Síndica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, En dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede Tepic, acompañando el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 76/2006 de su índice, del que se advierte que señaló las trece horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno a efecto de llevar a cabo la diligencia relacionada con el cumplimiento al fallo dictado en el presente juicio de amparo, por lo que en esa misma fecha, se requirió a dicha autoridad responsable, para el efecto de que una vez realizada la diligencia, lo informara de inmediato a este órgano jurisdiccional; igualmente se requirió al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, representado por su Síndico Municipal, al Presidente Municipal y al Tesorero de dicho Ayuntamiento para que dieran cumplimiento cabalmente al fallo protector dictado en autos; esto es, conforme a los lineamientos precisados en el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 76/2006 del índice del citado Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede Tepic. En atención a lo anterior, por auto de dos de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede Tepic, informando la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia señalada para el treinta y uno de mayo del año en curso; informando además que señaló las trece horas del nueve de junio de dos mil veintiuno a efecto de llevar a cabo la diligencia relacionada con el cumplimiento al fallo dictado en el presente juicio de amparo, requiriéndosele en esa misma fecha para que, una vez realizada la diligencia, debería informarlo de inmediato a este juzgado de distrito; igualmente se requirió al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, representado por su Síndico Municipal, al Presidente Municipal y al Tesorero de dicho Ayuntamiento para que dieran cumplimiento cabalmente al fallo protector dictado en autos. En once de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, acompañando la diligencia celebrada el nueve de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte la imposibilidad de llevar a cabo el auto de ejecución y requerimiento de pago ordenada en los autos del expediente 76/2006 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, por los motivos ahí señalados; por lo que en esa misma fecha se requirió a dicha autoridad responsable, como a las autoridades vinculadas a dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, quien atendiendo a dicho requerimiento, por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a dicho Tribunal laboral, informando que señaló las once horas del treinta de junio de dos mil veintiuno, a efecto de que se llevara a cabo la diligencia encomendada en autos, además de que hizo efectivo el apercibimiento de multa decretado en contra del Presidente Municipal, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, y lo apercibió con dar vista al Agente del Ministerio Público para el caso de nuevo incumplimiento. Por diverso auto de dos de julio de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, acompañando la diligencia celebrada el treinta de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte la imposibilidad de llevar a cabo el auto de ejecución y requerimiento de pago ordenada en los autos del expediente 76/2006 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, por lo que en dicho auto, se hizo efectiva al Presidente Municipal, al Síndico y al Tesorero, todos al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, la multa de trescientas Unidades de Medida de Actualización que determinará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiriéndose nuevamente tanto al tribunal laboral de referencia como a las autoridades vinculadas a dar cumplimento al fallo protector dictado en autos, a efecto de que den cumplimento al mismo. Por diverso auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, informando que señaló las trece horas del cinco de agosto del año en curso, para que tuviera verificativo el requerimiento de pago a favor de la parte actora -aquí quejosa-, a quien se le requirió para que una vez realizada dicha diligencia, dentro del término de tres días posteriores, informara a este juzgado el resultado de la misma; en el entendido de que quedaba subsistente el apercibimiento decretado en auto de dos de julio del presente año; asimismo, en esa misma fecha, se tuvo al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit, "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Tepic, Nayarit, informando que quedó controlada la multa impuesta al Presidente Municipal, Síndica, Tesorera, todos adscritos al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, por auto de dos de julio del año en curso. Luego, por auto de once de agosto del año en curso, la multicitada autoridad laboral responsable, informó que declaró inhábil del dos al seis de agosto de dos mil veintiuno, determinando dejar firme el auto de ocho de julio de la presente anualidad, salvo la nueva fecha para ejecución, reinstalación y requerimiento de pago a favor de la quejosa, señalando ahora las trece horas del veinticinco de agosto del año en curso, por lo que se requirió a dicha autoridad responsable, para que una vez realizada dicha diligencia, dentro del término de tres días posteriores, informara a este juzgado el resultado de la misma; en el entendido de que queda subsistente el apercibimiento decretado en auto de dos de julio del presente año. Al haber transcurrido la fecha señalada para la diligencia relacionada con el presente juicio de amparo trece horas del veinticinco de agosto del año en curso-, sin que se haya informado el resultado de la misma, por diverso auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente a dicha autoridad laboral responsable, a efecto de que informara lo acontecido en dicha diligencia, así como las medidas que haya tomado para reprogramar la misma, quien en cumplimiento a lo anterior, por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se le tuvo informando el motivo por el cual no se llevó a cabo la diligencia señalada para el veinticinco de agosto del año en curso, en los autos del expediente 76/2006 de su índice, e informando además que se señalaron las trece horas del cinco de octubre del año en curso, para que tuviera verificativo la diligencia encomendada en autos, requiriéndose nuevamente a dicha autoridad, para que para que remitiera a este Juzgado de Distrito, constancias certificadas completas y legibles que acreditaran que el proveído de referencia se encontraba debidamente notificado; igualmente se le requirió para el efecto de que dentro del término de tres días posteriores a la fecha citada, informara a este juzgado de distrito, el resultado de dicha diligencia; en el entendido de que quedaba subsistente el apercibimiento de multa decretado por auto de dos de julio del año en curso. Asimismo, por auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, remitiendo las constancias de notificación del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente 76/2006 de su índice; sin embargo, en esa misma fecha, se le requirió, a efecto de que de manera inmediata, se sirviera informar lo acontecido en la diligencia señalada para el cinco de octubre del citado año. En ese orden de ideas, es evidente que las autoridades responsables Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, así como las autoridades vinculadas al cumplimiento, Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, todos adscritos al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, han sido omisas en acatar la ejecutoria dictada en autos, no obstante los múltiples requerimientos que al efecto se han realizado; consecuentemente, dicha omisión de las referidas autoridades se traduce en una total desobediencia a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, una vez que se notifique el presente proveído, remítanse los autos originales del presente juicio de garantías, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito, para que ésta a su vez turne el asunto al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para lo cual, fórmese cuaderno de antecedentes, con copias fotostáticas certificadas de las constancias necesarias para procurar el exacto y debido cumplimiento, conforme al párrafo quinto del citado precepto legal 193 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, requiérase nuevamente al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, de cumplimiento a lo solicitado, esto es: a) Señale fecha y hora determinadas dentro del plazo que no exceda de quince días, a efecto de que el actuario de su adscripción se constituya en las instalaciones del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, representado por su Síndico Municipal, y ordene requerirlo por conducto de persona facultada, para que dé cumplimiento a la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación del expediente laboral 76/2006 materia del presente juicio de amparo, esto es, para que realice el pago al aquí quejoso José Antonio Ortega Villanueva, la cantidad a la que fue condenada en dicha resolución. b) Ordene al Ayuntamiento demandado realizar las gestiones necesarias a efecto de que en el día y hora que se señale, cuente con el numerario suficiente a efecto de hacerle el pago de la cantidad referida en el párrafo anterior, debiendo ordenar la notificación del auto respectivo con la debida oportunidad al referido Ayuntamiento. c) A fin de lograr lo anterior, haga uso de las medidas de apremio que al efecto la ley le concede, debiendo acreditar haber hecho efectivos los apercibimientos de multa decretados con anterioridad. Apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedora a una multa por la cantidad de quinientas Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Igualmente, requiérase nuevamente al Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, todos adscritos al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, para que: a) Realicen las gestiones necesarias y gire instrucciones a quien corresponda para que el día y hora que el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, señale para que se lleve a cabo la diligencia de cumplimiento de dicha resolución, esté presente persona con facultades necesarias para hacerlo. b) Realicen los trámites internos necesarios a efecto de que el día y hora que señale la autoridad laboral se proceda a realizar el pago al aquí quejoso José Antonio Ortega Villanueva, la cantidad a la que fue condenado en la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación del expediente laboral 76/2006 materia del presente juicio de amparo.Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se harán acreedoras as una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por JUAN ENRIQUE PARRA PÉREZ, mediante el cual informa que ha dejado de ser Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, cargo que desempeñó del diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, al diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que como se dijo en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dicha autoridad no está vinculada al cumplimiento al fallo en el presente juicio. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, que envía electrónicamente ELÍAS MOISÉS ROSAS RÍOS, en su carácter de delegado de las autoridades responsables Tesorero Municipal y Jefe de Catastro del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, manifiesta la imposibilidad material que tiene para dar cumplimiento al mismo, por las razones que expone. Sin embargo, dígasele al promovente que las razones que manifiesta, no son motivo para dilatar el cumplimiento de la sentencia de amparo, toda vez que las autoridades responsables están obligadas a cumplir con la ejecución de las sentencias de amparo, para lo cual deberán tomar las medidas necesarias y gestionar ante quien corresponda a efecto de que les proporcionen los recursos económicos, y así estar en condiciones de dar el debido cumplimiento al fallo protector dictado en los presentes autos. Máxime que la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, debió prever el periodo de entrega y recepción a que alude, con una partida especial para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo durante dicho periodo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis IV.2o.C.8 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 3501, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital: 2020899, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR. La sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan; cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la sentencia de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplirlas." Asimismo, sustenta lo antes expuesto, la tesis IX.1o.6 K del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 883, Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 202875, de rubro y texto siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión al Tesorero Municipal y Jefe de Catastro Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del término improrrogable de tres días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten fehacientemente si se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos normativos declarados inconstitucionales; si se comprobó que los predios materia de la litis, presenten adeudo por concepto del cobro del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, o que no se presentan adeudos respecto del impuesto predial de los bienes inmuebles con cuenta predial U020585, U020586, U000197 y U056373, conforme a los lineamientos precisados por auto de siete de octubre de dos mil veinte. Apercibidos que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE.

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