Diana Yadira Lugo Chaparro

Expediente 580/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 32 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
580/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Diana Yadira Lugo Chaparro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio 13179/2022, derivado de los autos del juicio de amparo 1179/2021-VII-B del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, mediante el cual solicitan se informe si fue recibido el citado juicio de amparo, así como si aceptó o no la competencia planteada; agréguese a los presentes autos sin mayor proveído, toda vez que se acordó lo conducente el veintiocho de junio del año en curso, al recibirse dicho comunicado oficial.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, mediante el cual solicita se le informe si recibió el juicio de amparo 1179/2021-VII-B del índice de este juzgado de su índice; asimismo solicita se le informe si se aceptó o no la competencia planteada; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes y como lo solicita, comuníquesele que sí fue recibido el citado juicio y por auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, este juzgado aceptó la competencia planteada; para acreditar lo anterior se le remite copia certificada del mencionado acuerdo.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, doce de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de catorce de marzo de dos mil veintidós (notificada el quince siguiente), en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se presentara promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de catorce de marzo de dos mil veintidós, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por tanto, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído y la resolución interlocutoria donde se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda de amparo y del proveído y de la resolución por las cuales se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, que obra en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, signado por Melchor Eduardo Pascacio Amezcua, promoviendo en representación legal del tercero interesado EDILAR, sociedad anónima de capital variable, personalidad que se le tiene por acreditarla, con la copia certificada del instrumento notarial 18,888, del protocolo a cargo del Notario Público Número 247, con ejercicio y residencia en la Ciudad de México, mediante el cual se apersona al presente juicio de amparo, designa autorizados de su parte, solicita autorización para consultar expediente electrónico, así como para que se realicen la notificaciones correspondientes a los usuarios que proporciona, y solicita autorización para el uso de medios electrónicos y ofrece pruebas documentales; agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, se le tiene a la citada persona moral apersonada en el presente juicio de amparo, en su calidad de tercero interesada; y se le informa que por sentencia del catorce de marzo de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Gustavo Casas Anaya, Simón Moreno Moreno y Miguel Tadeo Pérez Santos, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a César García Aguilar, Genaro Meléndez Navarrete, Aylin Silva Cruz y Francisco Vanegas Rivera, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En relación con la solicitud de la promovente, en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos, con apoyo en los preceptos 14 y 17 de la Carta Magna; permítase a la citada personal moral la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en este expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión se encuentre reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Robustece lo expuesto con antelación, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". Asimismo, con fundamento en los artículos 16, 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se acuerda de conformidad lo solicitado por el promovente, en el sentido de autorizar en su favor el acceso al expediente electrónico, también se le permite la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica del presente procedimiento, y finalmente para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos se habilita el apartado correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que los nombres de usuarios son "gustavocasas", "PEREZSANTOS" y "simonmorenol", y se encuentran registrados y autorizados en la Plataforma de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en términos del acuerdo general en su artículo 36, párrafo tercero, la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la firma electrónica se mantenga vigente y únicamente surte efectos para el presente juicio.

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